Artículo publicado en la edición 246 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M246.pdf
- El 25,7% de los peruanos sigue siendo pobre, 5,5 puntos más que en 2019. La pobreza extrema crece en Lima Metropolitana, uno de cada tres habitantes está en situación de vulnerabilidad y la informalidad laboral se mantiene en niveles alarmantes. Economistas advierten que, sin mayor inversión privada e institucionalidad, la recuperación será lenta e incompleta
El último Informe Técnico de Pobreza Monetaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no deja margen para el optimismo fácil
- Si bien en 2025 alrededor de 567.000 personas abandonaron la condición de pobreza, el Perú cerró ese año con el 25,7% de su población —más de 8,8 millones de personas— incapaz de cubrir una canasta básica de consumo valorada en S/ 462 mensuales per cápita.
- La cifra representa un avance marginal frente al 27,5% registrado el año anterior, pero sigue siendo, según especialistas e instituciones internacionales, dramáticamente superior al 20,2% que el país exhibía en 2019, antes de que la pandemia de la COVID-19 arrasara con casi una década de progresos.
- En términos absolutos, el costo acumulado es elocuente: hay al menos 2,3 millones más de peruanos en situación de pobreza que en el año previo a la emergencia sanitaria. Mientras que casi todos los países de América Latina y el Caribe lograron recuperar e incluso mejorar sus indicadores sociales tras la pandemia, el Perú sigue rezagado. “Pasamos de ser un ejemplo regional a la cola de la región en materia de reducción de pobreza”, advirtió Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
- La distancia con el punto de partida prepandemia —esos 5,5 puntos porcentuales de brecha— no es solo una estadística. Implica que millones de familias han perdido bienestar de manera persistente, que las redes de protección social no han logrado reemplazar lo que se destruyó y que el modelo de crecimiento peruano, que funcionó con notable eficacia entre 2004 y 2014, ha perdido fuerza propulsora.
La pobreza sigue por encima de la prepandemia: 5,5 puntos más que en 2019
- Entre 2004 y 2014, cuando la inversión privada crecía a doble dígito y el PBI superaba tasas de 4% a 5% anuales, la pobreza monetaria disminuía en promedio cuatro puntos por año. Era la “década dorada” peruana, impulsada por el boom de las materias primas, la apertura comercial y una macroeconomía relativamente sólida.
- En aquel período, cerca de 8 millones de personas salieron de la pobreza. En contraste, en 2025 la reducción fue de apenas casi dos puntos, reflejo de un menor dinamismo productivo y de un entorno político que ha espantado inversiones y deteriorado la confianza empresarial (ver gráfico N° 4.1).
- Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), explica con precisión la mecánica detrás de estas cifras: “Se estima que el 85% de la disminución de la pobreza responde al aumento de empleo e ingresos, mientras que solo un 15% proviene de la redistribución”.
- Esto significa que el gasto social, los programas de transferencias y las políticas de inclusión tienen un efecto real pero limitado. La palanca más poderosa para sacar a la gente de la pobreza sigue siendo la creación de empleos de calidad y el crecimiento del ingreso real. Y en ese frente, el Perú avanza, pero a paso lento.
- La pregunta que planea sobre los analistas es cuánto tiempo tomará regresar al 20,2% de 2019.Valencia no ofrece una respuesta tranquilizadora: al ritmo actual de reducción, ese umbral no estaría al alcance en el corto plazo. Las proyecciones del IPE sugieren que para acortar significativamente esa brecha sería necesario un crecimiento del PBI sostenido de al menos 4% anual, acompañado de reformas estructurales en el mercado laboral, la educación y la institucionalidad. Ninguna de esas condiciones está garantizada en el horizonte inmediato.
- A ello se suma la herida abierta de la pobreza extrema. A nivel nacional, el indicador bajó a 4,7% en 2025, con más de 250.000 personas que abandonaron esa condición crítica. Pero la lectura desagregada revela una anomalía preocupante en Lima: mientras el resto urbano y el área rural registraron mejoras, la capital acumula una tendencia inversa que merece análisis propio.
Se estima que el 85% de la disminución de la pobreza responde al aumento de empleo e ingresos, mientras que solo un 15% proviene de la redistribución – Martín Valencia, IPE
Lima tiene hoy más pobres extremos
- Lima Metropolitana, la locomotora económica del país, la ciudad que concentra el 35% del PBI nacional y la mayoría de sus servicios, acumula hoy una paradoja dolorosa: tiene más pobres extremos que hace cinco años (ver gráfico Nº 4.5).
- Gaspar Morán, jefe del INEI, fue explícito al respecto: “La población en pobreza extrema que reside en Lima Metropolitana se incrementó en 0,3 puntos porcentuales, alcanzando el 3,6%”. Por el contrario, el resto urbano (2,8%) y el área rural (11,4%) mostraron mejoras, reduciendo su pobreza extrema en 0,2 y 4,1 puntos respectivamente.
- Pero el problema limeño no se limita a la pobreza extrema. Martín Valencia pone en perspectiva la magnitud del retroceso urbano en la capital: “La pobreza urbana, especialmente en Lima Metropolitana, se ha duplicado desde 2019, pasando de 14% a cerca de 28% en 2025”. Se trata de un fenómeno sin precedentes recientes en la historia social peruana: una megalópolis que en una sola pandemia borró el progreso de quince años.
- Las razones son múltiples y se retroalimentan. Lima recibió durante la pandemia una ola de migrantes internos que huían de las zonas rurales más golpeadas, tensionando el mercado laboral urbano y los servicios básicos. La informalidad, que ya era estructural, se recrudeció. Los sectores de servicios —restaurantes, comercio minorista, turismo, entretenimiento— que emplean a buena parte de la clase media emergente limeña fueron los más golpeados y los más lentos en recuperarse. Y el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad ha ahuyentado inversión formal y deteriorado la calidad de vida en varios distritos.
- Los datos del mercado laboral del primer trimestre de 2026, recogidos por la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI, muestran que Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao registran una tasa de actividad del 65,2%, y que el empleo informal en esa área alcanza el 54,3%, una de las más bajas a nivel de ciudades, pero aun así mayoritaria. El ingreso promedio mensual en Lima y Callao se ubica en S/ 2.524,1 al año, el más alto del país, pero insuficiente para muchas familias ante los crecientes costos de vida urbana.
Más de un tercio de la población, atrapado en la vulnerabilidad
- Más allá de los pobres oficiales, Valencia alerta sobre una dimensión menos visible pero igualmente grave: la vulnerabilidad. “Uno de cada tres habitantes podría volver a ser pobre ante una crisis, lo que equivale a 11,4 millones de personas”, señala. Se trata de familias que han salido de la pobreza monetaria, pero que no han consolidado esa salida: viven al filo de la línea de pobreza, sin colchón de ahorro, sin trabajo formal, sin acceso a crédito y expuestos a cualquier shock externo (ver gráfico Nº 4.15).
- Esta población vulnerable —que el INEI describe como aquella con un gasto per cápita ligeramente superior a la línea de pobreza, pero sin los activos ni la seguridad que caracterizan a una clase media consolidada— es un fenómeno que los economistas llaman “la trampa de la vulnerabilidad”. En el Perú, dado el alto nivel de informalidad y la debilidad de las instituciones, ese tercio de la población puede recaer en la pobreza ante un evento tan común como la pérdida del empleo de un miembro del hogar, una enfermedad grave o incluso un desastre natural.
- La situación se agrava cuando se incorporan otras dimensiones del bienestar. Valencia menciona explícitamente “problemas de inseguridad alimentaria, anemia en gestantes y altos niveles de corrupción e informalidad” como factores que limitan la consolidación de una clase media y exigen políticas que fortalezcan la inversión, las instituciones y el uso eficiente de los recursos públicos.
- La anemia infantil, que afecta al 43% de los niños menores de tres años según datos recientes, compromete el capital humano de la próxima generación. La inseguridad alimentaria, que se ha intensificado en bolsones urbanos de Lima y otras ciudades, deteriora la salud y la productividad.
El perfil del hogar pobre: informalidad, bajo nivel educativo y exclusión financiera
- El informe del INEI dibuja con claridad el perfil de los hogares pobres. El nivel educativo del jefe de hogar es el predictor más potente: el 35% de quienes tienen solo educación primaria viven en situación de pobreza, cifra que se reduce a 11,3% cuando el jefe de familia cuenta con educación superior.
- La trampa educativa es intergeneracional: los hijos de familias pobres tienen menos probabilidades de completar la educación superior, perpetuando el ciclo.
- La informalidad laboral es el otro gran factor estructural. Tres de cada diez jefes de hogar que trabajan de manera informal se encuentran en situación de pobreza. En los hogares en pobreza extrema, el cuadro es aún más severo: el 96,1% de los trabajadores tiene un empleo informal, sin contrato, sin seguro de salud aportado por el empleador y sin acceso a sistema de pensiones.
- El mercado laboral nacional del primer trimestre de 2026 refleja esta realidad: según la EPEN, el 69,8% de la población ocupada trabaja en condiciones informales (período abril 2025-marzo 2026).
- La brecha urbano-rural es enorme: en el área urbana la informalidad alcanza el 64,2%, pero en el área rural llega al 94,5%. Por sectores, la agricultura, pesca y minería exhiben la tasa más alta (91,1%), seguidos de construcción (76,6%), comercio (71,3%), manufactura (63,2%) y servicios (57,2%).
- A nivel de ciudades, los datos del INEI son reveladores. Juliaca encabeza el ranking de informalidad con 82,6%, seguida de Pucallpa (73,7%), Ayacucho (72,3%), Tumbes (70,5%) y Tacna (69,7%). En el extremo opuesto, las ciudades con menor informalidad son Ica (54,1%), Lima Metropolitana y Callao (54,3%) y Moquegua (54,5%).
Inclusión financiera: la brecha que reproduce la exclusión
- La baja inclusión financiera es a la vez síntoma y causa de la vulnerabilidad. Solo el 19,1% de los hogares pobres tiene una cuenta en el sistema bancario, y apenas el 9,4% de los pobres extremos utiliza billeteras digitales.
- En un país donde el acceso al crédito formal, el ahorro seguro y los seguros son herramientas fundamentales para gestionar los riesgos cotidianos, esta exclusión amplifica la fragilidad de los más vulnerables.
- La ironía es que incluso entre los hogares no pobres la inclusión financiera es imperfect: la informalidad laboral permea todos los estratos. Estudios de la OCDE han señalado que el 60% de las familias con mayores ingresos también son informales en alguna dimensión.
- Sin embargo, la diferencia es que los hogares de ingresos medios y altos tienen mayor acceso a activos —vivienda propia, vehículos, negocios— que sirven de colateral ante eventos inesperados. Los pobres no tienen ese escudo.
- Las cifras del sistema de pensiones confirman este cuadro. Según la EPEN del primer trimestre de 2026, solo el 42,8% de la población ocupada está afiliada a algún sistema de pensiones —ya sea el Sistema Privado de Pensiones (AFP, 31,9%) o el Sistema Nacional de Pensiones (10,0%)—.
- La brecha es abismal entre áreas: el 49,2% de los ocupados urbanos tiene pensión, frente a apenas el 14,8% en el área rural. Para los pobres, la vejez sin ahorro previsional es otro vector de vulnerabilidad.
La situación del empleo: mejoras insuficientes sobre una base precaria
- Los datos de la EPEN para el primer trimestre de 2026 ofrecen señales mixtas sobre el mercado laboral. La Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 18,5 millones de personas, con un incremento de 0,9% respecto al mismo período de 2025.
- La tasa de desempleo nacional bajó a 5,1%, desde el 5,5% del año anterior, y la población ocupada creció en 1,3%, llegando a 17,6 millones de personas.
- En el período móvil abril 2025-marzo 2026, la tasa de empleo adecuado representó el 53,8% de la PEA, un incremento muy significativo de 3,1 puntos porcentuales frente al período anterior (50,7%).
- Simultáneamente, la tasa de subempleo bajó a 41,4%, con una reducción de 2,5 puntos. Se trata de la mejora más sostenida en niveles de empleo en los últimos años.
- Sin embargo, las desigualdades internas del mercado laboral son estructurales. La brecha de género persiste: la tasa de actividad masculina (78,2%) supera en 17,9 puntos a la femenina (60,3%). El desempleo femenino (5,9%) es superior al masculino (4,4%). Y en términos de calidad del empleo, el 62,7% de los hombres tiene empleo adecuado frente a solo el 43,0% de las mujeres. El subempleo afecta al 51,4% de las trabajadoras, frente al 33,2% de los trabajadores.
- La situación es más crítica para los jóvenes. La tasa de desempleo de la población de 14 a 24 años se situó en 9,6% en el primer trimestre de 2026, casi el doble de la media nacional.
- El subempleo juvenil es devastador: el 56,1% de los jóvenes ocupados están subempleados, frente al 33,5% del grupo de 25 a 44 años. Un joven que no logra insertarse adecuadamente en el mercado laboral temprano acumula desventajas que se proyectan durante toda su vida laboral.
- A nivel de ciudades, los contrastes son marcados. En el primer trimestre de 2026, la tasa de desempleo fue más alta en Cerro de Pasco (13,9%), Huancavelica (12,3%), Moquegua (12,1%), Cajamarca (10,4%) y Cusco (9,0%). En contraste, las ciudades con menor desempleo fueron Iquitos (3,3%), Tarapoto (3,5%) y Trujillo y Pucallpa (4,1% cada una). Lima y Callao registraron una tasa de 6,8%.
- En lo que respecta a ingresos, el panorama es más alentador pero insuficiente. El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se ubicó en S/ 1.925,9 en el período abril 2025-marzo 2026, con un incremento significativo del 8,2% (+S/ 145,5) respecto al período anterior.
- El crecimiento fue generalizado en todas las ramas de actividad y grupos de edad. Sin embargo, la brecha de ingresos por nivel educativo es enorme: un profesional universitario gana en promedio S/ 3.351,8, frente a S/ 949,2 de un trabajador con primaria o menos. La diferencia es un ratio de 3,5 a 1.
Formalidad laboral y pobreza: el círculo vicioso
- La relación entre informalidad y pobreza no es lineal, pero sí poderosa. El INEI establece que el empleo informal no está sujeto a la legislación laboral nacional, carece de cobertura de protección social y no accede a prestaciones relacionadas con el empleo. Esta definición captura a los independientes del sector informal, a los asalariados sin seguridad social financiada por el empleador y a los trabajadores familiares no remunerados.
- Los datos del período abril 2025-marzo 2026 muestran que, aunque la formalidad avanza —el 30,2% de los ocupados tiene empleo formal, un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al período anterior—, el progreso es lento. La informalidad es sistémica: afecta al 88,3% de quienes trabajan en empresas de 1 a 10 trabajadores, categoría que concentra al 72,4% de la fuerza laboral nacional.
- La educación es el principal diferenciador: la informalidad alcanza el 94,7% entre los trabajadores con educación primaria o menos, pero cae al 37,6% en los que tienen educación superior universitaria.
- La política de formalización no puede disociarse de la política educativa: sin mejoras sostenidas en la calidad y el acceso a la educación superior, la formalización masiva es inviable.
- En términos de cobertura de salud, la situación ha mejorado. El 96,2% de la población ocupada tiene algún seguro de salud en el primer trimestre de 2026, un incremento significativo desde el 95,2% del año anterior. El Seguro Integral de Salud (SIS) cubre al 63,3% de los ocupados, mientras que EsSalud alcanza al 28,6%. Sin embargo, la cobertura es de baja calidad para muchos: el SIS, si bien universal, presenta problemas de funcionamiento, largas colas y escasez de medicamentos en muchos establecimientos.
Las condiciones de vida de los pobres: agua, tecnología y exclusión
- Las brechas en condiciones materiales son igualmente reveladoras. Si bien el 88,1% de la población nacional cuenta con agua por red pública, en los hogares de pobreza extrema la cobertura cae al 74,2%, y solo el 14,5% disfruta de agua segura con cloro adecuado las 24 horas del día. La inseguridad hídrica es un factor que incide directamente en la salud, particularmente en la prevalencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en niños.
- La brecha digital también reproduce la exclusión. Solo el 6,6% de los pobres extremos posee una computadora y apenas el 23,3% tiene acceso a internet. En una economía que digitaliza aceleradamente sus procesos productivos, de gestión y de acceso a servicios —desde trámites gubernamentales hasta oportunidades laborales—, esta exclusión tecnológica condena a los pobres a participar en los segmentos menos productivos y peor remunerados del mercado.
- Valencia, menciona también la inseguridad alimentaria como una dimensión crítica. La anemia en gestantes y en niños menores de cinco años refleja déficits nutricionales que trascienden el ingreso monetario y afectan el desarrollo cognitivo, la salud y la productividad futura. Las políticas de combate a la pobreza que no incorporan esta dimensión están ignorando una trampa de bajo desarrollo humano que se transmite de generación en generación.
¿Qué hace falta para que la tendencia se revierta?
- El diagnóstico de Valencia es claro y, en cierta medida, conocido: “Factores que limitan la consolidación de una clase media y exigen políticas que fortalezcan inversión, instituciones y uso eficiente de recursos públicos”. Pero la distancia entre el diagnóstico y la acción efectiva es donde el Perú ha tropezado repetidamente en los últimos años.
- La inversión privada, que es el motor primario del empleo y el crecimiento, lleva años por debajo de su potencial. La inestabilidad política crónica —el Perú ha tenido seis presidentes en menos de una década—, la percepción de corrupción generalizada, el deterioro del Estado de Derecho en algunas regiones y la conflictividad social en torno a los proyectos mineros han erosionado la confianza del sector privado.
- Sin inversión privada robusta, la creación de empleo formal es insuficiente para absorber la creciente fuerza laboral.
- Las instituciones, por su parte, muestran debilidades estructurales. La corrupción, como señala Valencia, no es solo un problema ético: es un impuesto invisible que distorsiona la asignación de recursos, reduce la eficacia del gasto público y aleja la inversión.
- El Perú ocupa posiciones mediocres en los índices internacionales de percepción de corrupción y de Estado de Derecho, lo que se traduce en menor inversión extranjera directa y menor eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios sociales.
- El uso eficiente de los recursos públicos es otro talón de Aquiles. El Perú no es un país pobre en recursos fiscales: los ingresos por canon minero y los recursos ordinarios permiten financiar políticas sociales ambiciosas.
- El problema es que buena parte de ese gasto no llega a destino, se filtra en burocracia, se duplica entre niveles de gobierno o simplemente se ejecuta con baja calidad. La reforma del Estado, que llevan décadas pendiente, es condición necesaria para que las políticas de reducción de pobreza tengan impacto real.
- En el frente laboral, la EPEN del primer trimestre de 2026 ofrece algunas señales positivas. La construcción creció un 7,7% en empleo, el comercio un 2,7% y los servicios un 1,0%.
- El ingreso promedio subió 8,2% en términos nominales, aunque es necesario ajustar esa cifra por inflación para evaluar el poder adquisitivo real. El desempleo bajó en casi todos los grupos etarios, con la notable excepción del grupo de 25 a 44 años, que no registró variación.
- Pero las señales de alerta también están presentes en el mercado laboral. La población económicamente no activa que se encuentra enferma o incapacitada creció un 10,2% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, lo que sugiere que problemas de salud están sacando a personas del mercado laboral.
- La población que se dedica a quehaceres del hogar aumentó un 5,2%, en gran medida mujeres, lo que refleja las barreras estructurales que impiden una mayor participación femenina en el empleo formal.
Pasamos de ser un ejemplo regional a la cola de la región en materia de reducción de pobreza, Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social
Conclusión: un país en espera de su siguiente despegue
- El Perú de 2026 presenta una fotografía ambivalente. Por un lado, hay indicadores que apuntan a una recuperación gradual: la PEA crece, el desempleo baja, el ingreso promedio sube y la formalidad avanza lentamente. Por otro, más del 25% de la población sigue siendo pobre, uno de cada tres habitantes está en situación de vulnerabilidad, Lima tiene más pobres extremos que antes de la pandemia y la brecha con los niveles de 2019 sigue siendo de 5,5 puntos.
- La lección más importante que arroja el análisis conjunto de los informes del INEI y los datos del mercado laboral es que la reducción de la pobreza en el Perú es ante todo un problema de crecimiento económico de calidad, que genere empleo formal y eleve los ingresos reales. Las transferencias sociales y el gasto público en servicios básicos son necesarios pero insuficientes si no se apoyan en una economía dinámica. Y esa economía dinámica requiere inversión privada, instituciones confiables y un Estado que gaste bien.
- En palabras de Valencia: la pobreza del Perú tiene solución, pero esa solución exige consistencia en las políticas económicas, reducción de la corrupción, mejora de la calidad educativa y un entorno que invite a invertir. Sin esas condiciones, el país podría tardar una década o más en recuperar los niveles de bienestar que tenía antes de que la pandemia, la crisis política y la inestabilidad institucional lo dejaran atrás.
- El riesgo no es solo estadístico. Detrás de cada punto porcentual de pobreza hay millones de familias que duermen con incertidumbre, niños que no alcanzan su potencial y jóvenes que emigran en busca de lo que su propio país no les ofrece. Esa es la deuda social más urgente que el Perú tiene consigo mismo.