- Artículo publicado en la edición 242 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M242.pdf
- En Perú, donde el 86% de la población teme ser víctima de un delito, la efectividad de la Policía Nacional (PNP) es una cuestión de seguridad y de buena gestión pública. Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) examinó cómo se mide y evalúa el desempeño de los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) en Lima Metropolitana durante 2024, enfocándose en cuatro unidades clave: Jesús María, Independencia, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores.
- La investigación buscaba no solo describir estos procesos, sino identificar los factores que los condicionan y limitan su eficacia. Las conclusiones revelan un sistema de monitoreo fragmentado y disfuncional, que opera con un termómetro roto para medir su propio trabajo, ofreciendo una imagen distorsionada de la lucha real contra la delincuencia, revela el estudio “Gestión del monitoreo y evaluación del desempeño policial de los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) en Lima Metropolitana”.
Un sistema en desorden
- El proceso de monitoreo en los Depincri se basa en registrar la “producción policial”. Este circuito inicia con una intervención, tras la cual se elabora una nota informativa que debe subirse al sistema digital SICPIP en menos de dos horas.
- Para consolidar estos datos, todas las unidades utilizan Microsoft Excel. Sin embargo, ya aquí surgen las primeras disparidades que revelan el documento de la PUCP: mientras la mayoría usa planillas básicas, el Depincri Jesús María emplea un archivo automatizado con macros, sugiriendo brechas tecnológicas entre unidades de una misma institución.
- El problema central es la falta de estandarización. La PNP no provee lineamientos únicos sobre qué indicadores deben reportar los Depincri, lo que genera un mosaico de métricas donde cada unidad decide, de manera autónoma, qué más registrar.
- Así, mientras todos consignan datos básicos como “cantidad de detenidos” o “armas incautadas”,algunos han incorporado indicadores propios más afines a su labor investigativa. Por ejemplo, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores registran el “número de carpetas fiscales en trámite”.
- Esta diversidad se replica en los procesos de depuración de datos. Aunque la normativa asigna esta tarea a la dirección de tecnología de la PNP, cada Depincri aplica sus propias reglas internas para limpiar información duplicada o errónea.
- La coordinación para reportar información también es irregular. Unidades como Independencia y San Juan de Miraflores se articulan con comisarías para validar datos, mientras que Jesús María solo reporta a su división, que actúa como intermediario único, aislando al Depincri de un flujo directo de información.
- El hallazgo más crítico es que los indicadores oficiales priorizan la “producción” (detenciones, incautaciones), un modelo heredado del trabajo preventivo de las comisarías. Esto invisibiliza el núcleo del trabajo de un Depincri: la investigación criminal compleja y de largo aliento.
- Los propios efectivos señalan esta incongruencia. Denuncian que no existen métricas que capturen la experiencia profesional invertida en las diligencias o que reflejen la carga real de trabajo, como la gestión de decenas de expedientes fiscales por investigador.
- El resultado es un sistema que mide actividad, no impacto. Se premia la cantidad de intervenciones, pero se desconoce la calidad de las investigaciones y su contribución final al sistema de justicia, proyectando una visión parcial y engañosa del desempeño policial.
Deficiencias estructurales
Cuatro factores estructurales explican esta situación disfuncional. El primero es la ausencia de directivas específicas para el monitoreo y evaluación. La normativa existente es insuficiente y deja a discreción del personal cómo recolectar, organizar y entregar la información.
- Esta falta de protocolos ha tenido consecuencias concretas, como vacíos de información histórica en dos Depincri debido a una falta de relevo entre encargados, obligando a reconstruir datos desde cero.
El segundo factor es un déficit de capacitación digital. Aproximadamente el 15% del personal en las unidades estudiadas no maneja Excel a nivel básico. Esta brecha convierte el procesamiento de datos en una tarea lenta y onerosa, en lugar de una herramienta ágil de gestión.
En tercer lugar, existe una grave falta de interoperabilidad entre los múltiples sistemas informáticos de la PNP (SIRDIC, SICPIP, SIDPOL, E-SINPOL). Los policías reportan módulos de difícil acceso e inconsistencias entre las bases de datos.
- Esta fragmentación tecnológica fuerza a duplicar esfuerzos: la misma información de un caso debe ingresarse en varios sistemas y, a menudo, también en registros físicos. Un tiempo valioso que debería dedicarse a la investigación se pierde en burocracia digital.
El cuarto factor es la aplicación de metodologías de medición rígidas y estandarizadas que ignoran las particularidades de cada distrito. La realidad delictiva y operativa de San Juan de Lurigancho no es la misma que la de Jesús María, pero se les exige medir lo mismo.
Además, la fijación de metas suele responder a un criterio arbitrario de incremento constante (“el año pasado hubo X, este año debe haber X+1”), sin un análisis técnico que considere la coyuntura delictiva o la capacidad operativa.
La combinación de estos factores crea un círculo vicioso: el monitoreo se percibe como una carga administrativa más que como una herramienta útil, generando datos de calidad cuestionable que poco sirven para tomar decisiones o mejorar el desempeño real.
En esencia, la PNP carece de los instrumentos básicos para realizar una autoevaluación rigurosa.Sin datos confiables, es imposible optimizar recursos, rendir cuentas claras o diseñar estrategias basadas en evidencia para combatir el crimen.
Brechas operativas
- El trabajo de un Depincri, para ser efectivo, requiere recursos especializados y debe apuntar a un resultado concreto: investigaciones tan sólidas que sustenten peticiones formales ante el sistema judicial, como la prisión preventiva.
- Esta medida, aunque no es automática, es crucial en casos complejos. Impide que los investigados huyan y permite profundizar la recolección de pruebas, como se vio en el caso exitoso de “Los Intocables del Sur”.
- Sin embargo, las estadísticas muestran que este resultado es la excepción. En 2021, porcentajes alarmantes de detenidos por los Depincri fueron liberados tras las primeras diligencias: 93% en Jesús María, 77% en Independencia y 72% en San Juan de Lurigancho.
- Esta tendencia se mantuvo en los años siguientes, lo que indica una brecha persistente: alta actividad operativa no se traduce en sustentación probatoria suficiente para lograr medidas judiciales coercitivas.
- El sistema de monitoreo actual es ciego a esta brecha. No existe un indicador que mida, por ejemplo, revela el documento, la “cantidad de investigados que reciben prisión preventiva”, una métrica que revelaría la calidad real y el impacto de las investigaciones.
Según el estudio, actualmente, se mide el esfuerzo (detenciones), pero no el fruto de ese esfuerzo (investigaciones que prosperan en los tribunales). Se contabilizan insumos y actividades, pero no resultados ni impacto en la seguridad ciudadana.
Por lo tanto, es imperativo una reformulación total de los parámetros de medición. “Se necesitan indicadores que evalúen la contribución de los Depincri a la cadena de justicia, más allá del registro de acciones policiales aisladas”.
- La modernización de la gestión policial pasa, ineludiblemente, por diseñar un sistema de evaluación que capture si el trabajo investigativo está logrando su fin último: llevar a los responsables de delitos ante la justicia y contribuir a reducir la impunidad.
Evaluación a ciegas: El sistema que impide medir la real efectividad de la Policía investigadora
- El estudio “Gestión del monitoreo y evaluación del desempeño policial de los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) en Lima Metropolitana” revela que la Policía Nacional del Perú (PNP) opera sin un termómetro confiable para evaluar su trabajo más especializado: la investigación criminal. La conclusión es contundente: el sistema de monitoreo actual está quebrado, prioriza lo accesorio y oculta lo esencial, dejando a la institución y a la ciudadanía sin saber realmente cuán efectiva es su fuerza investigadora.
La investigación publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), centrada en cuatro Departamentos de Investigación Criminal de Lima, identifica un catálogo de deficiencias que explican esta opacidad:
- No existe un manual único que defina qué deben medir estas unidades, lo que genera un caos de indicadores distintos en cada distrito.
- La capacitación digital del personal es insuficiente y los sistemas informáticos no conversan entre sí, atascando a los efectivos en una burocracia de datos duplicados.
- Para colmo, se aplica una receta estándar de evaluación a realidades policiales y delictivas completamente distintas.
El efecto más perverso de este sistema disfuncional es que mide la actividad, pero no el impacto.Se contabilizan detenciones e incautaciones –métricas propias del patrullaje preventivo–, pero se ignora por completo el resultado final del trabajo investigativo: ¿Cuántas de esas investigaciones logran que la Fiscalía presente una acusación sólida? ¿Cuántas consiguen que un juez dicte prisión preventiva para los implicados? El estudio señala que la ausencia de un indicador como “investigados que reciben prisión preventiva” es sintomática de un enfoque erróneo.
Esta desconexión no pasa desapercibida para los propios investigadores policiales. Ellos denuncian que su labor compleja –la gestión de carpetas fiscales, la construcción de teorías del caso, la presentación de pruebas– queda fuera del radar de la evaluación oficial. Se les juzga por la cantidad de intervenciones, no por la calidad de sus pesquisas, lo que genera frustración y desvirtúa el propósito de su unidad.
Frente a este vacío, el informe destaca un fenómeno significativo: la innovación desde abajo. Algunos Depincri, reconociendo la insuficiencia de los parámetros oficiales, han creado sus propias métricas para capturar su trabajo real e impulsan coordinaciones para homogeneizar criterios. Esto demuestra una búsqueda interna de rigor y una clara demanda por herramientas de gestión útiles.
Las conclusiones del estudio son un llamado a una reformulación integral. La modernización de la gestión policial, un pilar de la política pública actual, será incompleta si no se rediseña el corazón del sistema de evaluación. Se requiere un nuevo conjunto de indicadores que trasciendan el mero registro de actividades y capturen la contribución real de la policía investigadora a la cadena de justicia: la reducción de la impunidad.
En el ámbito económico, se sabe que lo que no se mide, no se puede gestionar ni mejorar. Este principio es crítico para la seguridad ciudadana, un servicio público fundamental. Mientras la PNP no pueda medir con precisión la efectividad y el impacto de sus unidades de investigación,cualquier esfuerzo de modernización y asignación de recursos seguirá basándose, en gran medida, en intuiciones y no en evidencia. La rendición de cuentas y la eficiencia en el combate al crimen exigen, como primer paso, contar con el termómetro adecuado.
- El estudio de la PUCP ha diagnosticado la fiebre; ahora corresponde al Estado proveer el instrumento para medirla y curarla.