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Ministerio de la Producción busca impulsar los efectos de la COVID-19
La Dirección de Cooperativas e Institucionalidad (DCI), del Ministerio de la Producción (Produce), trabaja en la modernización de la Ley General de Cooperativas para garantizar la promoción e impulso del sector frente a los efectos económicos del COVID-19. Con ello, se buscará beneficiar a más de 2.4 millones de personas-socios, que en 2018 generaron, solo en el sector rural, 272 millones de dólares de exportaciones y más de 17,000 puestos de empleos directos. En ese sentido, el pasado jueves 23 de julio, se conformó el Grupo Técnico Multisectorial para la Promoción y Desarrollo Cooperativo, encargado de articular esfuerzos con los diversos actores públicos y privados.
Ello a fin de identificar los problemas existentes y proponer las modificaciones a la ley aprobada mediante Decreto Legislativo N° 085.
Durante la sesión, se contó con la participación de representantes de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP) y Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP).
Además, Central Nacional de Cooperativas de Servicios Múltiples del Perú (CENACOOSMUP), Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú (FENACOOSEP), entre otros gremios.
Asimismo, delegados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), National Cooperative Business Association, ONG Fundación Agriterra y Helvetas Swiss Intercooperation.
También estuvieron presentes representantes de los ministerios de Agricultura y Riego, y Comercio Exterior y Turismo.
En dicha reunión, se hizo una disertación sobre la Ley General de Cooperativas vigente, así como los puntos críticos que deberían ser abordados.
Como resultado se acordó que los participantes presenten sus aportes y propuestas al Ministerio de la Producción.
La DCI de Produce consolidará la información y trabajará en la propuesta de anteproyecto de Ley General de Cooperativas para su debate técnico.
Es preciso señalar que en el país existen distintas tipologías de cooperativas como las cooperativas agrarias y agroindustriales, de servicios múltiples, de ahorro y créditos, entre otras, que están ubicadas en todas las regiones del país, con una mayor presencia en Lima (32.6%), Junín (7.7%) y Cusco (6.7%).
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Como se sabe, la Superintendencia de Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cooperativas (SBS) ya había modificado el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, con la finalidad de efectuar precisiones respecto a la aprobación y modificación de los Estatutos de las COOPAC, comunicación de elección y vacancias y establecer lineamientos para los aportes de capital.
Según establece la Resolución de Superintendencia N° 1285-2020, en lo que se refiere a la aprobación de los Estatutos o sus modificaciones se establece que el procedimiento consta de dos etapas (revisión y aprobación) y los requisitos que corresponden a cada etapa. Respecto a la comunicación de elección, designación y vacancias del gerente general, gerentes y principales funcionarios, se establece precisiones a la documentación que debe adjuntarse para su comunicación a la SBS.
Con relación a los lineamientos de aporte de capital, se precisan las formas de incrementar el capital, tales como aportes en efectivo, capitalización de excedentes, fusión (salvo que producto de esta se aumente el capital por formas excepcionales) y capitalización de acreencias. Excepcionalmente y previa autorización de la SBS, el capital también puede ser incrementado mediante revalorización de activos y aporte de bienes inmuebles, estableciéndose las condiciones requeridas y precisiones para cada caso.
Se señala que los certificados de aportación serán emitidos anualmente y reportados a los socios durante los primeros noventa días calendario de cada año.
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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, también ya había señalado que se busca prevenir que las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) sean utilizadas como instrumentos de lavado de activos, considerando la existencia de un gran número de ellas en el país. “El movimiento tiene cooperativas bien manejadas y con procesos adecuados para la prevención de lavado de activos, pero en un escenario tan grande de cooperativas es muy posible que haya algunas que sean instrumentos de lavado de activos actualmente, lo cual queremos prevenirlo”, dijo la jefa de la SBS, Socorro Heysen.
De esta manera, informó que presentaron un proyecto de ley al Congreso, el 4 de abril de 2017, que propone modificar la Ley 27602, Ley General del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para incluir precisiones sobre la regulación y supervisión de las COOPAC.
Heysen había confirmado que dicha iniciativa sea aprobada en el Congreso, toda vez que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento, faltando el visto bueno de la Comisión de Producción, MYPE y Cooperativas del Congreso para su pase a debate al Pleno del Congreso de ese entonces.
“Este proyecto de ley de COOPAC es importante porque es en beneficio de más de 1.6 millones de socios de las cooperativas, que tiene en conjunto familias que implican siete millones de peruanos”, dijo.
Heysen destacó que la SBS trabajó en esta iniciativa y contó con el apoyo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) durante los últimos seis meses de trabajo.
“Esto lo hicimos conscientes de los posibles retos que las cooperativas pueden tener y de los riesgos que pueden enfrentar los socios de las mismas”, dijo.
Destacó que este proyecto de ley respeta la identidad del modelo cooperativo y protege los intereses de los socios del cooperativismo y, además, los pone en un nivel adecuado y cercano a los estándares internacionales para la regulación y supervisión de cooperativas.