Diego Macera, director del IPE, advierte que la baja recaudación fiscal se debe a un sistema complejo y regímenes obsoletos. Propone simplificar tributos y fomentar el crecimiento empresarial para reducir la evasión.
(*) Artículo publicado en la edición 234 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M234.pdf
Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), alertó que el Perú enfrenta una baja recaudación tributaria en comparación con otros países de la región. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, en las últimas tres décadas, la recaudación tributaria del país ha fluctuado entre el 13% y el 17% del PBI, por debajo de otros países de la región como Chile, Argentina y Brasil, donde la recaudación supera el 23% del PBI.
Este problema, explicó, se debe a tres factores clave: alta informalidad, baja recaudación subnacional y un diseño inadecuado de los regímenes tributarios. En un contexto donde la consolidación fiscal está en riesgo, Macera insistió en que mejorar la gestión del sistema tributario es urgente para garantizar la sostenibilidad económica.
Respecto a la evasión tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que el incumplimiento en el pago del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV) ha significado en promedio una pérdida equivalente al 9% del PBI cada año en los últimos cinco años, lo que se tradujo en más de S/ 99 mil millones en 2023.
Según Macera, la economía peruana se caracteriza por altos niveles de informalidad y evasión fiscal, lo que exige un sistema que incentive el crecimiento en lugar de obstaculizarlo.
“Uno de los grandes problemas es que tenemos un sistema tributario, administrativo y laboral que hace muy difícil que las empresas escalen”, afirmó. El experto señaló que el debate debe centrarse en cómo ampliar la base tributaria sin asfixiar a las empresas formales, especialmente las medianas y grandes.
Las empresas formales de mayor tamaño enfrentan una carga tributaria elevada, con una tasa del 29.5% en impuesto a la renta, a lo que se suman limitaciones para descontar el IGV y el impuesto a los dividendos. Esta presión fiscal, según Macera, desincentiva la formalización y el crecimiento empresarial.
“En las pequeñas empresas, la informalidad supera el 90%, mientras que en las grandes es casi nula, aunque persisten irregularidades laborales”, precisó.
El estancamiento de la base tributaria es otro desafío crítico. Macera cuestionó: “¿Por qué no se puede aumentar la base al nivel necesario para mejorar la recaudación?”. Advirtió que este no es un problema exclusivo de la Sunat, sino de un sistema que prioriza fiscalizar a las empresas medianas y grandes, mientras que las micro y pequeñas quedan fuera del radar. “Es más fácil auditar a una corporación que a miles de negocios pequeños”, reconoció.
Para Macera, la solución no solo pasa por mejorar la fiscalización, sino por fomentar que más empresas alcancen un tamaño óptimo. “Nuestro enfoque ha estado en ayudar a las pequeñas empresas, lo cual es válido, pero también debemos pensar en cómo más personas pueden trabajar en empresas consolidadas”, sostuvo. Destacó que las firmas con más de 20 trabajadores suelen ser más productivas y contribuyen más al sistema.
El experto propuso reformas clave, como hacer las escalas tributarias más progresivas y menos abruptas. “Hoy, un salto en el régimen implica un costo tan alto que frena el crecimiento”, explicó. También sugirió desvincular los beneficios laborales del tamaño de la empresa y asociarlos al salario del trabajador, eliminando así el “incentivo perverso” que desalienta la expansión.
Sobre la ampliación de la base tributaria, Macera recordó que, pese a los más de 30 decretos legislativos aprobados en tres años, persisten problemas de cumplimiento y seguridad jurídica. “El 90% de la recaudación proviene de pocas grandes empresas, y solo entre el 10% y 20% del impuesto a la renta corresponde a personas naturales”, detalló. Esta concentración, dijo, refleja un sistema inequitativo.
Criticó los regímenes tributarios vigentes, como el RUS y el RER, creados en los años 90 y hoy obsoletos. “Deberían eliminarse y consolidarse en un único régimen simplificado, como el MYPE Tributario”, afirmó.
Resaltó que la tecnología actual permite diseñar un sistema que promueva el crecimiento en lugar del “enanismo empresarial”.
En el caso de las personas naturales, Macera señaló que el umbral de siete UITs para pagar impuestos es demasiado alto frente a estándares regionales. Además, las deducciones “ciegas” sin justificación reducen la progresividad. Propuso incentivar el uso de comprobantes electrónicos para que la Sunat identifique ingresos no declarados y fiscalice con mayor precisión.
El IPE organizó el evento “¿Qué sistema tributario necesitamos?”, donde se debatieron estos desafíos con actores públicos y privados. Macera cerró con un llamado a priorizar reformas que equilibren equidad y crecimiento: “Necesitamos un ecosistema integral que formalice sin ahogar, y que permita a las empresas escalar para generar más empleo y productividad”. La hoja de ruta, insistió, debe ser clara y consensuada.
Fortalecer la institucionalidad de la SUNAT: un imperativo para mejorar la recaudación
Durante el panel “Fortaleciendo la institucionalidad”, en el evento organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exsuperintendente de la SUNAT y actual socia principal de +Value, Tania Quispe, expuso los principales desafíos que enfrenta la administración tributaria para lograr mayor autonomía y eficacia en su labor recaudadora.
Para Tania Quispe, la estabilidad institucional y la autonomía de la SUNAT son pilares fundamentales que deben reforzarse si se busca un sistema tributario más eficiente. “Una verdadera autonomía comienza por fortalecer el gobierno institucional y luego avanzar hacia una mayor autonomía presupuestal”, afirmó. Quispe cuestionó la inestabilidad en la designación del superintendente de la SUNAT en los últimos años, advirtiendo que los constantes cambios en el liderazgo debilitan a una institución clave para el funcionamiento del Estado.
“La SUNAT es la única entidad que recauda ingresos para el Estado. Todas las demás instituciones públicas ejecutan gastos. Por eso, debe ser tratada como una prioridad nacional”, subrayó.
En esa línea, propuso que la elección del superintendente responda a criterios técnicos y no políticos, para garantizar su permanencia a lo largo de los cinco años de gobierno.
Recordó que en 2012 se intentó avanzar en esa dirección –a través de Ley N° 29816– que estableció un directorio autónomo (denominado Consejo Directivo) para la SUNAT, con representantes del Banco Central de Reserva (BCRP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otros.
Otro aspecto que consideró crítico es la pérdida progresiva de la autonomía presupuestal de la entidad recaudadora. “Antes, la SUNAT retenía un porcentaje de lo recaudado, lo que le permitía ejecutar directamente su presupuesto y su plan operativo. Hoy debe pasar por procesos burocráticos para acceder a recursos, lo que limita su capacidad operativa”, explicó.
Según Quispe, esta situación afecta directamente a la implementación de tecnologías, capacitaciones, infraestructura y herramientas clave para mejorar la fiscalización y el servicio al contribuyente.
“SUNAT necesita recursos para actuar con rapidez, estar a la vanguardia tecnológica y cumplir su rol de manera eficiente”, enfatizó.
Finalmente, expresó su preocupación por el impacto de una posible transición al régimen de servicio civil en términos de beneficios remunerativos, lo que podría afectar la retención de personal altamente capacitado. “El capital humano es esencial para la SUNAT. Si se pierde, pierde también la eficiencia del sistema tributario”, advirtió.