Ampliaciones de plazo indiscriminadas, y no focalizadas, pueden alentar un comportamiento de morosidad, advierten especialistas.
Una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicada a inicios de junio, señala que las instituciones del sistema financiero pueden reprogramar el pago de los préstamos de Reactiva Perú.
Al cierre de abril, el saldo de estos créditos con garantía del Gobierno sumó S/ 35,727 millones y pertenecían a 458,358 deudores, según estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El monto adeudado a las cajas municipales asciende a S/ 1,892.1 millones en similar periodo y pertenece a 82,096 empresas.
Con este nuevo esquema, las compañías pueden ampliar el plazo de sus obligaciones financieras hasta siete años (84 meses), lo cual incluye periodos de gracia. A diferencia del mecanismo previo de reprogramación, vigente hasta diciembre del 2021, donde el plazo para honrar su deuda no debía superar los cinco años (60 meses), incluidos dos años de gracia.
El programa Reactiva Perú original permitía un plazo máximo de tres años (36 meses), que contabiliza un año de gracia.
En cuanto al tamaño del negocio, accederán todas las pequeñas empresas con obligaciones inferiores a S/ 90,000. Empero, aquellas con financiamientos entre S/ 90,000 y S/ 10 millones deberán corroborar una pérdida en sus ventas mayor o igual al 30% en el 2021 comparado con el 2019, cuando aun no iniciaba la crisis sanitaria.
De acuerdo con el MEF, unas 407,243 empresas se beneficiarán de esta nueva reprogramación.
CUESTIONAN
Es en este escenario que algunas microfinancieras se mostraron en desacuerdo, considerando que dicho mecanismo no solucionaría el problema y podría generar problemas de liquidez en las entidades financieras.
Para dictar estas medidas hay que saber clasificar bien a las empresas, hay algunas que sí tienen la capacidad para pagar y podrían hacerlo en un período corto, sostuvo Guido Bayro, presidente del directorio de Caja Cusco.
“En contraste, otros negocios están al borde de la crisis, los cuales también hay que analizar si realmente merecen un mayor plazo para cumplir con su deuda; a la larga, una ampliación también implica mayor pago de intereses”, manifestó.
El ejecutivo mencionó que el “populismo político, en algunos casos, está llevando a que se intervenga con mucha acidez al sistema financiero pues se piensa que explota al empresario”.
En realidad, son las cajas y todas las entidades financieras, las primeras interesadas en que los negocios se recuperen y crezcan, no conviene que mueran o desaparezcan del mercado, añadió.
Focalizado
Para la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), este esquema debió ser más focalizado hacia las empresas que lo requieran realmente; en este caso, cada entidad tendrá que evaluar a los negocios que soliciten una reprogramación y ver si cumplen las condiciones.
Esta ayuda a las mypes será solo una anestesia, lo que ellas necesitan es un crecimiento de la economía que vaya de la mano con más inversión privada, complementa.
Los especialistas de las microfinancieras advierten que esto podría promover una cultura de no pago, pues se da la opción de extender la deuda a quienes podrían pagarla en menos tiempo.
Cada caja conoce muy bien a sus clientes, es capaz diferenciar a aquellos que pueden pagar en tres años de quienes lo harían en siete años, pero el Estado interviene en esta negociación y otorga la posibilidad de acogerse a un mayor plazo al empresario que podría cancelar su deuda en dos años, declaró Bayro.
DESORDEN
Por su parte, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) coincide en que una ampliación de las deudas de Reactiva sería perniciosa para el sistema financiero porque difunde una cultura de incumplimiento y poner en riesgo la cobranza de los S/ 35,727 millones de saldo de estas colocaciones.
Asimismo, el gremio de cajas ediles refiere que este programa favorece a la gran empresa, cuya deuda abarca la mayor parte del total pendiente de pago.
Cuestionó que el Gobierno no muestre el mismo interés o disponibilidad de apoyar a los más de seis millones de microempresas que conforman el segmento microfinanciero y prefiera extender la deuda de las grandes compañías pese a que cuentan con las espaldas para honrarla.
“Ahora se está interviniendo tanto en el sistema financiero que algunos tienen el sueño de lograr condonaciones de sus créditos después de esta ley de reprogramación, lo cual representa un peligro tomando en cuenta los antecedentes de medidas populistas”, indicó Bayro.
Incluso están esperando que el Estado se haga cargo de sus compromisos sin asumir que ante el incumplimiento de Reactiva quedarán fuera del sistema y dejarán de ser sujetos de crédito para el segmento formal, precisó.
El director de Caja Cusco alertó que generalizar la medida solo desordena el sistema, perjudica el trato directo entidad-cliente y prolonga un estado de riesgo por más meses.
ROTACIÓN
Según Asomif, tener plazos muy amplios para un financiamiento es perjudicial si la empresa no lo necesita, no solo por el pago de más intereses sino también porque dificulta su acceso a nuevos préstamos.
Bayro argumenta que se está postergando la posibilidad de recuperar estos recursos, dilatando además el poder rotarlos mediante nuevos préstamos, el proceso crediticio será más lento y no mejorará a la velocidad que se esperaba.
En tanto, el Banco Central de Reserva (BCR) también discrepó del MEF sobre la nueva reprogramación de los créditos de Reactiva.
Los créditos garantizados por el Estado involucraron fondos proporcionados por el BCR, mediante operaciones de reporte con las entidades financieras, comentó el gerente central de Estudios Económicos de la autoridad monetaria, Adrián Armas.
Sin embargo, indicó que extender estas inyecciones de liquidez es incompatible y entra en conflicto con la política monetaria actual, la cual debe ir acorde con el mandato de una inflación bajo control.
Para el BCR, no podría haber ninguna norma, de algún poder del estado, que determine hacer una operación monetaria pues ello elimina la condición de independencia que caracteriza al ente emisor.
“Es importante incentivar una cultura de cumplimiento de las obligaciones financieras pues las reprogramaciones indiscriminadas, sin tomar consideración de la situación particular de un sector o una empresa, pueden alentar un comportamiento de morosidad”, rescata.