(*) Artículo publicado en la edición 220 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M220.pdf.
Por Javier Parker Chávez
javier.parker@microfinanzas.pe
Uno de los principales rasgos que caracteriza a los peruanos es la inacabable y siempre sorprendente capacidad para sabotearnos a nosotros mismos; al menos, en lo que a decisiones políticas se refiere, nos esmeramos en elegir a las peores opciones, lo que termina dañando irremediablemente al crecimiento económico y arrojando nuevamente a la pobreza a millones de peruanos; tal como ha sucedido en estos últimos tres años.
Usualmente, elegimos a los peores candidatos para alcaldes, gobernadores regionales, congresistas y plancha presidencial. Pero una vez electos, los políticos tienen dos opciones, además por supuesto de elegir entre la honestidad y la corrupción. Porque, como hemos visto también, puede haber gobiernos exitosos en temas de gestión y resultados económicos, pero tan corruptos como otros que son ineficientes o demagógicos. En este juego de posibilidades, siempre será peor, obviamente, un gobierno corrupto, ineficiente y demagógico.
Pero, volviendo a las opciones que tienen los políticos una vez convertidos en autoridades, una es continuar con la agenda demagógica que, por lo general, los llevó al poder; y, la otra, es ser conscientes de la realidad y de la responsabilidad que tienen sobre el destino de millones de ciudadanos, y tomar las decisiones correctas.
Estas decisiones, las correctas, son las que normalmente emanan de evaluaciones y análisis técnicos basados en información de campo y estadística, así como de la experiencia y de lo que se llama el benchmarking.
Pero ¿qué pasa si pese a contar con toda esa información técnica, los políticos insisten con sus propuestas demagógicas? Ejemplos tenemos por montones. Y, en esta edición de Microfinanzas, analizamos tres que han hecho considerable daño a todos los peruanos porque, tarde o temprano, terminan pasando la factura.
Uno, que está costando miles de millones de dólares al Estado, es decir, a todos nosotros, es Petroperú; el mayor ejemplo de lo que puede suceder cuando decisiones políticas irresponsables, muchas veces motivadas por causas ideológicas, interfieren en el manejo de una empresa en un sector que no solo es muy competitivo, sino que también requiere alta especialización.
Los otros dos ejemplos tienen que ver con decisiones que se tomaron o se están tomando en el Congreso de la República. Uno es el dictamen aprobado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, con una lamentable mayoría de 17 votos a favor y 3 en contra, que autoriza un séptimo retiro de fondos de las AFP.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como muchas otras instituciones de indudable capacidad técnica, habían advertido a la Comisión de Economía sobre las consecuencias nocivas que tendrá en las pensiones de los futuros jubilados insistir en medidas como esta, sin embargo, fue aprobada.
Al no poder hallar una razón que justifique la aprobación de un séptimo retiro de fondos, solo queda en evidencia la insensatez y demagogia con la que actuaron los congresistas.
El tercer caso, es la iniciativa legislativa que propone corregir temporalmente la decisión que tomó el Congreso complementario del periodo 2020-2021, es decir, exceptuar a los créditos de consumo y a la micro y pequeña empresa (MYPE), por 3 años, de la aplicación de topes a las tasas de interés aprobados en la Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros (Ley Nº 31143), conocida como Ley de Usura.
Como dijimos en el editorial pasado, es una ley que nunca debió aprobarse, por lo que la SBS y el Banco Central de Reserva (BCR) han insistido, ante el requerimiento de la Comisión de Economía, y la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, en la derogación permanente de los topes a las tasas de interés.
Sin embargo, la posibilidad de que la SBS y el BCR no sean escuchados esta vez tampoco debe sorprendernos. La Comisión de Economía no lo hizo en el caso del séptimo retiro de fondos de las AFP. Por su parte, la Comisión de Defensa del Consumidor invitó a representantes de la SBS, del BCR y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que sustentaran su posición técnica sobre los topes a las tasas de interés.
Las 3 entidades del Estado coincidieron en que habían excluido financieramente al sector más vulnerable de la población y que su suspensión debía ser permanente, sin embargo, cuando sus representantes expusieron, casi no quedaban congresistas dispuestos a escucharlos porque la mayoría se había marchado de la sesión.
Estos tres casos son un claro ejemplo de lo que sucede cuando los políticos, convertidos en autoridades, hacen oídos sordos de lo que deben escuchar, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva para los peruanos, y sin que les genere un rédito político a ellos mismos.