Artículo publicado en la edición 244 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M244.pdf
- En ocho años la población carcelaria aumentó en 18,000 internos, pero los condenados por extorsión apenas crecieron en 116. Para hacer frente al avance de la delincuencia el Observatorio del Crimen y la Violencia plantea tercerizar el control de penales, aplicar inteligencia artificial sobre 50,000 denuncias y atar el presupuesto a resultados para que el Estado deje de ser cómplice del crimen.
- La extorsión no es solo un delito. En el Perú de 2025, es el miedo que más une a los peruanos de norte a sur, de Lima a la selva, del NSE A al NSE E. Así lo revela el diagnóstico ciudadano elaborado por Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia —iniciativa conjunta del Banco de Crédito del Perú, Credicorp y CHS S.A.— que acaba de publicar su libro con 11 Propuestas contra la inseguridad ciudadana.
- El hallazgo más llamativo de la encuesta es, a la vez, el más revelador sobre la naturaleza del crimen que ha copado el país: el 76% de la población adulta votante señala al cobro de cupos y la extorsión como la actividad criminal que más le preocupa. La cifra encabeza el ranking de delitos que generan mayor alarma entre los ciudadanos —una lista en la que se les pidió escoger hasta tres opciones entre las más preocupantes— y lo hace por una distancia considerable: la corrupción de funcionarios, segunda en esa lista, apenas alcanza el 41% de las menciones, es decir, 35 puntos porcentuales menos. Le siguen la violencia sexual (37%), el secuestro (35%) y el robo agravado (32%).
- Lo que hace aún más significativo ese 76% es que no corresponde a un fenómeno concentrado en Lima o en alguna región particular. La preocupación por la extorsión es prácticamente uniforme en todo el territorio: supera el 72% en casi todas las regiones del país. La única excepción es el sur, donde baja al 69%, que sigue siendo un porcentaje altísimo.
Dicho de otra manera: independientemente de si uno vive en Lima, en el norte, en el centro o en el oriente del país, aproximadamente tres de cada cuatro peruanos identifican la extorsión como uno de sus tres principales temores en materia criminal.
Lo que el dato agrega en profundidad es quizás más inquietante que el porcentaje en sí. El Observatorio identificó que una cuarta parte del país había sido víctima de extorsión o conocía a alguien que lo había sido en los últimos tres meses. Eso equivale, en términos concretos, a unos seis millones de personas. Y el fenómeno tiene un brazo financiero que crece con él: el préstamo extorsivo conocido como gota a gota que, si bien ocupa el séptimo lugar en la lista de preocupaciones, registra un 26% de mención nacional —más de la cuarta parte de los encuestados lo incluyó entre sus tres mayores temores— y vio crecer su demanda de 15% a 19% en apenas un año, dato que debería alarmar a cualquier formulador de política pública.
- Las economías del crimen. Cuando la pregunta se desplaza de los delitos cotidianos a las economías criminales que sostienen ese ecosistema, el panorama se complejiza. En esta parte de la encuesta, también con opción de hasta tres respuestas, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas empatan en el primer lugar de preocupación, con un 64% cada uno: es decir, casi dos tercios de los encuestados incluyeron cada uno de esos fenómenos entre sus tres mayores preocupaciones en materia de crimen organizado.
- La minería ilegal los sigue de cerca, con 52%, lo que significa que más de la mitad de los peruanos la considera una de las principales economías criminales del país.
Hay, sin embargo, matices geográficos que merecen atención. En Lima, el narcotráfico lidera con 73% de menciones, por encima de la trata de personas (64%). Pero en el interior del país —tanto en zonas urbanas como rurales— la trata de personas se convierte en la principal preocupación, empatando con la minería ilegal en las zonas rurales con un 59% cada una. Es una distinción que habla de realidades distintas: mientras Lima mira hacia el crimen organizado metropolitano, las regiones temen más a los depredadores que operan en sus propias comunidades.
Por nivel socioeconómico, los contrastes también son elocuentes. En el segmento A/B, la trata de personas preocupa más que el narcotráfico (71% vs. 69%). En el NSE C ocurre lo inverso: el tráfico de drogas lidera con 68%, seis puntos por encima de la trata.
- El pesimismo como dato político. Quizás el número más duro del diagnóstico no tiene que ver con delitos específicos, sino con el estado de ánimo de la ciudadanía frente a la institucionalidad. Ante la pregunta de cómo se sienten respecto al próximo gobierno y su capacidad para enfrentar la inseguridad, el 58% de los encuestados se declara pesimista —30% algo pesimista y 28% bastante pesimista—. Solo el 36% enfrenta el próximo proceso electoral con algún optimismo.
- El pesimismo, además, atraviesa todos los niveles socioeconómicos. En el NSE D/E, que es el más expuesto a la violencia cotidiana, quienes se declaran bastante pesimistas alcanzan el 27%, apenas por debajo del 28% nacional. En el NSE A/B, donde habitualmente se concentra mayor confianza en las instituciones, el optimismo neto tampoco logra imponerse.
- ¿Qué le piden los ciudadanos al próximo gobierno? Ante la pregunta de qué acciones debería priorizar el siguiente gobierno —nuevamente con opción de hasta tres respuestas—, la ciudadanía tiene una respuesta clara: combatir el crimen organizado y las economías ilegales, que con un 54% de menciones se impone sobre cualquier otra opción. Detrás, en un bloque compacto, aparecen reformar el sistema de justicia (45%), fortalecer la Policía Nacional (44%) y mejorar la educación (40%).
- Las diferencias por ámbito también son reveladoras. En las zonas rurales, el fortalecimiento de la Policía Nacional sube al primer lugar con 53% de menciones, por encima del combate al crimen organizado (50%): una señal que, en el campo, la urgencia más inmediata es la presencia física del Estado antes que la estrategia macro. En el NSE A/B, en cambio, “reformar el sistema de justicia” lidera con 54%, una preferencia que apunta a la desconfianza estructural en el aparato judicial más que en la capacidad operativa policial.
Propuestas generales
Hay una frase en el primer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia que resume con inusual claridad el problema estructural de la seguridad en el Perú: “No es necesario, sino más bien es un obstáculo, que cada autoridad quiera tener su propia política y su propio plan de seguridad”. Con esa premisa, el Observatorio —impulsado por el Banco de Crédito del Perú, Credicorp y CHS S.A.— lanza su propuesta central: convertir la política de seguridad en una estrategia de Estado que trascienda gobiernos y congresos.
No es una propuesta que parta de cero. El documento recuerda que el país ya cuenta con dos instrumentos vigentes: la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030. El problema, sugiere el reporte, no es la ausencia de marcos normativos sino la incapacidad crónica del sistema político para sostenerlos más allá de cada cambio de mando. Frente a ello, el Observatorio plantea cuatro énfasis para darles efectividad real:
1. Estrategias simultáneas de corto, mediano y largo plazo. Mostrar avances rápidos para resistir la presión del populismo penal sin sacrificar reformas estructurales.
2. Combinar acciones nacionales con intervenciones locales y microlocales. La criminalidad tiene geografías propias que una política centralizada ignora.
3. Precisar roles y sinergias entre gobierno nacional, regiones y municipalidades.
4. Incorporar políticas de transparencia, acceso a la información e integridad. Sin escrutinio y sin exigencias medibles a los operadores de justicia, ninguna estrategia será sostenible.
Para que estos cuatro énfasis no queden en declaraciones, el Observatorio añade una condición operativa elemental pero frecuentemente ausente en la gestión pública peruana: generar indicadores que permitan monitorear avances, asignar responsables y garantizar partidas presupuestales. Sin métricas, sin accountability y sin dinero, cualquier política —por bien diseñada que esté— se convierte en letra muerta.
Propuestas frente al avance de la delincuencia
- Hay un número que resume con brutalidad el estado de la lucha contra la extorsión en el Perú: entre octubre de 2017 y octubre de 2025, la población penitenciaria total creció de 85,621 a 103,478 reclusos. En ese mismo período, el número de presos por extorsión pasó de 1,345 a 1,461.
- Es decir, mientras el sistema carcelario engordó en casi 18,000 internos, los encarcelados específicamente por el delito que más aterra a los peruanos apenas aumentaron en 116. El Observatorio del Crimen y la Violencia, impulsado por el BCP, Credicorp y CHS S.A., no solo registra ese dato: lo usa como punto de partida para un conjunto de propuestas específicas que constituyen el núcleo operativo de su primer reporte.
- Las propuestas se organizan en cuatro grandes ejes: fortalecer a la Policía Nacional y los operadores de justicia, reducir la extorsión, aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial, y abordar las economías criminales más grandes del país —minería ilegal, narcotráfico y trata de personas—. Lo que sigue es un recorrido por las más significativas.
- Una policía sin policías donde se necesitan. El punto de partida del primer eje es un dato que debería avergonzar a cualquier gobierno: ninguno de los distritos analizados cumple la recomendación de la ONU de contar con un efectivo policial por cada 300 habitantes. El más cercano es Miraflores, con 0.68 efectivos por cada 300 vecinos. En el otro extremo, El Porvenir, en Trujillo —uno de los distritos más violentos del país—, apenas llega a 0.18. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, registra 0.36.
- El problema no es solo de personal. El parque vehicular de la PNP es un desastre documentado. De las 9,844 motocicletas con que cuenta la institución, solo 6,270 están operativas; 1,731 son inoperativas irrecuperables. La situación de las camionetas y autos es similar: de 9,138 unidades, apenas 5,450 funcionan, y 2,161 son chatarra irrecuperable. El reporte es directo al señalar que estas brechas logísticas desguarnecen zonas donde la criminalidad se asienta, y que ninguna estrategia de presencia territorial puede funcionar si los patrulleros no tienen con qué patrullar.
- Frente a esto, el Observatorio propone no solo incrementar efectivos sino garantizar su despliegue estratégico en territorios críticos. Y añade una propuesta de gestión que parece obvia pero que nadie ha implementado: corregir el régimen laboral denominado 24×24 en comisarías y retomar el patrullaje en moto entre las 11:00 pm y las 7:00 am, la franja horaria en que más crímenes se concentran.
- Datos, inteligencia y el gran activo desperdiciado. Quizás la propuesta más innovadora del bloque policial es la que apunta a convertir las 50,000 denuncias por extorsión registradas en los últimos tres años en una herramienta de inteligencia criminal. Hoy, esa información duerme en una base de datos policial que no tiene mecanismos para cruzarla, analizarla ni convertirla en patrones útiles. El reporte propone aplicar big data e inteligencia artificial para modelar el delito, identificar redes de cobro, mapear modus operandi y generar alertas tempranas.
- La propuesta se complementa con la integración de sistemas entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las superintendencias de telecomunicaciones y del sector financiero. La lógica es simple pero poderosa: si una línea telefónica aparece repetidamente en denuncias de extorsión, debería poder bloquearse automáticamente. Si una cuenta bancaria recibe transferencias que corresponden a pagos extorsivos, debería activar alertas en el sistema financiero. Hoy eso no ocurre porque nadie ha construido el puente entre esas bases de datos. El Observatorio propone construirlo.
- Las cárceles como fábricas de extorsión. Una de las propuestas más polémicas —y probablemente más urgentes— del reporte es la tercerización del control de ingreso y salida de los penales. El argumento es contundente: una parte significativa de las llamadas extorsivas se origina desde dentro de los centros penitenciarios, donde los internos tienen acceso a celulares, chips y radios que el INPE no logra confiscar, en parte porque sus propios funcionarios son susceptibles a la corrupción.
La propuesta plantea concesionar ese control al sector privado, con tecnología biométrica integrada a las bases de datos del RENIEC y el registro de sentenciados, someter al personal concesionado a pruebas de polígrafo y monitoreo de bienes, y garantizar que la empresa operadora no dependa del INPE sino de una entidad independiente.
- La propuesta se complementa con una alerta sobre el marco legal. El reporte advierte que varias modificaciones legislativas recientes han debilitado las herramientas de investigación y persecución penal, en particular en materia de extinción de dominio. El Proyecto de Ley 3577-2022-CR, que limita esa figura a sentencias firmes, podría dificultar seriamente la recuperación de activos ilícitos. El Observatorio pide una revisión técnica, despolitizada, del marco normativo de los últimos años para alinearlo con las necesidades reales de la lucha anticriminal.
- El gota a gota y la trampa de los topes de interés. Una de las propuestas que más incómoda al establishment financiero —y que sin embargo el reporte sostiene con evidencia sólida— es la revisión de los topes a las tasas de interés establecidos por la Ley 31143.
- Dicha ley, al fijar techos que los bancos no pueden superar, expulsó a cerca del 40% de la población adulta del sistema financiero formal, según el Instituto Peruano de Economía.Ese segmento no tiene otra opción que recurrir al gota a gota, cuyos prestamistas cobran tasas efectivas anuales que pueden superar el 1,400%.
- Los datos del Observatorio muestran que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 la victimización por gota a gota creció de 15% a 19% a nivel nacional, con el norte del país llegando al 26%. La propuesta no es eliminar cualquier regulación financiera, sino revisar un mecanismo que, con buenas intenciones, terminó empujando a millones de peruanos hacia los brazos de la extorsión organizada.
- Tecnología para anticipar el crimen. El tercer gran bloque de propuestas apuesta por la modernización tecnológica del Estado como herramienta de seguridad. La más ambiciosa es el desarrollo de sistemas C5 inteligentes —plataformas integradas de monitoreo, análisis y coordinación operativa en tiempo real— que permitan conectar videovigilancia, cámaras del serenazgo, GPS vehiculares, grilletes electrónicos y sistemas de emergencia en una sola plataforma. El reporte reconoce que es una medida de largo plazo, pero señala que los proyectos de inversión pública necesarios para iniciarla pueden comenzar de inmediato.
- Más inmediata es la propuesta de GPS obligatorio para motocicletas, una medida directamente vinculada al sicariato. Entre 2014 y 2024 se vendieron más de 2.1 millones de motos en el país. Una fracción de ellas se usa en crímenes donde la velocidad y la movilidad son la ventaja del delincuente. Rastrear en tiempo real esos vehículos, identificar recorridos recurrentes en horarios críticos y cruzar esa información con denuncias de asaltos permitiría anticipar patrones que hoy son invisibles para la policía.
- Minería ilegal: atacar toda la cadena, no solo el socavón. Para el Observatorio, el error central en el combate a la minería ilegal ha sido concentrarse en el punto de extracción —el socavón o el aluvial— ignorando que detrás de esa actividad hay una cadena compleja que incluye financiamiento, traslado de maquinaria, reclutamiento de personal, transporte del mineral, procesamiento y comercialización. Una cadena que, además, se alimenta de otras economías criminales: trata de personas, narcotráfico, tráfico de madera y contrabando de explosivos.
- El reporte propone tres medidas concretas para intervenir esa cadena. Primero, crear un mecanismo de trazabilidad del oro garantizado por el Estado peruano que impida que el mineral de origen ilícito ingrese al circuito formal. Segundo, ejercer control riguroso sobre los centros procesadores de oro formal, muchos de los cuales procesan simultáneamente oro ilegal. Tercero, rediseñar el REINFO —el registro que supuestamente facilita la formalización minera— porque en la práctica se ha convertido en un mecanismo que prolonga indefinidamente la informalidad sin exigir cumplimiento real de estándares ambientales. Más de 84,000 inscritos aún no han logrado cumplir con las exigencias del registro. Si no se corrige el sistema, esa masa de mineros engrosará las filas de la ilegalidad.
- Trata de personas, una política con presupuesto de hospital de provincia. El capítulo más perturbador del reporte, desde la perspectiva económica, es el dedicado a la trata de personas.
- El Perú cuenta con una Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030 que contempla tres objetivos prioritarios, 19 lineamientos y 42 servicios. El problema es el presupuesto: en 2025, el Presupuesto Institucional de Apertura asignado a esta política fue de apenas 5.7 millones de soles. Para dimensionarlo, el devengado de ese año llegó a 11.6 millones —poco más de lo que cuesta un par de camionetas blindadas para un ministerio.
- Los números de impunidad son igualmente alarmantes. Entre 2023 y 2025, las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas registraron 5,947 denuncias y lograron apenas 173 sentencias condenatorias.
- En 2025 se rescataron 2,692 víctimas, pero al 85% de ellas no se les pudo asignar un plan de trabajo individual por falta de presupuesto. El Ministerio Público, además, atraviesa una crisis financiera desde el segundo semestre de 2025 que le impide realizar operativos en los principales focos de trata: Pataz en La Libertad, La Rinconada en Puno, La Pampa en Madre de Dios.
- El perfil de las víctimas añade urgencia al cuadro: el 86% son mujeres y niñas, y un tercio son extranjeras —principalmente venezolanas, colombianas y ecuatorianas—, lo que confirma que la trata en el Perú ya es un negocio transnacional articulado con redes de crimen organizado que también operan en la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.