Es esencial implementar reformas estructurales en la administración de justicia y en la seguridad pública, donde la percepción de impunidad alimenta la desconfianza en el Estado, declara a Microfinanzas Gonzalo Galdos Jiménez, con motivo de la 62º Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos), que se realizará del 26 al 28 de noviembre en Arequipa.
(*) Artículo publicado en la edición 227 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M227.pdf.
Entrevista por Luis Hidalgo Suárez
“El Perú está en crisis, pero también está en emergencia”, decía Ud. en diciembre del 2023. Hoy hemos salido, en parte, de la emergencia, pero sigue la crisis política e institucional. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden superar esta crisis?
Si bien, en los últimos años, hemos enfrentado emergencias coyunturales, las crisis política e institucional persisten por razones estructurales. En primer lugar, la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades por su incompetencia, por corrupción o porque sirven solo a intereses particulares, se mantiene en aumento, tal como lo demuestran las encuestas recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IPE), en las que se revela que el Congreso de la República tiene una desaprobación de 92%, mientras que, en el caso de la presidenta, 9 de cada 10 peruanos desaprueban su gestión. Este distanciamiento del Gobierno con los intereses de los ciudadanos fomenta una falta de legitimidad, la cual paraliza la toma de decisiones estratégicas.
La corrupción se ha hecho endémica y persiste dentro de las instituciones públicas, y la ineficiencia estatal es generalizada, lo que impide que las políticas públicas tengan un impacto real mínimo en la vida de los peruanos.
Finalmente, la polarización política y la fragmentación del Congreso han complicado la posibilidad de generar consensos que nos permitan avanzar hacia una reforma institucional que restaure la estabilidad, el crecimiento económico con desarrollo y una visión positiva de nuestro futuro.
¿Ve factible salir de esta crisis de acá al 2026 o, por el contrario, esta se podría agudizar?
La salida de esta crisis hacia el 2026 es factible, pero depende de varios factores. El primero es la voluntad del Ejecutivo y del Congreso para retomar un diálogo político orientado a la generación de consensos y políticas de largo plazo. Además, es esencial implementar reformas estructurales en la administración de justicia y en la seguridad pública, donde la percepción de impunidad alimenta la desconfianza en el Estado.
Si estas reformas no se abordan con la urgencia requerida, la crisis podría agudizarse, afectando aún más a la inversión privada y a las perspectivas de un crecimiento económico que impacte en la reducción de la pobreza, en el desarrollo y en la calidad de vida. Al respecto, IPAE Acción Empresarial promueve 4 reformas electorales que contribuirían con la transparencia y la mejora del sistema.
Crecimiento
La crisis política e institucional ha deteriorado el crecimiento de la inversión privada y, por ende, el económico y del empleo; ha elevado el nivel de pobreza y ha agudizado la informalidad. ¿Es factible un crecimiento alto y sostenido de la economía en el corto plazo?
En el corto plazo, un crecimiento alto y sostenido es improbable si no se toman medidas inmediatas para restablecer la confianza de los inversionistas y de todos los agentes económicos. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión privada ha caído significativamente debido a la incertidumbre política y jurídica, lo cual afecta la generación de empleo formal y la capacidad de reducir la tasa de pobreza.
Sin embargo, si logramos destrabar grandes proyectos de infraestructura, mejorar la competitividad mediante el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, y reducir las barreras burocráticas, podríamos revertir esta tendencia.
El sector privado está dispuesto a colaborar, pero necesita reglas de juego claras y predecibles para contribuir en el esfuerzo de alcanzar una mayor y sostenida tasa de crecimiento económico.
El que la economía crezca a bajas tasas anuales (menos de 3%), como ahora, pone en riesgo la viabilidad de las empresas y, junto a la crisis política, puso en riesgo la viabilidad de Perú. ¿Se ha superado este último riesgo a la viabilidad del país?
No creo que podamos decir que el riesgo de viabilidad ha sido completamente superado. La economía sigue creciendo a tasas insuficientes para generar nuevos empleos y reducir la pobreza. Perú es un país en crisis, pero con un potencial enorme que, para aprovecharlo, depende de la implementación de reformas que generen un entorno favorable para la inversión y la creación de empleo formal.
La estabilidad macroeconómica ha sido uno de nuestros mayores activos durante muchos años, pero hoy en día, está amenazada por la falta de reformas en áreas como la seguridad ciudadana y la informalidad; además, está el incumplimiento de variables claves como el déficit fiscal.
Los empresarios seguimos comprometidos con el país, pero necesitamos que el Estado haga su parte para crecer a un ritmo superior a 6%, que es el que se necesita para ver tangible el desarrollo.
Reconstrucción
CADE Ejecutivos de este año tiene como lema ‘De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro’, ¿es factible esta reconstrucción considerando que la ineficiencia del Estado ha aumentado por el alto nivel de corrupción y la polarización política que se observan hoy?
La reconstrucción es muy factible, pero requiere unir voluntades y un enfoque integral que involucre tanto al sector privado como al público y, por supuesto, a la sociedad civil. En esta edición de CADE Ejecutivos 2024, estamos trabajando para construir una visión de país que se basa en la colaboración entre los sectores, fomentando la inversión privada como motor de crecimiento y proponiendo reformas estructurales que mejoren la eficiencia del Estado.
La corrupción y la polarización son grandes obstáculos, pero si logramos un compromiso colectivo para las reformas y para mejorar la meritocracia y la transparencia en la gestión pública, podemos generar un impacto positivo muy rápidamente.
¿Cuáles serían las reformas mínimas que se tendrían que hacer para iniciar ese proceso de reconstrucción de nuestro futuro?
Las reformas mínimas necesarias incluyen, en primer lugar, una muy profunda en el sistema de justicia para asegurar que los casos de corrupción y delitos graves se sancionen de manera efectiva. En segundo lugar, es crucial mejorar la competitividad del país a través de la simplificación administrativa y la digitalización de los procesos gubernamentales.
También necesitamos políticas y medidas que incentiven la formalización laboral y proyectos que impulsen la productividad y cierren las brechas tecnológicas. Finalmente, la seguridad ciudadana debe ser priorizada, ya que el crecimiento económico solo será posible en un entorno seguro y predecible.
¿En qué plazo se tendrían que implementar, teniendo en cuenta que el 2025 ya es año preelectoral?
El tiempo, como ya estamos acostumbrados, juega en nuestra contra, por lo que las reformas deben implementarse de inmediato.
El 2025 será un año preelectoral, lo que tradicionalmente genera mayor incertidumbre, por lo que es crucial aprovechar lo que queda del 2024 para lograr avances significativos en las reformas estructurales.
Si logramos generar consensos políticos este año, podríamos empezar a ver los frutos de estas reformas antes del cambio de gobierno, lo que contribuiría a estabilizar el país en el mediano plazo.
Dado que el sector político y el Congreso tienen su propia agenda orientada, al parecer, a ganar votos electorales, ¿quiénes deberían liderar esa reconstrucción y a través de qué canales?
El liderazgo debe provenir de una alianza entre el sector privado, la sociedad civil y las autoridades. Los empresarios somos un motor de crecimiento y cambio, y hemos asumido ese liderazgo, pero necesitamos que los otros sectores también se sumen al esfuerzo para generar resultados concretos. No debemos esperar que el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto preelectoral, asuman un rol protagónico. Esperar que eso pase sería una gran negligencia.
En ese marco, CADE Ejecutivos es un espacio vital para generar propuestas técnicas que promuevan el desarrollo del país, y se están recogiendo y articulando a través de reuniones preparatorias, mesas de diálogo y mecanismos de consulta que involucran a la ciudadanía en todo el país.
Iniciar ese proceso de reconstrucción implica desmontar medidas que desde el Ejecutivo y el Congreso se han venido dando en los últimos años y que han cambiado las reglas de juego para la inversión y contratación laboral, así como en lo que se refiere al equilibrio de poderes. ¿Cómo se hará este desmontaje si ningún grupo político tiene mayoría en el Congreso?
El desmontaje de las medidas perjudiciales para la inversión y el equilibrio de poderes será complejo, pero posible. Dado que ningún grupo político tiene mayoría, la clave está en generar consensos amplios que trasciendan los intereses partidarios inmediatos.
Para ello, es fundamental que el sector empresarial, junto con la sociedad civil, ejerza un rol articulador y proponga reformas que favorezcan el desarrollo económico y la estabilidad institucional.
El diálogo multisectorial, como el que promueve CADE Ejecutivos, es esencial para identificar puntos de convergencia y avanzar en políticas que destraben inversiones y mejoren el clima empresarial sin alterar el equilibrio de poderes.
Polarización
Lo que ha caracterizado al país en la última década ha sido una, cada vez mayor, polarización política. En este contexto, ¿es posible lograr consensos o coaliciones políticas que garanticen la gobernabilidad del país?
La polarización política que hemos visto en la última década es, sin duda, un obstáculo para la gobernabilidad. Sin embargo, es posible lograr consensos si se alinean los incentivos adecuados y se priorizan los intereses del país sobre los partidarios. Para ello, necesitamos fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado, así como promover un ambiente de confianza mutua.
El foro de CADE Ejecutivos es un espacio donde buscamos justamente generar estas coaliciones a través de propuestas concretas que aborden los problemas estructurales del país y permitan sentar las bases para una gobernabilidad más sólida y sostenida. Si el Congreso y el Ejecutivo han logrado acuerdos políticos para garantizar la estabilidad de sus propios estamentos, ¿acaso no podemos pedirles que ahora lo hagan por el Perú?
¿Cuál debe ser el rol de los empresarios en este proceso de reconstrucción?
El rol de los empresarios es clave en el proceso de reconstrucción debido a que la inversión privada es el motor más importante del crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
Como empresarios, tenemos la responsabilidad de liderar estos esfuerzos de reconstrucción con una visión de largo plazo, comprometidos no solo con la rentabilidad, sino también con el impacto social y la sostenibilidad del desarrollo. Los empresarios tenemos que apuntar hacia inversiones que generen Valor Compartido, es decir, que beneficien tanto a sus empresas como a la sociedad en su conjunto.
Desde luego, para recuperar la confianza e incentivar la inversión, el Estado debe ofrecer estabilidad política, así como un entorno de seguridad jurídica, simplificación administrativa y control de la corrupción.
Inseguridad
Una amenaza que ha escalado mucho en los últimos años en contra de la inversión privada y el ambiente de negocios es la falta de seguridad ciudadana, el aumento de actividades ilegales en todos los sectores productivos acompañadas de extorsiones y cobros de cupos a empresarios formales. ¿Qué se debe hacer frente a este flagelo?
La creciente ola de criminalidad en el país ha impactado profundamente al sector privado en varios niveles. Por un lado, la seguridad de los empleados y las operaciones se ha visto comprometida, lo que nos ha obligado a aumentar significativamente los costos en medidas de protección, seguridad privada y logística.
Además, la inseguridad en sus distintos niveles afecta la confianza empresarial, disuadiendo nuevas inversiones y limitando el crecimiento económico en ciertas áreas, especialmente en regiones más vulnerables a la violencia. Pero más allá del impacto económico directo, la criminalidad daña el tejido social, afectando la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Desde IPAE Acción Empresarial, instamos a que la seguridad ciudadana sea una prioridad en la agenda nacional. Se debe destinar más recursos para fortalecer el sistema de justicia y la policía, pero también es crucial atacar las causas estructurales del crimen organizado.
Estado empresario
Perú progresó mucho a partir de consagrar en la Constitución de 1993 el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial y productiva. Sin embargo, en la última década se observa una tendencia a revertir ese principio. El caso más emblemático es Petroperú, empresa insolvente a la que el Estado le sigue entregando recursos fiscales e interviene en su gobernanza. ¿Cómo asegurar ese rol subsidiario de manera que no se ahuyente la inversión privada?
El principio subsidiario del Estado en la actividad empresarial es esencial para fomentar un entorno competitivo en el que el sector privado pueda prosperar e impulsar el crecimiento económico.
La idea de un Estado empresario que prescinde del sector privado no solo es anacrónica, sino que es una falta de respeto al sentido común, ¿se imaginan un Estado que no cumple en lo más mínimo sus funciones básicas ni ejecutando correctamente una propuesta de asumir adicionalmente la gestión de empresas públicas?
El caso de Petroperú es emblemático y preocupante porque su situación financiera pone en riesgo no solo recursos fiscales, sino también la confianza en cómo se manejan las empresas estatales. Para asegurar que el Estado mantenga un rol subsidiario, es necesario garantizar que las intervenciones gubernamentales estén limitadas a situaciones de extrema y excepcional necesidad, y que no distorsionen el mercado ni desincentiven la inversión privada.
En CADE Ejecutivos, insistimos en la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica y la predictibilidad regulatoria para atraer y mantener la inversión privada y también la transparencia en cómo se manejan nuestros impuestos.
“Decisiones en el sector educativo deben priorizar la excelencia y no responder a intereses políticos”
Entre los temas que se tratarán en la CADE de este año, están el de salud y educación, servicios públicos que se vienen deteriorando cada año y que afectan al capital humano y la productividad. ¿Qué propuestas se plantearán en este campo?
La mejora de los servicios de salud y educación es fundamental para aumentar la productividad del país y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por eso, en CADE Ejecutivos 2024 se llevará a cabo la sesión ‘Propuestas IPAE para la salud universal y educación de calidad’, espacio en el que Midori de Habich, miembro del Comité de Salud de IPAE Acción Empresarial; y María Isabel León, vicepresidenta de IPAE, presentarán iniciativas que buscan reformar estos sectores desde una perspectiva integral.
El Congreso aprobó una ley para el nombramiento automático de docentes contratados, lo que deteriora la meritocracia establecida en la Ley de Reforma Magisterial para la educación básica regular. ¿Qué consecuencias tendrá si se elimina la Prueba Nacional de Nombramiento Docente?
La amenaza de una posible eliminación de la Prueba Nacional de Nombramiento Docente representa otro grave retroceso en la meritocracia educativa. Esta evaluación garantiza que solo los docentes más preparados ingresen a la Carrera Pública Magisterial, asegurando así la calidad en la enseñanza. Al optar por un nombramiento automático sin filtros, se pone en riesgo la calidad de la educación y el futuro de los estudiantes.
En IPAE Acción Empresarial, creemos firmemente que las decisiones en el sector educativo deben priorizar la excelencia y no responder a intereses políticos.
Necesitamos fortalecer la meritocracia, no debilitarla, para asegurar que el país cuente con docentes altamente capacitados que impulsen el desarrollo de nuevas generaciones. Por ello, hacemos un llamado para que se observe esta ley y mantengamos altos estándares que garanticen una educación de calidad para todos.
Hay propuestas legislativas para que los estudiantes universitarios obtengan el bachillerato automático de forma permanente, y otras que otorgan un plazo de 2 años a las universidades asociativas con licencia denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que son 9, para que subsanen las deficiencias que llevaron a su cierre. ¿Amenazan la calidad de la educación superior en el país?
En línea con el Principio de IPAE “Sistema que habilite”, consideramos que es fundamental asegurar el cumplimiento de las condiciones esenciales de calidad en la educación básica y superior, así como generar los mecanismos, indicadores e incentivos que fomenten la mejora continua y la innovación, promoviendo el intercambio de buenas prácticas para su escalabilidad.
En ese sentido, algunas propuestas legislativas, como extender el plazo para que universidades con licencia denegada subsanen sus deficiencias, representan un claro retroceso en la reforma universitaria. Estas instituciones ya demostraron que no cumplen con los estándares mínimos de calidad establecidos por la Sunedu, y darles una nueva oportunidad atenta contra los avances que hemos logrado en la educación superior.
Reafirmamos que la calidad educativa no es negociable. Perú necesita organizaciones que garanticen una formación académica sólida y profesional, y permitir que aquellas que no cumplieron sigan operando, no solo desmerece por completo el esfuerzo de las instituciones que sí cumplieron, sino que afecta gravemente a los estudiantes y al desarrollo del país.
La reforma universitaria ha sido una de las políticas más importantes para asegurar un sistema educativo de calidad, y no podemos permitir que intereses particulares pongan en riesgo el futuro de nuestros jóvenes. Exhortamos al Congreso a proteger estos avances y priorizar el interés público sobre cualquier otro.