Capeco propuso que se constituya una nueva empresa pública, con un diseño organizacional y financiero muy distinto al del Fondo Mivivienda, que se haga cargo de la gestión del suelo estatal para promover la oferta formal de vivienda.
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) advirtió de que, si continuara la tendencia de colocación de los créditos hipotecarios financiados por el Fondo Mivivienda que se presentó en los 7 primeros meses del año, se terminaría el 2023 con una disminución de 23,6%.
“En el reciente relanzamiento del Fondo Mivivienda no se señaló nada respecto a las trabas que están poniendo las municipalidades para la continuidad de proyectos de vivienda de interés social (VIS) que se acogieron al Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación antes de la sentencia del Tribunal sobre la aplicación de esta norma, la cual ha sido interpretada por los gobiernos locales de manera antojadiza”, alertó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.
“Tampoco se dijo nada sobre la entrada en vigencia del Código de Construcción Sostenible que, en buena cuenta, plantea mayores exigencias a las que regían en el crédito Mivivienda Verde, el producto más exitoso del Fondo Mivivienda y la iniciativa de sostenibilidad que más rápidamente logró la adhesión de promotores, instituciones financieras y ciudadanos”, comentó.
Operador Público de Suelo
A Capeco también le preocupa que no se señale nada sobre la función del Operador Público de Suelo que fue asignada al Fondo Mivivienda a través de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
El gremio propuso que se constituya una nueva empresa pública, con un diseño organizacional y financiero muy distinto al del Fondo Mivivienda, que se haga cargo de la gestión del suelo estatal para promover la oferta formal de vivienda.
“El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) parece ir por otro camino también recorrido sin éxito anteriormente, de subastar terrenos ad-corpus y sin la lógica de integración urbana y social que está detrás de la figura del operador público de suelo”, alertó Valdivia.
Asimismo, Capeco advirtió que no se conoce a ciencia cierta los fondos adicionales que se asignarán a programas de vivienda en lo que queda del año –para acercarse lo más posible a las metas de colocación de subsidios y créditos– y en el Presupuesto del Sector Público del próximo año.
ANIN
Sobre las obras públicas y su problemática en el país, Capeco considera que el Gobierno nacional y el Congreso de la República parecen haber entregado a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) un rol relevante a la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado (LCE).
“Sin embargo, hay una contradicción muy clara en tal estrategia, porque uno de los aspectos más notorios de la Ley que crea la ANIN es exonerar a esta entidad de la aplicación de la normativa de contratación pública”, indicó Valdivia.
Para Capeco, es fundamental tener una visión integral para atender los desafíos que abarcan las grandes obras públicas. “Sin esta visión integral que analice y encuentre soluciones definitivas a cientos de proyectos paralizados, postergados o mal ejecutados, y sin una voluntad política para llegar a acuerdos, ningún esfuerzo aislado como la ANIN o la nueva LCE tendrá un verdadero impacto”, señaló.
Prioritarios
Capeco también afirmó que en el Mensaje de Fiestas Patrias y la invitación al diálogo de la presidenta Dina Boluarte, se extrañó un sentido de prioridad a todas las obras y proyectos anunciados. “Es prácticamente imposible que todos los ofrecimientos puedan cumplirse en el corto plazo y existan recursos suficientes para financiarlos”, aseguró Valdivia.
Para Capeco, la propuesta más ambiciosa del mensaje fue el ofrecimiento de convocar a actores sociales al Acuerdo Nacional para trabajar de manera conjunta un plan de reformas políticas. Es por eso que la Cámara ve con moderado optimismo esta iniciativa de la presidenta.
En reciente conversación sostenida con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, Capeco solicitó su incorporación al Acuerdo Nacional y le hizo notar la pertinencia de incluir dentro de la agenda de reformas, un conjunto de medidas destinadas a la modernización de la actividad constructora.
También señaló que era muy urgente abordar aspectos puntuales de la problemática sectorial, por lo que Otárola ofreció constituir una Mesa de Trabajo público-privada de la que formarán parte, además de la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las carteras vinculadas a la construcción.