El Segundo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela la brecha alarmante entre el auge de este delito y la respuesta judicial. Mientras las denuncias superan las 2,500 en cuatro meses, el sistema penitenciario solo sumó 47 reclusos por extorsión entre agosto y noviembre de 2024.
(*) Artículo publicado en la edición 232 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M232.pdf.
La extorsión en Perú se consolida como un delito de alta incidencia y baja condena. Según el Segundo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, entre agosto y noviembre de 2024, el número de presos por este flagelo aumentó solo en 47 personas, un promedio de menos de 16 mensuales. En dicho periodo se registraron 2,564 denuncias.
El casi nulo crecimiento de los presos por extorsión con contrasta con las más de 50,000 denuncias registradas en los últimos tres años, evidenciando una brecha alarmante entre la criminalidad y la acción judicial.
En noviembre de 2024, el sistema penitenciario albergaba a 1,233 reclusos por extorsión, apenas 47 más que en agosto del mismo año. Este incremento mínimo ocurre en un contexto donde la población penal total supera los 99,000 internos, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La tendencia histórica es aún más preocupante: en 2015, cuando las extorsiones eran menos frecuentes, ya había 1,166 presos por este delito.
El informe atribuye este estancamiento a la falta de coordinación entre la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial, sumado a la corrupción y la precariedad de recursos. Además, destaca que las denuncias son solo “la punta del iceberg”, ya que muchas víctimas no confían en las autoridades para reportar estos crímenes.
Para Ricardo Valdés, experto en seguridad ciudadana, el problema radica en que las investigaciones suelen enfocarse en el “extremo del sicariato”, es decir, cuando el chantaje ya derivó en un asesinato. “La pesquisa debe empezar antes: rastrear cuentas bancarias, números de teléfono y patrones digitales”, sostuvo.
En Lima, las denuncias por extorsión alcanzaron su pico en enero de 2025, con 784 casos, seguido de un repunte en marzo. Sin embargo, la respuesta del sistema penal sigue siendo insuficiente. Según el Observatorio, la incapacidad para judicializar estos casos permite que redes delictivas operen con impunidad, muchas veces desde cárceles sobrepobladas y mal controladas, donde ingresan celulares y otros objetos ilegales con facilidad.
Hábitos financieros alterados
La creciente inseguridad en Perú no solo altera la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también su relación con el sistema financiero. Según una encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 81% de los peruanos asegura que la delincuencia influye “algo” o “mucho” en sus decisiones financieras, como el uso de cajeros automáticos, manejo de efectivo o realización de depósitos. En Lima, este porcentaje alcanza el 90%, con mayor impacto en las zonas centro y oriente del país, así como en los niveles socioeconómicos B y C.
Ante el miedo a asaltos o robos, el 66% de los peruanos ha optado por utilizar más canales digitales (banca por internet, aplicaciones móviles o billeteras virtuales) para reducir riesgos. En la capital, esta cifra asciende al 72%, reflejando una adaptación forzada por la percepción de vulnerabilidad en transacciones presenciales.
El crimen también deja huellas directas en la población. El 21% de los peruanos (equivalente a 5 millones de personas) afirma haber recibido amenazas o extorsiones, o conoce a alguien que las sufrió en los últimos tres meses. En Lima, el porcentaje sube al 27% (1.7 millones de personas). Además, el 23% de los encuestados (5.6 millones a nivel nacional) ha estado cerca o conoce a alguien que presenció un tiroteo callejero. En la capital, este indicador se dispara al 38%, consolidando a Lima como epicentro de la violencia urbana.
El informe también muestra un incremento preocupante en los homicidios por crimen violento. A partir de un monitoreo diario de medios de comunicación de todo el país, el Observatorio ha construido un registro propio que permite seguir la evolución de este delito. Según este conteo, los homicidios alcanzaron su punto más alto en enero del 2025, con 178 casos registrados. La tendencia, según el reporte, apunta a que marzo podría superar nuevamente los niveles del mes anterior.
“El informe evidencia que la criminalidad no solo se expande, sino que lo hace con niveles crecientes de violencia y una débil capacidad de respuesta Estado. Frente a esta realidad, se requiere información precisa y decisiones firmes para recuperar el control del territorio”, señaló Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte.
Los más afectados: sectores populares
El impacto del crimen organizado en la economía familiar alcanza al 23% de la población, con mayor incidencia en zonas urbanas (24%) y entre personas de 25 a 42 años. Los niveles socioeconómicos C, D y E concentran el 86.7% de las víctimas, lo que equivale a 4.6 millones de peruanos. “La extorsión también golpea a los más pobres, pese a sus ingresos limitados”, señala el reporte.
Valdés detalló que la extorsión adopta al menos siete formas: desde la “gubernamental” (ejecutada por policías o inspectores municipales) hasta la que surge de penales (“escopetazo”), pasando por el chantaje con datos robados en internet. Pero el caldo de cultivo es la informalidad económica: el 75% de la población activa trabaja fuera del sistema formal, según el INEI.
“Los emprendedores informales temen denunciar: tal vez porque tienen mercadería de dudosa procedencia o evaden impuestos. Y, además, consideran que formalizarse les hace perder competitividad por los costos”, explicó.
Estos datos, recopilados en febrero de 2025, exponen una paradoja: mientras la digitalización financiera avanza por necesidad, la violencia escalafonada profundiza las brechas sociales y erosiona la confianza en las instituciones.
Brechas peligrosas
El reporte que fue presentado por el BCP y el Banco de Ideas Credicorp, en alianza con Capital Humano y Social S.A., expone graves brechas en la asignación de personal y vehículos policiales en Perú, especialmente en distritos con altos índices de criminalidad. El análisis, centrado en nueve distritos de Lima y Trujillo, revela que ninguno cumple con el estándar de la ONU de un policía por cada 300 habitantes.
En Trujillo, los distritos El Porvenir y La Esperanza —afectados históricamente por el crimen organizado— registran los peores indicadores: requieren quintuplicar y sextuplicar, respectivamente, su número de efectivos para alcanzar la ratio recomendada. En Lima, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate, zonas críticas por la violencia, necesitarían triplicar su dotación policial. Miraflores, con 0.68 policías por cada 300 habitantes, es el distrito mejor posicionado, aunque aún lejos de la meta.
La situación empeora al evaluar los vehículos operativos. El Porvenir y La Esperanza solo cuentan con 8 y 6 motocicletas operativas, respectivamente, lo que equivale a 0.32 y 0.25 motos por cada 10,000 habitantes. En contraste, Ate lidera con 97 motos operativas (1.35 por 10,000 habitantes). En camionetas y autos, Ate también destaca con 110 unidades (1.53 por 10,000 habitantes), mientras los distritos de Trujillo tienen menos de 10 vehículos cada uno.
El informe señala que la falta de recursos se agudiza en zonas extensas. Por ejemplo, El Porvenir, con 36.7 km², necesita multiplicar por nueve su flota de motos para una cobertura razonable. Además, el 45% de los vehículos policiales a nivel nacional están inoperativos, según datos del Ministerio del Interior.
Ante este panorama, el Observatorio propone dos medidas urgentes: reparar los 3,370 vehículos inoperativos recuperables y restablecer el renting de unidades, que entre 2019 y 2023 permitió operar con 900 patrulleros. “Sumar 6,000 vehículos adicionales sería clave para el control territorial”, resaltó Basombrío.
Propuestas para combatir la inseguridad
Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, más del 60% de los asaltos en Perú se realizan en motocicletas, un fenómeno que se agrava por el crecimiento descontrolado de estos vehículos. Solo en Lima circulan más de 600,000 motos y trimotos, y a nivel nacional se han vendido 3.4 millones de unidades entre 2014 y 2024. Esta masificación dificulta su fiscalización y favorece su uso en actividades delictivas, como sicariato y robos.
Ante este escenario, el Observatorio propone implementar un sistema obligatorio de GPS vinculado a una plataforma centralizada de monitoreo. La medida exigiría que todos los vehículos menores instalen dispositivos de rastreo, integrados con chips RFID en las placas, para registrar datos del propietario, características del vehículo y su ubicación en tiempo real.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debería acelerar la normativa, mientras que el Ministerio del Interior gestionaría los datos para optimizar el patrullaje policial y municipal.
Además, se plantea sanciones más duras, como la pérdida de dominio de las motos involucradas en delitos, que pasarían a manos de la Policía o municipios para reforzar la seguridad. Las empresas privadas participarían en la instalación y mantenimiento de los GPS, aprovechando su experiencia en el sector.
IA contra la extorsión
El reporte destaca el uso de inteligencia artificial (IA) para combatir la extorsión, un delito que registra más de 50,000 denuncias en tres años, pero con baja tasa de judicialización. La propuesta incluye:
• Analizar patrones en denuncias para identificar redes criminales.
• Detectar cuentas bancarias y números telefónicos sospechosos, como aquellos que reciben múltiples depósitos pequeños y retiran sumas grandes rápidamente.
• Colaborar con operadoras móviles para bloquear líneas usadas en extorsiones y exigir identificación biométrica en chips prepago.
• Crear una plataforma digital de denuncias que permita reportar casos con un clic, agilizando la respuesta policial.
La IA también ayudaría a predecir comportamientos delictivos y agrupar denuncias similares, facilitando investigaciones. Sin embargo, se requiere coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como cooperación internacional para desarticular redes transnacionales.