NO HAY UN SOLO PROGRAMA SOCIAL QUE AYUDE A TODOS; NECESITAMOS MUCHOS PARA DISTINTAS REALIDADES
LEYENDA: Liliana Rojas-Suárez y Carolina Trivelli dan una serie de recomendaciones para combatir las consecuencias sociales y económicas que el coronavirus trajo a los peruanos.
El primer día de #CADEEjecutivos presentó la sesión “Enfrentando los retos sociales y la reactivación económica”, a cargo de Liliana Rojas-Suárez, Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development de Washington DC; y Carolina Trivelli, Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Felipe Valencia-Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial del Grupo Estrategia, actuó como moderador. Durante la sesión, las especialistas reflexionaron sobre los principales desafíos para el desarrollo del país, haciendo énfasis en el camino a seguir para hacerles frente y reiniciar la carrera hacia la recuperación económica y social.
Esta no es una meta sencilla. Tras la llegada del coronavirus, se estima que ya la mitad de los niños peruanos padece de anemia; hay más de 700 mil peruanos desempleados; dos millones de pobladores padecen hambre a causa de la pandemia; y la pobreza subiría en diez puntos porcentuales: de 20% a 30% de la totalidad del país. Todos estos desafíos deben ser enfrentados desde distintas aristas.
Para Carolina Trivelli, es urgente atender no solo a la población debajo de la línea de pobreza, sino también a aquellos en una posición tan vulnerable que pueden caer en ella a causa de las consecuencias económicas de la pandemia. Para lograrlo, recomendó la implementación y ampliación de programas sociales. “Sin embargo, debemos asegurar criterios de focalización. Nos encanta pensar que vamos a generar un programa que va a ayudar a todos en el Perú y les permitirá generar oportunidades económicas y eso no es cierto. Necesitamos muchos programas, cada uno adaptado a distintos tipos de personas con necesidades y oportunidades distintas”, afirmó.
La especialista recordó que estos programas no tienen como objetivo “resolver la pobreza” de las personas, sino protegerlas mientras se encuentran en esta situación. Su meta es evitar que pasen hambre o abandonen su educación mientras intentan mejorar sus fuentes de ingreso y crecen en su desarrollo personal. “Las familias en pobreza necesitan reengancharse en el sistema económico: que consigan empleo, que creen un nuevo negocio o potencien su empleabilidad. La capacitación y servicios financieros corresponden al sector privado. Si no les facilitamos más capital de trabajo no se van a poder reenganchar al sistema económico laboral”, advirtió.
Para Liliana Rojas-Suárez, si bien las desventajas son numerosas y los retos son muchos, una de las ventajas que trae una crisis del nivel y profundidad de la pandemia del coronavirus es la posibilidad de hacer reformas radicales y necesarias. Así, recomendó que Perú realice una reforma fiscal integral -incluso si es una decisión difícil a nivel político y social- que le permita al país dejar de depender del vaivén de los precios de commodities en el mercado internacional. “Se debe llegar a un consenso de que una imposición tributaria del 15% es inaceptable. El Perú se encuentra muy lejos del 20% o 25% de los países más desarrollados”, advirtió Rojas-Suárez.
De igual manera, enfatizó la necesidad de llevar a cabo una reforma en la administración pública, en la que la meritocracia sea la promotora de las contrataciones del Estado. Esto, además, debería ir acompañado de una estrategia clara en contra de la corrupción.
Además, Rojas-Suárez recomendó la implementación de una reforma laboral que modifique la actual inflexibilidad en los mercados laborales, pues sus altos costos de despido disminuyen la intención del empleador a contratar mayor cantidad de trabajadores en planilla. Esto es especialmente complejo de cumplir para los pequeños y medianos empresarios. “Los altos costos de salida son un limitante para la entrada y para la formalización. Para mantener la productividad alta las empresas deben poder expandirse y achicarse según lo requieran”, aseveró la especialista.
Como cierre, Felipe Valencia-Dongo enumeró cinco conclusiones clave de la sesión: 1) defender, priorizar y generar un sentido de urgencia de servicios básicos como salud, educación, identidad, entre otros; 2) mejorar la calidad de gasto público; 3) sensibilizarse ante la injusticia; 4) generar nuevas reformas en beneficio de todos; y 5) discutir más a nivel país temas estructurales.