El informe del IPE enfatiza la necesidad de implementar medidas que hagan más atractivos los servicios formales, evitando aquellas medidas «bienintencionadas» que pueden perjudicar a los consumidores.
Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló las preocupantes prácticas y características del mercado informal de créditos en Perú. El estudio indica que los prestatarios se enfrentan a tasas de interés extremadamente altas y algunos incluso reciben presiones coercitivas por parte de los prestamistas.
El informe, titulado «El mercado de créditos informales en el Perú», expone que, a pesar de lo extendido de los créditos informales en el país, se sabe muy poco sobre las características de este tipo de financiamiento. La entidad indica además que la información de la que se dispone actualmente está centrada principalmente en las prácticas de cobro que incluyen modalidades delincuenciales.
Uno de los hallazgos más preocupantes del documento es que el 49% de los prestatarios informales se ven obligados a pagar tasas de interés compuestas anualizadas que superan el 500%. Esta situación pone a los prestatarios en una posición de desventaja, con una carga financiera considerable que dificulta su capacidad para cumplir con los pagos.
Según la definición del IPE, un préstamo informal es un acuerdo entre dos agentes, quienes definen las condiciones del préstamo sin la intervención o supervisión de alguna autoridad competente.
Además, el informe destaca que el 35% de aquellos que han tenido dificultades para pagar sus préstamos han sido víctimas de amenazas o presiones por parte de los prestamistas. Estas prácticas coercitivas generan un ambiente de temor y estrés adicional para los prestatarios, agravando aún más su situación financiera.
El estudio también revela que el 36% de los prestatarios informales estaría dispuesto a optar por un crédito formal para sus futuros préstamos.
El informe del IPE enfatiza la necesidad de implementar medidas que hagan más atractivos los servicios formales, evitando aquellas medidas «bienintencionadas» que pueden perjudicar a los consumidores, como el tope a las tasas de interés activas.
Además, destaca la importancia de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones financieras y aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para promover la inclusión financiera y combatir el mercado informal de créditos.