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(*) Artículo publicado en la edición 223 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M223.pdf.
Por Javier Parker Chávez, Director
javier.parker@microfinanzas.pe
Si bien la delincuencia es una amenaza permanente con la que estamos acostumbrados a convivir, la mutación que están teniendo los delitos hacia formas más agresivas y peligrosas, como la extorsión a los emprendedores y negocios formales, incluso con el uso de explosivos; ha hecho que representantes del sector empresarial expresen su preocupación y que analistas empiecen a evaluar qué consecuencias tendrá la inseguridad ciudadana en el crecimiento económico del país y, por ende, en el bienestar de todos los peruanos.
El costo económico que tiene esta forma de delincuencia para la población, en especial para la más vulnerable, es innegable, porque los empresarios extorsionados, así como los que no ceden a las amenazas y optan por incrementar su seguridad personal y la de sus negocios, terminan trasladando estos mayores costos a los productos y servicios que comercializan, es decir, finalmente son pagados del bolsillo de todos los peruanos.
Lo mismo sucedió durante los años de los demenciales atentados del grupo terrorista Sendero Luminoso, las pérdidas económicas derivadas de ataques directos contra la infraestructura pública, como las torres de transmisión eléctrica, hicieron que el país perdiera miles de millones de dólares.
El costo lo tuvimos que pagar todos los peruanos, no solo los que soportamos miles de horas sin energía eléctrica, sino también los que no se les pudo proveer el servicio porque los esfuerzos estaban concentrados en reponer las torres dinamitadas. Basta revisar las cifras del coeficiente de electrificación a nivel nacional en el año 1990, de tan sólo un 43%, frente a la actual, que supera el 96%.
Es innegable que, además de las víctimas directas del terrorismo, como los asesinados, los que quedaron mutilados y sus familiares; todo el pueblo peruano también fue víctima del sanguinario grupo terrorista, en especial, los más vulnerables, porque empujó y condenó a millones de personas a más de dos décadas de pobreza y extrema pobreza, las cuales lamentablemente han vuelto a aumentar desde hace 5 años.
¿Es el crimen organizado y la extorsión bajo amenaza de muerte y destrucción de la propiedad privada el nuevo peligro para el crecimiento económico y el bienestar de todos los peruanos, incluso de aquellos que no son víctimas directas de su accionar? Sin lugar a duda lo es.
Y es más preocupante que esto esté sucediendo en medio de una coyuntura de fuerte inestabilidad política y corrupción en el sector público; con un Poder Judicial con serios problemas para administrar justicia en forma eficiente y rápida; y, lo que es peor aún, con un Ministerio Público envuelto en un caos sin precedentes; donde algunos casos mediáticos, en los que lamentablemente cada vez va quedando más en evidencia que tienen mucho de histrionismo y poco de sustento jurídico, son más importantes para los fiscales que los delitos del crimen organizado que vemos todos los días y que tienen la obligación de perseguir.
Es en este escenario, que presentamos en esta edición de Microfinanzas un informe sobre las consecuencias de la inseguridad ciudadana, la cual se ha convertido en la principal amenaza para la subsistencia de los pequeños negocios.
Interrogado por Microfinanzas sobre este riesgo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde Flores, señaló que la inseguridad ciudadana también afecta a las intenciones y decisiones de inversión.
Esta afirmación no se puede soslayar si tenemos en cuenta que la inversión minera es precisamente la que más ha sido atacada, inicialmente por grupos antimineros vinculados a agrupaciones políticas extremistas contrarias a la inversión privada; y, en años recientes, por mineros informales devenidos en delincuentes.
Hay que subrayar que Perú necesita duplicar su producción de cobre para ayudar a cerrar la brecha que tiene en su PBI per cápita, el cual se encuentra muy rezagado frente a otros países de la región, tal como explica en esta edición el Área de Estudios Económicos del BCP.
Carlos Prieto Balbuena, gerente de dicha área, precisa que el ingreso per cápita de Chile es casi el doble que el de Perú, y no es coincidencia de que su producción de cobre sea el doble que la peruana. También recuerda que, desde el 2014, el país empezó a crecer por debajo del promedio mundial, es decir, poco después de que emblemáticos proyectos mineros que tenía el país fueron frustrados violentamente.
Por su parte, el BBVA Research alerta de que la pobreza solo se reducirá desde el 29% de la población, nivel al que se incrementó en el 2023, a un 25,8% en el 2029, si la economía peruana solo crece 2,7% en promedio durante el periodo 2024-2029, tal como lo pronostica la entidad financiera.
También precisa que espera un crecimiento de la inversión privada de 2,9% para el periodo 2024-2028, pero si se pudiera repetir las cifras del periodo 2001-2019, con un crecimiento de 7,2%, la economía peruana avanzaría con una cifra más cercana a 4%.
Como vemos, el futuro de los peruanos no solo está amenazado por la delincuencia y el crimen organizado, el verdadero, que en sus diferentes modalidades ataca a los emprendedores peruanos, sean estos pequeños o grandes; también lo está por las perspectivas económicas de un exiguo crecimiento para los próximos años.