De los 18 millones de peruanos que conforman la población económicamente activa (PEA), más de 13 millones (72%) se encuentran en empleo informal, es decir, sin regulación laboral para el trabajo que hacen y sin protección social.
Además de tener tal vulnerabilidad para la mayoría de nuestra población trabajadora, el alto nivel de informalidad laboral dificulta la adhesión del Perú a la OCDE.
Para poder actuar frente a esto, la red global WIEGO – La sigla en inglés de Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando– sugirió enfocarse en un primer objetivo: el empleo informal urbano. Sucede que el empleo agropecuario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) aumenta el total de empleo informal porque en casi su totalidad lo es, y además tiene características de vida muy diferentes. Retirarlo del análisis permite precisar la relación entre el empleo informal urbano y la pobreza en el mismo ámbito.
Existe un estrecho vínculo entre estos trabajadores del Perú Urbano, que crean sus propias fuentes de ingresos, y la condición de pobreza, la cual se incrementó en este ámbito territorial desde COVID, duplicándose en el caso de Lima Metropolitana – que alberga un tercio de la población del país.
Empleo informal urbano tiene rostro de mujer
Son varios los factores estructurales que explican esta triste coincidencia: la mayoría de los trabajadores independientes de empleo informal urbano son mujeres en edad reproductiva, que están cuidando a niños pequeños, o mujeres con tareas de cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad; casi la mitad alcanzó como máximo la secundaria incompleta; la proporción de adultos mayores es mucho mayor a la del empleo formal; y acarrean condiciones de mayor vulnerabilidad en general en términos de vivienda, lugar de trabajo, acceso efectivo a servicios de salud, entre otros.
Sin embargo, el tipo de trabajo que realizan para sostenerse está conllevando obstáculos adicionales para lograr mejoras en ingresos, que en muchos casos vienen del propio Estado. ¿Qué trabajos son? Los sectores que encabezan el trabajo informal independiente, según estimados realizados con datos ENAHO 2024, son comerciantes de vía pública (1.2 millones), trabajadores en domicilio dedicados a comercio (1 millón), trabajadoras del hogar (casi 400 mil) y mercados (350 mil).
Se explicó que la falta de crédito, la vulneración constante de los espacios donde se labora y la consecuente pérdida del capital de trabajo, la inseguridad, la falta de acompañamiento técnico para lograr mejores condiciones de trabajo, la escasez de centros de cuidado infantil y de adulto mayor, el golpe del calor extremo en verano, la falta de cumplimiento de normas, y el retroceso que significó el impacto de la COVID 19 en este mayoritario segmento del empleo, dificultan que el trabajador independiente y las trabajadoras del hogar puedan ver mejorar su situación. “No se logra dar el salto en productividad, competitividad y mejora de ingresos necesarios” señaló Carmen Roca, representante de WIEGO en Perú.
Al tiempo de recordar que los partidos políticos tienen hasta el 23 de diciembre para presentar sus planes de gobierno, Roca afirmó que no se está abordando la aumentada pobreza urbana entre los casi 5 millones de trabajadores autoempleados y trabajadoras del hogar de empleo informal. “El vínculo entre el empleo informal independiente y la pobreza urbana es el eslabón perdido en las políticas públicas que buscan reducir la pobreza, no considerado en el discurso electoral ni gubernamental. Los pobres no esperan sentados en casa que venga un programa social a ayudarlos. Los ciudadanos en condición de pobreza trabajan, la mayoría trabaja en comercio.” remarcó.
Estudio en Lima Metropolitana
Dado el importante rol del sector comercio en el empleo, WIEGO presentó los resultados de un estudio que realizó entre mil comerciantes de vía pública (mercados en la calle “paraditas») de 10 distritos de Lima Metropolitana. La investigación es parte de un estudio global en áreas urbanas que incluyó a Bangkok en Tailandia, Delhi en India, y varias ciudades de Brasil.
De los encuestados, 70% son mujeres, 87% tiene tareas de cuidado de otros, 23% son adultos mayores, 19% son jóvenes. “Llama la atención que el 70% tiene a más de tres personas que dependen de sus ingresos diarios”, detalló.
La venta de alimentos perecibles es el giro para más de la mitad de los encuestados, confirmando el rol de las paraditas en la seguridad alimentaria de los pobladores pobres. Más del 20% indicó haber iniciado este trabajo hace 4 años o menos, coincidiendo con la pandemia.
Casi la totalidad paga a diario por el servicio de limpieza y almacén, además de seguridad en su “paradita”. Los distritos con menos desalojos recientes abonan diariamente también a la municipalidad por concepto de limpieza. Sin embargo, el 82% dice no contar con licencia o permiso para vender en la vía pública pese a haberlo solicitado. “Se evidencia que en la mayoría de distritos no se otorga, ni renuevan permisos, aunque cobren a diario a cada comerciante”.
La mitad asegura haber sido acosado por personal municipal para no dejarle trabajar. La confiscación de mercadería llega al 20% en el Cercado de Lima, que significa la pérdida total del capital de trabajo. El problema de seguridad en San Juan de Lurigancho es claro con un 59% declarando ser víctima de extorsión o cobro de cupos.
Para casi la totalidad de participantes del estudio, el costo de vida ha aumentado, lo que compran está más caro, las ventas han disminuido y no están pudiendo ahorrar. Dependiendo del distrito, 55% a 81% coinciden en que los ingresos de los adultos no alcanzan para cubrir los costos básicos del hogar.
Enfoque de expertos
En el taller “Pobreza urbana y empleo informal en período electoral” participaron destacados especialistas para comentar lo presentado por WIEGO y advirtieron por qué esta problemática debería ser incluida en los planes de gobierno de los comicios generales del 2026.
Al tiempo de indicar que la informalidad laboral constituye uno de los problemas estructurales que enfrenta nuestro país y que la pandemia de la COVID-19 la agudizó, el experto en empleo de GRADE, Miguel Jaramillo, apuntó que el cercano panorama electoral ofrece una gran oportunidad para preguntarnos ¿qué podemos esperar del poder político?
Tras advertir que, en los últimos años, el país registró sólo un crecimiento de 3%, dijo que por ello el mercado laboral no ha crecido lo suficiente para absorber la “mano de obra” de la población.
En ese sentido, subrayó que las nuevas autoridades deben preocuparse por mantener un crecimiento económico sostenido y destrabar la inversión pública. Además, apuntó que se necesita incrementar la inversión privada y así se generarían las condiciones para que haya más personas trabajando en empleo formal.
Por su parte, Yohnny Campana, especialista en temas de pobreza urbana de Macroconsult, destacó que actualmente el 73% de los pobres radican en el ámbito urbano y las políticas de estado no han cambiado, ni ha respondido con la prisa que demanda la “urbanización de la pobreza”, lo cual está directamente vinculado al empleo informal.
Luego de subrayar que la informalidad es una respuesta racional a una rígida y costosa regulación, enfatizó que la gestión pública -en particular desde el ámbito municipal- debe buscar integrar la economía popular al desarrollo local, y no reprimirla o ignorarla.
Al tiempo de afirmar que la mejor política social es el crecimiento económico, Campana fue enfático al indicar que las políticas de protección social más innovadoras pueden ayudar a aumentar la productividad, tales como centros de cuidado infantil cerca a los centros de trabajo, transferencias asociadas a nuevas condicionalidades, entre otras.