(*) Artículo publicado en la edición 222 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M222.pdf.
Por Javier Parker Chávez
El Banco Central de Reserva (BCR) publicó en mayo el estudio que actualiza las cifras del impacto negativo que ha tenido la llamada Ley de Usura, elevando a más 542 mil los clientes de créditos de consumo y MYPE que han sido excluidos del sistema financiero o no fueron bancarizados desde la vigencia de dicha ley en mayo del 2021.
El estudio anterior del BCR, presentado en mayo del 2022, daba cuenta de 226 mil clientes afectados en el primer año de vigencia de la Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros (Ley Nº 31143), conocida como Ley de Usura.
El significativo incremento en 316 mil afectados entre los meses de marzo de los años 2022 y 2024 debería ser una llamada de atención para el Congreso de la República, cuya Comisión de Economía aprobó, el 17 de abril, el proyecto de ley que suspende por cinco años a la Ley de Usura.
Por su parte, la Comisión de Defensa del Consumidor, que también debía emitir un dictamen, no lo ha hecho pese a que el mencionado proyecto de ley llegó a este grupo de trabajo en noviembre del año pasado. Que no haya tomado una decisión hasta ahora no solo ha retrasado su debate en el Pleno sino, lo que es peor, podría entramparlo.
Sin embargo, el ‘silencio’ de esta comisión no llama la atención si recordamos que, como lo hicimos notar en el editorial de Microfinanzas de marzo (edición 220), casi no quedaban congresistas dispuestos a escuchar a los representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), del BCR y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuando expusieron el daño que había hecho a la inclusión financiera el tope a las tasas de interés, porque la mayoría ya se había marchado de la sesión.
Es en este escenario que, a pocos días de que finalice la Legislatura Ordinaria 2023-2024, la Junta de Portavoces deberá decidir si el citado proyecto ingresa al Pleno, algo que es incierto al cierre de esta edición.
La responsabilidad que tiene la Junta de Portavoces o la Comisión Permanente, si el proyecto de ley no se aprueba en las pocas sesiones del Pleno que quedan en esta legislatura, es enorme si recordamos que muchos de los que no califican para acceder a un crédito formal terminan acudiendo al mercado informal donde las tasas que se cobran son infinitamente mayores y además corren el riesgo de extorsión.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 25% de las personas que antes accedían a créditos formales de consumo, así como el mismo porcentaje de microempresas, se desplazaron al crédito informal por la Ley de Usura; y, el 22% de los créditos informales que se entregan son bajo la modalidad delictiva del ‘gota a gota’. Además, es precisamente el acceso al crédito formal lo que permite a los bancarizados salir de la pobreza.
De otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) terminó por confirmar la cifra del incremento de la pobreza en Perú, que subió del 27,5% de la población en el 2022 al 29% el año pasado. Los pobres ahora suman 9,78 millones en el país.
Lejana se ve la cifra de 20,2% de pobreza que tuvo Perú en el año 2019, antes de la pandemia. Que haya llegado a 29% nos hace retroceder a niveles de hace 13 años, cuando en el 2010 pobre era el 30,8% de la población. El descalabro de este indicador económico es más desgarrador si se tiene conciencia de que ha sido principalmente autoinfligido y, lo que es peor, por las razones equivocadas.
Por ello, este incremento no debe sorprender a nadie, era algo que se esperaba que sucediera desde las últimas elecciones presidenciales, cuando se optó por una opción electoral tan demagógica como peligrosa.
Ello no solo terminó por espantar a la ya declinante inversión privada que había en el país, sino que el desgobierno, la corrupción y violentas protestas con fines golpistas dañaron aún más a los emprendedores que habían resistido los embates de la pandemia y de la desaceleración económica.
En el 2023, fueron 596 mil los peruanos que cayeron en la pobreza respecto al 2022, y suman 3,29 millones más en relación con el nivel prepandemia. La pobreza extrema del año pasado (5,7% de la población), aumentó en 249 mil peruanos respecto al 2022 (5%), y en 991 mil con relación al nivel prepandemia (2,9%).
Si bien el incremento de la pobreza y extrema pobreza se explica en parte por la alta inflación que sufrió Perú en los 2 años previos, menor hubiera sido el impacto si antes y durante este escenario inflacionario, el país hubiera seguido creciendo a tasas superiores al 5% anual que tuvo hasta el 2013.
Pero ¿por qué no pudimos seguir creciendo a esas tasas? La respuesta es obvia, sin inversión privada, principalmente la minera, no habrá crecimiento del empleo formal, mejora de las condiciones de vida y de los ingresos de los peruanos; así, ante cualquier otra crisis inflacionaria quedarán expuestos a retornar a la pobreza.
Por ello, ante estas cifras que perturban, vale la pena volvernos a preguntar como lo hicimos en el editorial de Microfinanzas de diciembre del 2022 (edición 205) durante las violentas protestas que siguieron al intento de golpe: ¿Habremos aprendido la lección?