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Las MYPE y los ciudadanos fuera del sector formal serían los más afectados
En momentos en los que se debaten en el Congreso de la República hasta 18 proyectos de ley que plantean la aplicación de moratorias, congelamientos o períodos de gracia generalizados a los créditos otorgados por las entidades del sistema financiero y a los servicios, así como reducciones y controles de las tasas de interés, se hace indispensable analizar y reflexionar sobre el impacto de estas iniciativas. Si bien el objetivo es brindar un alivio a los deudores, en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, la experiencia nos muestra que este tipo de medidas tienen efectos nocivos, empezando con el rompimiento de la cadena de pagos.
Las moratorias, congelamientos o períodos de gracia generalizados lo que hacen es liberar de obligación de pago a todos los deudores, incluidos aquellos que pueden cumplir con sus obligaciones, deteriorando la cultura de pago. Y, como un efecto dominó, las entidades financieras dejan de percibir los ingresos necesarios para cubrir sus costos -incluyendo los intereses de los ahorristas, gastos de personal y proveedores, etc.-, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero y profundizando la recesión económica. Esta situación se agravaría en el caso de las entidades financieras especializadas en el crédito de consumo y en las cajas municipales, debido a la naturaleza del negocio.
Preservar la cadena de pagos, lo que a su vez permite cautelar la cultura de pago y la estabilidad del sistema financiero, es fundamental en situaciones como las que atraviesa el país actualmente. Ese fue el objetivo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en marzo pasado y días antes del inicio de la cuarentena, al facultar a las entidades financieras a reprogramar los créditos de los deudores (personales naturales y empresas).
Desde el primer día de la emergencia sanitaria nacional, al amparo de los oficios múltiples de la SBS, las entidades financieras vienen reprogramando los créditos de sus clientes que han visto comprometida su capacidad de pago durante la emergencia sanitaria nacional, a quienes se les viene otorgando períodos de gracia, postergación de cuotas, deuda revolvente de tarjeta de crédito convertida en deuda en cuotas a menor tasa, etc., y todo ello sin afectar su clasificación de riesgos. Algunas entidades no han cobrado intereses en las reprogramaciones, otras sí lo hicieron (menores a los inicialmente pactados en algunos casos). Es importante tener presente que los intereses son los principales ingresos de las entidades del sistema financiero, por lo que dejar de cobrarlos en las reprogramaciones depende de la fortaleza de cada entidad.
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Las reprogramaciones que vienen haciendo las entidades financieras, al amparo de las directivas de la SBS, ya están generando una reducción de ingresos para las entidades del sistema financiero. Esta situación se agudizaría con las propuestas del Congreso de la República, comprometiendo aún más su liquidez y la solvencia de algunas de ellas, y poniendo en riesgo los ahorros del público. Hay que tener en cuenta que nueve de cada 10 soles utilizados por las entidades financieras para otorgar créditos pertenecen a depositantes y otros acreedores.
Las moratorias y los períodos de gracia para los créditos, planteados en los diversos proyectos de ley, presentados en las comisiones de Economía y de Defensa del Consumidor, implicarían que las entidades financieras no reciban ingresos por un determinando período de tiempo, aumentando significativamente la probabilidad de incumplir con sus obligaciones, siendo esta situación más preocupante en aquellas especializadas en el crédito de consumo. Un desequilibrio entre los ingresos y costos de estas empresas puede poner en riesgo su viabilidad, debido a que la tasa de interés es un precio -el valor del dinero prestado en el tiempo- que se compone no solo de los costos que registra la entidad financiera (costos de fondeo y administrativos), sino también del riesgo que enfrenta, materializado en el nivel de incumplimiento de pago de sus clientes.
Con la finalidad de tener una aproximación al impacto en la rentabilidad y solvencia de las empresas del sistema financiero, la SBS hizo un ejercicio tomando los balances publicados de los primeros cuatro meses del año y estimó los ingresos por los cuatro meses siguientes hasta el mes de agosto de 2020 por tipo de crédito, considerando un periodo de moratoria o gracia adicional de cuatro meses durante el cual los deudores (MYPE, consumo e hipotecario) no efectuarían pago alguno de las cuotas ya pactadas. Cabe indicar que hay proyectos de ley que plantean la suspensión del pago de las obligaciones financieras (incluyendo intereses) desde por 120 días (cuatro meses) hasta seis meses con períodos de gracia de tres meses.
El análisis efectuado revela que las utilidades del sistema financiero se reducirían 268% (pérdida a nivel sistema de S/ 11,600 millones). La caída para los grupos de bancos sistémicos, cajas municipales y resto de entidades es de 187%, 929% y 494%, respectivamente. Este mayor impacto se debe a:
i) Los ingresos de los meses de marzo y abril se han reducido debido a los impactos iniciales de la pandemia.
ii) La cartera no minorista (empresarial) también se ve afectada en la proyección con impactos en ingresos y provisiones, producto de un deterioro estimado.
iii) La drástica reducción de ingresos producto de la moratoria para los préstamos de personas que representa casi la totalidad del ingreso para algunas entidades del sistema financiero.
iv) Se reconoce el mayor impacto en las provisiones de aquellos clientes sujetos a la medida de exoneración de pagos, debido a que al término de esta medida se haría evidente su vulnerabilidad por la pérdida de empleos o, en general, por la afectación en sus ingresos.
Por otro lado, al analizar el efecto en la solvencia, el sistema financiero reportaría un ratio de solvencia de 12.7% al mes de agosto. Los bancos sistémicos podrían, a ese período, asimilar el impacto con un ratio de solvencia de 13.4%, pero en el caso de las cajas municipales y resto de entidades estos indicadores descenderían a 8,2% y 11,3%, respectivamente. A nivel individual las pérdidas generadas por no tener ingresos por un número de meses puede llevar a la insolvencia a un número importante de empresas financieras, el ejercicio identifica un número de posibles insolvencias y sus efectos negativos: afectación a seis millones de depositantes, pérdida de empleos en el sistema financiero (más de 32 mil empleados y sus familias sin ingreso); restricción del crédito y afectación de la cadena de pagos; localidades que verían reducida su oferta financiera (152 provincias), quedándose algunas sin servicios financieros; incapacidad del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) de atender los depósitos cubiertos, entre otras.
Cabe señalar que el ejercicio no recoge el efecto de la interconexión y riesgo de contagio en entidades que podrían resistir temporalmente la moratoria, pero se verían afectadas por el pánico subsecuente que podría generar la quiebra de las entidades en estado más crítico. En un clima de inestabilidad financiera como el descrito en otros países, se suele presentar un fenómeno conocido como “flight to quality” donde los depósitos salen de entidades pequeñas hacia bancos sistémicos o extranjeros.
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De aprobarse las iniciativas del Congreso de la República, la situación sería más crítica en aquellas entidades financieras que atienden, fundamentalmente, a provincias, donde muchas veces se constituyen en la única fuente de acceso al financiamiento de las MYPE de esas zonas, informales en su mayoría. Los pobladores de estas zonas no solo se verían privados de servicios financieros y de la oportunidad de contar con el financiamiento necesario para poder salir de la situación de vulnerabilidad económica que esta crisis sanitaria va a dejarles, sino que verían afectados sus ahorros.
Como se mencionó, también se estaría afectando de manera significativa a las entidades especializadas en crédito de consumo. Suspender o congelar el pago de préstamos personales a este tipo de entidades representa la pérdida de su única fuente de ingresos. Estas entidades financieras deben generar ingresos para cubrir sus costos fijos, administrativos y de personal, así como para pagar los intereses a los depósitos de sus ahorristas. Sin la posibilidad de generar ingresos durante un período de tiempo, su viabilidad se vería seriamente comprometida.
El sector microfinanciero también enfrentaría problemas. La dependencia de los ingresos de créditos personales y los costos administrativos y de personal -que se caracterizan por ser muy altos en el negocio de microfinanzas y de créditos de consumo-, ocasionaría que, salvo algunas excepciones, la mayoría de entidades microfinancieras reporte pérdidas significativas. Sin ingresos que les permitan cubrir sus gastos financieros (las entidades microfinancieras pagan las más altas tasas de interés por depósitos) y no financieros (son intensivas en mano de obra), no podrían seguir operando.
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La pandemia del COVID-19 ya está causando fuertes impactos en el sistema financiero. El incumplimiento de obligaciones de deudores afectados en su generación de ingresos, así como las reprogramaciones de un alto porcentaje de su portafolio de créditos tanto de personas como de empresas, ya está generando una disminución de ingresos importantes.
Es importante destacar que, en medio de esta crisis y un estado de emergencia que aún no culmina, las entidades financieras vienen teniendo cobranzas de créditos personales en porcentajes variados, que estuvieron en abril y mayo entre el 20% y el 40%, con tendencia al alza en los meses siguientes, en la medida que distintos sectores se van incorporando a la actividad económica post - estado de emergencia. Con esa cobranza fuertemente mermada, la utilidad acumulada y los colchones de liquidez, las entidades financieras vienen afrontando sus gastos (financieros y no financieros) con la expectativa de ir mejorando progresivamente con el resto de la economía, en los meses que restan del año.
Una moratoria en el pago de préstamos personales o congelamiento de intereses asfixia a las entidades financieras dependientes de este tipo de préstamos, incentivando inclusive a los que venían pagando a que dejen de hacerlo. Aplicar este tipo de medidas, moratorias en el pago de cualquier tipo de obligación, si bien da alivio a los deudores del sistema financiero en el corto plazo, termina de romper la cadena de pagos, haciendo que la recesión sea aún más profunda y de consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto. Además, no se podrían continuar con los esfuerzos de incluir a más peruanos en el sistema financiero.
El objetivo es lograr que todos los agentes económicos retomen sus actividades y el pago de obligaciones de manera paulatina, siendo crucial que los que puedan pagar sus obligaciones lo hagan y así preserven su historial crediticio, el cual les permitirá seguir accediendo a créditos en mejores condiciones. Es indispensable cautelar la cultura de pago que se ha ido construyendo a lo largo de décadas de trabajo continuo y seguir ofreciendo alternativas de desarrollo a todos los peruanos.