
Artículo publicado en la edición 248 de la Revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M248.pdf
En los últimos meses, el regulador aprobó una nueva norma de protección al aporte social, alistó reglamentos de riesgo de sobreendeudamiento y de liquidez, y amplió hasta 2029 el plazo para que las cooperativas de ahorro y crédito completen sus provisiones. El presidente de la Fenacrep, Clever Rojas, describe un cambio de relación con el supervisor. Los indicadores financieros, sin embargo, muestran un sistema todavía muy desigual.
- El sistema de cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) peruano atraviesa un momento bisagra. Por un lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha desplegado en las últimas semanas un paquete de normas que busca ordenar el riesgo de endeudamiento de los socios, exigir una gestión más rigurosa de la liquidez y, al mismo tiempo, dar más tiempo a las cooperativas para cumplir con sus obligaciones patrimoniales.
- Por otro, el Ministerio de la Producción (Produce) ha aprobado una estrategia nacional que reconoce que el cooperativismo peruano —del que las COOPAC son la rama financiera— sigue siendo un sector marginal en la economía, con brechas de gestión, de acceso a mercados y de reconocimiento social. En medio de ambos frentes, los indicadores financieros más recientes muestran un sistema que crece en conjunto, pero que esconde, detrás del promedio, realidades muy distintas entre cooperativas grandes y pequeñas.
- Las COOPAC son cooperativas cuyo objeto social es captar los aportes y ahorros de sus propios socios y, con esos recursos, otorgarles créditos. A diferencia de un banco o una financiera, no compiten por captar al público en general: solo pueden operar con las personas que forman parte de la cooperativa. Por esa razón, durante décadas estuvieron fuera del radar de la SBS y bajo la supervisión de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep), un esquema de autorregulación que terminó en 2018, cuando el Congreso aprobó su incorporación gradual al ámbito de la SBS.
Ese proceso de “bancarización regulatoria” —que se aceleró a partir de 2019 con el Reglamento General de las COOPAC (Resolución SBS N.° 480-2019)— sigue en marcha, y las medidas más recientes son, en buena parte, ajustes a ese tránsito.
¿Qué es una COOPAC y cómo la clasifica la SBS?
- Una cooperativa de ahorro y crédito (COOPAC) es una asociación de personas —los socios— que aportan capital y ahorros para financiarse créditos entre sí, bajo un principio de ayuda mutua. No son bancos ni cajas municipales, aunque cumplen una función similar: captan recursos y otorgan préstamos. La diferencia esencial es que una COOPAC solo puede operar con sus propios socios, mientras que un banco capta y presta al público en general.
- Desde 2019, la SBS supervisa a las COOPAC y las clasifica en cuatro niveles según el tamaño de sus activos.Esta clasificación determina la frecuencia con la que deben reportar información financiera y cuánto cubre el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), un mecanismo que protege parte de los ahorros de los socios si la cooperativa quiebra:
Nivel 1: activos de hasta 600 UIT (~S/3.21 millones). Reporte trimestral. Cobertura del FSDC de hasta S/5,000 por socio.
Nivel 2A: activos entre 600 y 32,200 UIT (~S/172.27 millones). Reporte trimestral. Cobertura de hasta S/5,000.
Nivel 2B: activos entre 32,200 y 65,000 UIT (~S/347.75 millones). Reporte mensual. Cobertura de hasta S/10,000.
Nivel 3: activos superiores a 65,000 UIT. Reporte mensual. Cobertura máxima de S/10,000.
- Cuanto más grande es la cooperativa, mayores son sus obligaciones de transparencia y sus exigencias prudenciales —los requisitos de capital, provisiones y liquidez que buscan garantizar que la entidad pueda responder ante pérdidas o retiros masivos—, pero también mayor es la protección que reciben sus socios.

- La transición hacia la supervisión de la SBS no ha sido indolora. Entre 2025 y lo que va de 2026, el regulador reportó 16 disoluciones de COOPAC durante 2025 y, hasta el 8 de agosto de 2026, otras tres adicionales: Integraperú, Acción y Rural Abancay.
- Las causales más frecuentes de intervención y disolución son la pérdida total del capital, el patrimonio negativo, la inactividad, la falta de remisión de información financiera y el incumplimiento reiterado de requerimientos regulatorios.
- Conviene no confundir esta depuración con una política de “fortalecimiento” en sentido estricto: no busca mejorar el patrimonio de las entidades viables, sino sacar del sistema a las que ya no cumplen condiciones mínimas para seguir operando, en protección de sus propios socios y de la confianza en el sector.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep), Clever Rojas, coincide con ese diagnóstico y lo pone en boca del propio supervisor.
- “Él (regulador) me comenta que las cooperativas se van a cerrar solas prácticamente, por inactividad o por otras cosas”, relató en entrevista con Microfinanzas (ver entrevista completa más adelante).
- El otro costado de la depuración es el fortalecimiento propiamente dicho: un conjunto de normas que, desde 2025, ha ido moldeando cronogramas de capital, reservas, provisiones y liquidez, y que en julio de 2026 sumó una pieza adicional centrada en la protección del aporte social de los socios.
Las nuevas exigencias de la SBS
- En las últimas semanas, la SBS ha activado tres frentes normativos que, vistos en conjunto, definen la agenda regulatoria vigente para el sistema COOPAC: un proyecto de reglamento sobre riesgo de sobreendeudamiento de socios deudores minoristas, una propuesta de reglamento de gestión del riesgo de liquidez, y una resolución ya aprobada —la N.° 01873-2026— que modifica el Reglamento General y el Manual de Contabilidad de las cooperativas no autorizadas a captar recursos del público.
1. El riesgo de sobreendeudamiento
- A inicios de julio, la SBS puso en consulta un proyecto de reglamento centrado en el riesgo de sobreendeudamiento de los socios deudores minoristas, es decir, el riesgo de que una persona acumule más deudas de las que puede pagar, ya sea con la propia cooperativa o con otras entidades del sistema financiero. La propuesta introduce un umbral de S/177 millones en activos para diferenciar las exigencias: las COOPAC que superen ese monto tendrían obligaciones más estrictas de evaluación, seguimiento y control del endeudamiento de sus socios que las cooperativas más pequeñas.
- La lógica detrás de esta diferenciación —conocida en la jerga regulatoria como “proporcionalidad”— es evitar que una cooperativa pequeña, con menor capacidad técnica y operativa, deba cumplir exactamente los mismos requisitos que una cooperativa grande y compleja. Es, además, uno de los reclamos históricos del sector: que las normas de la SBS, pensadas originalmente para bancos y financieras, se adapten al tamaño real de cada cooperativa.
“Todavía hay un sistema de aprendizaje de ambos. Nosotros como cooperativas todavía nos estamos adecuando mucho al sistema, a la regulación y supervisión; y también de parte del regulador creo que hay un proceso de aprendizaje”, opina Rojas.
2. Gestión del riesgo de liquidez
- En junio de 2026, la SBS publicó para consulta un proyecto de reglamento de gestión del riesgo de liquidez, que en términos simples es el riesgo de que una cooperativa no tenga suficiente efectivo o activos fácilmente convertibles en efectivo para responder a los retiros de sus socios en un momento de tensión financiera. La propuesta plantea que las COOPAC cuenten con:
- Políticas y límites internos de liquidez, definidos por cada cooperativa.
- Indicadores de alerta temprana que permitan detectar señales de estrés antes de que se conviertan en un problema.
Pruebas de estrés ante escenarios de retiros significativos de depósitos.
Planes de contingencia para enfrentar salidas inesperadas de fondos.
Seguimiento de la concentración y estabilidad de los depósitos, es decir, evitar depender de pocos socios con montos muy altos.
Un ratio de liquidez por moneda y un ratio de liquidez global.
Un ratio de cobertura de liquidez (RCL) para enfrentar salidas de fondos durante un periodo de estrés de 30 días.
- La propuesta sería de aplicación obligatoria para las COOPAC de nivel 2 y nivel 3, mientras que para las de nivel 1 —las más pequeñas— su adopción sería voluntaria. En las entidades de mayor tamaño se plantea, además, una participación más activa del Comité de Riesgos y del Comité de Activos y Pasivos, dos instancias internas de gobierno corporativo. Como toda propuesta en consulta, hay que diferenciarla de una norma vigente: hasta que la SBS no la apruebe de manera definitiva, sus disposiciones no constituyen obligaciones regulatorias exigibles.
3. Riesgo de crédito: evaluar mejor antes de prestar
- Como complemento, la SBS también publicó en 2026 una propuesta de reglamento para reforzar la gestión del riesgo de crédito, orientada a mejorar la evaluación de la capacidad de pago de los socios, la clasificación de los deudores, la constitución de provisiones, las políticas de aprobación y recuperación de créditos, y la identificación temprana del deterioro de la cartera. Si el reglamento de liquidez busca que una cooperativa no se quede sin efectivo ante una salida de depósitos, el de riesgo de crédito busca que, antes, no acumule préstamos que probablemente no se van a pagar.
La SBS impone una reforma silenciosa al cooperativismo financiero: protege el aporte social del socio y da plazos hasta 2029 para provisiones, pero el sistema COOPAC sigue navegando entre cooperativas sólidas y otras con cartera de alto riesgo superior al 50% y patrimonios negativos, en un proceso de consolidación que aún está lejos de su meta final.
El cronograma de adecuación patrimonial (Resolución SBS N.° 00458-2025)
En febrero de 2025, mediante la Resolución SBS N.° 00458-2025, el regulador amplió los plazos para que las COOPAC alcancen determinados requerimientos prudenciales, sin reducir las metas finales. Estos son los cronogramas vigentes:
- Además, las COOPAC que ya registraban excesos en ciertos límites de exposición —los montos máximos que pueden prestar a un mismo socio o grupo económico— no pueden seguir incrementándolos y tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para corregirlos, al igual que para cumplir con los ratios mínimos de liquidez y las reglas sobre bienes adjudicados (los activos, como inmuebles, que la cooperativa recibe al ejecutar una garantía por un crédito impago).
- El mensaje regulatorio detrás de este cronograma es consistente: la SBS no ha bajado la vara de las exigencias finales, pero sí ha reconocido que exigir su cumplimiento de forma abrupta podría, paradójicamente, agravar los problemas patrimoniales de cooperativas que todavía están en proceso de fortalecerse.
La Resolución SBS N.° 01873-2026: proteger el aporte del socio
La pieza más reciente y más comentada de este paquete normativo es la Resolución SBS N.° 01873-2026, aprobada el 16 de julio de 2026, publicada en El Peruano al día siguiente y vigente desde el 18 de julio.
- La norma modifica el Reglamento General de las COOPAC (Resolución SBS N.° 480-2019) y el Manual de Contabilidad para las COOPAC (Resolución SBS N.° 577-2019), y se concentra en tres asuntos: la protección de los aportes sociales, un nuevo límite para la inversión en bienes muebles e inmuebles, y una ampliación del plazo para constituir provisiones.
El aporte social ya no puede usarse como garantía

- El cambio más sensible para los socios es la prohibición expresa de que las COOPAC otorguen créditos garantizados, directa o indirectamente, con los propios aportes de los socios, o que apliquen esos aportes para compensar o cancelar deudas mientras la persona mantenga su condición de asociada. En la práctica, hasta ahora algunas cooperativas —sobre todo las más pequeñas— podían aprobar un préstamo bajo un esquema similar a este: el socio aporta una suma de dinero y recibe a cambio un crédito respaldado con ese mismo aporte, que la cooperativa podía descontar unilateralmente si el socio dejaba de pagar.
- La SBS considera que ese mecanismo desnaturaliza el aporte social: este no es un depósito en garantía ni una cuenta embargable, sino parte del capital patrimonial que respalda a toda la cooperativa frente a terceros.
Al prohibir su uso como garantía, el regulador obliga a las COOPAC a evaluar el crédito por la capacidad de pago real del socio —sus ingresos, su historial crediticio, sus garantías reales— y no por la facilidad de descontarlo de su propio aporte.
- El efecto colateral es previsible: la evaluación crediticia podría volverse más lenta o más exigente, sobre todo en cooperativas rurales acostumbradas a ese mecanismo simplificado.
Más margen para invertir en infraestructura
En sentido opuesto, la norma amplía el margen de las COOPAC de nivel 1 y nivel 2 para invertir en bienes muebles e inmuebles necesarios para su actividad —locales, agencias, vehículos, equipos, sistemas de digitalización—, permitiendo que esa inversión, sumada a los bienes que ya posee la cooperativa, llegue hasta el 100% de su patrimonio efectivo.
- Es una flexibilización operativa que puede beneficiar, por ejemplo, a una cooperativa rural que necesita abrir una agencia en una zona alejada o modernizar su plataforma tecnológica, aunque también implica un riesgo: los activos fijos no generan liquidez inmediata, y una inversión excesiva en ellos puede restar recursos disponibles para prestar.
Provisiones: el plazo se estira hasta 2029
- Una provisión es un gasto contable que la cooperativa registra por anticipado para cubrir la posible pérdida de un crédito que podría no pagarse. Cuantas más provisiones debe constituir una entidad, menores son sus excedentes (la “utilidad” en el lenguaje cooperativo) y su patrimonio en el corto plazo, pero mayor es su solidez frente a créditos que finalmente no se cobran.
La Resolución N.° 01873-2026 sustituyó el cronograma anterior y lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2029, con metas distintas según el tamaño de la cooperativa:
- La resolución también actualizó el Reporte N.° 13 (“Control de Límites Globales Individuales Aplicables a las COOPAC”), el instrumento con el que la SBS fiscaliza el cumplimiento del nuevo límite de inversión en bienes muebles e inmuebles, lo que obligará a las cooperativas a ajustar sus sistemas contables para reportar correctamente estos datos.
- Es igual de importante precisar qué es lo que la norma no modifica: no cambia el ratio de cobertura de liquidez ni su cronograma hasta 2031, no toca el límite global de patrimonio efectivo de 10% ni el patrimonio básico de 7,5%, no crea nuevos niveles modulares, no elimina la obligación de constituir provisiones y, sobre todo, no autoriza a las COOPAC a captar depósitos del público en general: siguen operando exclusivamente con sus propios socios.
El otro plan: “Cooperando Progresamos”, de Produce
- Mientras la SBS regula la solvencia y la liquidez de las COOPAC, el Ministerio de la Producción (Produce) aprobó, mediante la Resolución Ministerial N.° 00215-2026-PRODUCE, la Estrategia Nacional para Fortalecer la Competitividad de las Cooperativas “Cooperando Progresamos 2026-2029”, un plan que abarca a todo el universo cooperativo del país —no solo a las financieras— pero que dedica un capítulo específico a las COOPAC, dada su relevancia económica dentro del sector.
La estrategia se complementa con el Decreto Supremo N.° 016-2025-PRODUCE, que equipara a las cooperativas con las micro y pequeñas empresas (MYPE) para facilitar su acceso a programas estatales.
- El diagnóstico de Produce, elaborado por su Dirección de Cooperativas e Institucionalidad, describe un sector con crecimiento en número de entidades, pero estancado en su peso económico: el Perú tiene 2,713 cooperativas registradas, que en conjunto generan más de 25 mil puestos de trabajo directos y ventas por S/5,829 millones, pero cuya participación en el empleo nacional apenas llega a 0.2%.
El 96% de esas cooperativas opera como microempresa (85%) o pequeña empresa (11%), y siete regiones —Lima, Junín, Puno, Cajamarca, Piura, San Martín y Cusco— concentran el 65.7% del total, lo que revela una fuerte concentración territorial.
Las COOPAC dentro del universo cooperativo
- Dentro de ese universo, las COOPAC representan el 19% del total de cooperativas del país, pero son las principales generadoras de empleo del sector: concentran el 44% de los puestos de trabajo directos. Su rol en la inclusión financiera es, según el propio diagnóstico de Produce, especialmente relevante en territorios donde la banca tradicional tiene poca presencia. Sin embargo, el documento identifica un problema estructural: “COOPACS no desarrollan servicios financieros acordes a actividades productivas en los territorios”, una limitación que revela una desconexión entre el potencial de estas cooperativas para dinamizar economías locales y su oferta actual de productos financieros. Ese diagnóstico coincide, además, con la desaceleración del crédito al sector cooperativo que se observa desde 2021, y con las dificultades de muchas COOPAC para cumplir los requisitos de acceso a financiamiento —garantías, historial, formalización— que exigen otras entidades del sistema financiero.
Tres causas raíz, tres objetivos
- La estrategia identifica como problema central la “limitada competitividad del sector cooperativo” y lo atribuye a tres causas: un entorno normativo e institucional débil (una regulación “desactualizada, dispersa y poco coherente” entre la Ley General de Cooperativas y las normas sectoriales de la SBS, el Midagri y el propio Produce); limitadas capacidades empresariales y organizacionales (baja profesionalización directiva, fuerte masculinización de los cargos —más del 79% ocupados por hombres—, escaso acceso a financiamiento y baja integración gremial); y un bajo posicionamiento del modelo cooperativo frente a otras formas empresariales.
- Para atender esas causas, el plan plantea tres objetivos específicos con metas cuantificables al 2029: fortalecer el entorno normativo (con la creación de un Observatorio de Cooperativas y la capacitación de 350 funcionarios públicos), fortalecer las capacidades organizacionales y empresariales (con metas de 700 directivos capacitados y 50 cooperativas fortalecidas), y posicionar el modelo cooperativo mediante campañas de sensibilización y su inclusión en el currículo educativo.
- Para las COOPAC en particular, el plan resulta relevante en dos frentes: la armonización normativa entre Produce y la SBS —que podría reducir la incertidumbre jurídica que hoy enfrentan— y el desarrollo de productos financieros y de educación financiera adaptados a la naturaleza cooperativa, con metas de hasta 220 cooperativas alcanzadas por alianzas de educación financiera. Con todo, la meta de solo 50 cooperativas fortalecidas hacia 2029 luce modesta frente a un universo de 2,713 entidades, lo que abre una pregunta legítima sobre el alcance real del impacto sistémico que puede lograr la estrategia.
El cooperativismo peruano en cifras (Produce, 2026)
2,713 cooperativas registradas en el Perú, con crecimiento promedio anual de 10.5% en el último quinquenio.
25,000+ puestos de trabajo directos generados por el sector; apenas 0.2% del empleo nacional.
S/5,829 millones en ventas agregadas del sector cooperativo.
96% de las cooperativas son micro (85%) o pequeña empresa (11%) por nivel de ventas.
19% del total de cooperativas son COOPAC; generan el 44% del empleo directo del sector.
65.7% de las cooperativas se concentra en 7 regiones: Lima, Junín, Puno, Cajamarca, Piura, San Martín y Cusco.
31.7% de los directivos cooperativos tiene educación universitaria; más del 79% de los cargos directivos son ocupados por hombres.
60.3% de las cooperativas opera exclusivamente en mercados locales; solo 26.2% pertenece a un gremio.
Radiografía financiera: crecimiento con fuertes contrastes
- El análisis de los estados financieros de las COOPAC al cierre de marzo y mayo de 2026 confirma lo que Clever Rojas describe desde la Fenacrep: un sistema en fase de consolidación, con crecimiento agregado, pero una notable heterogeneidad entre entidades. La estabilidad de las cooperativas más grandes contrasta con la fragilidad que aún persiste en varias de menor tamaño.
Mayo 2026: el pulso del Nivel 2B
- Entre las cooperativas de nivel 2B —entidades regionales de tamaño intermedio-alto—, los créditos aumentaron S/15 millones en mayo, hasta S/1,873 millones, impulsados por Kori (+S/5 millones), Cuajone (+S/4 millones) e Ilo (+S/2 millones). Los depósitos crecieron S/35 millones, hasta S/1,728 millones, con San Isidro como principal motor (+S/31 millones), seguida de Cuajone (+S/5 millones) y Rehabilitadora (+S/3 millones).
- Pero el promedio esconde una brecha de calidad crediticia muy amplia. La cartera de alto riesgo (CAR) —el porcentaje de créditos que muestran señales de dificultad de pago, más allá de los que ya están en mora, es decir incluye los vencidos, estructurados o refinanciados— cerró el mes en 18.40%, y la morosidad (los créditos ya vencidos) en 17.08%.
San Isidro registra la CAR más alta del grupo, con 55.06%, seguida de San Francisco con 36.77%; ambas superan ampliamente el promedio del nivel. En el extremo opuesto, Kori mantiene la CAR más baja, con apenas 4.23%.
- La cobertura de esa cartera riesgosa —es decir, cuánto de esas pérdidas potenciales ya está cubierto con provisiones— bajó 1.55 puntos, hasta 114% en promedio. Kori lidera con una cobertura de 387%, mientras que San Francisco cubre apenas el 62% de su cartera atrasada, lo que agrava su exposición ante eventuales pérdidas. El capital social y las reservas del nivel cayeron S/1.71 millones, hasta S/464.09 millones, arrastrados principalmente por Ilo (-S/5.99 millones), aunque compensados en parte por León XIII (+S/2.76 millones) y San Isidro (+S/1.01 millones).
En eficiencia —un indicador que compara los gastos operativos de la cooperativa con sus ingresos, y que cuanto más bajo, mejor—, el promedio del nivel mejoró 0.67 puntos, hasta 66.72%.
Efide lideró con 40.40%, un nivel saludable, mientras que San Francisco registró un crítico 219.68%, señal de que sus gastos operativos superan largamente sus ingresos.
- La utilidad acumulada del nivel creció S/4.22 millones en el mes, hasta S/21.78 millones, con Kori como principal contribuyente (+S/2.18 millones), seguida de Norandino (+S/0.74 millones) y León XIII (+S/0.41 millones). El retorno sobre el patrimonio (ROE) del nivel subió a 7.15% y el retorno sobre activos (ROA) a 1.40%.
El panorama por niveles
- Ampliando la mirada a los cuatro niveles del sistema, el contraste es todavía más marcado. Las cooperativas de nivel 1, las más pequeñas, muestran una fuerte dependencia de los recursos de sus propios socios y pérdidas recurrentes en varios casos. El nivel 2A, el más numeroso, agrupa realidades muy distintas: mientras COOPAC San Juan Bautista exhibe un balance saludable, con activos por S/82.7 millones, un patrimonio de S/16 millones y una utilidad neta positiva de S/334 mil, COOPAC La Progresiva Ltda. muestra un panorama mucho más ajustado, con un patrimonio de solo S/259 mil y una pérdida neta de S/640 mil.
- Dentro del nivel 2B, Norandino —la cooperativa que dirige Clever Rojas— es la más grande del grupo, con activos por S/223.9 millones, aunque su patrimonio se ha reducido a S/36.1 millones. Más crítico es el caso de Santo Domingo de Guzmán, cuyo patrimonio se ha vuelto negativo (-S/58.3 millones) pese a tener activos de S/359.3 millones, una señal de alarma que coincide con reportes que ubican a este nivel con la cartera de alto riesgo más elevada del sistema, de 25.1%, y la mayor morosidad, de 21.2%, según información oficial referida a diciembre de 2023.
- En el nivel 3, dominado por grandes cooperativas como Pacífico, se observa un crecimiento sostenido en colocaciones, pero también una elevada dolarización de su cartera y sus pasivos —cercana al 40%—, lo que genera una vulnerabilidad frente a movimientos del tipo de cambio. Aunque en conjunto las cooperativas de este nivel suelen ser más rentables y eficientes gracias a su escala, el reporte muestra una pérdida de S/46.4 millones en Pacífico durante el periodo analizado, una situación atípica que podría explicarse por provisiones masivas o problemas puntuales de gestión.
Los casos que ilustran el contraste
Kori: la CAR más baja del nivel 2B (4.23%), la mayor cobertura (387%) y la principal contribuyente a la utilidad del grupo, aunque redujo depósitos y liquidez en el periodo.
Santo Domingo: el perfil más equilibrado —creció en créditos, mantuvo una CAR de 9.97% y una cobertura de 108%, fortaleció capital, mejoró eficiencia y elevó utilidades— pese al patrimonio negativo que arrastra por su nivel de activos.
San Isidro: fuerte capacidad de captación de depósitos, pero con la mayor CAR del grupo (55.06%); debe convertir esa captación en una mejor calidad de cartera.
San Francisco: acumula los indicadores más débiles del nivel —CAR de 36.77%, cobertura de solo 62% y una eficiencia crítica de 219.68%— y requiere corregir riesgo, cobertura y rentabilidad de forma simultánea.
Coopac Acción: un caso de intervención que logró revertir su situación mediante capitalizaciones de sus propios socios, antes de su disolución posterior en 2026.
Cooperativa Rural Abancay: intervenida por un patrimonio negativo de casi S/1 millón, y finalmente disuelta.
El balance: tiempo y rigor, en la misma norma
- El paquete regulatorio que la SBS ha desplegado en 2025 y 2026 no responde a una lógica única. Combina, de manera deliberada, dos movimientos que podrían parecer contradictorios: por un lado, otorga plazos más largos y herramientas de gestión para que las cooperativas viables se adecúen sin que el cumplimiento regulatorio termine agravando sus propios problemas patrimoniales; por otro, mantiene —e incluso refuerza, como en el caso del sobreendeudamiento y la liquidez— el rigor de las metas finales, y no ha dudado en intervenir y disolver a las entidades que ya no pueden revertir su deterioro.
- La Resolución SBS N.° 01873-2026 sintetiza bien esa doble lógica: protege al socio prohibiendo que su aporte se use como garantía crediticia, pero al mismo tiempo da más margen operativo a las cooperativas —para invertir en infraestructura— y más tiempo —hasta 2029— para completar sus provisiones. Es, en ese sentido, una norma de transición antes que una reducción permanente de exigencias.
- Desde el propio sector, la lectura de Clever Rojas describe un cambio de relación con el supervisor, que pasa de ser percibido como “el que venía a cerrarnos” a un potencial aliado para fortalecer al sistema, aunque reconoce que persisten pendientes de fondo: la falta de una institución educativa especializada en cooperativismo, la necesidad de flexibilizar aún más los plazos para las cooperativas más pequeñas, y sobre todo la gobernabilidad interna, que el propio presidente de la Fenacrep identifica como la principal fragilidad del sistema.
- Los números, por su parte, confirman que la tarea está lejos de terminar. El sistema COOPAC crece en conjunto —más créditos, más depósitos, más utilidades—, pero ese crecimiento agregado convive con cooperativas cuya cartera de alto riesgo supera el 50%, con patrimonios que ya son negativos y con niveles de eficiencia que triplican lo que se considera saludable.
La consolidación del sistema cooperativo peruano, coinciden el regulador, el gremio y las propias cifras, todavía está pendiente.
