Contralor general de la República
(*) Artículo publicado en la edición 221 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M221.pdf.
Las entidades públicas cuentan con protocolos internos de integridad y de lucha contra la corrupción que deben activarse ante cualquier indicio de irregularidad, no solo para evitar que se produzca, sino para que, de haberse concretado, se investigue y se sancione ejemplarmente a los responsables.
Si analizamos los efectos de la corrupción y la mala conducta funcional, junto con los hechos tangibles que presenciamos diariamente, como servicios de salud y educación deficientes, obras públicas que colapsan debido a irregularidades durante su construcción y carreteras que permanecen inconclusas durante varios años, podemos notar un continuo aumento en el perjuicio económico que el Estado enfrenta.
Solo en el último año, este perjuicio se estima en S/24.300 millones y más de 9.000 funcionarios y servidores públicos han sido identificados como responsables de estas malas prácticas, según datos abiertos de la Contraloría General de la República (CGR).
Ciertamente, el principal problema está en las obras, en las cuales la tasa de incidencia de la corrupción y la inconducta funcional es de 17,5%, es decir, perdemos S/17,5 por cada S/100 que invertimos en obras.
De acuerdo con el Índice de Percepciones de Corrupción 2023 de Transparencia Internacional (TI), dado a conocer en enero último, el Perú ha registrado una fuerte caída en la lucha contra la corrupción en el sector público.
En el 2022, se ubicaba en el puesto 101 del ranking global, en el que se clasifica a 180 países de todo el mundo. En el 2023 se ubicó en el puesto 121, es decir, hubo un mayor uso indebido del poder público y privado para beneficio propio o de terceros.
TI también advierte sobre la relación entre el acceso limitado a la justicia y la corrupción. Según su Índice de Estado de Derecho 2023, que evalúa la debilidad del Estado de derecho, las extralimitaciones del Poder Ejecutivo y las restricciones a los derechos humanos y a los sistemas de justicia reflejan que el Perú ha descendido al puesto 88 del ranking global en los últimos 8 años.
El declive en el funcionamiento de los sistemas de justicia es un fenómeno mundial, pero en países como el Perú, con instituciones notablemente débiles y altos niveles de pobreza y desigualdad, así como brechas sociales marcadas en áreas como salud, educación y vivienda, particularmente en las zonas de frontera y más alejadas del país, la corrupción y la impunidad parecen estar ganando terreno a la falta de control y presencia estatal.
Este año, la CGR realizará por lo menos una acción de control en cada distrito del país, con lo cual alcanzaremos una cobertura superior al 95% de todas las entidades públicas.
¿Qué pasa con esos protocolos internos de integridad y de lucha contra la corrupción con los que cuentan las entidades de los gobiernos nacional, regional y local? ¿Por qué no se activan? ¿Cuál es la respuesta de las instituciones del sistema de justicia y de los órganos sancionadores a nivel administrativo ante las denuncias y procesos en curso? Son ellos los que deben responder a la ciudadanía que reclama acción y sanción inmediata.
La impunidad solo atrae más corrupción y más pobreza en un contexto en el que la economía peruana registró uno de sus peores años en el 2023 debido a la incertidumbre política y también a los fenómenos meteorológicos, entre otras razones. Si no hay sanción ejemplar, la corrupción seguirá imperando y debilitando a las instituciones públicas.
Desde el 2017, en la CGR no hemos parado de implementar estrategias de lucha contra la corrupción: transparencia y acceso a nuestros informes de control, incremento significativo de la cobertura del control, crecimiento exponencial de las investigaciones y emisión de informes con reveladoras irregularidades, identificando responsables.
Otras estrategias son la implementación del control concurrente para acompañar paso a paso la buena gestión de las obras, megaoperativos de control integral, la implementación de un Observatorio Nacional Anticorrupción, la exigencia a los funcionarios y servidores públicos para la presentación de sus declaraciones juradas de interés y de bienes y rentas, el restablecimiento de nuestra potestad sancionadora, la promoción del control social en todo el país; pero, la verdad, no podemos solos.
Lo revelado por TI, nos debe llevar a reflexión: es crucial asignar recursos adecuados a las entidades del sistema de justicia con el fin de fortalecer el trabajo de los procuradores, defensores, fiscales y jueces. Esto implica modernizar los procesos, adoptar tecnologías pertinentes, mejorar los recursos humanos, promover políticas anticorrupción y reforzar el control disciplinario y ético.
Además, garantizar la predictibilidad de las decisiones judiciales y, por supuesto, estar alejado de toda influencia política. Es decir, urge más que nunca una verdadera reforma del sistema de justicia en el Perú. La ciudadanía cumple su parte en cada denuncia y reclamo realizado, pese a conocer las represalias que puede caer en su contra; por lo que es imperativo que el Estado cumpla su parte también, de lo contrario, perderemos la gran oportunidad que la reforma del control gubernamental nos ha dado: una enorme capacidad de detección de los actos irregulares; y, podríamos, a mediano plazo, perder la guerra contra la corrupción y la impunidad, poniendo en riesgo el Estado constitucional y nuestro sistema democrático.