“Paralelamente, se requiere capacitar al personal en atención diferenciada y rediseñar sucursales físicas bajo estándares de accesibilidad universal”.

(*) Artículo publicado en la edición 232 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M232.pdf.
Por Neisy Zegarra Jara – Directora
En el Perú, la inclusión financiera ha experimentado avances significativos durante la última década, democratizando el acceso a productos y servicios que históricamente permanecieron fuera del alcance de amplios sectores poblacionales. No obstante, persiste una deuda pendiente: la exclusión sistemática de las personas con discapacidad —visual, auditiva o motriz— del sistema financiero formal.
Resulta ineludible reconocer que miles de peruanos enfrentan barreras estructurales que limitan su autonomía económica. Desde cajeros automáticos sin diseños universales hasta la ausencia de canales de atención adaptados —como intérpretes de lengua de señas o interfaces braille—, la brecha evidencia un problema que trasciende lo técnico para convertirse en una cuestión de derechos. Ante este escenario, surge una interrogante clave: ¿qué estrategias deben priorizar las instituciones financieras para cerrar estas brechas con enfoque inclusivo?
La respuesta exige una transformación multidimensional. En primer lugar, es imperativo adoptar tecnologías accesibles: cajeros con comandos auditivos y táctiles, aplicaciones móviles compatibles con lectores de pantalla y plataformas digitales que integren herramientas para personas sordas. Paralelamente, se requiere capacitar al personal en atención diferenciada y rediseñar sucursales físicas bajo estándares de accesibilidad universal. Estas medidas no solo responden a un imperativo ético, sino que representan una oportunidad para ampliar mercados y fortalecer la reputación corporativa en un contexto de creciente demanda por equidad.
Sin embargo, la inclusión financiera enfrenta un desafío adicional: la inseguridad y su impacto en los hábitos económicos de la población. En Perú, la extorsión se ha consolidado como un delito de alta incidencia y baja condena, es una de las conclusiones del Segundo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.
A pesar de que en los últimos tres años se reportaron más de 50,000 denuncias, las cárceles solo albergan a 1,233 reclusos por este delito, reflejando la impunidad con la que operan las redes criminales. La falta de coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sumada a la corrupción y la precariedad de recursos, agravan este problema.
El impacto de la criminalidad también se refleja en la economía cotidiana. Según Ipsos, el 81% de los peruanos modifica sus hábitos financieros por temor a la delincuencia, y el 66% ha optado por usar más canales digitales para reducir riesgos. Este fenómeno expone una paradoja: mientras la digitalización financiera avanza, la violencia escalafonada profundiza las brechas sociales y erosiona la confianza en las instituciones.
En este proceso, las Cajas Municipales ofrecen un referente valioso. Tal como lo demuestra la historia reciente de las microfinanzas peruanas, su penetración en zonas rurales y periurbanas ha facilitado el acceso a créditos, ahorros y seguros a poblaciones tradicionalmente marginadas. Este modelo —basado en proximidad y adaptación cultural— debe replicarse con enfoque inclusivo, incorporando soluciones diseñadas para personas con discapacidad. La meta es clara: convertir la inclusión financiera en un fenómeno transversal, sin exclusiones.
Un hito esperanzador en esta ruta será el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) 2025, organizado por la FEPCMAC y Caja Huancayo bajo el lema “Generando rentabilidad social y financiera: Innovación para una mayor inclusión”. Este encuentro, a realizarse del 23 al 25 de abril en Huancayo, congregará a líderes globales, académicos y reguladores para debatir políticas y herramientas que equilibren sostenibilidad comercial con impacto social. La elección de Huancayo —símbolo de resiliencia en el Valle del Mantaro— no es casual: refuerza el compromiso de descentralizar las soluciones financieras y conectar tradición con innovación.
Confiamos en que el SIM 2025 marcará un punto de inflexión. La convergencia de expertise internacional, el liderazgo de las Cajas Municipales y la urgencia de un sistema financiero verdaderamente inclusivo podrán catalizar compromisos concretos. El desafío es mayúsculo, pero el potencial es aún mayor: construir una economía donde la discapacidad no sea sinónimo de exclusión, sino de oportunidades diseñadas con y para todos.