Un análisis riguroso de los datos del BCRP, ajustados por estacionalidad, revela una sorprendente paradoja sobre qué gestión impulsó más la planilla privada. La estabilidad laboral no es solo un número: es la base para clientes más confiables, menor morosidad y un ecosistema de negocios más pujante para emprendedores e instituciones de microfinanzas.
(*) Artículo publicado en la edición 237 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M236.pdf
Introducción: un hábito que el Perú debería adoptar
En los Estados Unidos, la publicación mensual de las cifras de empleo es un evento de capital importancia. Los titulares de prensa, los analistas de Wall Street y la ciudadanía en general aguardan con expectativa estos datos, que se convierten en el termómetro indiscutible de la salud económica.
No se trata solo de un número frío; es la medida de la capacidad de un gobierno para transformar el crecimiento en oportunidades concretas y sostenibles para su población.
En el Perú, por el contrario, el debate público suele orbitar en torno a indicadores de carácter social, como las cifras de pobreza del año anterior. Si bien estos datos son valiosos, llegan con un rezago significativo y, con frecuencia, reflejan más el impacto de programas de transferencias sociales que el verdadero impulso productivo de la economía y su capacidad intrínseca para generar empleo de calidad.
Este vacío en la discusión pública motiva el presente análisis. Este artículo busca desplazar el foco hacia la creación de empleo formal —el pilar de una economía inclusiva y resiliente— y evaluar el desempeño de los últimos mandatarios en este aspecto crucial, más allá de la coyuntura política que a cada uno le tocó gestionar.
Para ello, nos basamos en los datos de empleo formal privado publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), una fuente que, pese a sus particularidades metodológicas, ofrece una serie consistente y de alta frecuencia para el análisis. El periodo bajo examen abarca los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Los resultados, como veremos, son contundentes y en algunos casos, contra intuitivos. Desafían narrativas políticas simplistas y obligan a una reflexión más profunda sobre los drivers reales de la formalización laboral. Sin embargo, para llegar a una comparación justa y objetiva, fue imperioso sortear dos grandes desafíos metodológicos.
Primer desafío: El intrincado dilema de las cifras oficiales
El primer escollo para cualquier análisis serio reside en la propia discrepancia de las cifras. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha mostrado reticencia a validar los datos que publica el BCRP, a pesar de que ambas instituciones beben de la misma fuente: la Planilla Electrónica.
La divergencia surge en la metodología de conteo. El BCRP reporta el número total de puestos de trabajo formales registrados en un mes. El MTPE, en cambio, intenta realizar un conteo de personas únicas ocupadas. Esta diferencia no es menor.
Un ejemplo lo ilustra a la perfección: un estudiante universitario que labora de manera formal media jornada en una cadena de comida rápida y, paralelamente, tiene otro contrato formal de medio tiempo en un cine, será contabilizado como dos puestos de trabajo en la data del BCRP, pero como una sola persona ocupada en los reportes del MTPE. Esta distinción es fundamental para interpretar los volúmenes y entender por qué las cifras nunca coincidirán.
Segundo desafío: Evitando las trampas del calendario político
La segunda gran dificultad para una comparación equitativa es el calendario. A diferencia del sistema estadounidense, donde las transiciones de poder ocurren siempre en enero, en el Perú cada uno de los presidentes analizados asumió el cargo en un mes diferente a lo largo del año.
Este detalle aparentemente trivial introduce un sesgo potente, dado que el empleo formal está sujeto a una marcada estacionalidad. Existen meses que, por dinámicas productivas y comerciales, son inherentemente mejores que otros.
Diciembre, impulsado por la campaña navideña, suele presentar un pico significativo de contrataciones temporales. Por el contrario, enero y febrero suelen mostrar caídas, al culminar esos contratos estacionales y ralentizarse varias actividades económicas.
Comparar crudamente a un presidente que inicia su gestión en agosto con otro que lo hace en diciembre sería, metodológicamente, un error garrafal. El primero arrancaría en un mes de actividad normal, mientras que el segundo lo haría en un “pico artificial” de empleo, sobredimensionando su punto de partida.
El arte de “ajustar por estacionalidad”
Para neutralizar este efecto y poder observar la tendencia subyacente real del mercado laboral, se aplica una técnica estadística conocida como “ajuste estacional”. Este proceso, standard en el análisis económico de series de tiempo, “suaviza” los altibajos predecibles del calendario.
Imagínelo como un filtro que elimina el “ruido” de las fiestas, las vacaciones o las cosechas, permitiendo auscultar el latido fundamental de la economía. Es la única manera de discernir si un movimiento en el empleo se debe a una política gubernamental, a un shock externo o simplemente a que es temporada alta.
Para este análisis, alineamos los datos desde el inicio exacto de cada gestión (t=0) y extendimos la evaluación por 12 meses completos, aplicando este ajuste para garantizar que las comparaciones sean limpias, objetivas y libres de distorsiones calendarias.
Los resultados: Una radiografía del empleo formal reciente
Tras aplicar este riguroso tratamiento a los datos, la radiografía del empleo formal en los últimos años arroja hallazgos sumamente reveladores. El desempeño de cada gobierno queda marcado a fuego por el contexto internacional y doméstico que le tocó enfrentar.
El caso más llamativo, sin duda, es el del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Contra todo pronóstico político, su primer año de gestión registró la mayor creación neta de empleo formal del periodo analizado: 450 mil puestos de trabajo adicionales.
Esto equivale a una tasa de crecimiento anualizada del +10.2%, una cifra extraordinaria que duplica y triplica las de sus predecesores y sucesores. Este boom, sin embargo, no puede atribuirse primariamente a políticas específicas de su administración.
Fue, en esencia, el resultado del rebote postpandémico. La reapertura económica masiva, tras las cuarentenas más estrictas de la región, permitió que miles de empresas, especialmente en comercio, construcción y servicios, reincorporaran a su plantilla a una velocidad vertiginosa.
No obstante, este dato cobra otra dimensión al recordar la polémica declaración de un exministro de Economía de vasta trayectoria, quien señaló que en la época del MEF de Castillo “se manejaba con mayor valor técnico las finanzas públicas del país”. Esta paradoja —un gobierno percibido como caótico en lo institucional pero con resultados laborales y fiscales sólidos en su primer año— es uno de los aspectos más intrigantes del periodo.
Los casos de crecimiento moderado y la sombra de la incertidumbre
En el otro extremo del espectro de performance se encuentra Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Su gestión arrojó un crecimiento moderado del empleo formal del +2.0% anual.
PPK recibió una economía con viento a favor, pero su potencial de transformación se vio rápidamente limitado. Dos factores lo frenaron: la amenaza inminente de un Fenómeno del Niño Costero en 2017, que si bien fue más corto de lo proyectado, enfrió la confianza empresarial y golpeó a sectores clave como agroexportación e infraestructura; y una creciente y paralizante tensión con el Congreso que bloqueó toda posibilidad de reformas estructurales.
Un desempeño similar, aunque en un contexto diametralmente opuesto, muestra hasta ahora el gobierno de Dina Boluarte. La data ajustada muestra un crecimiento estable del +2.1% anual, con la planilla superando los 4.4 millones de trabajadores.
La paradoja aquí es aún más evidente. Los fundamentos externos son inusualmente favorables: términos de intercambio positivos y la reciente mejora en la perspectiva de calificación de riesgo por parte de Moody’s, que sugiere un potencial de crecimiento de hasta el 5%. En condiciones normales, este viento de cola habría detonado una expansión del empleo muy superior.
Sin embargo, ese potencial se frena en seco. La desconfianza empresarial, alimentada por la profunda inestabilidad política y la percepción de un Estado sin rumbo, frena las inversiones nuevas y de largo aliento. A este clima se suma un entorno de creciente ilegalidad e inseguridad que ahoga particularmente a las pequeñas y medianas empresas, la principal fuente de formalización.
El caso atípico: La fuerza mayor de una pandemia global
La gestión de Martín Vizcarra (2018-2020) representa un caso atípico, marcado por un evento exógeno de poder catastrófico. Heredó una inercia de crecimiento y arrancó con un impulso interesante. No obstante, la irrupción de la pandemia de COVID-19 arrasó con el mercado laboral formal, destruyendo cientos de miles de puestos en cuestión de semanas.
Su saldo final, inevitablemente, fue negativo (-0.3% anual). Lo que definió su periodo no fue una política económica en particular, sino la peor crisis global en décadas, que hizo imposible mantener cualquier senda de expansión. Su legado en empleo queda inexorablemente ligado a este hecho.
Síntesis: Vientos a favor, vientos en contra
En pocas palabras, el ranking de creación de empleo formal queda de la siguiente manera: Castillo lidera la lista, impulsado por el viento extraordinario de la recuperación postpandemia y, debe reconocerse, por una disciplina fiscal inicial que contribuyó a la estabilidad macroeconómica.
PPK y Boluarte muestran avances modestos, pero en ambos casos el crecimiento se ve frenado por distintos tipos de incertidumbre: una mezcla de factores naturales y políticos en el primero, y una crisis de confianza institucional y de seguridad en el segundo. Vizcarra fue, literalmente, víctima de una fuerza mayor global.
Implicancias para emprendedores y microfinancieras
Para los emprendedores, las pequeñas empresas y las instituciones de microfinanzas, la evolución del empleo formal es mucho más que una estadística: es el mapa de su mercado. Un mayor empleo formal se traduce directamente en más clientes con ingresos estables y predecibles, lo que reduce la morosidad y amplía la base de consumidores con capacidad de gasto y acceso a crédito. La estabilidad institucional y un mercado laboral dinámico son los mejores aliados para los negocios. La actual paradoja del gobierno de Boluarte —contexto externo favorable pero crecimiento interno mediocre— es una señal de alerta. Indica que el potencial peruano está siendo severamente subutilizado por factores de riesgo político y jurídico que el sector privado internaliza en sus decisiones de inversión y contratación.
Conclusión: La brújula desatendida
Puede resultar incómodo para algunos sectores reconocer que el gobierno de Pedro Castillo registró la mayor creación de empleo formal, aun atribuyéndolo mayoritariamente al rebote postpandemia. Sin embargo, la lección fundamental trasciende la coyuntura política.
Para el Perú, mirar con la misma rigurosidad y frecuencia las cifras de empleo formal que se mira el PBI o la pobreza es una tarea pendiente y crucial. Es la brújula que mejor señala la dirección de la economía real. Cuando el empleo formal es sólido, productivo y sostenido, no solo se fortalece la recaudación fiscal; se construye una sociedad más resiliente, con hogares más estables y un ecosistema de negocios pujante.
Alinear las políticas económicas, laborales y sociales hacia el objetivo único de fomentar empleo de calidad no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para retomar la senda del crecimiento con inclusión que el país demanda. Este análisis es un primer paso para poner ese objetivo en el centro del debate, donde siempre debió estar.
