Con crecimiento a 4% como en 2011, el PBI per cápita sería 30% mayor hoy. Falta de institucionalidad y sobrerregulación ahuyentan inversiones y frenan el desarrollo nacional, afirma David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad.
(*) Artículo publicado en la edición 234 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M234.pdf
¿Cuál es su análisis sobre la evolución de la competitividad del Perú en los últimos años?
Hay un retroceso clarísimo. Si comparamos el nivel de competitividad en 2024 con el de 2011, por ejemplo, observamos una pérdida de 20 posiciones. En 2011, el Perú ocupaba el puesto 40 en el Ranking Mundial de Competitividad, mientras que en 2024 cayó al puesto 63 de un total de 67 países evaluados.
¿Qué factores explican este deterioro?
El problema de fondo es la falla del Estado. No hay buenos servicios de salud ni educación. Por ejemplo, los sueldos de los maestros han aumentado sin que estos hayan aprobado evaluaciones que justifiquen dicho incremento. El presupuesto público en educación creció 100% en los últimos cinco años, pero el 70% de los colegios carece de luz, agua o desagüe. Los recursos se están asignando de manera ineficiente.
Lo mismo ocurre en salud: la atención primaria es deficiente y el 99% de los hospitales no están en condiciones adecuadas. Esto repercute directamente en el capital humano del país, limitando su potencial de crecimiento.
Pese a estos problemas estructurales, en el pasado el Perú llegó a estar en el puesto 43 del ranking. ¿Qué cambió en la última década para que la competitividad se desplomara?
El deterioro de la política ha sido clave. Los políticos toman decisiones económicas que alteran las prioridades de crecimiento. Además de los problemas en salud y educación, han empeorado las condiciones para hacer negocios. Hay una sobrerregulación creciente, burocracia excesiva y trámites que se han triplicado o quintuplicado.
¿En qué sectores se evidencia esta sobrerregulación?
Es transversal. En la gran empresa, por ejemplo, un proyecto minero que en 2011 se aprobaba en dos años, hoy puede demorar entre seis y ocho. Para las pymes, la situación es peor: hay más trámites municipales, permisos y pagos, además de regímenes tributarios que no funcionan. El Estado ha sido “democrático” en imponer trabas a todo tipo de empresas.
Luego está el alto costo laboral. Si tienes un negocio, contratar a alguien en planilla implica pagar, además del sueldo, beneficios como CTS, vacaciones y salud, lo que incrementa el costo en un 40% o 50%. Muchos optan por no formalizarse porque no pueden asumir esos gastos.
¿Y cómo afecta el sistema tributario?
Cumplir con los impuestos es extremadamente complicado. No solo por las tasas, sino por el tiempo que demanda hacer una declaración jurada. Muchos terminan contratando contadores, lo que suma más costos. Todo esto desincentiva la inversión y frena la competitividad del país.
Esta pérdida de competitividad desde 2011, ¿ha tenido un impacto económico cuantificable para el país? ¿Han podido medir cuánto ingreso potencial se ha dejado de generar?
Sí, por supuesto. Con el nivel de competitividad que teníamos en 2011, cuando la economía crecía en promedio 4% anual, el Perú podría tener hoy un PBI per cápita casi un tercio mayor al actual.
Hoy, el PBI per cápita ronda los US$ 8,500 por habitante. Pero si hubiéramos mantenido ese crecimiento del 4% en la última década, estaríamos entre US$ 10,000 y US$ 11,000 por persona. Es decir, hay US$ 3,000 menos por habitante como consecuencia de un crecimiento más bajo y, por tanto, de una pérdida de competitividad. Esto tiene repercusiones directas en el bienestar y desarrollo del país.
¿Qué medidas urgentes se necesitan para revertir esta situación?
El camino para recuperar competitividad requiere acciones concretas en dos ámbitos fundamentales. Primero, es imprescindible fortalecer la institucionalidad política, ya que el principal problema radica en quienes diseñan y ejecutan las políticas públicas, cuyas decisiones muchas veces terminan generando más trabas que soluciones.
Segundo, debemos consolidar la institucionalidad económica, asegurando el buen funcionamiento de tres pilares clave: el Consejo Fiscal, la regla fiscal y el marco macroeconómico multianual. Estos mecanismos necesitan además un blindaje especial para protegerlos de la inestabilidad política que suele afectar su efectividad.
La combinación de un Estado eficiente, reglas claras y menos burocracia resulta esencial para recuperar la senda del crecimiento. Sin correcciones en estos aspectos fundamentales, seguiremos perdiendo valiosas oportunidades de desarrollo para el país.