(*) Artículo publicado en la edición 209 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M209.pdf.
Por Javier Parker Chávez, Director
javier.parker@microfinanzas.pe
En un informe del Banco Mundial (BM) sobre la situación de la pobreza en el Perú, que detallamos ampliamente en esta edición de Microfinanzas, este organismo financiero multilateral concluye que la incertidumbre política retrasó la recuperación económica y las reformas necesarias para mejorar el empleo e inversión en el país.
Asimismo, subraya que entre el 2002 y 2013, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) fue notable, con un promedio de 6,1% anual, impulsado por una reforma económica apropiada y condiciones externas favorables. Agrega que la acumulación de capital, mayormente vinculada al sector minero, fue la fuente principal de crecimiento durante este periodo, representando el 60% del crecimiento total.
Es precisamente en este periodo, cuando la pobreza de los peruanos tuvo su descenso más espectacular. En el 2002, el 54,3% de la población era pobre, para el 2013 este nivel se había reducido al 23,9%.
Luego, entre el 2013 y 2019, la tasa de crecimiento económico de Perú cayó en más de la mitad, a 3,1% en promedio anual, y la reducción de la pobreza tuvo tal desaceleración que en 6 años solo pudo retroceder hasta el 20,2% de la población. Es decir, solo 3,7 puntos porcentuales en 6 años frente a los 30,4 puntos en los 11 años previos. Sorprendente, ¿no? A ello se suma que la leve reducción de la pobreza entre el 2013 y 2019 se dio en un contexto de fuerte impulso de los programas asistencialistas del Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). Lo que demuestra que el impacto de estos programas en la reducción de la pobreza es muy débil en comparación al que tiene el crecimiento económico.
Si bien, el BM atribuye la brusca caída del crecimiento económico entre el 2013-2019 a un ambiente externo menos favorable, no se puede soslayar que el entorno nacional para las inversiones, en especial las mineras, se hizo extremadamente hostil.
Activistas antimineros de izquierda, bajo la falsa cubierta de defensores del medioambiente, lograron poner en contra de muchos de estos proyectos a las comunidades y poblaciones aledañas y, si no lograban convencer a éstas, el ‘conflicto social’ lo creaban con poblaciones fuera del área de influencia de esos proyectos mineros con tal de impedir su realización. Para ello, no dudaron, ni dudan, como hemos visto recientemente, en utilizar formas muy violentas de protesta que trasgreden la ley y atentan contra los derechos fundamentales de las personas que no participan en las mismas.
Por ello llama mucho la atención, en realidad no tanto si conocemos quiénes y cómo eligen a sus miembros, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se haya sumado al debate sobre el modelo de desarrollo económico del Perú.
En su muy cuestionado y parcializado informe ‘Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’, afirma que “la economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”. Y para sustentar esta afirmación recoge cifras de las exportaciones tradicionales peruanas, que principalmente son mineras. También afirma que las recientes protestas “en el fondo guardan relación con el modelo social y económico, así como el acceso a derechos en condiciones de igualdad”.
Y, como si no fuera poco, agrega: “Máxime cuando, según ‘diversos testimonios recibidos’, una de las fuentes de conflictividad social histórica se relaciona con el modelo extractivista que incluye concesiones de largo término con beneficios tributarios”.
¿Debería sorprendernos que la CIDH cuestione el éxito del desarrollo económico peruano recurriendo para ello a dudosos conceptos como ‘extractivismo’, muy usados por la izquierda latinoamericana para atacar lo que ellos llaman ‘el modelo económico neoliberal’? Definitivamente, no debería si conocemos quiénes la integran y cuál es su proceder. Además, ¿quiénes son responsables de que las regalías ‘no hayan traído desarrollo’, como afirma la CIDH? ¿las mineras que pagan impuestos al Estado o los gobiernos regionales y locales que deben invertir esos recursos? Tampoco debería sorprendernos que los miembros de la CIDH hayan puesto mucho énfasis en los contratos de concesión para explicar el supuesto descontento social. Basta recordar cómo muchos de los cabecillas de las violentas protestas usaban este tema con argumentos falsos para tratar de imponer la convocatoria a una asamblea constituyente. ¡Qué casualidad! No cabe duda de que el informe de la CIDH está lleno de falacias.
Días previos a la publicación del informe del BM sobre la pobreza en el Perú, habíamos compartido en la edición anterior de Microfinanzas un reporte del BBVA Research que alertaba de que en el 2022 la pobreza monetaria había aumentado en el país y que este año lo haría aún más, pudiendo llegar a niveles del 27% de la población.
El BM, en su informe, también nos advierte que, sin un crecimiento económico importante y las reformas necesarias, la pobreza no se recuperará a los niveles previos a la pandemia en el corto plazo. ¿Seremos los ciudadanos peruanos capaces de elegir en el futuro a las autoridades que nos lleven por este camino?
Microfinanzas está de aniversario. El 12 de mayo del 2007 se publicó el primer número de la revista para informar sobre el sector microfinanciero peruano, y estábamos lejos de imaginar, en ese entonces, que 16 años después eso iba a significar informar también sobre interoperabilidad, billeteras digitales, moneda digital y fintech. Por ello, compartimos esta edición especial de aniversario con esos temas y muchos más de las finanzas y negocios en el país.