En 2024, se registraron 469 casos de violencia patrimonial, según el Centro Emergencia Mujer. Juan Delgado Chávez, especialista en gestión de diversidad, equidad e inclusión en organizaciones, advierte que el sector microfinanciero puede ser clave para frenar esta opresión o perpetuarla.
(*) Artículo publicado en la edición 231 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M231.pdf.
En 2024, el Centro Emergencia Mujer registró 142,144 casos de violencia contra mujeres en Perú. De estos, 469 correspondieron a violencia económica o patrimonial, un promedio de 39 casos mensuales. Esto implica que, al menos, una mujer al día ve vulnerado su derecho al libre desarrollo económico, advirtió Juan Diego Delgado Chávez, especialista en gestión de diversidad, equidad e inclusión en organizaciones, y estratega en prevención de violencia de género para el Estado.
La Ley 30364 define esta violencia como acciones u omisiones que menoscaban los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tal, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza.
Entre sus mecanismos, explicó el especialista, la “limitación o control de sus ingresos” y la “percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo” reflejan cómo el sector microfinanciero puede ser tanto un espacio de opresión como una valiosísima herramienta de prevención y autonomía económica.
La lucha contra esta violencia no es solo responsabilidad del Estado. “Es un deber ineludible de toda sociedad que aspire a llamarse civilizada”, enfatizó Delgado. Pese a gobiernos transitorios, un sistema capitalista deshumanizante y estructuras democráticas frágiles, la urgencia es clara: en 2024 se registraron 162 feminicidios en el país, equivalente a una mujer asesinada cada dos días (MIMP 2024). “No habrá civilización posible mientras estas cifras persistan”, insistió.
Identificar para prevenir
Reconocer la violencia económica exige mecanismos concretos. Delgado destacó herramientas como las propuestas por WomensLaw.org, que plantean interrogantes reveladoras: “¿Le fuerza a darle acceso a sus cuentas de banco para hacer transacciones sin pedirle su opinión? ¿Le asigna una cantidad de dinero a la semana o al mes aun si usted no está de acuerdo? ¿Gasta más de la cuenta utilizando sus tarjetas de crédito o se rehúsa a pagar los cargos lo cual está arruinándole el crédito a usted? ¿Le impide obtener o usar tarjetas de crédito o del banco?”.
Integrar estas preguntas en los procesos de instituciones financieras, sea por parte de los trabajadores o clientes, junto con alertas basadas en patrones sospechosos —como retiros inusuales o transferencias recurrentes bajo coerción—, podría detectar casos invisibilizados.
“Muchas víctimas ni siquiera saben que sus derechos son violados. Por ello, la prevención es una estrategia clave para visibilizar los costos ocultos de la violencia de género, su impacto en los agentes económicos y las oportunidades de crecimiento que surgen cuando se actúa con determinación”, explicó.
También afecta la competitividad
La violencia contra las mujeres no solo destruye vidas, sino que erosiona la competitividad de las empresas. Para Delgado, este fenómeno genera costos directos e indirectos que impactan la sostenibilidad corporativa. Datos de la OIT (2023) revelan que las organizaciones enfrentan gastos médicos y legales, alta rotación de personal, ausentismo —incluso de agresores— y presentismo (trabajar sin productividad), mientras estudios como el de Cruz Arroyo & Rodríguez (2020) destacan el estrés laboral y la fuga de talentos como consecuencias colaterales.
El especialista remarcó que América Latina, iniciativas como el Sello Empresa Segura (Perú), Igualando RD (Rep. Dominicana) o Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia (Bolivia) reconocen a las compañías que priorizan políticas de género.
“Quienes abandonan una organización debido a la violencia pueden convertirse en embajadores negativos de la marca, afectando la percepción de clientes e inversionistas”, explicó. Estos sellos no son simbólicos: según la OIT (2021), las empresas con medidas preventivas reducen hasta un 30% los costos por rotación y ausentismo, mientras incrementan la creatividad y el compromiso de sus equipos.
Las organizaciones que omiten la prevención de violencia, señaló Delgado, normalizan la discriminación y el abuso de poder. “Esto no solo reduce la seguridad y equidad, sino que frena el desarrollo profesional de las mujeres, perpetuando brechas estructurales”, agregó. El resultado es un círculo vicioso: climas laborales tóxicos, productividad mermada y eficiencia operativa en declive.
En contraste, las empresas que integran políticas de diversidad e inclusión —como protocolos de atención a víctimas y capacitación en género— construyen entornos seguros. Esto les permite reducir costos de rotación laboral y ausentismo por enfermedades, al mismo tiempo que incrementa la creatividad y el compromiso de sus empleados (OIT, 2021).
“La prevención de la violencia contra las mujeres y la aplicación de políticas de diversidad e inclusión no son acciones aisladas, sino estrategias complementarias para promover la igualdad de oportunidades y garantizar la sostenibilidad corporativa”, indicó.
Costos para el sector
La independencia económica de las mujeres es un pilar clave para prevenir la violencia de género, pero está bajo constante amenaza. Según análisis realizado por Delgado, factores endógenos —como la carga del hogar o la falta de autoestima— y exógenos —desempleo, informalidad o discriminación interseccional— socavan este empoderamiento.
“Hablar de desigualdad en 2025 parece anacrónico, pero la realidad es cruda: al ritmo actual, tardaremos 137 años en erradicar la pobreza extrema en mujeres”, aseguró el especialista, citando el informe Progresos en los ODS: Una mirada de género 2024.
Además, el 51% de los países aún restringe el acceso equitativo de las mujeres al empleo formal (ONU Mujeres, 2024), lo que las empuja a emprender. Sin embargo, la violencia las persigue incluso en sus negocios.
“Frente a este escenario, las mujeres encontraron en la creación de sus propios medios de subsistencia una opción importante para alcanzar la ansiada libertad e independencia económica. Por ello, no perdamos de vista también cómo la violencia afecta a uno de los grupos clave para el sector microfinanciero: las microempresarias”, sostuvo.
Un estudio de GIZ en Ecuador revela que las microemprendedoras víctimas de violencia ven reducida la rentabilidad de sus negocios. La pérdida de ingresos por días laborales perdidos, gastos médicos y secuelas emocionales —depresión, aislamiento— se traducen en morosidad y deterioro crediticio.
Frente a esto, aumentar el acceso a créditos para mujeres parece una respuesta lógica, pero no es suficiente. “Programas de microcréditos sin acompañamiento de mecanismo de empoderamiento —como capacitación en toma de decisiones o redes de apoyo— pueden exacerbar la violencia”, alertó Delgado en base al estudio Inclusión Financiera de las mujeres en América Latina. Situación actual y recomendaciones de política (Azar, Lara & Mejía, del 2018).
En Perú, la investigación de Arístides Vara-Horna (2015) cuantifica el impacto: la violencia contra microempresarias formales peruanas representa pérdidas de hasta el 1.2% del PBI anual. “Una cifra que podría haber aumentado directamente proporcional a los casos reportados en años más recientes”, opinó Delgado.
En ese marco, el estudio de Arístides Vara-Horna, revela que las microempresarias afectadas por violencia pierden 47.3 días de productividad al año si son agredidas recientemente, y 12.2 días por secuelas crónicas —equivalente al 28.3% del valor agregado de sus negocios—. Además, el 60% enfrenta rechazo de créditos por prohibición de sus parejas.
“Ante este panorama, las instituciones microfinancieras deben aterrizar sus acciones preventivas en soluciones pragmáticas que garanticen la equidad de género en su rol dentro del ciclo económico de las mujeres”, recomendó Delgado.
El poder de prevenir que tienen las entidades del sector financiero
Por Juan Delgado Chávez, especialista en gestión de diversidad, equidad e inclusión en organizaciones, y estratega en prevención de violencia de género para el Estado.
La conversión en agentes de cambio de las múltiples instituciones del sector financiero para la prevención de la violencia contra las mujeres inicia en el diseño de soluciones financieras con enfoque de género que otorguen protección, por un lado, y mayor autonomía económica, por otro, a las clientas en situación de riesgo.
Quizá la estrategia más urgente es la incorporación de cláusulas de protección ante la vivencia de un hecho de violencia, lo que permitiría una suspensión temporal de pagos, la reducción de tasas de interés o un método más flexible de pagos sin que se afecte el historial crediticio de las mujeres. Se reduce así la tensión que pesa sobre quien es víctima de un tipo de violencia y se busca prevenir que no caiga en otros, como el de la violencia económica o patrimonial.
Para reforzar esta medida, se puede implementar sistemas de pago que no necesiten de tarjetas o contraseñas, las cuales pueden ser transferidas al agresor, sino más bien que usen el reconocimiento facial o la huella dactilar. De esta manera, las instituciones microfinancieras resguardarán el capital de sus clientas y contribuirán a frenar la manipulación y el control financiero hacia las mujeres.
Usemos las diversas herramientas de la inteligencia artificial con mayor naturalidad para promover la innovación en la solución de problemas. Así es como podríamos tener un análisis de patrones de gasto y transacciones que identifiquen posibles situaciones de riesgo.
Se podría detectar con machine learning en qué momento enviar alertas cuando se tienen retiros inusuales de clientas, pagos recurrentes a una misma cuenta en condiciones sospechosas, o transferencias realizadas bajo patrones de coerción. Con este conocimiento, las instituciones microfinancieras podrían brindar asistencia inmediata a través chatbots seguros, quienes brindarán una asistencia programada y confidencial a mujeres que posiblemente estén enfrentando violencia económica o patrimonial.
Todo ello, en el marco de protocolos de prevención y atención especializada para este tipo de casos, en coordinación directa con los organismos del Estado que brindan los servicios especializados para estos casos, como el Centro Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o la Policía Nacional del Perú.
Y para incentivar la autonomía económica, el sector microfinanciero puede fomentar la formación en capacidades financieras y habilidades sociales de las mujeres que se están alistando para insertarse laboralmente o que ya lo están logrando. Una opción sería la formación de academias digitales que albergue microcursos sobre finanzas personales, estrategias de emprendimiento y administración de negocios, así como la identificación de los diferentes tipos de violencia de género y sus modalidades.
En ese camino, se generan también redes de apoyo y networking especializado que retroalimenta a las diversas necesidades de las emprendedoras, creándose un círculo virtuoso de prevención. Una vez mapeadas y capacitadas en las canteras de las instituciones microfinancieras, se las termina vinculando todavía más a través de programas de financiamiento para lideres mujeres y cuentas de ahorro con incentivos para futuras inversiones.
El sector microfinanciero puede prevenir la violencia contra las mujeres, ya lo hace y podría hacerlo todavía mejor si decide liderar un cambio que impacte en la vida diaria de sus clientas y clientes. Porque claramente nadie es ajena o ajeno cuando hablamos de economía.
Que marzo sea un excelente tiempo de reflexión para encontrar caminos sostenibles y que el compromiso con las mujeres y la igualdad de derechos sea durante todo el año. El propósito es cambiar el rumbo del Perú y que nuestras estadísticas empiecen a contarnos cómo un país decidió transformar la violencia y el miedo en oportunidades y justicia.
Que cada crédito otorgado, cada cuenta abierta y cada política implementada sea una página más de una historia que deje de contar víctimas para sumar mujeres empoderadas que construyen el Perú que tanto soñamos.
