Brecha habitacional de 1,8 millones de viviendas sigue creciendo, y la construcción de viviendas se ve amenazada por barreras burocráticas municipales que deben abordarse de manera prioritaria para lograr un crecimiento efectivo en este sector vital para el bienestar social.
Las barreras burocráticas municipales en el sector inmobiliario no sólo obstaculizan el crecimiento empresarial, sino también trasladarán costos a los usuarios finales, quienes terminarán pagando más por alcanzar el sueño de la vivienda propia, informó Hans Rothgiesser, especialista económico, quien realizó un informe sobre el tema para la Asociación de Contribuyentes del Perú.
“La incertidumbre generada por trámites impredecibles impacta directamente la planificación de proyectos inmobiliarios. La imposibilidad de prever cuándo se obtendrán los permisos necesarios para construir afecta las relaciones entre las empresas y las entidades financieras, elevando los costos de los préstamos. Contrariamente a la creencia común de que las empresas absorben estos costos, la realidad es que se trasladan al precio de los inmuebles a los usuarios”, refirió.
Déficit habitacional
Explicó que este aumento de costos repercute directamente en las familias peruanas que buscan adquirir una vivienda. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2022, el déficit habitacional alcanzó la alarmante cifra de 1,8 millones de viviendas, afectando gravemente a familias que viven en condiciones inadecuadas.
“Estas cifras evidencian un déficit habitacional significativo en el país, agravado por obstáculos municipales. La persistencia del problema, agravado por la falta de respaldo adecuado del sector público al privado, requiere de una revisión urgente”, manifestó.
Señaló que la brecha habitacional sigue creciendo, y la construcción de viviendas se ve amenazada por barreras burocráticas municipales que deben abordarse de manera prioritaria para lograr un crecimiento efectivo en este sector vital para el bienestar social.
Asimismo, Rothgiesser resaltó la urgencia de abordar los abusos de las municipalidades hacia las empresas inmobiliarias y, en general, hacia muchos negocios y emprendimientos, en el Perú.
“Es urgente revisar desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) como ente rector, la regulación existente para alcanzar un equilibrio que evite tanto la excesiva restricción como la falta de control. Este equilibrio sólo puede lograrse a través de un diálogo técnico y sustentado entre las partes involucradas, despojado de cualquier inclinación política”, indicó.
Barreras burocráticas
Recordó que la Secretaría Técnica de Eliminación de Barreras de Indecopi ha señalado a las municipalidades peruanas como las principales generadoras de barreras burocráticas, superando incluso a los Ministerios. Sin embargo, la efectividad de Indecopi para abordar esta problemática se ve limitada por la legislación actual.
Por otro lado, explicó que las iniciativas gubernamentales se ven comprometidas por las barreras burocráticas municipales. “El Gobierno, al inyectar recursos públicos en proyectos inmobiliarios, impulsa la demanda agregada y contribuye a la reactivación económica. Aun así, la falta de resolución de barreras burocráticas desaprovecha estos esfuerzos y socava los resultados”, expresó Rothgiesser.
Mencionó que existe la necesidad de equilibrar la protección vecinal con la facilitación del desarrollo empresarial. Las municipalidades deben ser agentes de regulación justa, no obstáculos que generen costos adicionales.
Revisar regulaciones
La sociedad debe estar alerta y participar activamente en la revisión constante de regulaciones para garantizar un crecimiento equitativo y sostenible, además de prevenir actos o espacios de corrupción generados por funcionarios municipales que extorsionan a empresarios inmobiliarios, entre otros.
“Esta es una situación preocupante, considerando que la inversión inmobiliaria es uno de los motores que puede mejorar la economía del país, más aún en este entorno recesivo que actualmente afrontamos. Se requiere mayor apertura de los alcaldes para facilitar la inversión inmobiliaria y reactivar la economía”, dijo José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP).
Agregó que existen proyectos con aprobaciones y permisos que cumplen con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible que han sido paralizados bajo excusas que se pueden considerar barreras burocráticas o incluso en algunos casos llegarían a convertirse en extorsiones o potenciales espacios de corrupción.