Artículo publicado en la edición 244 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M244.pdf
Inseguridad, infraestructura y bonos copan la agenda electoral, pero ni un solo partido explica con claridad de dónde saldrán los recursos. El próximo gobierno recibirá una caja fiscal que recién en 2025 logró cumplir la meta de déficit de 2.2% tras dos años de incumplimiento, pero con una presión tributaria estancada y un margen fiscal aún limitado para experimentos estatistas o subsidios masivos.
- En vísperas de las elecciones presidenciales del próximo 12 de abril, el tablero político peruano presenta una fragmentación sin precedentes con 35 organizaciones en carrera.
- Desde la redacción de Microfinanzas, analizamos los planes de gobierno que definirán el rumbo del país entre 2026 y 2031, un quinquenio marcado por la urgencia de recuperar la seguridad y destrabar el crecimiento económico.
- El diagnóstico es casi unánime: inseguridad desbordada, estancamiento de la inversión y una institucionalidad en cuidados intensivos. Sin embargo, las soluciones propuestas oscilan entre el realismo técnico y el populismo presupuestario, con una preocupante omisión generalizada sobre cómo financiar las promesas en un contexto de estrechez fiscal.
Seguridad ciudadana
- En el ámbito de la seguridad ciudadana, el tema que domina la agenda, los enfoques varían drámicamente. Partidos como Integridad, liderado por Wolfang Grozo, proponen una lucha frontal contra lo que denominan “el crimen en los escritorios del poder”, vinculando la inseguridad con la corrupción estatal. Su plan enfatiza el principio de autoridad, aunque carece de detalles sobre el fortalecimiento presupuestario de la PNP.
- Por su parte, País para Todos, con Carlos Álvarez, centra su estrategia en la reforma penitenciaria. Proponen recuperar el control de las cárceles mediante el bloqueo real de comunicaciones y una separación efectiva de internos. No obstante, como advierte Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza, la construcción de infraestructura penal de alta seguridad requiere una inversión que no figura detallada en sus proyecciones de gasto.
- Fuerza Popular, bajo el lema “Perú con Orden”, apuesta por un shock de autoridad y el fortalecimiento de la inteligencia policial. Su plan es uno de los más estructurados en términos de metas, buscando recuperar el control territorial en zonas críticas. Sin embargo, la viabilidad de estas medidas depende de una reforma judicial que ha sido esquiva durante décadas.
Economía
En el terreno económico, la brecha de infraestructura es el gran cuello de botella. Castilla Rubio, señala que el Perú arrastra un déficit superior a los US$110,000 millones. Mientras Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, propone un sistema masivo de trenes y autopistas construidas por batallones de ingeniería de las FF.AA., la viabilidad fiscal de tales megaproyectos es cuestionable.
El análisis de Videnza sobre la propuesta de López Aliaga de reducir ministerios para ahorrar S/80,000 millones es lapidario: el presupuesto total de los ministerios apenas bordea los S/79,000 millones. Eliminar casi todo el aparato estatal para financiar infraestructura no solo es técnicamente inviable, sino que paralizaría servicios esenciales como salud y educación.
- Por otro lado, Yohny Lescano y Cooperación Popular defienden los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) como la panacea para las obras públicas. No obstante, expertos como Castilla advierten que esta es una interpretación imprecisa, ya que los gobiernos extranjeros no ejecutan las obras directamente, sino que subcontratan empresas privadas, lo que no elimina los riesgos de sobrecostos ni retrasos.
- Ahora Nación, bajo el liderazgo de López Chau, propone un modelo de gestión de proyectos basado en la digitalización y el control en tiempo real. Su enfoque es regionalista, buscando empoderar a las regiones para “conquistar los mercados del mundo”. Aunque es una propuesta innovadora en gestión, la fuente de financiamiento para esta descentralización tecnológica permanece en la nebulosa.
- En cuanto al sistema financiero y las MYPES, la formalización sigue siendo el “santo grial”. El plan de Alianza para el Progreso (APP) busca robustecer el crédito productivo para las microempresas, con la meta de formalizar un gran porcentaje de la economía para 2031. Sin embargo, desde Instituto Peruano de Economía (IPE) advierten que sin reformas laborales de fondo, el crédito por sí solo no garantiza la formalización.
La informalidad laboral, que afecta a más del 70% de los trabajadores, es tratada de forma superficial en la mayoría de los planes. Horizonte Laboral ha sido enfático: ni la izquierda ni la derecha están abordando las causas estructurales. Las propuestas suelen ser “políticamente cómodas”, evitando temas sensibles como la estabilidad contractual o la excesiva carga tributaria sobre la planilla formal.
- Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez, propone una ruptura con el modelo “neoliberal” y un ajuste a la Remuneración Mínima Vital (RMV) basado en las necesidades sociales. Si bien esto atrae al electorado, el análisis económico sugiere que un aumento drástico de la RMV sin mejoras en la productividad podría empujar a más jóvenes hacia la informalidad total.
- El empleo juvenil es otra gran deuda. Mientras algunos partidos proponen incentivos tributarios para la contratación de jóvenes, Horizonte Laboral señala que el problema real es la brecha entre la educación secundaria y las demandas del mercado. Falta una articulación seria entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo, algo que pocos planes detallan con rigor técnico.
Pobreza
- En la lucha contra la pobreza, APP ha lanzado una de las propuestas más polémicas: un bono de S/1,000 para cada recién nacido como capital semilla para su jubilación. El IPE y Videnza coinciden en que esta medida, aunque bienintencionada, carece de focalización y representaría un costo fiscal inasumible si se pretende que sea universal.
- Primero la Gente, con Marisol Pérez Tello, propone un enfoque distinto: transformar los programas sociales en un sistema de protección social articulado y crear un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género. Su meta es reducir la pobreza monetaria al 15% para 2031. Es una propuesta con mayor coherencia técnica, enfocada en cerrar brechas territoriales y étnicas, aunque su ejecución dependería de una reforma de la administración pública que hoy parece lejana.
El tema de la minería ilegal y el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) también divide las aguas. Según el IPE, solo 6 de los 35 partidos proponen eliminar el REINFO para frenar el avance de las economías ilegales, que ya exportan tanto oro como la minería legal. La mayoría se limita a proponer medidas de interdicción que, históricamente, han tenido un impacto limitado y temporal.
- En el sector agricultura, Ahora Nación y Juntos por el Perú coinciden en la necesidad de proteger a los pequeños productores, pero sus enfoques divergen en el uso de subsidios y la apertura de mercados. Mientras el primero busca la competitividad internacional, el segundo enfatiza la seguridad alimentaria y el desarrollo rural frente al cambio climático.
- La modernización del Estado es el eje central del Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto. Su propuesta de una “Carrera Directiva Pública obligatoria” y la eliminación de la rotación política en cargos técnicos es vista con buenos ojos por los analistas. Es, quizás, la propuesta más sólida para asegurar que los planes de gobierno no mueran en la burocracia.
Sin embargo, el gran ausente en casi todos los documentos registrados ante el JNE es la fuente de financiamiento. Prometer hospitales, trenes y bonos sin explicar de dónde saldrán los recursos en un país con una presión tributaria estancada es, en el mejor de los casos, optimismo electoral y, en el peor, una irresponsabilidad fiscal que podría comprometer la estabilidad macroeconómica.
Luis Castilla es claro al señalar que el próximo gobierno no tendrá margen para el error. “No se trata de elegir entre inversión y disciplina fiscal; se trata de invertir mejor”, afirma. La eficiencia del gasto, que hoy pierde hasta un 40% según la OCDE, es la única vía real para cerrar brechas sin hipotecar el futuro de las finanzas públicas.
- Desde la revista Microfinanzas, observamos con preocupación que la mayoría de los candidatos evitan mencionar los costos políticos de las reformas estructurales. Es más fácil prometer un bono que proponer una reforma del servicio civil o una flexibilización del mercado laboral que realmente incentive la formalidad.
- La infraestructura, motor del desarrollo, no puede seguir siendo el terreno de la corrupción.Propuestas como la de Integridad o Buen Gobierno que hablan de trazabilidad total y datos abiertos son pasos en la dirección correcta, pero requieren un compromiso político que trascienda el periodo electoral.
- En conclusión, el menú electoral del 12 de abril ofrece diagnósticos acertados, pero recetas a medio cocinar. El electorado se enfrenta a una decisión crítica: optar por la retórica del shock y las soluciones mágicas o exigir planes que, aunque menos emocionantes, demuestren viabilidad técnica y responsabilidad fiscal.
- El Perú del 2026 no admite más improvisación. La recuperación de la seguridad y el destrabe de la inversión privada —que APP y Fuerza Popular defienden con énfasis— son fundamentales, pero deben ir de la mano con una reforma del Estado que garantice que los servicios básicos lleguen al ciudadano más vulnerable.
- La cuenta regresiva ha comenzado. El análisis técnico de Videnza, el IPE y Horizonte Laboral nos da las luces necesarias para discernir entre el ruido electoral. Ahora la palabra la tiene el ciudadano, quien con su voto decidirá si el Perú del 2026 apuesta por la realidad o por la ilusión.
Entre el Estado empresario y la eficiencia técnica: qué proponen los candidatos para las finanzas y la economía
- A continuación, un recorrido por las rutas que los principales contendientes plantean para el sistema financiero, las microfinanzas, la infraestructura y la protección social.
El regreso del Estado prestamista
- En el extremo de mayor intervención estatal se ubica Juntos por el Perú, cuyo candidato, Roberto Sánchez, propone un giro hacia una economía mixta. Su medida más concreta para el sector financiero es convertir al Banco de la Nación en un actor de primera línea en créditos hipotecarios y para la construcción.
- Si bien la intención de democratizar el acceso al crédito es políticamente entendible, técnicos del sector advierten que la entidad no está preparada para asumir los riesgos de una banca comercial minorista. La preocupación no es menor: una competencia directa con ventajas de fondeo estatal podría terminar descapitalizando a las cajas municipales, al captar a sus clientes de mejor perfil y dejarles la cartera de mayor riesgo.
- Frente a esa visión estatista, Alianza para el Progreso (APP) apuesta por la inyección de capital privado en empresas del Estado. Aunque su plan no menciona explícitamente a las cajas municipales, su política de abrir a privados las EPS o Corpac sugiere un modelo replicable: mejorar la gobernanza financiera alejándola de criterios políticos. La lógica es que el know-how del sector privado podría profesionalizar la gestión y elevar la solvencia técnica.
- Una tercera vía, más tecnocrática, es la que propone Ahora Nación, con Alfonso López Chau. Su eje es la modernización financiera bajo la consigna de “todo el poder a las regiones”. La apuesta medular es la “Billetera Digital MIPYME”, una herramienta que permitiría a comerciantes informales usar sus flujos de ventas digitales como respaldo crediticio, sorteando así la barrera del historial tradicional.
- El plan reconoce que para que esta “revolución digital” despegue es indispensable cerrar la brecha de conectividad en zonas rurales, un reto que buscan resolver con infraestructura de internet vinculada a parques industriales.
El dilema de los fondos de garantía
- En Fuerza Popular, la propuesta se mueve en el terreno de los mecanismos de garantía. Su plan contempla la creación de un “Fondo para el Crecimiento MYPE” que otorgue préstamos a negocios afectados por crisis, además de un “Fondo de Garantías para Talleres y Mercados” enfocado en mejoras de infraestructura. Complementan la idea con un Programa Nacional de Factoring MYPE con garantía parcial del Estado.
- Sin embargo, analistas recuerdan que cualquier ampliación de estos esquemas choca con una restricción presupuestaria severa: el déficit fiscal ya superó el 3.4% del PBI en 2024, lo que deja nulo margen para nuevos subsidios sin una fuente de financiamiento clara.
Reorganizar al Estado
- Más allá del sistema financiero, los planes de gobierno exhiben visiones opuestas sobre el tamaño y las funciones del Estado. Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, propone una reforma institucional profunda: fusionar por absorción la SMV y la SBS en un único Supervisor Financiero Integrado, y profesionalizar los directorios de las cajas municipales para despolitizar su gestión y fomentar fusiones que generen economías de escala.
- En las antípodas, Renovación Popular promete un “tijeretazo” ministerial con el que prevé ahorrar S/ 80,000 millones. La cuenta, sin embargo, no cierra: Luis Castilla (Videnza) advierte que el presupuesto total de todos los ministerios bordea los S/ 79,000 millones, por lo que la meta implicaría, en la práctica, desaparecer funciones esenciales del Estado.
MYPES, formalización y los ausentes estructurales
- En el frente de las micro y pequeñas empresas, las fórmulas también divergen. Renovación Popular apuesta por un “Banco PYME” con capital privado y un sello “CERTIPYME” para facilitar exportaciones.
- Buen Gobierno prefiere incentivos tributarios para la innovación y fortalecer los CITEs regionales con un presupuesto de S/ 1,200 millones. País para Todos introduce el concepto de Open Finance para reducir los spreads bancarios y habilitar a las fintech en el sector rural.
- Sin embargo, expertos de Horizonte Laboral critican que estas propuestas siguen siendo superficiales: evitan discutir temas estructurales sensibles como la estabilidad laboral o la fiscalización, y se limitan a medidas de bajo costo político.
- El realismo fiscal es, precisamente, el gran ausente en varios planes. Mientras País para Todospropone eliminar la iniciativa de gasto del Congreso para blindar la estabilidad, otros —como Cooperación Popular— plantean que las pensiones mínimas cubran el 100% de la canasta básica sin precisar la fuente de financiamiento.
Propuestas laborales: reformas estructurales brillan por su ausencia
- Si el frente financiero e infraestructura concentró propuestas de alto vuelo, pero con débiles anclajes fiscales, el mercado laboral —quizás el termómetro más sensible de la economía real— revela una omisión aún más profunda. Un reciente estudio de Horizonte Laboral, organización especializada en políticas públicas laborales, advierte que ninguno de los partidos que competirán el 12 de abril plantea reformas capaces de enfrentar las causas estructurales de la informalidad, que afecta a más del 70% de los trabajadores peruanos.
“La revisión de los planes de gobierno registrados ante el JNE muestra que las propuestas laborales privilegian principalmente medidas de corto plazo y de bajo costo político”, señala la organización.
- A partir de entrevistas con expertos, Horizonte Laboral identificó once ejes críticos que deberían articular una agenda prioritaria: desde emprendimiento y desarrollo empresarial hasta gobernanza y diálogo social, pasando por la brecha educación-productividad, la inserción laboral, la fiscalización y la seguridad en el trabajo.
- Sin embargo, el análisis evidencia una concentración desbalanceada. Las iniciativas sobre emprendimiento, desarrollo empresarial y empleo suman 216; le siguen 95 vinculadas a regulación laboral y 82 sobre protección social en salud y pensiones. En las antípodas, temas estructurales apenas aparecen: solo 5 de 32 propuestas abordan la duración de los contratos o la inestabilidad contractual; la fiscalización laboral cuenta con 21 iniciativas, pero sin desarrollar cómo ejecutarlas; la seguridad y salud en el trabajo apenas suma tres, y la duración de contratos, ninguna.
- “El análisis de los planes muestra que las propuestas se concentran en las dimensiones más operativas (productividad, regulación y algunos componentes de protección social); sin embargo, reciben mucho menos atención las reformas vinculadas a la estabilidad laboral, la duración de los contratos temporales, la fiscalización y la seguridad y salud en el trabajo, que son los temas más sensibles para los trabajadores”, puntualiza el informe.
- El estudio también advierte una baja claridad técnica. La mayoría de las medidas son declarativas o parciales, sin instrumentos, costos, población objetivo ni mecanismos de implementación. “En términos de impacto, predominan las iniciativas ambiguas, lo que limita su capacidad de transformar el mercado laboral, que es lo que se necesita”, subraya.
- El patrón ideológico, aunque presente, no garantiza mayor rigor. Mientras los partidos de izquierda priorizan protección social y diálogo, suelen caer en propuestas declarativas; los de derecha enfatizan productividad y formación con mayor claridad técnica, pero esquivan los nudos estructurales.
- La excepción transversal es la protección social en salud y pensiones, abordada por prácticamente todas las fuerzas políticas.
“El empleo está presente en la campaña electoral, pero de forma acotada, superficial y políticamente cómoda. La pregunta clave para el 2026 no es quién promete más empleo, sino quién está dispuesto a asumir los costos políticos de reformar un mercado laboral que reproduce informalidad, rotación y precariedad y no cambia hace muchos años”, concluye Horizonte Laboral.
En línea con el diagnóstico fiscal que ya advirtieron el IPE y Videnza, la conclusión para el sector laboral es similar: sin financiamiento claro ni voluntad para enfrentar temas sensibles, el próximo gobierno heredará no solo una caja fiscal con poco margen, sino también un mercado de trabajo donde las promesas seguirán chocando contra la misma informalidad de siempre.