Los topes a las tasas de interés no constituyen un mecanismo para mejorar las condiciones financieras de los créditos, ni en términos de tasas de interés y plazos, ni para expandir el proceso de profundización financiera, aseguró.
(*) Artículo publicado en la edición 220 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M220.pdf.
El Banco Central de Reserva (BCR) afirmó que la suspensión permanente de los topes a las tasas de interés en el sistema financiero es lo que permitiría promover la inclusión financiera sostenida, y que una de las razones por las que las tasas de interés son altas es el elevado grado de informalidad de la economía peruana.
Carlos Montoro Llamosa, gerente de Política Monetaria del BCR, subrayó que el límite máximo de tasas de interés ha generado 2 efectos negativos. En primer lugar, la exclusión de clientes del sistema financiero que, antes de la implementación de los topes, recibían créditos a tasas más altas.
En segundo lugar, un menor ritmo de bancarización de nuevos clientes sin historial crediticio, lo que afecta desproporcionadamente a aquellos de menores ingresos, dijo ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República.
“Así, los clientes más afectados por los topes a las tasas de interés han sido aquellos de menores ingresos, debido a que su mayor riesgo de crédito y los elevados gastos operativos para atender dicho sector generan un alto costo del crédito que, en muchos casos, es superior a la tasa máxima establecida”, comentó.
Montoro expuso la posición del BCR sobre los proyectos de ley 6341-2023 y 7181-2023 que proponen la suspensión por 3 y 5 años, respectivamente, de la denominada Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros (Ley Nº 31143), que dispone que el ente emisor fije límites a las tasas de interés que cobran las instituciones del sistema financiero.
Desaceleración
Según información del BCR, de marzo del 2021 a diciembre del 2023, desde que está vigente la conocida como Ley de Usura, el número de clientes que cuenta con créditos de consumo menores a S/3.000 se ha incrementado en apenas 7,6%, pasando de 4.725 a 5.086 créditos. Mientras que el número de clientes con créditos mayores a S/3.000 creció en 30,9%.
Similar panorama se aprecia en los saldos de deuda, ya que el número de deudas menores a S/3.000 creció 16,1%, mientras que la deuda mayor o igual a S/3.000 creció en 47,9%, ambos luego de la vigencia de la Ley de Usura.
“Los topes a las tasas de interés no constituyen un mecanismo para mejorar las condiciones financieras de los créditos, ni en términos de tasas de interés y plazos ni para expandir el proceso de profundización financiera. Por el contrario, solo generan exclusión para las personas de mayor riesgo”, indicó Montoro.
Propuesta legislativa
En ese sentido, afirmó que las propuestas legislativas están en la dirección correcta para propiciar que las tasas de interés en las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia y lograr mayor inclusión financiera. Sin embargo, subrayó que es la suspensión permanente de los topes a las tasas de interés lo que permitiría promover la inclusión financiera sostenida.
“Los mecanismos apropiados para reducir la tasa de interés son aquellos que generan un entorno de mayor competencia en el sistema financiero y reducen las asimetrías de información”, manifestó.
Explicó que la alta informalidad genera asimetrías de información, las cuales aumentan el riesgo de crédito y los gastos operativos para evaluar y monitorear un crédito.
Además, mencionó que, según un estudio elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa de interés promedio de un nuevo sujeto de crédito de menores ingresos se reduce a la mitad luego de 2 años, una vez que se ha construido un historial crediticio.
Ley orgánica
Montoro recomendó a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso tomar en cuenta el artículo 52 de la Ley Orgánica del BCR, previa al establecimiento de los topes a las tasas de interés, la cual establece claramente el marco de libre competencia y la excepcionalidad de los topes.
“El BCR propicia que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fije para ello en ejercicio de sus atribuciones. Excepcionalmente, el BCR tiene la facultad de fijar tasas de intereses máximos y mínimos con el propósito de regular el mercado”, dice el mencionado artículo.
Alto riesgo
Por su parte, Sergio Urday Zegarra, representante de la Dirección del Sistema Financiero del Mercado de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que el costo de los microcréditos en el Perú es elevado debido a las condiciones del mercado y al alto riesgo asociado con prestar a los segmentos de menor poder adquisitivo.
“Los esquemas de microcrédito requieren un seguimiento intensivo de los deudores, lo que resulta costoso y hace que las tasas de interés sean más altas, especialmente en comparación con el tamaño de los créditos”, indicó.
Insistió en que la regulación de las tasas de interés no es la solución para reducir el alto costo del crédito. En lugar de imponer topes, abogó por fomentar la competencia en el mercado financiero, permitiendo la entrada de nuevos operadores con tecnología y herramientas innovadoras.
Mencionó la importancia de la transparencia en el sector financiero y los mecanismos disponibles para comparar tasas de interés, promoviendo así una mayor información para los consumidores.
“Cualquier intento de controlar precios, como lo hacen los topes a las tasas de interés, conlleva inevitables distorsiones en los mercados. Cuando el precio no se determina mediante la interacción de la oferta y demanda se generan desequilibrios que afectan negativamente a la economía en su conjunto”, aseguró Urday.
SBS alerta que unas 491 mil personas salieron del sistema financiero debido a la Ley de Usura
Alrededor de 491 mil personas salieron del sistema financiero desde abril del año 2021, luego que el 18 de marzo de ese año se publicó, por insistencia del Congreso de la República, la denominada Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros (Ley Nº 31143), informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Narda Sotomayor Valenzuela, superintendente adjunto encargada de Estudios Económicos de la SBS, reveló que se observa una disminución significativa en el número de deudores en el sistema financiero entre abril del 2021 y diciembre del 2023.
En abril del 2021, había un total de un millón 651 mil deudores con calificación normal y Con Problemas Potenciales (CPP) con créditos con tasas superiores al tope establecido. Para diciembre del 2023, este número había disminuido a un millón 160 mil, lo que representa una reducción de 30% en la cantidad de deudores.
De estos deudores que salieron del sistema, aproximadamente 275 mil lo hicieron debido a incumplimientos de pagos, mientras que 216 mil porque no se les renovaron los créditos ya que las tasas que habrían tenido que pagar estaban por encima del tope establecido por la regulación, precisó Sotomayor ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República.
Desaceleración
Además, se observa una desaceleración en la incorporación de nuevos deudores al sistema financiero. Antes de la vigencia de los topes a las tasas de interés, el promedio mensual de bancarización era de alrededor de 64.000 personas por mes.
Sin embargo, entre julio del 2021 y junio del 2023, este promedio se redujo a aproximadamente 61.000 personas por mes, lo que representa una pérdida de casi 3.000 clientes en términos de incorporación mensual. “Es decir, se dejaron de incorporar por cada año aproximadamente 33.000 nuevos deudores”, comentó Sotomayor.
Sin embargo, el impacto más desproporcionado es el que se da en los segmentos más pobres de la población. Antes de la vigencia de los topes, un porcentaje significativo de deudores en los quintiles de ingreso más bajos (ingresos aproximados entre S/990 y S/1.312 al mes) estaba pagando tasas de interés por encima de los límites establecidos.
Sin embargo, tras la implementación de los topes a las tasas de interés, muchos de estos deudores fueron excluidos del sistema financiero, con un porcentaje considerable abandonando el mercado.
Los que quedaron
En cuanto a la composición de los deudores que permanecen dentro del sistema, se observa un aumento en las tasas de interés para los segmentos de menores ingresos.
Por ejemplo, entre abril del 2021 y septiembre del 2022, las tasas de interés para los deudores del quintil de ingreso más bajo (S/990 al mes) aumentaron en promedio 4,5 puntos porcentuales, en comparación con aumentos de 3 a 4 puntos porcentuales para los otros quintiles.
Es decir, a los deudores que se quedaron en el sistema financiero se les afectó en más o menos un punto porcentual más al encarecerse los créditos debido a la imposición de los topes a las tasas.
“Los topes a las tasas de interés desalientan la inclusión financiera y promueven el crédito informal. También limitan la incorporación de nuevos deudores al sistema financiero y excluyen a los deudores de menores ingresos. Finalmente, encarecen el crédito de los que permanecen en el sistema financiero, en especial, de aquellos de menos ingresos”, señaló Sotomayor.
Microfinancieras
También advirtió que esta regulación afectaría negativamente a las entidades financieras, especialmente a aquellas que se especializan en atender a segmentos con mayor perfil de riesgo.La pérdida de clientes y la reducción de ingresos disminuyen la posibilidad de inclusión financiera y aumentan la prevalencia del crédito informal, lo que a su vez puede elevar las tasas de interés en este sector no regulado y generar inseguridad para los consumidores, subrayó.
Sotomayor recomendó a los legisladores la eliminación de los topes a las tasas de interés afirmando que, si bien es importante proteger a los consumidores de prácticas abusivas, estas medidas parecen tener consecuencias negativas para la inclusión financiera y el acceso al crédito, especialmente para los segmentos más vulnerables de la población.
“Es crucial que los legisladores consideren estas cifras detalladas antes de tomar una decisión final sobre los proyectos de ley”, concluyó.
FEPCMAC advierte sobre alarmante crecimiento de créditos informales en el país
Entre S/5.000 millones y S/6.000 millones anuales se otorgan en créditos informales a través de esquemas como el ‘gota a gota’ o las casas de empeño, advirtió el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Solís Espinoza.
Afirmó que dichos créditos son otorgados a aproximadamente 2 millones de personas, cifra que subraya la magnitud del mercado informal de créditos en el país y la importancia de abordar sus implicaciones.
Una encuesta realizada por el Banco Central de Reserva (BCR) revela que los clientes excluidos del sistema financiero recurren al crédito informal, donde las tasas de interés pueden alcanzar niveles alarmantes de entre 792% y 2.230% anual. Además, expone a las personas a métodos de cobranza ilegales vinculados con los denominados préstamos ‘gota a gota’.
Casas de empeño
La FEPCMAC expresó su desacuerdo con la Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIFP), según la Resolución SBS Nº 00650-2024 publicada el 26 de febrero último.
Esta resolución busca regularizar y supervisar las actividades financieras relacionadas con las casas de empeño y préstamos, que vendrían a funcionar como parte formal del conocido esquema ‘gota a gota’, afirmó Solís.
Consideró que la mencionada resolución de la SBS se contrapone a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro (Ley N° 26702).
“Esta aprobación podría fomentar la informalidad en el sistema financiero, contraviniendo los principios de transparencia y estabilidad que rigen la ley”, subrayó.
La preocupación central de la FEPCMAC radica en la falta de transparencia sobre la procedencia del capital utilizado en estas empresas de préstamo y empeño. “La resolución no exige una evaluación rigurosa de los fondos utilizados para crear estas entidades financieras informales, lo que podría propiciar la proliferación de prácticas financieras riesgosas y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a la criminalidad asociada con el ‘gota a gota’”, advirtió.
Según datos recabados por la FEPCMAC, más de 2.000 empresas operan bajo esta modalidad en el país, utilizando nombres que pueden inducir a confusión, como ‘banco’, ‘financiera’ o ‘cooperativa’. Esta proliferación de entidades informales destaca la urgencia de abordar la problemática con medidas regulatorias más estrictas.
En este sentido, Solís instó a las autoridades a establecer un plazo para que estas empresas salgan del mercado y luego se reincorporen de manera adecuada, transparentando el origen de su capital y formalizándose como personas jurídicas. Este enfoque, según él, promovería el crecimiento del sistema financiero formal y contribuiría a combatir la informalidad.