APRUEBAN LA POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y MODIFICAN EL DECRETO SUPREMO Nº 029-2014-EF, QUE CREA LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2019

INTRODUCCIÓN:

El Decreto Supremo N° 255-2019 tiene como finalidad aprobar la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), así como modificar el Decreto Supremo N° 029-2014-EF. La PNIF establece las causas actuales de la baja tasa de inclusión financiera y los objetivos para lograr una verdadera inclusión financiera en el país, que permita una contribución eficiente del sistema financiero al crecimiento económico, a la productividad y competitividad, y a la reducción de la pobreza y las desigualdades.

VIGENCIA:

La PNIF rige desde el día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, la PNIF se implementa a través de un Plan Estratégico Multisectorial. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde el día siguiente de la vigencia del presente decreto supremo, aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión Financiera mediante decreto supremo, para cuya formulación se debe contar con la participación de los demás Ministerios, conforme a sus funciones y competencias.

APLICACIÓN:

La PNIF es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado y los diferentes niveles de gobierno, conforme a su autonomía y competencias.

Objetivos prioritarios:

Objetivo Prioritario 1 (OP1): Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero.

Objetivo Prioritario 2 (OP2): Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población.

Objetivo Prioritario 3 (OP3): Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado.

Objetivo Prioritario 4 (OP4): Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros.

Objetivo Prioritario 5 (OP5): Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.

ASPECTOS IMPORTANTES QUE COMENTAR:

Se destaca dentro de las modificaciones en la conformación de la Comisión Multisectorial (comisión encargada de realizar el seguimiento de la implementación de la PNIF, entre otras funciones) la participación de instituciones clave en la consecución de los objetivos prioritarios que plantea la PNIF, tales como, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de la Producción, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), entre otras. Sin embargo, no se observa al Banco Central de Reserva (BCR), que es la entidad supervisora del sistema de pagos; ni al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que es la autoridad de defensa de la competencia. Atendiendo a que ambas instituciones son relevantes para la consecución de los objetivos OP2 y OP3, se esperaría que el marco regulatorio que haga efectiva la PNIF pueda incorporar los aportes de las mencionadas instituciones en la definición de estrategias y pautas a seguir que coadyuven al cumplimiento de los referidos objetivos prioritarios.

La definición de “Servicio Financiero” se acota a cualquier servicio de naturaleza financiera brindado por el sistema financiero, comprendiendo este último a las empresas financieras supervisadas por la SBS o la SMV. Al respecto, consideramos que la definición de servicio financiero debe abarcar también aquellos servicios prestados por empresas no supervisadas, como son las empresas FinTech y se esperaría que el marco regulatorio que haga efectiva la PNIF reconozca a su vez el aporte de dichas FinTech a la inclusión financiera, por el gran potencial que éstas tienen como mecanismos alternativos al sistema financiero.

La PNIF destaca de modo acertado la importancia de la tecnología como herramienta para la inclusión financiera, sin embargo, dicha promoción se acota exclusivamente a aquellos servicios financieros prestados por las entidades supervisadas por la SBS y/o SMV. Sobre este particular, sería recomendable que la normativa que sirva de desarrollo impulse a su vez oportunidades de cooperación tecnológica (ej. APIs abiertas) entre empresas supervisadas y no supervisadas (ej. FinTech).

Se reconoce la importancia de la educación financiera y digital, dada la creciente oferta de productos y servicios financieros por medios digitales.

Se advierte como un obstáculo para el desarrollo y uso del dinero electrónico en el Perú a la falta de interoperabilidad de las plataformas de dinero electrónico. Sobre este particular, consideramos que el marco regulatorio juega a su vez un rol importante en este extremo, siendo oportuno sugerir una flexibilización de la carga regulatoria impuesta a las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE), de forma proporcional a los riesgos que éstas asumen en el desarrollo de sus actividades.

Se reconoce la importancia de la factura negociable como mecanismo de financiamiento, destacando que se seguirán con campañas para su uso masivo, así como la obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas.

Se reconoce que uno de los obstáculos para la solicitud de crédito en el sistema financiero consiste en el gran número de documentos que son requeridos al consumidor financiero, debiendo mejorarse los flujos de información confiables. Sobre este particular, se sugiere adicionalmente propuestas de mejora en la regulación de desarrollo sobre evaluación de deudores, de modo que ésta pueda a su vez atender la exigencia de financiamiento de determinada categoría de deudores (ej. informales, sin historial crediticio, categoría pérdida, etc) a los que precisamente apunta la PNIF.

Se reconoce la importancia de contar con mayores medios digitales para la orientación del consumidor financiero (ej. redes sociales, chats, correo electrónico, etc.).

Se reconoce la importancia de la telefonía móvil como medio para generar inclusión financiera, destacándose el alto porcentaje de uso de teléfonos móviles por parte de la población, aunque también destacando la necesidad de mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, debido a que todavía hay ciudadanos sin acceso a Internet.

Se destaca la necesidad de desarrollar e implementar mecanismos de identidad digital, lo cual permitirá el acceso a los servicios financieros.

Se reconocen fricciones en el funcionamiento del mercado, advirtiéndose la necesidad de reforzar la ciberseguridad, aunque dimensionándolo únicamente al sistema financiero. Al respecto, se destaca la necesidad de definir una política de regulación de la ciberseguridad que sea transversal, cubriendo tanto al sistema financiero como a las empresas formales que no forman parte del sistema financiero, pero ofrecen servicios de naturaleza financiera.

En temas de competencia se hace referencia a la iniciativa de INDECOPI de llevar a cabo un estudio de mercado que tiene por objetivo analizar las condiciones de competencia existentes en los sistemas de tarjetas de pago. Sin embargo, si bien constituye un avance, sería recomendable contar con un estudio de las barreras legales existentes en el reconocimiento de los medios de pago en general, a modo de poder plantear propuestas que coadyuven al cumplimiento del OP3.

FUENTE: Vodanovic Legal