Si no se hubiese perdido la brújula de la competitividad, y se hubiera mantenido la alta senda de crecimiento de una década atrás, hoy el Perú tendría un PBI per cápita que sería 20% superior al actual; una tasa de pobreza no de 27,5% sino de 15% y una tasa de informalidad no de 75% sino de 55%, afirmó David Tuesta Cárdenas, presidente del CPC.
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó el Informe de Competitividad 2023-2024 que plantea 11 nuevas propuestas de política pública sobre las que el CPC cree que se puede avanzar con mayor rapidez en las condiciones actuales y que pueden ayudar a la necesaria reactivación.
El Informe de Competitividad, que se publica desde hace 4 años, ofrece un conjunto de políticas públicas debidamente priorizadas por su impacto competitivo y centrado en 11 factores: Sistema de Justicia, Eficiencia del Sector Público, Infraestructura, Desarrollo Digital, Estabilidad Macroeconómica, Capital Humano y Competencias, Salud, Mercado Laboral, Logística, Ambiente de Negocios y Ciencia, Tecnología e Innovación, debidamente priorizados por su impacto en la productividad del país.
En este lapso, el CPC ha desarrollado 130 propuestas en 4 informes, de las cuales 73 han sido consideradas como parte de diferentes políticas públicas desplegadas por el Estado.
“En el CPC no nos cansamos de insistir, en base al cúmulo de conocimiento y evidencia, que el país requiere con urgencia retomar la senda virtuosa del crecimiento sostenible”, manifestó su presidente, David Tuesta Cárdenas.
Para que la economía pueda aspirar a mejores niveles de crecimiento dependerá, por un lado, de que se pueda propiciar un escenario de mayor mejora y persistencia de las expectativas empresariales y, por el otro, de que se puedan gestionar convenientemente varios de los riesgos a la vista, indicó.
Las propuestas contenidas en el Informe de Competitividad 2023-2024 apuntan a mejorar la productividad en los 11 factores priorizados, así como en otros ámbitos clave.
Por tanto, el CPC también llamó la atención sobre el estado de las propuestas de otros factores determinantes de la competitividad, como el Factor Salud, en el que los esfuerzos continúan siendo escasos a pesar de haber sufrido recientemente el país una de las peores gestiones de la pandemia de la COVID-19, habiendo fallecido más de 200 mil peruanos.
“Avanzar en todos estos temas postergados es urgente para reconstruir las bases de un país productivo y competitivo que sostenga el crecimiento económico, promueva un mayor bienestar y contribuya a la construcción de un mayor equilibrio político y social”, comentó.
Contexto
Tuesta afirmó que estamos viviendo en el ámbito global una dinámica de desaceleración junto con una inflación global que, aunque menguando, se mantiene todavía en niveles persistentemente altos. Y, en el plano doméstico, tenemos claramente anunciada la llegada próxima del Fenómeno del Niño, sobre el que las dudas se ciernen sólo en el grado de intensidad del evento.
Agregó que no se puede perder de vista la delicada situación de equilibrios políticos que configuran la probabilidad de permanencia de Dina Boluarte hasta el 2026, periodo en el cual el desempeño económico y su impacto sobre el bienestar será vital. En ese sentido, consideró que, esto último, nos lleva a reflexionar sobre el grado de estabilidad política que puede tener un Gobierno que continúe creciendo a niveles ralos.
“Cuando vemos la situación actual en retrospectiva, nos preguntamos cómo hemos llegado acá. Lo sucedido desde el 2021 con el arribo de Pedro Castillo a la Presidencia de la República ha sido simplemente el colofón de un largo proceso de deterioro en las políticas procompetitividad, en el que la principal víctima han sido los peruanos más vulnerables”, lamentó.
De acuerdo con el Índice de Complejidad de la Universidad de Harvard, el Perú ha perdido 20 puestos en su ranking mundial, lo que competitivamente coloca al país como una economía en franco proceso de precarización. Así, el país que hasta antes del 2013 venía creciendo con una pendiente de dinamismo productivo en torno a 5% en promedio, cambió drásticamente su pendiente de expansión hacia niveles promedio en torno a 3%.
“Si no hubiésemos perdido la brújula de la competitividad, y hubiéramos mantenido la alta senda de crecimiento de una década atrás, hoy el país tendría un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita que sería 20% superior al actual; una tasa de pobreza no de 27,5% sino de 15% y una tasa de informalidad no de 75% sino de 55%”, subrayó Tuesta.
Punto de reflexión
Señaló que espera que el Informe de Competitividad 2023-2024, realizado por el equipo del CPC y retroalimentado con los aportes de más de 30 profesionales del sector público, privado y la academia, contribuya al impulso que necesita el país, continúe siendo un punto de reflexión sobre el cual se puedan inspirar las futuras políticas públicas que coadyuve a que el Perú salga de la parálisis que actualmente experimenta.
“Sólo la implementación de políticas que enciendan los motores de la productividad permitirá emitir las señales necesarias en el corto plazo para animar las expectativas de la inversión privada y, por fin, empezar a mirar con mayor optimismo cambios hacia el mediano y largo plazo. Creemos que empezar con algunas de nuestras propuestas puede ser un buen camino”, agregó.
Las propuestas
El Informe de Competitividad 2023-2024 plantea 11 nuevas propuestas de política pública sobre las que el CPC cree que se puede avanzar con mayor rapidez en las condiciones actuales y que pueden ayudar a la necesaria reactivación.
En el Factor de Infraestructura
– Agregar proyectos de alto impacto para aprovechar las economías de escala a partir de gatilladores de gestión y el uso de las mejores prácticas internacionales. Así, estos proyectos deberán ser encargados a unidades ejecutoras especializadas —a nivel regional o nacional— que cuenten con las mejores prácticas internacionales y con facilidades para la ejecución de los proyectos. Esto debido a que cada año existen nuevos proyectos adicionales a los previstos en el presupuesto inicial, lo que dificulta la capacidad de gestión de las entidades.
En el 2022, el 44% del total de proyectos con presupuesto eran nuevos (28.828 de 65.022) y contaban con un monto de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio de S/0,5 millones. Por ello, es importante reducir esta elevada participación de proyectos atomizados que limitan seriamente la eficiencia del Estado peruano para la ejecución y avance de la inversión.
– Acreditar a evaluadores y empresas de ingeniería con el objeto de contar con expedientes técnicos de calidad, así como permitir el uso de esquemas de adjudicación ágiles. Con esta medida se podrían solucionar varios de los problemas que surgen desde la concepción de los proyectos.
Por ejemplo, a partir del análisis de 30 proyectos culminados en el 2022, de un total de 140, de las principales unidades ejecutoras en los tres niveles de gobierno, con un monto actualizado mayor a S/25 millones por proyecto, se observaron desviaciones de hasta 37% en promedio respecto a los costos del Expediente Técnico (ET).
Asimismo, del total de proyectos con PIM 2022 se observó, en más de la cuarta parte de estos, retrasos en su ejecución por encima de los 100 días y respecto a los costos sobre viabilidad en más de la mitad se observaron desviaciones del 46%.
En el Factor de Eficiencia del Sector Público
– Implementar una estrategia integral de intervenciones tempranas para el cierre de brechas de condiciones mínimas y con responsabilidades asignadas en su seguimiento. La falta de una intervención temprana de las autoridades del Gobierno ha limitado su capacidad para gestionar de forma efectiva los conflictos sociales.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo (2021), analizó 4.258 acuerdos correspondientes a 29 procesos de diálogo desarrollados durante el periodo 2012-2019, y encontró que: (i) en el 57,7% de acuerdos no se precisó un plazo de cumplimiento, dejando abierta la posibilidad de gestionar su cumplimiento posteriormente; (ii) en el 10% de acuerdos no se identificó al responsable de cumplimiento, limitando la posibilidad de exigir su cumplimiento; y, (iii) en el 87% de acuerdos no se encargó a una entidad o comisión la responsabilidad de hacer el seguimiento.
En el Factor de Estabilidad Macroeconómica
– Priorizar la reducción del incumplimiento tributario mediante la implementación de herramientas de big data y analítica avanzada. El objetivo de la propuesta es reducir el incumplimiento tributario en aras de ampliar la base tributaria.
El sustento radica en las elevadas tasas de incumplimiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR) empresarial, las cuales ascendieron a 28% y 33,1%, respectivamente en el 2021.
En el Factor de Desarrollo Digital
– Reformular la ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios. La Ley N° 31207 elevó el estándar mínimo de velocidad de internet de 40% a 70% de la velocidad ofrecida, lo que generaría impactos negativos en la expansión y calidad del servicio de internet.
Esto se debe a la mayor inversión en infraestructura, de modo que esta logre soportar el cumplimiento de la velocidad mínima establecida, lo que generaría desincentivos, principalmente, en zonas rurales en donde la inversión para la expansión se desviaría hacia el fortalecimiento de infraestructura en zonas en las que ya se cuenta con servicio.
En el Factor de Logística
– Diseñar e implementar una Política Nacional Multisectorial de Logística, que articule los objetivos planteados por cada sector y que busque solucionar los problemas que presenta el sistema logístico nacional, apoyando la generación de alto valor agregado de los bienes producidos en el país.
Esta política debe diseñarse y formularse de manera conjunta con los ministerios intervinientes, asignar la conducción al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que es el más relevante, mediante decreto supremo sin que cada ministerio pierda su rectoría.
Esta propuesta surge debido a que, en la década anterior, se observó un escaso avance del subsector logístico, principalmente, por la falta de institucionalización de la gobernanza logística colaborativa en el Perú. De hecho, Perú bajó de posiciones en el Índice de Competitividad Global (de 60 al 65) y de Desempeño Logístico, entre el 2012 y 2023, de 60 a 61 en comparación de Colombia, que cuenta con una Política Nacional, y que ascendió 6 posiciones entre el 2010 (puesto 72) y 2023 (puesto 66).