Los requerimientos financieros y regulatorios de Basilea III y IV encarecerían los créditos afectando el financiamiento principalmente para las microempesas que son atendidas por las cajas municipales.
Uno de los principales objetivos de la regulación y supervisión del sistema financiero peruano es la búsqueda de la estabilidad financiera, la cual ha sido clave en el diseño de un marco normativo riguroso, pero flexible. Dicho marco se destaca por la incorporación de las mejores prácticas y estándares internacionales, como los Principios de Supervisión Bancaria de Basilea, adaptados al esquema local.
En esta línea, se solicita a las empresas supervisadas que cuenten con la cantidad y calidad adecuadas de capital regulatorio y liquidez. Además, que los sistemas de gestión de riesgo y el gobierno corporativo sean eficaces e idóneos para administrar los riesgos de sus operaciones.
En el proceso de adecuación al estándar de Basilea III, se incluyen los componentes del patrimonio efectivo -capital ordinario de nivel 1, capital adicional de nivel 1 y patrimonio efectivo de nivel 2- y la proporción que deben representar cada uno.
Asimismo, dentro del capital ordinario de nivel 1, se armonizan las exigencias adicionales a los requerimientos para cubrir los riesgos de crédito, de mercado y operacional, representados en los colchones de conservación, por ciclo económico y por riesgo por concentración de mercado.
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), estas modificaciones mejorarán la calidad del patrimonio efectivo, pues requieren una mayor participación de recursos propios de los accionistas; lo que brindará una mayor protección a los depositantes y hará al sistema financiero más solvente y resistente frente a los escenarios adversos.
Así, el regulador desarrolló un programa de adecuación a Basilea III que contempla tres fases. Se consiguió implementar dos de los tres primeros objetivos: mayor capital y estándares de liquidez, pero aún quedan algunos aspectos pendientes.
Microfinancieras
Las cajas municipales, al igual que otras microfinancieras, están trabajando para adaptarse a los estándares de Basilea III, sin embargo, el proceso es retador.
El acuerdo de Basilea se asume como reglas que, durante el tiempo, la Superintendencia va convirtiendo mediante normas, oficios o resoluciones que apliquen en general para todo el sistema financiero, mencionó una fuente del sistema financiero.
Sin embargo, advirtió, se debe evaluar el momento en que se aplican estos estándares, pues es complicado pedir un mejor ratio de capital bajo un escenario de pandemia, pero es más accesible ahora ante un panorama de recuperación.
Algunas instituciones han reforzado su capital y, con el tiempo, se les va exigiendo normativas a aplicar pensando en futuros eventos que pudieran afrontar o reforzando el esquema patrimonial.
Esta reforma exige un aporte de capital que el accionista no puede hacer; es necesario trabajar mucho en el tema regulatorio y evaluar mecanismos de fortalecimiento patrimonial, dijo Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
La regulación en el sector debe ser proporcional al tamaño de las entidades y dicho fortalecimiento serviría para profundizar el crédito y reactivar la economía desde la base de la pirámide, es decir, desde las mypes que han sido las más golpeadas, agregó.
La implementación de Basilea III viene avanzando, tanto por acciones que la SBS está tomando, como por la voluntad y capacidad de adecuación que las entidades financieras muestran de cara a la mitigación de eventos de riesgo dentro de los pilares que la reforma establece, comentó Edmundo Lizarzaburu, docente de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN..
El cumplimiento de estas adecuaciones se da con la finalidad de mejorar sus sistemas y modelos, así como de gestionar adecuadamente sus riesgos, sobre todo, tras el Covid-19, complementó.
Pese a ello, Solis considera que tanto Basilea III, que propone a los bancos aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas, como Basilea IV, la cual vendrá luego, son acuerdos que apuntan a regular a los grandes bancos.
Rigen el nivel solvencia que deben acopiar las entidades en función de los riesgos que asumen, requerimientos que se endurecerán en la versión IV, sobre todo, si la calidad crediticia del cliente es menor, comentó.
Por ende, su cumplimiento debería ser equivalente al tamaño de las instituciones y otorgarse una regulación especial para las microfinancieras, tal como se está desarrollando en Europa, expresó.
Para el ejecutivo, en un país donde las mypes representan aproximadamente el 95% de las empresas y la demanda crediticia es atendida por las microfinancieras, principalmente las cajas municipales, no es posible implementar un requerimiento regulatorio que acabará encareciendo y restringiendo más el financiamiento en el peor momento.
Los hacedores de políticas y leyes deben comprender la necesidad de tener un marco normativo proporcional que fortalezca la labor de las entidades microfinancieras, con el fin de seguir avanzando con la inclusión financiera, añadió.
De acuerdo con un especialista del mercado, estos estándares otorgan más importancia al Nivel 1 de capital, que implica los fondos básicos de una entidad, el capital social y las reservas declaradas.
Luego viene el Nivel 2 que incluye bonos, créditos subordinados y otros mecanismos provenientes de terceros, y se utilizan para absorber pérdidas en caso de liquidación, agregó.
“Además de un riesgo de crédito hay un riesgo operacional, reputacional y otros, pero todo tiene un impacto y debe soportarlo el capital; ante una situación de dificultad deben atenderse múltiples temas”, aseveró.
Por ejemplo, la entidad debe analizar si está cubierta frente a un fraude, el monto a utilizar de su capital para prevenir este riesgo y la magnitud del impacto, acotó.
Según Lizarzaburu, la dificultad no solo está en función al tipo de entidad sino a la capacidad de las organizaciones para implementar modelos avanzados y el uso de información que requiere el cumplimiento de los indicadores.
Las pérdidas que generó el Covid-19 en el primer año de emergencia sanitaria habrían dilatado la implementación, pero existe un compromiso de las entidades por adecuarse a las recomendaciones en el plazo más corto, agregó.
En definitiva, sostuvo, las entidades con mayores pérdidas estarán enfocadas en revertir esta situación, lo que podría demorar la adecuación de los estándares de Basilea III, especialmente aquellos relacionados con el riesgo de crédito y liquidez son lo que podrían tener una mayor demora.
A la fecha, ya se ha publicado Basilea IV a nivel internacional, los estándares de gestión en el sistema financiero van mejorando con el pasar del tiempo y, para este 2022, se espera un avance moderado en la implementación de las cajas municipales, prevé el docente.
Aunque, será una mejora basada en conservar la salud financiera del sistema, un aspecto que el regulador ha cuidado siempre desde antes de la crisis sanitaria, acotó.