(*) Artículo publicado en la edición 206 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M206.pdf.
Por Javier Parker Chávez
javier.parker@microfinanzas.pe
A casi dos meses del intento de golpe de Estado del ahora preso expresidente Pedro Castillo, quien no solamente deberá enfrentar cargos en su contra por su intento de subvertir el orden constitucional, sino también por todos los casos de corrupción en los que estuvo involucrado en su efímero, vergonzoso y delictivo gobierno, la democracia peruana sigue resistiendo con gran estoicismo los embates de sus intolerantes e intransigentes huestes, de extremistas que intentan imponer por la fuerza de la violencia y de la intimidación lo que no pudieron lograr con la razón y los votos que obtuvieron en la última elección presidencial, su antidemocrática agenda política.
Esta es una perfecta simbiosis de grupos a los que solo les une el hecho de cometer diferentes tipos de delitos, desde rezagos del grupo terrorista Sendero Luminoso camuflados en frentes de defensa y otras organizaciones cívicas y gremiales de fachada; hasta sectores de la economía ilegal, con los cuales se le vinculó a Castillo en sendas denuncias periodísticas aun desde antes de ser elegido presidente, y de las que nunca quiso hacer un claro deslinde, ni antes ni después, con su ya clásica “Me están terruqueando(*)”.
Entre los sectores de la economía ilegal se encuentran los grandes carteles del contrabando que siempre han operado con gran impunidad en la frontera con Bolivia; también están los mineros ilegales que extraen oro en Madre de Dios aniquilando sus bosques y la vida de las personas que se les oponen; así como el narcotráfico que opera en esas zonas del país y que ahora debe estar haciéndolo con absoluta impunidad, sacando mucho provecho de la “distracción” a la que están sometidas las fuerzas del orden.
Lamentablemente, a ellos se suman pobladores de comunidades rurales y de provincias alejadas del país los que, por esta misma condición, no han recibido o lo han hecho en menor medida, los beneficios que ha traído el extraordinario desarrollo económico que tuvo el Perú en las dos primeras décadas de este siglo.
Porque sí ha habido una gran reducción de la pobreza y extrema pobreza en el país y prosperidad, pese a que muchos agitadores políticos lo niegan, lo cual puede constatarse fácilmente revisando cómo han evolucionado los índices correspondientes y los demás indicadores económicos en lo que va del presente siglo.
Pese a esto último, no se puede dejar de advertir que la pobreza aún es alta y desafortunadamente ha aumentado en los últimos tres años por la pandemia y, lo que es inaceptable, por la corrupción, la incertidumbre e inestabilidad política, así como por los planificados y violentos ataques al desarrollo de masivos proyectos de inversión, como los mineros que cumplían con todos los requisitos legales para su realización incluidos los medioambientales, y que han sido sistemáticamente atacados también, ¡qué coincidencia!, con deleznables y descaradamente falsos argumentos medioambientales, por aquellos que se han puesto del lado de los que ahora ocasionan la violencia en el país.
Pero, en este caso, y en todo lo que respecta al falso argumento de que el crecimiento económico solo ha beneficiado a unos pocos y, por lo tanto, el modelo que promueve la inversión privada es malo, vale la pena detenerse para hacer una reflexión: ¿cómo debemos ver el vaso si está a medio llenar cuando antes estaba vacío? ¿debemos verlo medio lleno o medio vacío?
Pues, hay grupos que denuncian bajo el filtro de su posición ideológica, contraria al modelo económico que promueve la inversión privada, que el vaso está medio vacío y, lo que es peor, lo quieren vaciar del todo para llenarlo “a su manera” culpando a aquello que ha permitido empezar a llenarlo precisamente del hecho de que no esté todo lleno. ¿No son acaso también ellos los que están detrás de esta asonada?
También vale la pena detenerse, sobre todo por tratarse de algo tan importante como sensible, en por qué una parte de los habitantes de comunidades rurales y provincias alejadas del país se han plegado, ellos mayoritariamente en forma pacífica, a las protestas azuzadas violentamente por grupos radicales.
Y la respuesta es que, teniendo demandas legítimas y muchas necesidades por atender, por el mismo hecho de estar alejados del acceso a información real y contrastable, han sido tierra fértil para el engaño y la manipulación de grupos extremistas y antidemocráticos que han podido exacerbar ese descontento y frustración con inquina.
De otra manera no se explica que enarbolen demandas políticas en lugar de sociales y, sobre todo, en temas tan complejos como los constitucionales. Cuando se les pregunta a estos mismos ciudadanos para qué quieren convocar a una asamblea constituyente y cambiar la Constitución de 1993, que dicho sea de paso fue aprobada mediante referéndum, responden mayoritariamente de una forma cándida con argumentos inverosímiles como deliberadamente falsos.
Y esta inocencia se hace aún más patente cuando se trata de asuntos tributarios y económicos, como el pago de impuestos por parte de empresas formales como las mineras o la razón de ser de los contratos ley que garantizan la estabilidad jurídica y tributaria de las inversiones, mientras que maliciosamente se les presenta como instrumentos para el no pago de impuestos y “saqueo” de nuestros recursos naturales.
Y justamente en esas respuestas queda más en evidencia cuál es el origen perverso de esos argumentos falsos y quiénes están detrás de los mismos.
Esto no es nuevo, los que hemos recorrido las regiones del sur del país desde hace años sabemos que esa campaña de incitación en contra de la democracia, de la inversión privada y de todo lo que nos ha permitido crecer en paz lleva ejecutándose por lo menos durante las dos últimas décadas, y hoy está dando sus envenenados frutos.
El Perú está de duelo, y los responsables son los que empujaron a compatriotas a levantarse en armas en contra el Estado de derecho y la democracia con exigencias que transgreden el ordenamiento jurídico del país.
También son responsables los que los han apoyado y aún los apoyan, y los que quieren sacar réditos políticos de las trágicas muertes culpando al Gobierno de estas.
Todos fuimos advertidos de lo que iba a suceder y nada de lo que pasa ahora debe sorprendernos, ni siquiera la intensidad con la que está sucediendo. Tuvieron más tiempo y recursos del Estado para prepararse mejor. El guion ya estaba escrito y lo conocíamos, pero muchos prefirieron hacer un pacto con el diablo. Ahora el diablo nos pasa la factura a todos.
Desde Microfinanzas hacemos votos para que al final del oscuro túnel haya una luz de esperanza y las diferencias se puedan solucionar pacíficamente.
Para ello, los peruanos de buena voluntad que creemos en la democracia como la única forma de convivir en paz y prosperidad, estamos en la obligación de deslindar de aquellos que no quieren una solución de las diferencias por la vía pacífica, sino más bien exacerbar nuestras diferencias por ruines propósitos políticos en lugar de exaltar lo que nos une como nación.
Más que nunca tenemos la responsabilidad de denunciar a aquellos que engañan al pueblo sembrando el odio y el resentimiento para enfrentarnos a peruanos contra peruanos. Callar nos hará cómplices de todo aquello que nos quiere llevar a nuestra propia destrucción como sociedad democrática y a la pérdida de nuestra libertad.
Tampoco debemos quedarnos callados ante tanta información deliberadamente manipulada y tendenciosa, y también escandalosamente falsa, que busca culpar a las fuerzas del orden de abusos a los Derechos Humanos con argumentos falaces como el “uso desproporcionado de la fuerza”, cuando lo que estamos viendo es que el trágico costo en vidas humanas se eleva precisamente porque no se tomó desde un inicio la decisión de poner orden con energía y haciendo respetar los Derechos Humanos de toda la población cuya vida y salud está secuestrada por quienes han hecho de la violencia una forma de obtener réditos políticos.
¿O acaso ignoramos que las turbas violentas se envalentonan cuando ven debilidad y titubeos en su adversario? ¿Acaso estas turbas no sabían que la policía tenía orden de no reprimirlas y que no contarían con sus armas de reglamento para poder hacerlo en caso necesario?
No debemos dejarnos engañar porque detrás de esas campañas en contra de las Fuerzas Policiales, bajo la falsa acusación de “uso desproporcionado de la fuerza”, se esconde como propósito maniatar a la autoridad para que el caos y la violencia sigan campando en el país y puedan conseguir sus oscuros objetivos.
El precio que se está pagando, y desgraciadamente se seguirá pagando en los días, semanas, meses y años por venir, sí porque esto tendrá consecuencias de muy largo plazo, es demasiado alto.
No hay otra salida que el cumplimiento de la ley y tratar de solucionar los problemas del país y las diferencias por la vía constitucional.
Parte de esta salida es, para muchos, el adelanto de elecciones generales, sin embargo, su constitucionalidad y plazo razonable para su realización están en entredicho. Debemos asegurarnos de que si el Congreso llega a un acuerdo, la realización de los comicios no debe tener ningún tipo de cuestionamiento y deben transcurrir en un ambiente de paz social e irrestricta libertad.
Quienes le han declarado la guerra al Estado de derecho y a la democracia peruana sin duda también tratarán de interferir en dicho proceso electoral con métodos ilegales coaccionando a los electores para inducir el voto y así tratar de capturar el poder.
Pero la historia ya nos ha demostrado que cualquier receta que se intente imponer por la fuerza va a generar una reacción de los que no están de acuerdo o se ven afectados, y la violencia que hemos visto hasta ahora no será nada frente a la espiral de violencia en que la situación actual puede degenerar.
También debemos mirar con atención a quienes en el Congreso, y en sus trincheras políticas, están dispuestos a deponer ambiciones personales y posturas partidarias maximalistas en favor de la gobernabilidad del Perú.
En estos momentos tan difíciles para el país todos ellos están poniendo sus cartas sobre la mesa, es la oportunidad de ver su verdadero rostro, porque son ellos los que nuevamente competirán por querer conducir nuestro destino.
En este número de Microfinanzas conoceremos, a través de voces autorizadas de sectores como el microfinanciero y el asegurador, así como de economistas como Elmer Cuba, el grave daño que toda esta violencia está causando a los más vulnerables y a las micro y pequeñas empresas, lo que ha incrementado y seguirá elevando los niveles de pobreza en el país.
(*) Terruquear: Término utilizado usualmente por aquellos políticos a los que se les atribuye algún vínculo, asociación, participación o simpatía, en el pasado o presente, con organizaciones subversivas. Usan este término para cuestionar y deslegitimar dicha atribución, que principalmente se hace mediante denuncias periodísticas, pero sin aclarar las pruebas en las que se basa dicha atribución, ni deslindar de esas organizaciones subversivas con las que supuestamente han estado o están involucrados, y menos condenar los actos de estas organizaciones que operan al margen de la ley.