Fortalecer y promover un servicio civil basado en el mérito es una de las estrategias sugeridas por expertos para lograr una gestión pública más eficiente, transparente y profesional, lo que permitirá ofrecer mejores servicios y políticas públicas a la ciudadanía. Este tema fue ampliamente debatido en la sesión «Meritocracia y su impacto en la gestión pública», que tuvo lugar el segundo día de CADE Ejecutivos, el principal foro empresarial del Perú organizado por IPAE Acción Empresarial.
La discusión fue moderada por Mercedes Araoz, Profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, y contó con la participación de Francisco Longo, Profesor del Centro de Gobernanza Pública de Esade, y Alejandro Weber, Decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
Francisco Longo inició el panel destacando la importancia de contar con una administración pública meritocrática para garantizar un Estado de calidad. Según Longo, todas las partes involucradas en el funcionamiento del Estado se benefician de un sistema público basado en el mérito, incluyendo a los gobernantes, servidores públicos, ciudadanos y usuarios de los servicios públicos, así como los mercados y la economía en general.
Alejandro Weber coincidió con Longo, añadiendo que un sistema meritocrático en el Estado tiene un impacto directo en el crecimiento económico y el desarrollo del país, mejora los servicios públicos y genera confianza en las instituciones. Según Weber, un Estado con mayor mérito y capacidades institucionales es esencial para el crecimiento económico, la mejora de los servicios a los ciudadanos y la construcción de confianza, especialmente dado que la relación entre el sector público y privado ha sufrido un deterioro en muchos países.
Weber también mencionó que la meritocracia tiene otros beneficios, como la reducción de la corrupción, la mejora de la legitimidad y la cohesión social. Subrayó la importancia de contar con autoridades públicas competentes y de atraer a las mejores personas al sector público.
Otro aspecto importante abordado fue la profesionalización del empleo público. Para Longo, esto implica un acceso competitivo basado en la capacidad y idoneidad, estabilidad laboral, protección contra la arbitrariedad y oportunidades de carrera vinculadas al rendimiento. También subrayó la importancia de la flexibilidad, que permita adaptarse a las directrices gubernamentales, eliminar privilegios, evitar la burocracia corporativista y adoptar prácticas de gestión avanzadas, premiando el desempeño.
Longo sugirió crear una «escalera de meritocracia flexible», que comience con la organización de normas, estructuras y sistemas de información, continúe con el reclutamiento abierto y la selección por mérito, y finalice con la gestión efectiva del talento y el rendimiento, incentivando la eficacia y eficiencia.
En cuanto a la experiencia chilena, Weber señaló las dificultades que enfrenta el servicio público en Chile, especialmente en áreas como los incentivos a la inversión, la calidad de los servicios de educación y salud, y la lucha contra la delincuencia. Para Weber, una de las reformas más urgentes en países como Chile y Perú es la modernización del Estado, particularmente en lo que respecta al empleo público, ya que es un factor clave para el desarrollo.
Finalmente, Mercedes Araoz coincidió en que es fundamental una reforma del servicio público para promover el desarrollo económico, institucional y social del país. Llamó a la sociedad civil organizada a impulsar una reforma orientada a un servicio civil meritocrático, flexible y descentralizado, con gestores públicos altamente capacitados en las regiones que tengan poder de decisión.