También para legislar con el fin de atender a poblaciones de alta conflictividad social, modernización del Estado, idoneidad y meritocracia, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Otárola.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Otárola, pidió al Congreso de la República facultades legislativas por 90 días sobre materias específicas de economía, tributación, finanzas, atención a poblaciones de alta conflictividad social, modernización del Estado, idoneidad y meritocracia.
Afirmó que para ello el Poder Ejecutivo ya envío por mesa de partes del Congreso la respectiva solicitud y que muchas de esas medidas fueron presentadas durante su exposición ante el Congreso.
“Permítame, señor presidente (del Congreso), reiterar una reflexión de la señora presidenta, Dina Boluarte: ‘No haremos un Gobierno en piloto automático’, lo que en otras palabras quiere decir que tomaremos decisiones, principalmente, en beneficio del ciudadano”.
Expectativas
Otárola afirmó que esperan en el 2023 un déficit fiscal manejable del orden del 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), porcentaje que alcanzará el 2% en el año 2024, con una reducción de la deuda pública al 34% del PBI en el 2023 y al 33,4% el siguiente año.
“Esto como resultado de políticas macroeconómicas consistentes con el objetivo de afianzar la estabilidad económica y financiera del país, las que se han aplicado en las últimas dos décadas en el marco del manejo prudente y responsable de las políticas económicas”, indicó.
Agregó que se buscará también fortalecer la solidez de las cuentas externas y fiscales y la adecuada cobertura de las reservas internacionales.
Sin embargo, dijo que la pandemia de la COVID-19, la incapacidad e ineficiencia de la anterior administración, los conflictos sociales en el sector minero, la prolongación de la sequía en el centro y sur del país por más de seis meses, y las asonadas de la primera mitad de diciembre, agravaron la crisis de la economía peruana dañando 35 activos críticos de infraestructura.
También provocaron un descenso en las transacciones de diciembre en cerca del 10%, con una pérdida de vidas, daños al cuerpo y la salud, y un total estimado de afectación a los activos críticos del Estado por más de S/1.000 millones, entre el 12 y el 16 del pasado mes.
Por eso, dijo que también tiene alta prioridad para el Gobierno de Boluarte la reactivación económica en diversos frentes con la decisiva participación de la inversión privada nacional y extranjera, con estabilidad jurídica y paz social.