julio de 2026.
- Artículo publicado en la edición 243 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M243.pdf
- Mientras la inestabilidad institucional interna amenaza con frenar la inversión, tensiones geopolíticas en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz presionan la inflación.Especialistas del IPE y Banco Itaú advierten que el próximo quinquenio carece de una hoja de ruta fiscal clara.
La economía peruana llega al 2026 bajo una premisa crítica: la sostenibilidad fiscal de los próximos años está en riesgo ante la ausencia total de planes de gobierno con un manejo predecible de las finanzas, mientras la estabilidad inmediata depende exclusivamente de una transición política ordenada. Esta es la conclusión principal del Instituto Peruano de Economía (IPE), que advierte un escenario donde la fragilidad interna se cruza con una volatilidad global sin precedentes.
- Carlos Gallardo, gerente general del IPE, sostiene que el objetivo central del análisis actual es democratizar la información económica para que la ciudadanía comprenda los riesgos de cara al proceso electoral. Por su parte, Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, enfatiza que ninguno de los 35 planes de gobierno evaluados presenta una estrategia fiscalmente sostenible, lo que configura una amenaza directa para el equilibrio macroeconómico del país.
- Desde una perspectiva regional, Andrés Pérez, economista jefe para América Latina del Banco Itaú, concluye que el Perú debe prepararse para un mundo “bastante más volátil e incierto” del que se conocía. La vulnerabilidad externa, marcada por tensiones geopolíticas en puntos estratégicos de comercio, obliga al país a fortalecer sus defensas internas y mantener la apertura de mercados como una política de Estado innegociable.
- Ambos especialistas participaron de la presentación del informe “Perú 2026: Proyecciones Económicas en un Contexto Electoral Incierto”, elaborado por el IPE.
Romper el ciclo de inestabilidad política
- El primer gran desafío identificado para el 2026 es la recuperación de la continuidad institucional. Según los datos del IPE, desde el año 2016 el Perú ha perdido la capacidad de sostener mandatos presidenciales completos, lo que ha degradado la confianza de los agentes económicos. Mientras que entre 2001 y 2016 los presidentes cumplían los 1,826 días de gestión, los periodos recientes han sido de una brevedad alarmante.
- La encuesta realizada por el IPE en febrero de 2026 entre los principales economistas del país revela un consenso absoluto: la prioridad número uno del gobierno de transición de José Balcázar debe ser asegurar una transición política estable. Este factor es considerado incluso más relevante que cualquier reforma económica de corto plazo, dado que la incertidumbre política es el principal freno a la inversión.
- La cronología de los últimos años muestra una fragmentación que ha llevado a tener gestiones de apenas meses o incluso días. Este historial de crisis sucesivas —que involucra desde la renuncia de Kuczynski hasta los mandatos de Castillo, Boluarte y Jerí— ha dejado al Ejecutivo en una posición de debilidad estructural que el actual gobierno de transición debe intentar mitigar mediante la neutralidad electoral.
- Para los especialistas, la gestión de Balcázar será evaluada por su capacidad de entregar el mando de manera ordenada en julio de 2026. Lograr que el proceso electoral transcurra sin interrupciones institucionales adicionales se considera el activo más valioso para evitar un deterioro mayor en la calificación de riesgo del país, que ya se encuentra bajo presión.
- En este entorno, la predictibilidad se vuelve un recurso escaso. La falta de un horizonte claro impide que las empresas planifiquen proyectos de largo alcance, limitando el crecimiento potencial del Producto Bruto Interno (PBI). Por ello, el informe del IPE subraya que el éxito económico del 2026 está indisolublemente ligado al éxito del calendario electoral.
El impacto de la geopolítica global
- En el frente internacional, la economía peruana enfrenta riesgos que escapan al control doméstico pero que tienen un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Andrés Pérez advierte sobre la vulnerabilidad de las rutas comerciales globales, mencionando que conflictos en regiones distantes como Irán pueden desestabilizar el mercado local de combustibles de forma casi inmediata.
- Un punto de preocupación máxima es el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del volumen mundial de petróleo y otros líquidos. Cualquier interrupción en este punto estratégico elevaría los precios internacionales del crudo, lo que para una economía importadora como la peruana se traduce en presiones inflacionarias que el Banco Central de Reserva (BCRP) tendría que combatir con tasas de interés más altas.
- No es el único “cuello de botella” bajo vigilancia. Puntos como el Canal de Suez, el Estrecho de Malaca y el Canal de Panamá presentan riesgos logísticos, ya sea por tensiones geopolíticas o factores climáticos. La suma de estas incertidumbres eleva los costos de importación de insumos básicos y bienes de capital, afectando la competitividad de la industria nacional.
- Ante este panorama, Pérez destaca que la acumulación de reservas internacionales por parte del BCRP es una medida sumamente positiva. Contar con un respaldo de divisas robusto permite al país actuar como amortiguador frente a salidas bruscas de capitales o fluctuaciones extremas en el tipo de cambio que suelen ocurrir en periodos de alta volatilidad global.
- Asimismo, la reducción del déficit fiscal se plantea como una necesidad urgente para disminuir las necesidades de financiamiento externo. En un mundo donde el costo del dinero es más alto y el riesgo es mayor, las economías que mantienen sus cuentas en orden son las que mejor logran navegar las tormentas financieras internacionales sin sacrificar su crecimiento interno.
- Finalmente, los expertos coinciden en que el Perú no puede permitirse un repliegue comercial. La apertura de mercados y la búsqueda de nuevos socios, más allá de los tradicionales como Estados Unidos y China, es fundamental para diversificar el riesgo y asegurar que las exportaciones peruanas sigan encontrando destinos dinámicos a pesar de las crisis regionales.
Planes de gobierno
El análisis de las propuestas económicas de las agrupaciones políticas para el 2026 arroja un resultado inquietante en términos de responsabilidad fiscal. Martín Valencia señala que el IPE identificó que el 100% de los planes evaluados carecen de una ruta clara que garantice un manejo sostenible de las finanzas públicas, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en el próximo quinquenio.
El informe detalla que 18 planes de gobierno, aunque reconocen la importancia de la sostenibilidad, incorporan medidas que el IPE califica como riesgosas. Un ejemplo recurrente es la propuesta de crear zonas económicas especiales con regímenes tributarios diferenciados, lo que podría generar distorsiones y reducir la recaudación necesaria para financiar servicios públicos básicos.
Por otro lado, existe un grupo de 9 planes que presentan un riesgo elevado. Estas propuestas incluyen incrementos drásticos en el gasto público sin una fuente de financiamiento clara, así como la intención de aumentar la carga impositiva sobre los contribuyentes que ya forman parte del sector formal, lo que podría incentivar la elusión y la informalidad laboral.
Además, 8 agrupaciones políticas plantean intenciones generales, pero no especifican medidas de política económica concretas. Para el IPE, este vacío de propuestas es tan peligroso como una propuesta riesgosa, ya que deja espacio para la improvisación una vez que el candidato llegue al poder, aumentando la incertidumbre para los inversionistas.
Martín Valencia insiste en que la agenda económica del próximo gobierno debería centrarse en reformas estructurales de la administración tributaria. Esto incluye la unificación de los regímenes de renta empresarial para evitar que las empresas se fragmenten para pagar menos impuestos, y una revisión profunda de las exoneraciones tributarias que no han demostrado beneficios sociales claros.
La eficiencia del gasto público es el otro pilar de la discusión fiscal. Los especialistas advierten que la sola expansión del presupuesto no garantiza mejores servicios. El reto para el 2026 será implementar mecanismos que aseguren que cada sol invertido por el Estado genere un impacto real en la calidad de vida de la población, optimizando la gestión en los gobiernos regionales y locales.
Integración y resiliencia
- A pesar del contexto adverso, existen oportunidades para que el Perú fortalezca su posición en la región. Andrés Pérez propone que una mayor integración entre las economías latinoamericanas podría servir como un escudo contra la volatilidad de las grandes potencias. Formar bloques comerciales más sólidos permitiría a la región negociar en mejores condiciones y atraer inversión extranjera directa.
- La resiliencia económica del país también pasa por mantener la autonomía de las instituciones clave. Los especialistas coinciden en que el respeto a la independencia del BCRP ha sido, y debe seguir siendo, el ancla que sostenga la confianza en la moneda nacional. En un año de promesas electorales, blindar estas instituciones de la influencia política es una tarea de supervivencia económica.
- El impulso a la competitividad no puede detenerse por las elecciones. El informe del IPE sugiere que el próximo gobierno debe retomar la agenda de simplificación administrativa y mejora de la infraestructura logística. Estas acciones son las que realmente reducen los costos para los emprendedores y permiten que los beneficios del comercio exterior lleguen a más sectores de la sociedad.
- En conclusión, el panorama para el 2026 es de una vigilancia extrema. La economía peruana posee fundamentos que le han permitido resistir crisis pasadas, pero el margen de error se ha reducido significativamente.
La combinación de falta de planes sostenibles e inestabilidad política exige que los actores involucrados actúen con la máxima prudencia para evitar un retroceso en los indicadores sociales.