Según el cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP, la inseguridad en el país tiene rostro de joven: nueve de cada diez víctimas de homicidio son varones de entre 18 y 35 años que trabajan en la economía informal, el sector que genera el 70% del empleo en Perú. Los crímenes ocurren principalmente en espacios públicos—calles, paraderos y transporte colectivo—convertidos en escenarios de una violencia que ya impacta directamente la productividad nacional.
(*) Artículo publicado en la edición 238 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M238.pdf
Al cierre de edición de la revista Microfinanzas, mientras ultimaba los detalles de esta nota sobre el cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia —impulsado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Capital Humano y Social S.A.—, un nuevo zarpazo del crimen organizado irrumpió en las noticias: el atentado armado contra los integrantes del grupo de cumbia Agua Marina durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, el 8 de octubre de 2025.
Al menos un integrante resultó herido por balas, en un ataque que las autoridades vinculan a amenazas previas de extorsión por “cupos” —el mismo modus operandi que asfixia a transportistas, comerciantes y microempresarios—, no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de violencia que ya cuesta al Perú más de S/20.000 millones anuales, equivalente al 1,7% del PBI, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
La informalidad, base de la microfinanciación que representa el 70% de la economía peruana, se ve asfixiada: mototaxistas y choferes de micros, con 101 y 79 víctimas en el reporte del Observatorio hasta agosto, enfrentan interrupciones que elevan pasajes hasta 50% para cubrir pagos ilícitos.
En este contexto de escalada —con 1.071 homicidios violentos registrados hasta agosto, según el Observatorio—, la generación Z ha marchado por quinta semana, exigiendo acción contra la inseguridad que el 66% de peruanos ve como principal problema, según Ipsos.
Esta fatiga colectiva, que une protestas juveniles con el “apagado de motores” de gremios, expone un Perú vulnerable: la delincuencia siega capital humano en el sector informal, amenazando el crecimiento del 3% proyectado para 2026 por el BCRP.
El perfil de víctimas del reporte —hombres jóvenes de 28 años promedio, del quintil C-D, mototaxistas o coleteros ultimados en calles o buses— cuantifica esta crisis, urgiendo formalización y vigilancia para rescatar el pulso financiero de la nación. A continuación, analizamos a detalle el cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.
Perfil de las víctimas
El cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, impulsado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Capital Humano y Social S.A., revela un panorama alarmante sobre el perfil de las víctimas de homicidios por crímenes violentos en el país durante los primeros ocho meses de 2025. Con datos consolidados de fuentes como el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y el propio observatorio, el informe destaca 1.071 casos registrados, subrayando la urgencia de políticas públicas que aborden no solo la seguridad, sino también sus impactos económicos profundos en la fuerza laboral y el tejido social.
Desde enero hasta agosto de 2025, el Observatorio reporta un total de 1.071 homicidios violentos, con una tendencia creciente que pasa de 164 casos en enero a 177 en agosto. En paralelo, el Sinadef confirma cifras similares, alcanzando los 1.278 registros en el mismo período, lo que evidencia una subnotificación inicial que se corrige con el tiempo. Esta disparidad resalta la necesidad de sistemas de información más integrados, un factor clave para que el sector privado, como el BCP, pueda invertir en prevención con datos fiables.
El análisis desagregado por meses muestra picos en marzo y abril, con 176 y 163 casos respectivamente según el Observatorio, lo que podría correlacionarse con factores estacionales como el inicio del año escolar o tensiones laborales post-vacacionales. Económicamente, estos patrones sugieren interrupciones en la productividad: cada mes con incrementos en violencia equivale a miles de horas laborales perdidas, afectando el PIB en sectores informales donde muchas víctimas laboran.
Un patrón demoledor emerge en la distribución por sexo: el 89.5% de las víctimas son hombres, totalizando 1.138 casos, frente a solo 133 mujeres (10.5%). Esta brecha de género no solo refleja roles sociales tradicionales en entornos de riesgo, sino también un costo económico asimétrico: la pérdida predominante de mano de obra masculina impacta desproporcionadamente en industrias como el transporte y la construcción, donde los hombres representan la mayoría de la fuerza activa.
En febrero, por ejemplo, de los 108 casos observados, 99 fueron hombres y solo 9 mujeres, una proporción que se mantiene constante. Desde una perspectiva económica, esta concentración masculina agrava la vulnerabilidad de hogares monoprovenciales, incrementando la carga en sistemas de protección social y elevando costos indirectos como subsidios y atención a dependientes, estimados en millones de soles anuales por el Ministerio de Economía y Finanzas. El perfil etario revela una concentración alarmante en adultos jóvenes: el 37.8% de las víctimas tienen entre 18 y 30 años (308 casos), seguido por el 29% en el rango de 31 a 40 años (238 casos).
Esta juventud de las víctimas, con un promedio de edad alrededor de los 28 años, representa una pérdida irreparable de capital humano en formación, crucial para el crecimiento económico sostenido que Perú necesita para alcanzar metas de desarrollo como las del Plan Bicentenario.
La tabla de edades mensuales muestra que en mayo, por instancia, 40 víctimas estaban en el grupo de 18-30 años de un total de 112, lo que equivale a un tercio de los casos. Económicamente, esta demografía golpea el futuro: jóvenes en edad productiva que podrían contribuir al 70% del incremento del PIB proyectado para la próxima década, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se ven truncados por la violencia, perpetuando ciclos de pobreza.
En cuanto a ocupaciones, los mototaxistas y taxistas lideran con 101 casos, representando el 12.5% del total, seguidos por colectiveros y choferes de micros y buses con 79. Esta prevalencia en el sector informal —que absorbe al 70% de la economía peruana— ilustra cómo la informalidad expone a trabajadores precarios a riesgos elevados, con impactos en la movilidad urbana y el comercio minorista, sectores que generan el 15% del empleo nacional.
Otros oficios vulnerables incluyen obreros, albañiles y mecánicos (47 casos) y delincuentes rivales (44), lo que sugiere dinámicas de crimen organizado infiltradas en la economía subterránea. Desde el ángulo económico, la muerte de 21 empresarios y 15 barberos, peluqueros y estilistas apunta a una erosión de la microempresa: cada víctima en este rubro implica la quiebra potencial de unidades generadoras de empleo local, con pérdidas estimadas en S/50.000 por caso según estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
¿Dónde ocurren los asesinatos?
Los lugares de los hechos agravan la exposición cotidiana: 87 casos ocurrieron en el centro de la ciudad o la calle, y 63 en buses o paraderos de taxi, convirtiendo el transporte público en epicentro de la violencia. En bares, discotecas y night clubs se registraron 36 homicidios, mientras que en restaurantes y departamentos solo 21 y 28. Esta geolocalización urbana resalta la ineficiencia de inversiones en infraestructura segura, un costo que el Estado asume en remozamientos viales que superan los S/1.000 millones anuales.
El 64% de los homicidios (604 casos) suceden en escenarios de consumo de alcohol o drogas, con 180 ocasiones en bares y 140 en fiestas o eventos. Económicamente, esto vincula la violencia a la industria de bebidas y entretenimiento, que genera S/20.000 millones al año, pero genera externalidades negativas como seguros elevados y turismo disuadido, afectando el 5% del PIB turístico. Geográficamente, el nivel socioeconómico bajo domina: en provincias (excluyendo Lima y Callao), el 50% de los 284 casos corresponden al quintil 1, con distritos como Piura y Sullana destacando. En Lima Metropolitana y Callao, de 332 casos, el 60% se concentran en quintiles bajos, como San Juan de Miraflores (34 casos). Esta inequidad territorial perpetúa brechas regionales, donde el 40% del PIB provincial depende de mano de obra vulnerable.
El informe confirma que el 50% de las víctimas pertenecen al quintil socioeconómico más bajo (C y D), con solo el 20% en E. Esta distribución resalta cómo la pobreza multiplica riesgos, con costos económicos en salud pública que superan los S/500 millones anuales en atención post-violencia, según el Ministerio de Salud.
Enfocándose en jóvenes, el 40% de las víctimas de 18-24 años son transportistas o vendedores ambulantes, actividades de bajo umbral de entrada pero alto riesgo. Económicamente, esta juventud perdida equivale a una inversión fallida en educación: el Estado gasta S/10.000 por joven en formación, solo para ver ese potencial evaporado, agravando el desempleo juvenil que ya roza el 15% nacional.
Finalmente, el perfil promedio de la víctima —hombre de 28 años, mototaxista informal en quintil bajo, asesinado en la calle por rivalidades— clama por intervenciones integrales. Como periodista económico, urge que el sector privado y el gobierno inviertan en formalización laboral y vigilancia inteligente, no solo para salvar vidas, sino para salvaguardar el crecimiento: cada homicidio cuesta al Perú S/200.000 en pérdidas directas e indirectas, según estimaciones del BCRP, un precio que no podemos seguir pagando.
La inseguridad se enquista en la costa y la minería ilegal
El cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, impulsado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Capital Humano y Social S.A., revela que la violencia criminal en el país no solo persiste, sino que se ha territorializado con mayor intensidad en distritos clave de la costa norte y en zonas de actividad minera ilegal. El estudio, que cubre el período de enero a agosto de 2025, confirma que 26 de los 30 distritos más afectados por homicidios se encuentran en la costa, lo que refleja una concentración geográfica preocupante del crimen.
El distrito más golpeado del país es Tumbes, en la frontera con Ecuador, con 29 víctimas de homicidio en solo ocho meses. Le siguen Pataz (La Libertad) con 28 y Tambopata (Madre de Dios) con 28. Estas cifras ubican a Tumbes como el distrito más violento entre los 1,879 del Perú, desplazando a otras zonas que históricamente han liderado este tipo de estadísticas. La presencia de actividades ilícitas en la frontera norte, como el tráfico de personas y drogas, podría estar detrás de este incremento.
La región La Libertad emerge como una de las más afectadas no solo en cifras absolutas, sino también en términos proporcionales. Ocho de sus distritos figuran entre los 30 con mayor número de homicidios. Trujillo, su capital, registra 12 víctimas, mientras que localidades como Virú, Chao y Pataz también presentan cifras elevadas. Este patrón sugiere que la violencia ha superado los límites urbanos y se ha expandido hacia zonas rurales y de menor desarrollo económico.
Cuando se analiza la tasa de homicidios por cada 10,000 habitantes, la geografía del crimen cambia. Pataz lidera el ranking con una tasa de 24.71, seguido por Ananea (Puno) con 19.49. Ambos distritos comparten una fuerte presencia de minería ilegal, lo que indica que la explotación informal de recursos naturales está directamente relacionada con los niveles de violencia. Esta actividad, frecuentemente controlada por redes criminales, genera disputas por el control de territorios y rutas de comercialización.
El caso de Ananea, en Puno, es particularmente alarmante. A pesar de ser una zona andina con baja densidad poblacional, presenta una de las tasas de homicidio más altas del país. Esto refuerza la hipótesis de que la minería ilegal no solo degrada el medio ambiente, sino que también alimenta dinámicas de violencia que escapan al control del Estado. La presencia de grupos armados y la ausencia de instituciones sólidas en estas zonas agravan el problema.
En el ámbito nacional, la costa norte sigue siendo un corredor crítico de violencia. Piura, con cinco distritos en el listado de los más afectados, y Tumbes, con tres, confirman que esta región es un eje prioritario para la seguridad pública. En estos lugares, la combinación de pobreza, escasa presencia estatal y alta movilidad poblacional facilita el accionar de redes criminales dedicadas al sicariato, la extorsión y el tráfico ilícito.
Lima Metropolitana
En Lima y Callao, la violencia también se ha intensificado, aunque con patrones distintos. San Juan de Lurigancho lidera el ranking de homicidios con 53 casos, seguido por Ventanilla (44) y San Martín de Porres (44). Estos distritos, ubicados en los conos norte y este de la capital, presentan altos niveles de urbanización informal, desigualdad socioeconómica y debilidad en los servicios públicos, factores que contribuyen a la inseguridad.
En términos de tasa por habitante, Bellavista (Callao) encabeza la lista con 3.44 homicidios por cada 10,000 habitantes. Le siguen La Perla (2.32) y Ventanilla (1.12). Estas cifras son significativamente menores que las observadas en el interior del país, pero revelan que incluso en zonas urbanas densamente pobladas, la violencia alcanza niveles preocupantes. La saturación de la policía y la falta de políticas preventivas podrían estar limitando la eficacia de la respuesta estatal.
Extorsión
El reporte también destaca el crecimiento vertiginoso de la extorsión. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 18,385 denuncias, un aumento del 29.3% respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra, sin embargo, podría ser solo la punta del iceberg, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias. La extorsión se ha convertido en un negocio rentable para las organizaciones criminales, que actúan con relativa impunidad.
Las regiones con mayor número de denuncias por extorsión coinciden con aquellas que registran más homicidios: Lima Metropolitana (7,863), La Libertad (3,089) y Piura (2,048). Esta correlación sugiere que ambos delitos están estrechamente vinculados y forman parte de un mismo entramado criminal. La extorsión funciona como mecanismo de financiamiento para grupos que también recurren a la violencia extrema para imponer su control.
Lo más preocupante es el crecimiento exponencial de este delito en regiones que hasta hace poco parecían al margen del problema. Madre de Dios, Tumbes, Puno y Cusco han duplicado o triplicado sus cifras de denuncias en un solo año. Por ejemplo, Madre de Dios registró un incremento del 155.2%, mientras que Tumbes lo hizo en un 98.3%. Estos datos revelan una expansión territorial del crimen organizado que el Estado no ha logrado contener.
A pesar del aumento en las denuncias, el número de personas encarceladas por extorsión apenas ha variado. En junio de 2018 había 1,333 reos por este delito; en junio de 2025, la cifra es de 1,365. Esta estancamiento en la capacidad punitiva del sistema de justicia refleja una debilidad estructural: no basta con recibir denuncias si no se investiga, se judicializa y se condena efectivamente a los responsables.
El Observatorio advierte que la lucha contra la extorsión requiere una estrategia integral. No se trata solo de aumentar la presencia policial, sino de fortalecer la investigación criminal, la inteligencia y la coordinación entre instituciones. La extorsión no es un delito aislado, sino parte de una cadena de valor criminal que incluye lavado de activos, coacción y, en muchos casos, asesinato.
El informe concluye con una serie de recomendaciones urgentes: aumentar los recursos humanos capacitados en investigación criminal, garantizar infraestructura y tecnología de primer nivel, derogar leyes que limiten la acción del Estado contra el crimen organizado y focalizar recursos con transparencia. Sin estas medidas, advierte el Observatorio, el Perú seguirá siendo territorio fértil para que el crimen se expanda y se consolide.
