El BCP y el Banco de Ideas Credicorp, en alianza con Capital Humano y Social S.A., presentaron el Segundo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa que busca aportar información y análisis sobre la evolución de la criminalidad en el país. La presentación estuvo a cargo de Carlos Basombrío y Ricardo Valdés, expertos en seguridad ciudadana.
“Al igual que el reporte anterior, este tiene el objetivo de plantear diagnósticos de la situación, así como proponer algunas ideas para combatir la inseguridad”, aseguro Valdés.
Uno de los capítulos aborde el avance de la extorsión. Según una encuesta que realiza con el apoyo de Ipsos, un 21% de los peruanos –y un 27% de limeños– afirma que ellos o alguien que conocen han recibido alguna comunicación amenazante o extorsiva en los últimos tres meses. A ello se suman más de 50.000 denuncias acumuladas por este delito en los últimos tres años. No obstante, al mes de noviembre del 2024, solo había 1,233 personas privadas de libertad por extorsión, una cifra prácticamente igual a la registrada hace nueve años.
El informe también destaca los impactos del crimen organizado sobre la economía familiar. A nivel nacional, un 23% de los encuestados afirma que ellos o alguien que conocen han visto afectada su economía por delitos como la extorsión o el cobro de cupos. La afectación económica es mayor en los niveles socioeconómicos C (29%), D (26%) y E (24%).
El informe también muestra un incremento preocupante en los homicidios por crimen violento. A partir de un monitoreo diario de medios de comunicación de todo el país, el Observatorio ha construido un registro propio que permite seguir la evolución de este delito. Según este conteo, los homicidios alcanzaron su punto más alto en enero del 2025, con 178 casos registrados. La tendencia, según el reporte, apunta a que marzo podría superar nuevamente los niveles del mes anterior.
En paralelo, la encuesta nacional realizada por Ipsos revela que un 23% de los ciudadanos afirma que, en los últimos tres meses, ellos o alguien que conocen han estado cerca de un tiroteo callejero. En Lima, este porcentaje sube al 38%, lo que refuerza la percepción de una creciente violencia en espacios públicos.
“El informe evidencia que la criminalidad no solo se expande, sino que lo hace con niveles crecientes de violencia y una débil capacidad de respuesta Estado”, señaló Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte. “Frente a esta realidad, se requiere información precisa y decisiones firmes para recuperar el control del territorio”.