El nuevo marco legal exige que el servicio cuente con sistemas de recaudo electrónico y monitoreo por GPS.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó el reglamento que establece las condiciones y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones de transporte urbano en Lima y Callao con una duración de cinco años. Esta medida tiene como objetivo primordial mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, al mismo tiempo que proporciona un entorno jurídico estable para las empresas.
El nuevo marco regulatorio plantea una serie de acciones destinadas a reorganizar el transporte convencional, que comprende aproximadamente 22.000 vehículos, incluyendo ómnibus, cústers y combis, que operan con las debidas habilitaciones.
Asimismo, se encuentra de acuerdo con la Ley 31596, donde se establece como requisito que los conductores de estos vehículos no tengan antecedentes penales relacionados con delitos contra menores de edad.
Además, se exige que el servicio cuente con sistemas de recaudo electrónico y monitoreo por GPS para verificar el cumplimiento de las rutas y lograr una gestión más eficiente de la flota.
El nuevo reglamento, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 203-2023-ATU/PE, publicado en el diario oficial El Peruano, indica que las empresas operadoras que se comprometan a renovar gradualmente sus flotas con vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural vehicular (GNV) tendrán la opción de solicitar una extensión en la vigencia de su autorización más allá de los cinco años iniciales.
Las características clave de este nuevo marco legal, incluyen la modernización del servicio mediante la implementación del GPS y el recaudo electrónico, la operación bajo un nuevo Plan Regulador de Rutas, la identificación externa e interna de vehículos y conductores, incentivos para la renovación de la flota y la inclusión de contratos asociativos (joint venture) para la introducción de flotas eléctricas y la infraestructura de carga.
También, se promueven programas de chatarreo, se implementan programas piloto de electromovilidad, y se establecen sanciones para actos de agresión a usuarios o fiscalizadores, que pueden resultar en multas, la revocación de la licencia de conducir y la inhabilitación permanente para obtener una nueva licencia.
Cabe precisar que estas nuevas condiciones entrarán en vigor a partir de la publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) correspondiente, que se elaborará en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).