El informe Propuestas del Bicentenario identifica que la baja inclusión financiera y la escasa organización son los nudos críticos del sector. Con solo el 8.4% de productores accediendo a crédito y un 7.3% asociado, se perpetúa la baja productividad. La Ley de Compras Estatales representa una oportunidad, pero exige asociaciones fuertes.
(*) Artículo publicado en la edición 239 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M239.pdf
La agricultura familiar representa el 95,4 % de las unidades agropecuarias del país, según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024, y aporta más de la mitad de los alimentos que consumen los peruanos. Sin embargo, esta centralidad económica y alimentaria contrasta con una realidad de precariedad: la mayoría de estos productores vive en condiciones de subsistencia, con baja productividad, escaso acceso al crédito y sin conexión a mercados rentables.
Un informe de la iniciativa Propuestas del Bicentenario, elaborado por el Instituto Videnza, detalla cómo esta agricultura, que podría ser un motor de desarrollo, sigue atrapada en un círculo vicioso de pobreza rural.
Una agricultura de subsistencia y baja productividad
La agricultura familiar en Perú se define como el modo de vida y producción gestionado por una familia, cuyos miembros constituyen la principal fuerza laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta categoría incluye a todas las unidades agropecuarias menores de diez hectáreas estandarizadas que no contratan mano de obra permanente. De ellas, cerca del 80% se encuentra en categorías de subsistencia, con menos de dos hectáreas, sin acceso a riego ni semillas certificadas.
Este modelo de producción, centrado en el autoconsumo y la venta informal, se concentra mayoritariamente en la sierra del país. Departamentos como Puno, Huancavelica y Cajamarca lideran los índices de precariedad: en Puno, el 81,9% de las unidades está en situación de “subsistencia crítica”, mientras que en Huancavelica y Cajamarca esa cifra supera el 60%. Estas unidades, además, tienen un promedio de 1,8 hectáreas estandarizadas, lo que limita su capacidad productiva y su inserción en cadenas de valor más rentables.
La falta de titulación de tierras agrava aún más esta situación. Solo el 14,6% de las unidades familiares cuenta con al menos una hectárea con título inscrito en registros públicos. En Puno, esa cifra cae al 2,6%. Esta informalidad limita el acceso al crédito formal, ya que los agricultores no pueden usar sus tierras como garantía, y reduce su capacidad de inversión.
Crédito, ingresos y mercados: un círculo vicioso
El acceso al crédito formal es una de las principales barreras para la agricultura familiar. Según el informe, solo el 8,4% de las unidades solicitó algún tipo de crédito en 2024, y aunque el 94,5% lo obtuvo, esta cifra esconde una realidad más compleja: la mayoría de los agricultores no accede al sistema financiero por falta de garantías, altas tasas de interés o desconocimiento. Como señala el informe elaborado por Videnza, la baja inclusión financiera es tanto un problema de demanda como de oferta.
Las cajas municipales, Agrobanco y la banca privada son las principales fuentes de financiamiento, pero con cobertura limitada. En regiones como Cusco y Junín, predominan las cajas municipales, mientras que en Ancash, Agrobanco concentra más del 67% de los créditos. Sin embargo, estos mecanismos no alcanzan a la mayoría de productores, especialmente a los más pobres o alejados de los centros urbanos.
Esta falta de financiamiento impacta directamente en la generación de ingresos. El valor bruto de producción (VBP) por hectárea cosechada en la agricultura familiar es de S/ 5,386, pero con grandes brechas regionales. Mientras en Junín el VBP alcanza los S/ 8,931, en Puno apenas llega a S/ 2,222. Esta disparidad refleja no solo diferencias en productividad, sino también en acceso a tecnología, infraestructura y mercados.
La dificultad para acceder a mercados formales es otra traba estructural. Solo el 21,8% de la agricultura familiar de subsistencia destina más del 50% de su producción a la venta, y apenas el 45,7% accede a mercados regionales, agroindustria o exportación. Como advierte el estudio, la probabilidad de que un agricultor familiar venda en mercados dinámicos es solo del 3%, lo que lo condena a comercializar en mercados informales de bajo valor.
Asociatividad y políticas públicas: ¿insuficientes o mal dirigidas?
El Estado peruano ha implementado diversas políticas para fomentar la asociatividad y mejorar el acceso a mercados. Leyes como la N° 31071 (de compras estatales a la agricultura familiar) y programas como Agroideas y Agrorural buscan fortalecer la organización de los productores e insertarlos en cadenas de valor. Sin embargo, los resultados son limitados.
A 2024, solo el 7,3% de los agricultores familiares pertenece a una asociación, cooperativa o comité. Entre los que están organizados, el 71,7% considera que no ha logrado acceder a mercados locales, y el 96,5% no ha accedido a mercados externos. La formalización de estas organizaciones es costosa y requiere de asesoría legal, gastos notariales y capacidades gerenciales que muchos agricultores no poseen.
Además, los programas públicos han mostrado una cobertura reducida y una sostenibilidad limitada. Agroideas, por ejemplo, ha mejorado ingresos y activos productivos durante su ejecución, pero sus efectos se diluyen tras el retiro del financiamiento. La Ley de Compras Estatales, por su parte, ha generado una demanda pública inicial, pero los volúmenes adquiridos aún representan un bajo porcentaje del presupuesto total destinado a alimentos.
Analistas como Fernando Eguren y Armando Mendoza señalan que el fortalecimiento de la agricultura familiar no solo es clave para la seguridad alimentaria, sino también para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, advierten que mientras la pobreza siga siendo una característica del hogar agropecuario, las decisiones de inversión y mejora productiva seguirán postergadas.
El crédito como la llave para las oportunidades
Según el informe “Agricultura familiar en el Perú: caracterización, problemática y oportunidades”, existe una ventana de oportunidad para transformar este sector mediante políticas públicas orientadas a masificar el crédito formal, fortalecer la asociatividad y mejorar la conexión con mercados locales y estatales.
Una de las principales barreras que enfrentan los pequeños productores es el acceso limitado al crédito formal. Para hacer frente a esto, expertos como Carlos Cevallos y Ana Paula De la O Campos señalan que ampliar el acceso a cuentas de ahorro, microcréditos y seguros agropecuarios podría mejorar la liquidez de los hogares rurales y reducir su vulnerabilidad ante eventos climáticos o fluctuaciones de precios.
Otro camino clave es el fortalecimiento de la asociatividad. Según el estudio de Videnza, la Ley N° 31071, que establece que al menos el 30% de las compras estatales de alimentos debe provenir de la agricultura familiar, representa una oportunidad para integrar a estos productores al mercado público, pero requiere de asociaciones fuertes y bien gestionadas que puedan cumplir con estándares de calidad, volumen y trazabilidad.
La promoción de servicios de extensión agraria también es fundamental. Actualmente, solo el 2,7 % de los agricultores familiares recibió asistencia técnica en los últimos tres años. Esta ausencia de acompañamiento limita la adopción de tecnologías como riego tecnificado, semillas certificadas o prácticas agrícolas sostenibles. Según Eguren y Mendoza, una estrategia de extensión diferenciada por tipo de agricultura —subsistencia, intermedia o consolidada— podría mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria, especialmente en zonas rurales donde la pobreza y la malnutrición siguen siendo altas.
