La exposición al riesgo político ya no solo está en las regiones del sur del país, sino que ahora Lima se encuentra dentro de las zonas expuestas a este tipo de riesgo y las empresas que operan en la capital experimentan condiciones más duras en la contratación de este tipo de seguro.
El vandalismo y destrucción de la propiedad pública y privada y el riesgo de que la violencia siga escalando durante las protestas tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo y su posterior destitución y apresamiento, ha ocasionado, además de la lamentable muerte de casi 60 personas, que se haya endurecido la contratación de algunas coberturas de seguros.
Para los especialistas esta situación vulnera a las empresas y a los proyectos de infraestructura, debido a que hoy están más expuestos a los actos vandálicos que realizan los seguidores del expresidente Castillo.
“Hay una conmoción civil clarísima. Esta tiene distintos actores, grupos organizados, minería ilegal, grupos ideológicamente motivados, grupos terroristas que están actuando con organismos de fachada. También, hay que decirlo, hay algunos otros que se dejan manipular por las masas”, afirma Giulio Valz-Gen Rivera, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (Apecose).
Considera que, en todos los casos, la consigna es conseguir objetivos políticos como la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia de la República y el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y la imposición de una asamblea constituyente. “Es un tema complejo que no solo afecta al Estado, sino a todos los privados”, declara a Microfinanzas.
La preocupación de Valz-Gen radica en el impacto que está teniendo sobre la contratación de seguros el hecho de que eventos de carácter político que pueden ocasionar daños a las empresas, a la infraestructura pública y a los proyectos de inversión hayan pasado de ser “riesgos inciertos” a ser “riesgos ciertos”.
Esto porque el seguro tiene por finalidad cubrir los daños ocasionados por riesgos que podrían materializarse o no, por ejemplo, los terremotos, pero al concretarse los riesgos o tener la certeza de que ocurrirán, no existe el fundamento para el seguro.
La cobertura
En la actualidad, las empresas sobre todo de mayor tamaño de operaciones, adquieren seguros de propiedad para prevenir las pérdidas en su capital y garantizar la continuidad de sus negocios frente a los diversos riesgos a los que se encuentran expuestas.
A decir de Valz-Gen, el seguro de propiedad es un programa que incluye coberturas de riesgos operativos como incendio y explosión; riesgos catastróficos como terremoto, lluvia, inundación y huaicos; y, riesgos políticos como huelga, conmoción civil, ataque malicioso, vandalismo, terrorismo y sabotaje.
Esta última, la cobertura de riesgos políticos, por lo general tiene un límite asegurado menor a las otras coberturas, pero forma parte del paquete, detalla.
Y desde que empezaron los disturbios y ataques a la propiedad pública y privada en el país, los delincuentes han destruido varias plantas de empresas, quemado campamentos mineros, atacado y destruido aeropuertos y bloqueado el tránsito por carreteras y el ingreso a algunas ciudades del interior del país.
Esta situación ha provocado la suspensión de vuelos, del servicio de transporte terrestre interprovincial y urbano, la interrupción del tránsito, así como el impedimento al abastecimiento de alimentos, combustibles, mercaderías e insumos, entre otros daños más.
Restricciones
Todo ello ha generado, de acuerdo con Francisco Rodríguez-Larraín, CEO de Gallagher Perú, que tanto las compañías de seguros como las empresas de reaseguro, que son firmas internacionales que respaldan los compromisos asumidos por las aseguradoras locales, se alarmen y comiencen a restringir la cobertura de riesgo político, subir los pagos a cargo del cliente (deducibles) y los precios de las pólizas.
“En la última semana de enero, hemos visto que cuando salimos a buscar contratos de reaseguro que permitan respaldar las coberturas de riesgo político a precios competitivos, sobre todo para empresas cuya operación está ubicada en las zonas donde ha habido más protestas, no encontramos reaseguradoras que estén dispuestas a ofrecer estos contratos o dichos están muy caros con deducibles súper altos”, afirma.
También comenta que, por lo general, las coberturas de seguro empresariales tienen una vigencia de un año y al llegar el vencimiento, de no ponerse de acuerdo el asegurado y la aseguradora en los términos del nuevo contrato o por la necesidad de más información del asegurado, lo que se hace es prorrogar la cobertura hasta por 30 días.
Rodríguez-Larraín agrega que esta prórroga se brinda sin muchas restricciones, a no ser que haya ocurrido un siniestro importante.
Sin embargo, afirma que, en la actualidad, las aseguradoras están restringiendo esta prórroga para el caso de la cobertura de riesgos políticos, dado que ahora quieren evaluar su viabilidad y en qué términos hacerlo, debido a los daños ocasionados por las violentas protestas.
“Así, algo que era cotidiano o normal [como las prórrogas de las coberturas de riesgo político] va a pasar a ser un tema de revisión, porque ya no estamos frente a un riesgo incierto, sino a algo que es cierto”, sostiene.
Se niegan
Por su parte, el vicepresidente de Carpenter Marsh Fac, Juan Carlos Ramírez, una firma intermediaria de contratos de reaseguro, da fe de lo indicado por Rodríguez-Larraín. Sostiene que los acontecimientos detrás de la crisis política en el país han generado en las reaseguradoras internacionales mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar más adelante.
Por ello, algunas han tomado medidas radicales como ‘detener’ su exposición en el Perú y no suscribir más contratos hasta que la situación se esclarezca.
Esta decisión, agrega Ramírez, tiene un efecto adicional, el cual es que, al reducir la oferta o la capacidad de respaldo disponible de las empresas de reaseguro, los precios de los contratos suben y las condiciones se hacen más duras.
“Antes de diciembre del 2022 varios reaseguradores tenían la intención de ofrecer coberturas de reaseguros en el Perú, pero en enero del 2023 hay menos porque saben que si invierten en el Perú en este momento van a terminar perdiendo”, admite.
Entre las principales empresas afectadas por las violentas protestas, según Rodríguez-Larraín están las mineras, agroindustriales y compañías de turismo. Incluso, hay empresas que no necesariamente estaban aseguradas.
“Para las mineras va a ser duro asegurarse. Sobre todo, va a ser más caro conseguir coberturas de riesgo político para las que están más cerca a la zona de violencia. Eso es indudable”, dice.
Respecto al sector minero, Valz-Gen, quien a su vez es CEO de Contacto Corredores de Seguros, una firma de intermediación de seguros que tiene una cartera importante de mineras, afirma que el sector minero está muy preocupado por el impacto que han tenido estos acontecimientos violentos en los seguros. Esto, porque las operaciones mineras más relevantes están en el sur del país.
Endurecimiento
Hay dos canales por los que las protestas violentas afectan a las empresas, explica Larraín. El primero es el daño directo ocasionado por los ataques y, el segundo, son los daños consecuenciales, que son pérdidas de beneficios que sufren las empresas a causa de daños experimentados por un tercero como, por ejemplo, el bloqueo de carreteras que impide transportar las mercaderías, el perjuicio de un proveedor o un cliente.
En el caso de suceder daños indirectos, se aplican las coberturas por lucro cesante contingente de proveedores, clientes y accesos, por citar algunos nombres.
A decir de Ramírez, el impacto de la violencia política sobre los precios de los contratos de reaseguro se está observando desde ya. Precisa que hay clientes que encuentran dificultades para renovar su cobertura de violencia política (o riesgo político), sea porque el precio es muy alto o porque el respaldo no se logra alcanzar.
Incluso, comenta que la exposición del riesgo político ya no solo está en las regiones del sur del país, sino que ahora Lima se encuentra dentro de las zonas expuestas a riesgos políticos.
Por ello, entre las principales empresas expuestas a riesgos políticos identificadas por las reaseguradoras están los ‘retailers’, centros comerciales, concesionarios de vías, toda institución pública, actividades extractivas, entre otras.
Así, estas empresas son las más propensas a sufrir una pérdida cuando suceden estas revueltas, por lo tanto, son las que enfrentan condiciones más duras en la renovación de sus pólizas de seguros.
Según los entrevistados, por el momento no existen cifras oficiales totales de los siniestros ocasionados por los actos vandálicos y la destrucción de la propiedad pública y privada, pero se están haciendo las evaluaciones respectivas para conocer a cuánto ascenderán.
Póliza independiente
Valz-Gen advierte que un hecho que se va a concretar en las próximas renovaciones es que la cobertura de riesgo político no formará parte del programa de seguros a la propiedad, y más bien se venderá de forma independiente con condiciones más rígidas.
Por ejemplo, Rodríguez Larraín menciona que por las manifestaciones que hubo en Chile hace algunos años, en la actualidad el seguro de riesgo político se contrata como una póliza independiente a un precio distinto.
“Tras las revueltas en Chile, las empresas chilenas tuvieron una impresionante subida de tasas [precios] de los seguros de riesgo político, porque los reaseguradores les ponían ciertas restricciones a las aseguradoras. Y en el caso de estos seguros que las empresas debían comprar directamente al mercado internacional por su tamaño [seguros facultativos], los precios eran súper altos”, precisa.