En el frente interno, el principal riesgo para el crecimiento de la economía es la pérdida de confianza que está bastante vinculada al riesgo político y, si nos acostumbramos a la inestabilidad política tendremos un crecimiento menor a 3%, declara a Microfinanzas Carlos Oliva Neyra.
Gerente de la División de Negocios, Mibanco
(*) Artículo publicado en la edición 221 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M221.pdf.
Entrevista por Luis Hidalgo Suárez
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el objetivo de cumplir la meta fiscal para este año, fijada en 2% del Producto Bruto Interno (PBI) ¿Es factible considerando que cerró el 2023 con un déficit de 2,8%, superior al 2,4% que era el límite?
Sí es factible, pero no es fácil, no está garantizada; seguramente van a tener que hacerse algunos ajustes para poderla cumplir. Por el lado de los ingresos tributarios, para levantar la recaudación van a tener que garantizar un crecimiento económico alto o, por lo menos, de 3%; y, por el lado de los gastos, van a tener que hacer controles a lo largo del año para que este no crezca tanto.
El ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, anunció una poda de gastos y publicó el Decreto de Urgencia N° 006-2024. ¿Cuánto de gasto se podrá recortar con esta medida?
Esos recortes no representan mucho del gasto presupuestado para este año, son poco menos de S/400 millones, lo que no mueve la aguja del gasto. (El presupuesto total aprobado para el 2024 asciende a S/241 mil millones).
Lo interesante es que han flexibilizado el movimiento de partidas dentro del presupuesto con la esperanza de que eso reduzca las demandas adicionales de gasto que surgen a lo largo del año, si éstas no se atienden. Gracias a esta medida, por ahí podría haber algún impacto sobre el gasto público, pero eso no lo sabemos todavía.
Entonces, ¿se necesitarían más recortes en el gasto público?
Más que recortes en el gasto diría que no hay que soltar la mano cuando se pidan más recursos presupuestarios; esa es un poco la idea del Decreto de Urgencia N° 006, es decir: no pidas dinero, tienes tu presupuesto y si te faltan recursos tómalo de esta otra partida porque al final te quedas con mucho presupuesto sin gastar. Entonces, si eso funciona, podría haber algún tipo de impacto en el gasto.
Ahora, recortar gastos en sí resulta más complicado porque lo que se ha hecho ahora (con el Decreto de Urgencia) es establecer que no se gaste más que el año pasado en una serie de rubros; pero perfectamente se pudo haber dicho: gasta 5% o 10% menos; es decir, podrían seguir ajustando el gasto.
¿El MEF podría hacer estos ajustes adicionales sólo con normas internas?
Para recortar el gasto, el MEF tiene algunos mecanismos, por ejemplo, podría cerrar la llave del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) con una reprogramación de los compromisos anuales. Entonces, podría forzar algunos recortes, pero vamos a ver si tienen la necesidad y la fuerza para hacerlo.
Recaudación
Más que un plan de austeridad del gasto público, algunos dicen que se necesita con urgencia combatir la evasión tributaria para aumentar los ingresos…
Sí, pero por el lado de los ingresos tributarios en el corto plazo no se puede hacer mucho para aumentarlos, salvo que la economía crezca a una tasa alta.
En cuanto a modificaciones tributarias si estas son, por ejemplo, del Impuesto a la Renta, recién comienzan a tener vigencia al año siguiente; y, por el lado de la evasión tributaria, es muy difícil que se pueda mover la aguja (aumentar ingresos por este medio) en el corto plazo.
El ministro Arista dijo que le ha pedido al nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Gerardo López Gonzáles, que recupere un punto porcentual (pp) del PBI en recaudación por año, dado que esta cayó 2 pp en el 2023. ¿Es posible?
Sólo con cambios en la Administración Tributaria es bien difícil subir la recaudación en uno o 2 pp del PBI. Se tendría que ser mucho más efectivo con el control de la evasión tributaria, pero con el nivel de informalidad que hay en el país, eso no es fácil. Otra forma de aumentar los ingresos es a través de la política tributaria, y eso no depende de la Sunat.
También se ha dicho que es más urgente racionalizar los beneficios tributarios, estimados en S/24.000 millones para este año…
Hay un espacio en lo que se refiere a beneficios tributarios ya otorgados, pero muy pequeño. Políticamente es muy complicado recortar en este rubro algo significativo. Lo que hay que hacer es no dejar que se sigan introduciendo beneficios tributarios, si se quieren reducir es más difícil.
Probablemente se podría tener algo de espacio para esto último, por ejemplo, canjeando algún beneficio de la Amazonía, como se hizo cuando fui ministro de Economía, y eliminamos una exoneración tributaria a cambio de un monto fijo; o se podría pensar quizás algo referido al drawback (si se eliminara, se podría recaudar unos S/1.000 millones). Pero lo fuerte de las exoneraciones tributarias está en el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos y nadie se imagina eliminar eso hoy.
¿Es complicado que un gobierno débil, como el que tenemos, negocie con el Congreso de la República para que no siga aprobando más beneficios tributarios? Incluso, hemos visto que derecha e izquierda se unen cuando se trata de dar beneficios tributarios…
Exacto, pero para eso está el MEF, para batallar hasta el final y no dejar que se sigan aprobando exoneraciones.
El ministro Arista afirmó que entre la informalidad (que cuesta 3,5% del PBI, según dijo) y la corrupción (2% del PBI) se pierden 5,5% del PBI y que eso se podría recuperar luchando contra esos flagelos. ¿Tiene el Gobierno la fuerza para detener el avance de esos problemas?
Esos cálculos tienen que ser muy técnicos, no sé cómo salen esas cifras. A priori es difícil luchar contra esos problemas, pero para eso hay un premier, un ministro, una presidenta. Definitivamente, tienen que plantear las medidas y tratar de convencer, mover a la opinión pública; hay muchas cosas que se pueden hacer por más que a priori el Congreso tenga otra tendencia.
Medidas tributarias
¿Qué medidas tributarias podría dar este Gobierno?
Algo ya han hecho con las tasas Netflix (propuesta legislativa para que las plataformas que prestan servicios digitales paguen IGV, dado que el Impuesto a la Renta al que ya están gravados tiene dificultades para su cobro) lo cual puede rendir algo.
En el Impuesto Predial hay mucho espacio para ir avanzando ya que tenemos una recaudación sumamente baja por este concepto: es la tercera o cuarta parte respecto a lo que recaudan otros países de la región.
También se puede sacar adelante las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que, a pesar de que tendrían una tasa de Impuesto a la Renta más baja, considerando la inversión adicional que propiciarían, podría mover la aguja incrementando la recaudación. También habría que ver si se está utilizando la norma anti elusiva que está vigente, no he visto ningún caso todavía.
Es todo un ‘combo’ de medidas que se podrían dar, pero el impacto de todo eso en la recaudación podría hacer ganar un punto del PBI o, con suerte, un poco más. Al final, te vas a chocar con el tema de la informalidad y eso ya no depende tanto de la estructura ni de la política tributaria, sino de la política laboral, sobre todo.
Crecimiento
El Banco Central de Reserva (BCR) prevé para este año un crecimiento de la economía de 3% con sesgo al alza, y el MEF también. Proyecciones privadas se están ajustando al alza, aunque con una tasa menor, de alrededor de 2,5%. ¿Es factible crecer 3% este año?
Sí es factible crecer a esa tasa, pero no es fácil. Las cifras indican un primer trimestre de este año relativamente débil todavía, a pesar de que hay un efecto rebote (en el primer trimestre del 2023 el PBI cayó 0,4%, según el BCR). La expectativa es que a partir del segundo trimestre mejore la tasa de crecimiento del PBI.
Sin embargo, el año pasado también pensábamos que el primer trimestre había sido malo por el clima, los conflictos sociales, entre otros, pero que al final íbamos a crecer, y ya vimos lo que pasó (el PBI cayó 0,6% en el 2023).
Todo indicaría que este año podríamos tener una cifra de crecimiento cercana a 3%, quizás 2,7%, 2,8%, pero eso implica que efectivamente se reactiven una serie de sectores y que se siga consolidando la confianza. El último dato de confianza (Expectativas macroeconómicas que mide la encuesta mensual del BCR) da un poquito de esperanza de que están mejorando, pero un dato no hace una tendencia.
¿Habría que esperar que las expectativas sigan mejorando?
Así es, esa mejora en las expectativas tendría que continuar en los siguientes meses y el MEF tendría que proponer algunas medidas. Han hablado de reactivar el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, lo cual me parece estupendo, ahí se pueden fijar algunas metas y compromisos. Ojalá que el Congreso también se modere y el MEF se haga sentir en el Congreso y proponga algunas medidas.
Riesgos
¿Qué riesgos puedan llevar a un menor crecimiento del PBI que el proyectado para este año de entre 2,5% y 3%?
Hay varios factores de riesgo. Primero, una situación de crisis externa definitivamente podría tener un impacto negativo en la economía peruana. Ya hemos tenido 2 guerras en 3 años (en Ucrania y en Israel), algo que antes no se veía así nomás, ahora es casi común y además hay tensiones de guerra en otros lugares. Entonces, en el plano internacional, la probabilidad es baja todavía, pero siempre hay un riesgo de que pueda haber una crisis.
Algo similar se puede decir de los precios de los commodities. Hasta ahora estos pintan bien, aunque el precio del petróleo tuvo unos repuntes, el cobre y el oro vienen bien.
Pero, eso también podría revertirse en unos meses por diversos factores. Es decir, en el plano internacional, tanto por el lado de la demanda como de los términos de intercambio, siempre hay un riesgo para la economía peruana que, por ahora, es menor.
¿Y en el frente interno qué riesgos ve?
Por el lado interno, lo principal es la confianza que está bastante vinculada al riesgo político. Si el Congreso sigue metiendo autogoles, como ese nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y en un mes sacan alguna otra exoneración tributaria y en 3 meses otra (sin mayor sustento técnico), todo eso enrarece el clima.
No va a destruir las expectativas de los agentes económicos, pero por lo menos va a hacer que no se recuperen. Si eso pasara ya no estaríamos hablando de un crecimiento de 3% sino de 2% y, si se complica más, volveríamos a hablar de un crecimiento de 1%. Entonces, internamente el mayor de los riesgos es la pérdida de la confianza.
Y no ayuda a fortalecer la confianza con lo que ha pasado con las acusaciones a la presidenta Dina Boluarte, el riesgo de una nueva vacancia…
Es malo acostumbrarse a una situación constante de inestabilidad política, pero tampoco estamos en uno de los 2 extremos: ni el que quisiéramos (óptimo sin conflictividad política) ni es un desastre.
Esta situación de inestabilidad política, si nos acostumbramos a ella, va a hacer que nos garantice un crecimiento mediocre donde las empresas simplemente estén invirtiendo lo menos posible cuando lo que se quiere es justamente revertir eso y que la inversión privada crezca 5% o más.
Sin embargo, por otro lado, tampoco es la catástrofe que fue cuando entró Pedro Castillo y decía que iban a cambiar la Constitución, etc. Ahí sí hubo un deterioro, y ese tipo de deterioro no lo veo en el corto plazo por más líos políticos que haya, pero vamos a estar ahí, en el 0% de crecimiento de la inversión con lo cual no reducimos pobreza y es además una bomba de tiempo para los conflictos sociales.
Inestabilidad política
El ministro Arista reconoce que crecer 3% es insuficiente para bajar la tasa de pobreza que, dijo, ha subido al 30% de la población. Y considera que deberíamos aspirar a crecer 5% anual para lo cual hay que crear un clima atractivo para la inversión privada y darle seguridad jurídica al inversionista. En el contexto político actual ¿es factible ofrecer esas 2 condiciones?
Lamentablemente, las muestras de inseguridad jurídica las vemos a cada rato. Es la labor del Poder Ejecutivo tratar de minimizar todo eso, pero por lo mismo que se siente débil no lo hace.
A mí me queda claro que el ministro de Economía sabe lo que tiene que hacer, es una persona capaz, conoce el sector, el tema es si lo podrá hacer, ahí hay restricciones políticas. Igual, se nota que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) quiere hacer las cosas, pero hay que ver hasta dónde lo dejan.
El tema es que esta inestabilidad política está condenando a la economía a crecer a una tasa baja dado que las grandes inversiones se congelan. ¿Tendremos que esperar hasta el 2026 para ver si la economía crece a más de 3%?
Ese es el escenario base, pero, nuevamente, los ministros, el Gabinete ministerial, la presidenta están ahí para tratar de cambiar eso y lograr tasas de crecimiento de 3%, 4% o más, porque eso permitirá mejorar el empleo y bajar la tasa de pobreza.
Tienen que creérsela, darse cuenta de que son Poder Ejecutivo, que tienen poder por más que se sientan débiles y sobre esa base crear consensos, gobernar. Y lo que uno siente es que no se está gobernando, simplemente estamos discutiendo cosas pueriles y no vemos un Gobierno que nos genere expectativas, un horizonte, unas metas que indiquen plazos en los que se logren objetivos.
No se nota ese ímpetu, ese liderazgo que es importante para cambiar las expectativas y mientras no suceda eso pues simplemente vamos a estar creciendo poquito. Este año quizás un poco más por el rebote (de la caída del 2023), pero eso no soluciona nada.
Minería
El premier Gustavo Adrianzén Olaya ha dicho que la meta para este año es viabilizar inversiones mineras por US$4.600 millones en 7 proyectos. No ha mencionado destrabar grandes proyectos como Tía María y otros que están estancados. ¿El Gobierno teme enfrentarse a los conflictos mineros?
Pareciera que ese es un poco el miedo. Pero también hay ahí un tema de trámites en el Minem que espero lo solucionen rápido. La cartera de proyectos mineros por unos US$50.000 millones de inversiones está ahí hace unos 10 años y cada proyecto es una realidad distinta.En algunos el principal problema es el financiamiento; Tía María tiene financiamiento, pero no tiene licencia social; y, otros proyectos están todavía en etapas previas o con otro tipo de problemas.
Entonces, ahí se tiene que hacer cirugía, digamos, para empezar a mover esa cartera. No hay una bala de plata, no es que saques una medida y todos los US$50.000 millones empiecen a andar. Y, por otro lado, están los problemas que hay con la exploración, tienes que hacer 4 consultas previas para poder meter un martillazo a un cerro para confirmar si hay cobre.
Sin embargo, la minería informal campea por todo el país, ya serían 84 millones de hectáreas con esta actividad…
Tambogrande es el mejor ejemplo de eso. Botaron a una empresa que tenía la concesión y al final el yacimiento se llenó de mercurio y dinamita…
“Se deben tener reglas fiscales que sean creíbles y que se cumplan”
Se ha especulado que el Gobierno buscaría cambiar la regla fiscal y subir la meta de déficit para este año mediante las facultades delegadas que pedirá el Poder Ejecutivo al Congreso ¿Cómo vería el Consejo Fiscal esta medida?
Como Consejo Fiscal (que Oliva presidía cuando dio la entrevista y cuyo reemplazo fue anunciado por el Gobierno este 24 de abril) tendríamos que esperar a ver cuál es la propuesta y cuál su justificación para emitir un pronunciamiento. No puedo adelantar opinión como Consejo Fiscal.
¿Y cómo economista cuál es su comentario?
Hay un trade off entre la credibilidad y la disciplina fiscal. Se deben tener reglas fiscales que sean creíbles y que se cumplan. Por otro lado, tampoco se quieren reglas fiscales que sean muy laxas que se van a cumplir, pero que van a generar un problema fiscal.
Entonces, debe haber un equilibrio que debe ser bien técnico; y, si se van a cambiar las reglas, tiene que haber una justificación y un compromiso serio de que se van a cumplir.
En caso de que se cambie la regla fiscal al alza, ¿en cuánto podría ser?
No debería ser por mucho más; si bien tenemos todavía cierto espacio en términos de deuda pública (como porcentaje del PBI) no es deseable que aumente todos los años. Deberían tratar de mantenerla por el nivel en que está (32,9% del PBI en el 2023) porque nuestra calificación crediticia (hoy en grado de inversión) depende de eso.
Si se cambia la regla fiscal y se sube la meta de déficit fiscal para este año, ¿afectaría a la calificación de riesgo crediticio del Perú?
Todo depende de qué plantee el MEF. Si plantea 0,5 puntos porcentuales más, por ejemplo (a 2,5% del PBI este año) y presenta una buena justificación, y hay un compromiso real de cumplirla, incluso se podría tomar a bien porque por lo menos se sabría que la van a cumplir. Lo peor que se puede hacer es seguir prometiendo cifras (tasas) y que al final del año se inventen cifras contables para tratar de cumplir la meta.
Según la trayectoria de déficit fiscal aprobada en el 2006, este debería bajar a 1% del PBI (como era la regla original). Algunos ven factible cumplir la meta de 2% en el 2024 por el mejor precio del cobre, pero no así en los años siguientes si no se hace una reforma tributaria ¿Es posible hacerla en el contexto político actual?
Es un poco difícil hacerla en este contexto, pero la labor de las autoridades es convencer al Congreso de sus propuestas.
¿Se ha perdido la fortaleza y sostenibilidad de las cuentas fiscales que ha caracterizado al Perú en las últimas décadas?
No, no se ha perdido, todavía tenemos fortaleza fiscal, pero no es la de antes. Ahora tenemos un nivel de deuda pública bastante más alto que el que teníamos y ahorros en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) bastante menores a los de antes.
Si nos comparamos con lo que teníamos hace 5 años, estamos en una situación más débil, pero que sigue siendo fuerte si se compara con otros países de América Latina e, incluso, del mundo porque las ratios de Perú todavía muestran fortaleza.
El mensaje es: seguimos siendo fuertes en el tema fiscal, pero estamos perdiendo fortalezas y justo estamos en el momento en que tenemos que dar un toque de timón porque si, perdemos esas fortalezas, vamos a tener problemas, no ahora, pero sí en algunos años.
Lo que hace el Consejo Fiscal es levantar la banderita de alerta y decir: sigues bien, pero te estás deteriorando y tienes que tomar decisiones ahora y no en 3 o 4 años, cuando ya tengas los problemas encima.
“Hay que esperar que el nuevo directorio de Petroperú nos diga la verdad sobre lo que está pasando”
¿Qué opina de la solución parcial que le ha dado el MEF al problema de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mediante la autorización para emitir bonos hasta por S/1.200 millones a S/1.400 millones este año, según informó el ministro Arista?
La posición del Consejo Fiscal está en un comunicado que incluye una nota técnica. Definitivamente, es inconsistente que, por un lado, se quiera controlar el gasto público y, por otro, se esté soltando.
Además, hay una serie de temas que no se han contestado todavía (por parte de la MML) como qué proyectos se financiarían. Y, de lo que presentó a la Contraloría General de la República, lamentablemente los proyectos no tenían los expedientes técnicos, sin embargo, ya se había tomado la deuda; la tasa de interés es sumamente alta.
Hay varios temas por revisar ahí, en todo caso, el Consejo Fiscal ya levantó una alerta y el MEF y la Contraloría son los que tienen que tomar nota de ello.
¿Cuáles serían las medidas correctivas que deben hacerse? Ud. ha sugerido que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Congreso en ese sentido…
Simplemente, se tendría que eliminar el artículo del Decreto Legislativo N° 1275, esa ventana que da a los municipios la posibilidad de tomar deudas sin garantía en soles, sólo con la calificación de riesgo crediticio de la entidad. La eliminación de ese artículo se hace con una ley del Congreso u otra del mismo rango (como un decreto legislativo).
Pero, de lograrse la eliminación de ese artículo, regiría para nuevos casos y no afectaría lo que ya se endeudó la MML…
No afectaría a lo que ya se endeudó, pero la MML tiene un plan para endeudarse hasta por S/4.000 millones o S/5.000 millones y ya se endeudaron por S/1.200 millones.
Petroperú
El Gobierno ha estado apoyando financieramente a Petroperú. ¿No es contradictorio con la austeridad del gasto y la sostenibilidad fiscal que se pretende?
El Consejo Fiscal también emitió un comunicado donde hacíamos notar este tema de Petroperú. Ya han tomado algunas medidas y hay que esperar que el nuevo directorio de Petroperú se manifieste y nos diga la verdad sobre lo que está pasando.
Cuando ponga las cartas sobre la mesa -y esperamos que sea transparente a diferencia del directorio anterior – y diga cuál es la situación, ahí habrá que tomar la mejor decisión. Podría generar una presión fiscal, pero otra solución podría ser liquidar la empresa. Habría que saber el tamaño del hueco financiero para ver cuál es la mejor alternativa.
Consejo Fiscal pidió que MEF y Contraloría evalúen consecuencias de endeudamiento de Municipalidad de Lima
En su Comunicado N° 02-2024-CF del 3 de abril, el Consejo Fiscal alertó de que, de concretarse los planes de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), esta entidad enfrentaría una peligrosa situación de sobreendeudamiento y de eventuales desequilibrios presupuestarios para las siguientes administraciones municipales.
Cabe señalar que el Decreto de Urgencia N° 006-2024 restablece el permiso para emitir deuda a los gobiernos subnacionales que no cumplen las reglas fiscales, pero que cuentan con calificaciones crediticias favorables.
“El cambio normativo introducido con el Decreto de Urgencia N° 006-2024 podría llevar a que la MML alcance un saldo de deuda total (SDT) superior a los S/4.000 millones en el 2024, lo cual es aproximadamente el doble del SDT máximo que la MML ha tenido en el pasado (S/1.926 millones en el 2020)”, detalló el Consejo Fiscal.
En ese sentido, demandó que se pueda contar con una evaluación y opinión de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre las consecuencias de un endeudamiento de la magnitud propuesta, por su relevancia para la sostenibilidad fiscal y solvencia de la MML.
Más apoyo financiero a Petroperú conllevaría implicancias fiscales relevantes
En su Comunicado N° 01-2024-CF, del 1 de febrero pasado, el Consejo Fiscal advirtió sobre nuevos apoyos financieros a Petroperú de parte del Gobierno Central, que en ese momento se evaluaban.
Reiteró su preocupación por el continuo deterioro de la situación financiera de la empresa estatal y consideró que el riesgo para las finanzas públicas radica en la magnitud de las necesidades financieras de Petroperú y en que las actuales dificultades persistan en el tiempo.
Alertó que nuevas medidas de apoyo financiero a Petroperú conllevarían implicancias fiscales relevantes, pudiendo reducir la disponibilidad de recursos líquidos del Gobierno o presionar hacia mayores niveles de endeudamiento público. Reiteró la importancia de que se tomen las medidas correctivas correspondientes para que la gestión de Petroperú se rija de manera efectiva bajo criterios de transparencia y buen gobierno corporativo.
“Si uno cree en la libre competencia, debería haber muchos más notarios”
El ministro de Economía ha anunciado que van a enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley del Notariado y así tener 6.000 notarios en lugar de 600 que hay ahora y, con ello, bajar los costos notariales que, según dijo, son carísimos. ¿Cuál es su opinión?
Estoy totalmente de acuerdo. Esa ley es una política totalmente mercantilista, es un gremio totalmente cerrado que tiene barreras de entrada. Si uno cree en la libre competencia debería haber muchos más notarios; eso haría que los costos notariales bajen mucho.
El ministro Arista también criticó los engorrosos trámites municipales para la apertura de negocios y dijo que se requieren modificaciones. Pero los municipios son autónomos, ¿está hablando de una ley que modifique la Ley de Municipalidades?
Exactamente, hay una serie de competencias que son exclusivas de los municipios. Entonces, definitivamente se requeriría un cambio legal. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento la da un municipio distrital y si quieres cambiar eso hay que cambiar la ley; hay restricciones para este cambio.
Y viendo la composición y tendencia del Congreso, ¿será posible lograr ese cambio?
Eso es imposible, pero tendría que verse la manera de facilitar el otorgamiento de las licencias municipales.