El Perú enfrenta una economía criminal que conecta delitos menores con actividades ilícitas de alto impacto, creando un ciclo financiero que fortalece al crimen organizado y debilita al Estado, advierte Ricardo Valdés Cavassa, gerente general de Capital Humano y Social (CHS Alternativo) SA.
(*) Artículo publicado en la edición 230 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M230.pdf.
¿Cuál es el propósito principal del Observatorio del Crimen y la Violencia?
El Observatorio del Crimen y la Violencia surge como una iniciativa conjunta entre el Banco de Ideas de Credicorp, el BCP y CHS Alternativo para abordar el problema más apremiante del país: la inseguridad ciudadana.
Su objetivo principal es organizar y analizar la información existente sobre este tema. Existen múltiples fuentes de datos, pero no todas son igual de confiables; por ello, nos centramos en verificar y corroborar la información antes de ponerla a disposición de la población, los medios de comunicación y las autoridades.
Otro propósito fundamental es ofrecer análisis sobre las situaciones de inseguridad más relevantes, las cuales irán variando con el tiempo. Además, buscamos evaluar el marco legal y normativo, identificando aquellos aspectos que pueden estar afectando la capacidad del país para combatir el crimen. Finalmente, el Observatorio también funcionará como un repositorio de investigaciones recientes, accesible para quienes deseen profundizar en estos temas. En resumen, nuestro objetivo es brindar datos confiables, análisis profundos y posicionar una perspectiva técnica e informada sobre la criminalidad en el Perú.
¿Cómo esperan influir en las políticas públicas con los hallazgos del Observatorio?
Nuestro enfoque está orientado a generar impacto en las políticas públicas a través de dos vías principales. Primero, buscamos identificar y señalar a los tomadores de decisiones las rutas más efectivas para abordar la criminalidad. Esto incluye recomendaciones sobre políticas prioritarias y cambios en el marco legal que podrían fortalecer la lucha contra el crimen.
Segundo, queremos ofrecer información y análisis que respalden una mejor toma de decisiones, basándonos en evidencia rigurosa. La idea es que el Observatorio se convierta en una herramienta para mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a este problema estructural.
¿Qué diferencias notan entre la percepción de inseguridad ciudadana y los datos reales de criminalidad en el Perú?
Es común que las percepciones de inseguridad sean elevadas en todos los países. Sin embargo, en el Perú observamos una tendencia sostenida y creciente en esta percepción, que refleja el temor de las personas a ser víctimas de un delito en el futuro cercano.
Diferenciamos claramente entre percepción de inseguridad y victimización. La victimización se refiere al porcentaje de personas que efectivamente fueron víctimas de un delito durante el último año. En ciudades grandes con más de 20,000 habitantes, la tasa de victimización se sitúa en torno al 30%. Por otro lado, la percepción de inseguridad alcanza niveles promedio del 90%. Esta brecha evidencia que el temor generalizado está mucho más extendido que las experiencias reales de victimización.
¿Cuánto dinero mueven las economías ilícitas en el Perú?
El Perú enfrenta un grave problema con las economías ilícitas, como la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, la tala y comercialización ilegal de madera, el tráfico de flora y fauna, el contrabando y el tráfico de tierras. Estas actividades criminales suelen generar sinergias con la delincuencia común y organizada, consolidando una estructura económica poderosa.
A inicios de 2024 estimamos que estas economías ilícitas movilizaban alrededor de 10,000 millones de dólares. Sin embargo, debido al incremento del precio del oro y la expansión de la minería ilegal, este monto podría haber crecido hasta 12,000 o 13,000 millones de dólares.
Para poner esta cifra en contexto, el dinero movilizado por estas actividades supera con creces el presupuesto combinado del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y esto solo contempla los flujos económicos ilícitos directos, sin incluir el costo total que la inseguridad ciudadana representa para el país.
Estructura criminal
Los casos de extorsión se triplicaron entre 2019 y 2023. ¿A qué factores atribuyen este incremento?
Este crecimiento de la extorsión está relacionado con varios factores. El primero es la falta de respuesta eficaz por parte de las instituciones de justicia, lo que genera un ambiente de impunidad. El mensaje que se transmite es claro: extorsionar no tiene consecuencias y, además, permite obtener dinero fácil.
Históricamente, la extorsión en el Perú estaba vinculada al sector de construcción civil. Sin embargo, desde 2006-2007, este delito comenzó a extenderse hacia pequeños negocios en regiones como La Libertad, afectando sectores como el transporte y la zapatería. En los últimos cinco años, la situación se ha agravado por la baja inversión en seguridad, la alta rotación de autoridades y una crisis institucional severa que ha debilitado al Congreso, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional.
¿Cómo afecta esta crisis institucional al aumento de la extorsión?
La crisis institucional crea un entorno propicio para la impunidad, facilitando el avance de organizaciones criminales. Además, estas organizaciones operan con una gran flexibilidad y velocidad, características que el Estado, con sus procesos lentos y recursos limitados, no pueden igualar.
Por ejemplo, el parque automotor de la Policía está en su mayoría en desuso, mientras que las organizaciones criminales cuentan con vehículos modernos, sistemas de seguridad avanzados y tecnología de punta. Esta disparidad amplía la brecha entre las capacidades del Estado y las de las redes delictivas.
Mencionó que la extorsión es una fuente de capital para organizaciones criminales. ¿Puedes explicar esto en detalle?
Así es. La extorsión, junto con la explotación sexual en el marco de la trata de personas, se ha convertido en una de las principales fuentes de “caja chica” o capital de trabajo para las organizaciones criminales.
El dinero recaudado se utiliza para expandir su control territorial, financiar actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, y fortalecer su defensa frente a otras organizaciones delictivas. Este flujo de ingresos permite que las redes criminales diversifiquen sus operaciones y aumenten su poder económico, creando una “economía circular de la criminalidad”.
Usted mencionó que estamos ante una “economía circular de la criminalidad”. ¿Podría precisar cómo funciona esta estructura?
Primero, hay dos factores que potencian esta economía circular: la corrupción y el lavado de activos. Estos elementos permiten que las actividades delictivas se interconecten y refuercen mutuamente. La estructura comienza con la criminalidad común que se desarrolla en las calles mediante robos, hurtos y extorsiones. Estos actos generan un flujo constante de bienes y dinero que se rentabilizan en mercados ilícitos, como el de autopartes robadas o la venta de teléfonos celulares sustraídos.
El dinero obtenido de estas actividades, especialmente de la extorsión, alimenta negocios ilícitos mayores. Aquí es donde entra la criminalidad organizada, que estructura el capital acumulado y lo invierte en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas. Este capital ilícito se utiliza para financiar la producción de cocaína, facilitar el contrabando de oro y expandir operaciones que generen mayores ingresos, consolidando un ciclo económico criminal.
Se estima que esta economía criminal mueve aproximadamente 12.000 millones de dólares anuales, convirtiéndose en una fuente de financiamiento para actividades que afectan gravemente tanto a la seguridad como a la economía formal del país.
¿Cómo afecta esta economía del crimen a los sectores económicos formales?
La economía criminal no solo impacta directamente a los pequeños negocios mediante extorsiones, sino que genera distorsiones económicas a gran escala. Además, estas redes están utilizando el sistema financiero formal, como billeteras electrónicas y transacciones de bajo monto, para canalizar sus ingresos ilícitos.
¿Qué papel juegan los sectores privado y tecnológico en este problema?
No responsabilizo a estos sectores, pero sí considero que deben estar involucrados en las estrategias de lucha contra la extorsión. En el caso del sector tecnológico, la extorsión utiliza el teléfono celular e internet como herramientas principales. Es fundamental trabajar con las empresas de telecomunicaciones para implementar soluciones técnicas que dificulten estas actividades.
Por otro lado, el sector financiero también tiene un rol crucial. Las billeteras electrónicas y las transacciones por debajo del umbral de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permiten que los delincuentes utilicen el sistema financiero formal para mover su dinero. Es necesario un seguimiento más riguroso de estas operaciones, sin vulnerar los derechos de los usuarios legítimos.
¿Qué estrategias sugiere para abordar esta economía criminal?
Primero, es indispensable que las instituciones del Estado fortalezcan sus capacidades tecnológicas y operativas. Pero también es clave integrar a los actores privados, como las empresas de telecomunicaciones y los bancos, en la lucha contra la extorsión.
Es urgente convocar mesas de trabajo entre el sector público y privado para diseñar soluciones conjuntas. Además, el marco legal debe ser revisado para permitir un control más eficaz de las operaciones financieras vinculadas a actividades delictivas. Sin este enfoque integrado, la extorsión y otras actividades criminales seguirán creciendo, afectando no solo la seguridad, sino también la productividad económica del país.
