La OCDE afirma, en su informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023”, que impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo es esencial para lograr mejoras duraderas en los niveles de vida y reducir la pobreza y la informalidad.
“Esto requiere revitalizar el crecimiento de la productividad y la inversión en un contexto económico global menos favorable que en la década del 2000”, precisa.
Además, el prolongado episodio de ralentización económica muestra que los anteriores motores de crecimiento -una población económicamente activa en expansión, la acumulación de capital y el sector exportador de materias primas- resultan insuficientes para sostener un mayor progreso socioeconómico.
Subraya que dinamizar la economía hacia niveles de ingresos elevados requiere fomentar la productividad a través de una mayor competencia e innovación y una mejor asignación de los recursos, así como una reactivación de la inversión pública y privada en sectores cada vez más diversificados y de mayor valor agregado.
“La naturaleza dual de la economía peruana, alimentada por altas tasas de informalidad, constituye un lastre para el crecimiento. Coexisten pocas empresas de gran tamaño y elevada productividad laboral con un amplio sector informal de baja productividad constituido en su mayoría por pequeñas empresas que emplean a cerca del 75% de todos los trabajadores”, explica.
Un sector informal de gran tamaño y unas diferencias de productividad entre empresas grandes y pequeñas muy significativas merman la productividad agregada en Perú, advierte.
Al mismo tiempo, el gran costo de la formalidad, causado por un conjunto de regulaciones demasiado estrictas y una fiscalización poco eficaz, incentiva a las empresas informales a seguir siendo pequeñas e improductivas. Esto se traduce en un círculo vicioso en el que la informalidad generalizada se convierte en la norma.
Avanzar hacia una economía de altos ingresos basada en el conocimiento y la innovación -respaldados por una amplia base de empresas productivas y formales- requiere un conjunto de nuevas condiciones adecuadas, resalta.
Informalidad laboral
La OCDE considera que una gran asimetría de la regulación entre contratos indefinidos y temporales, junto con la escasa vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, hace que haya una elevada proporción de empleos informales y de contratos temporales formales, lo que da lugar a una elevada rotación laboral.
El sistema de inspección laboral es débil, ya que carece de suficientes recursos financieros, infraestructuras, inspectores y formación del personal.
Además, el marco jurídico, con sus más de 1.800 páginas, es difícil de entender y, por lo tanto, de cumplir y fiscalizar. El monitoreo resulta muy difícil a causa de los múltiples regímenes especiales y las excepciones totales o parciales en materia de contratación.
La legislación de protección del empleo debe reformarse para reducir las marcadas diferencias de regulación entre contratos indefinidos y temporales, que incentiva la informalidad y el uso excesivo de contratos temporales, con el resultado de una rotación elevada en el mercado laboral.
El Gobierno podría plantearse aliviar la carga de protección que ofrecen los contratos indefinidos. En el caso de los despidos individuales, podrían flexibilizarse las barreras legales todavía vigentes que impiden a los empresarios alegar despido procedente y, entre los motivos que justifican un cese, podrían reconocerse circunstancias económicas adversas, sugiere.
Además, será clave mejorar la garantía de cumplimiento de la normativa laboral. También hacen falta servicios públicos de empleo más eficaces y una mayor cobertura de la formación para el trabajo para apoyar a los trabajadores en los periodos de transición laboral.
Salario mínimo
Manifiesta que, en adelante, los aumentos del salario mínimo podrían decidirse atendiendo a criterios técnicos y tomando en consideración el impacto sobre el empleo y la informalidad.
Recuerda que, en el 2007, se aprobó una metodología para ajustar el salario mínimo en función de la inflación y de la productividad, pero nunca se ha aplicado formalmente.
Por ello, considera importante proseguir los esfuerzos para establecer criterios técnicos y objetivos que sirvan de referencia para aumentar el salario mínimo en función de la inflación y la productividad en el futuro.
Podría crearse una secretaría técnica dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) o una comisión independiente para hacer un seguimiento de la evolución del mercado laboral y de la productividad y formular recomendaciones sobre el aumento del salario mínimo, a semejanza de lo que hacen otros países de la OCDE.
Esta comisión estaría integrada por expertos del mercado de trabajo, nombrados mediante un proceso de selección riguroso y transparente diseñado para minimizar la influencia política. Tendría capacidad para definir su propio programa de trabajo y acceso a los datos y recursos que considere oportunos, lo que le permitiría recopilar y analizar la información de forma independiente.
Su asesoramiento se utilizaría para establecer criterios de aumento del salario mínimo y supervisar su repercusión en el empleo y en los puestos de trabajo informales. Esta comisión ayudaría a garantizar la objetividad y la transparencia del proceso de determinación del salario mínimo.
Perú también podría considerar la posibilidad de establecer un salario mínimo diferenciado por edad o por región para así favorecer la formalización de trabajadores jóvenes y poco cualificados en zonas rurales. Un salario diferenciado facilitaría la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y reduciría el desempleo, indica.
Aunque la OCDE admite que diferenciar el salario mínimo implicaría un cambio constitucional que dificulta políticamente esta reforma y la necesidad de lograr un amplio consenso en el debate político.
Formalización
También señala que los elevados costos laborales no salariales son una barrera para la formalización. Aunque las cotizaciones a la seguridad social no parezcan excesivamente elevadas, a menudo el empresario y el trabajador acuerdan no hacer aportaciones para pensiones y salud, de tal forma que el empresario reduce sus costos laborales y el trabajador aumenta su retribución neta, lo que fomenta la informalidad.
Las cotizaciones a la seguridad social ponen trabas a la formalidad, sobre todo en los colectivos de bajos ingresos: para los trabajadores asalariados informales en el primer decil de la distribución de ingresos, las cotizaciones a la seguridad social pueden ascender al 124% de sus ingresos laborales, por lo que resulta inasequible.
“Sería importante reducir las cotizaciones sociales correspondientes a los trabajadores con ingresos bajos, evitando al mismo tiempo grandes saltos en función del tamaño de las empresas. Una posibilidad sería abandonar los regímenes basados en el tamaño de la empresa y optar por cotizaciones a la seguridad social progresivas en función de los ingresos de los trabajadores”, afirma.
Esto eliminaría los factores que actualmente desincentivan el crecimiento y formalización de las empresas, al tiempo que incentivaría la formalización laboral en forma fiscalmente neutra, agrega.
Educación
Además, subraya que el Perú necesita fortalecer su sistema de educación y formación profesional (EEP), que actualmente no está bien diseñado para satisfacer las necesidades del mercado laboral. La demanda de trabajadores de alta cualificación no ha ido superando a la oferta. Los programas de EEP podrían aumentar la oferta en las profesiones más demandadas como, por ejemplo, los técnicos informáticos, los trabajadores de cuidado personal o los profesionales sanitarios.
El sistema de EEP en Perú se caracteriza por la existencia de buenas escuelas sectoriales, (por ejemplo, en la industria manufacturera, la construcción y el turismo), pero éstas únicamente representan en torno al 15% de los estudiantes matriculados en EEP.
El resto de los centros públicos y privados no sectoriales no son tan buenos, ofrecen muy pocas oportunidades de adquirir competencias avanzadas y de ellas salen técnicos poco cualificados y con escasa práctica laboral.
Implicar a las empresas en el diseño y la gestión de los programas de escuelas no sectoriales y ofrecer prácticas formativas podría ajustar mejor la capacitación a las demandas del mercado laboral, generando a su vez más oportunidades de aprendizaje en el entorno laboral. Una mayor actividad de capacitación en centros de trabajo aumentaría empleabilidad y reduciría los desajustes en las cualificaciones.
Agrega que los empresarios también deberían desempeñar un papel más activo en el diseño y la aplicación de políticas activas en el mercado laboral, y en los programas universitarios para así mejorar la calidad y la adecuación de las cualificaciones.
Innovación
Finalmente, considera que avanzar hacia una economía de altos ingresos basada en el conocimiento y la innovación –respaldados por una amplia base de empresas productivas y formales- requiere un conjunto de nuevas condiciones adecuadas.
Conseguir un entorno empresarial que respalde el desarrollo y el crecimiento de la productividad de una parte mucho más amplia y diversa de la economía requiere exigir reformas de mayor alcance.
Por ejemplo, aunque la expansión hacia las agroexportaciones no tradicionales ha tenido éxito, las exportaciones están muy concentradas en productos básicos, sobre todo con destino a China, lo que reclama una diversificación gradual de las exportaciones y una mejora de la posición de Perú en las cadenas globales de valor.
Es la primera vez que el Perú participa en un estudio económico de la OCDE
El informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023”, que brinda una visión panorámica de la economía peruana y sus retos hacia el desarrollo, fue presentado a fines de septiembre en Palacio de Gobierno, en el marco de la reunión con la misión de alto nivel de esta organización internacional.
Durante la presentación del informe, la misión de la OCDE, presidida por el secretario general, Mathias Cormann, destacó que es la primera vez que el Perú participa en este estudio económico, lo que es una muestra del compromiso de ambas partes en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
El ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras Miranda, señaló que el Gobierno tiene como objetivo que, al 2026, el Perú cumpla con los requisitos para acceder a la OCDE, y eso requiere de la coordinación de los 3 poderes del Estado, así como del sector público y del sector privado.
“El Perú tiene bases sólidas, pero la OCDE ha sido bastante clara de que debemos luchar contra la informalidad, incrementar la recaudación y hacer reformas en protección social, estabilización fiscal y competencia. La parte positiva es que muchas de las recomendaciones están en la agenda de esta gestión. Estamos en el proceso de preparar algunos proyectos de ley, venimos siendo bastante proactivos”, sostuvo.
En la preparación del documento participaron diversos sectores bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), del Ambiente (Minam), de Energía y Minas (Minem), de la Producción (Produce), de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), de Salud (Minsa), de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Banco Central de Reserva (BCR), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y EsSalud.
Cabe recordar que la OCDE agrupa a los países que impulsan altos estándares de políticas públicas. El Perú está avanzando en el cumplimiento de algunos de estos estándares, sin embargo, se requiere retomar esta agenda de trabajo y dar un nuevo impulso para el objetivo de adhesión del Perú a este organismo, que es un compromiso del Estado peruano.
