Secuestros, extorsiones y préstamos ‘gota a gota’ son modalidades de delincuencia que han escalado rápidamente en Perú y que es necesario que el Estado combata con mayor eficacia.
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(*) Artículo publicado en la edición 223 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M223.pdf.
Por Juan Vargas Sánchez
La criminalidad en el Perú viene aumentando en los últimos años en sus diferentes modalidades, pero si bien las mediciones internacionales y los expertos locales suelen centrar su mirada en delitos como el tráfico de drogas, la corrupción y la minería ilegal; uno de los sectores que más está padeciendo la violencia criminal es el de los micro y pequeños negocios que son objeto de extorsiones, secuestros y préstamos ‘gota a gota’, que ponen en riesgo su continuidad, dificultan la recuperación económica del país e influyen directamente en el mercado microfinanciero.
Esta amenaza al crecimiento económico ha sido reconocida por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde Flores, quien también advirtió del impacto negativo en la inversión privada (ver nota aparte).
En la última edición del Índice Global de Crimen Organizado 2023, que elabora Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (organización mundial con sede en Ginebra, Suiza), se considera al Perú como un país con alta criminalidad, ocupando el puesto 32 de 190 países analizados, lo cual supone un alto impacto económico y social.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó, en el 2017, el documento “Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”, cuya autora, Laura Jaitman, encontró que el costo directo del crimen en 17 países de América Latina y El Caribe entre el 2010 y 2014 es, en promedio, 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) de la región, es decir, el doble que en los países desarrollados.
El Perú, en el 2014, estaba por debajo de ese promedio, con un estimado de 2,8% del PBI; pero es claro que la situación ha ido para peor en los últimos 10 años.
Impacto negativo
Los economistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Yuliño Anastacio Clemente y José Mendoza Sánchez han calculado que el impacto económico de la violencia llega a ser actualmente el 5% del PBI, constituyéndose en un factor significativo que frena el desarrollo del país.
A este cálculo llegaron basados en datos del Índice Global de Paz que estima el costo de la violencia en US$1.086 per cápita, ajustados por paridad de poder adquisitivo.
Anastacio, quien es CEO en Govierna, una plataforma virtual de capacitación para funcionarios públicos, consideró que dicha carga genera una pérdida directa de productividad y de potencial económico, además de afectar la estructura socioeconómica del país.
Menor crecimiento
En el Fondo Monetario Internacional (FMI) han llegado a conclusiones similares. La investigación “La delincuencia y su incidencia macroeconómica en América Latina y el Caribe”, realizada por el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés Pulido, y por el investigador del mismo departamento, Rafael Machado Parente, muestra que un aumento de la tasa de homicidios frena considerablemente el crecimiento económico.
“Nuestro estudio destaca diferentes canales a través de los cuales la inseguridad afecta el crecimiento económico. Según estimaciones, la delincuencia entorpece la acumulación de capital, posiblemente porque disuade a los inversionistas que temen al robo y la violencia, y merma la productividad, dado que tiende a desviar los recursos hacia inversiones menos productivas, como la seguridad de las viviendas”, explicaron los autores en el IMFBlog, un espacio en el que los investigadores del organismo internacional difunden sus trabajos.
Los hallazgos de Machado y Valdés señalan que reducir la delincuencia en América Latina al nivel del promedio mundial incrementaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales.
Pero el impacto no solo debe verse a nivel macroeconómico, sino que debe considerarse también cómo están siendo afectados los pequeños y microempresarios que constituyen el 96% del tejido empresarial del país y emplean al 45% de la Población Económicamente Activa (PEA), según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Menor inversión
Si bien, como se observa en el cuadro adjunto, la categoría extorsión y cobros ilegales por protección ocupa el puesto 13 de 15 entre las principales modalidades criminales en el Perú consideradas en el Índice Global de Crimen Organizado 2023, a nivel microeconómico, su impacto es muy superior, estiman especialistas del sector empresarial.
Juan José Marthans León, ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), señaló que los temas que más preocupan al país son el avance del crimen y la violencia, en tanto que la delincuencia, en general, es el factor que más preocupación y limitación económica provoca debido a que tiene un mayor impacto sobre el PBI.
En ese sentido, el profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu Bolaños, sostuvo que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales factores que dificulta la inversión en el Perú, no solo por la presencia del narcotráfico y la minería ilegal, sino por el surgimiento de secuestros, extorsiones y préstamos ‘gota a gota’ que afectan al sector empresarial, en particular, al de los pequeños negocios.
“La inseguridad es un problema complejo que está presente en distintas zonas del país. El año pasado hubo más de 21.000 denuncias por extorsión, según cifras oficiales, pero deben ser más quienes no denuncian”, alertó.
De la misma opinión es Andrés Choy Li, presidente del Comité de la Pequeña Empresa de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quien advirtió que la delincuencia no solo afecta al empresario extorsionado sino también al que teme ser víctima.
Sobrecostos
La delincuencia también genera un sobrecosto, pues los empresarios se ven obligados a invertir en rejas más fuertes, cámaras de seguridad o en contratar a un vigilante para su calle o para su propio negocio, todo lo cual incrementa los costos operativos del negocio, detalló.
“Dentro del segmento PYME, el porcentaje de negocios afectados es alto. Incluso entre la mediana y gran empresa, pero hay temor de comentarlo debido a las amenazas que reciben de los delincuentes”, precisó Choy, quien también es presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.
Indicó que un factor que facilita el incremento de la delincuencia es el temor que ha generado entre la población, en particular, por el sensacionalismo con el que los medios de comunicación tratan la información sobre los delitos.
Choy afirmó que los delincuentes están afectando a todo tipo de negocios, desde los que operan con puerta a la calle hasta a quienes gestionan pequeñas fábricas y empresas de servicios.
“Muchas bodegas han tenido que cerrar su negocio. El año pasado cerraron 2.600 bodegas debido a la violencia, pero al paso que vamos, esta cifra va a duplicarse hasta las 5.000 bodegas este año”, alertó.
Menor valor
Como se ve, no son casos aislados. La consultora Jones Lang LaSalle (JLL) publicó en junio su reporte de Comercios Puerta a Calle que da cuenta de una expansión general de los comercios en Lima.
Los locales desocupados han disminuido en 1,2 puntos porcentuales durante el primer trimestre del año hasta ser de solo el 1,9% del total de tiendas, salvo en los distritos más afectados por la inseguridad ciudadana donde es notoria la disminución de la demanda por alquiler de estos locales e, incluso, el abandono de inmuebles por los comerciantes que los operaban.
En Lima Norte (Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos), Lima Este (San Juan de Lurigancho) y Lima Sur (Chorrillos, Villa El Salvador, entre otros) se está registrando este fenómeno. El factor común denominador que promueve la desocupación es la inseguridad ciudadana, afirmó.
Cifras alarmantes
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó recientemente que durante el primer trimestre del año se recibieron más de 5.000 denuncias de extorsión, un número que es superior a todas las denuncias recibidas en el 2023 y que, de mantenerse esta tendencia, llevaría a que se superen las 20.000 denuncias este año.
Según la PNP, un tercio de estos hechos se presentan en Lima Metropolitana, sin embargo, el fenómeno ha crecido rápidamente al interior del país, registrándose hasta un aumento anual de 179% en departamentos como Cajamarca, o de 88% en Piura y 84% en La Libertad, ello a pesar de que este último departamento tiene 2 provincias (Trujillo y Pataz) en estado de emergencia.
El coronel Jorge Carpio Ordaya, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP, confirmó que la población que está siendo más afectada por los delincuentes son los comerciantes, emprendedores, bodegueros, profesionales del sector servicios como hoteleros, salones de belleza y boticas, entre otros.
“El bajo nivel de seguridad que estas personas poseen las ha convertido en la víctima predilecta de los delincuentes, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad”, detalló.
Entre las diversas modalidades de extorsión que existen, Carpio refirió que el denominado “chalequeo” es una de las más usadas y, básicamente, consiste en generar el temor en la víctima sobre un posible ataque en su contra o de su familia y cobrarle por protección.
El envío de cartas con amenazas, mostrar contratos para asesinarlos o los escopetazos y lanzamiento de granadas, son formas de incrementar el temor entre los emprendedores.
Carpio recomendó a quienes sean víctimas de estos delincuentes no negociar con ellos e informar a la PNP de forma inmediata. Pueden hacerlo llamando a la Línea 1818 del Ministerio del Interior (Mininter) o al 942841978 de la División de Secuestros y Extorsiones.
Riesgos
Lo importante es que no nos acostumbremos a vivir en estado de inseguridad, sostuvo recientemente el ejecutivo mexicano Fernando Eguiluz Lozano, quien es CEO del banco BBVA Perú.
Advirtió contra la posibilidad de que nos pase lo que le sucedió a la sociedad mexicana, donde la inseguridad pasó a ser parte de la vida cotidiana, ocupa los principales espacios en los medios de comunicación y la gente se fue acostumbrando a vivir así. “Un día, sin darnos cuenta, podemos terminar desbordados como sociedad y convertidos en caldo de cultivo de riesgos mayores”, alertó.
En el sector empresarial, ya se asiste a la materialización de algunos de esos riesgos mayores como, por ejemplo, la situación en Pataz (La Libertad), donde bandas criminales y mineros ilegales han puesto en jaque a la Compañía Minera Poderosa tras los ataques sufridos en diciembre del 2023 (con el asesinato de 17 trabajadores), abril del 2024 e incluso en mayo último, en pleno estado de emergencia.
Por su parte, el 2 de julio, la minera Summa Gold Corporation fue objeto de un ataque perpetrado por los mineros ilegales de Coigobamba y delincuentes procedentes de Pataz, con el objetivo de invadir parte de la concesión minera para expandir sus operaciones ilegales.
Los sujetos dispararon con armas de largo alcance y detonaron cartuchos de dinamita en la concesión.
La minera exhortó a la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial realizar las acciones pertinentes para frenar la delincuencia en Huamachuco y el avance de la minería ilegal como ha sucedido en Pataz.
Pero la minería ilegal no es un fenómeno nuevo, sino que se le ha estado dejando actuar e incluso facilitado las cosas, como sucedió en Tambogrande (Piura), donde luego de que, en el 2002, con el auspicio de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y la campaña mediática “Sin limón no hay cebiche”, que usó falsamente el argumento de que la empresa minera Manhattan Minerals iba a contaminar el río cuyas aguas se utilizan para regar los sembríos de limones, la población rechazó de forma violenta el proyecto aurífero y Manhattan Minerals se tuvo que retirar.
En su lugar, ingresaron mineros informales quienes finalmente han sumido a la zona en un grave problema de contaminación ambiental y a la provincia en una espiral de violencia.
Por su parte, el economista jefe para Perú del BBVA Research, Hugo Perea Flores, informó que la entidad bancaria está trabajando un informe interno que debe estar listo en el mes de julio, cuya publicación no está aún definida, para cuantificar el costo de la inseguridad ciudadana en la economía peruana.
“Es un tema que preocupa mucho a las empresas. Claramente la inseguridad está pesando sobre los costos empresariales, sobre la disposición para invertir y el sentimiento empresarial, todo lo que genera un menor crecimiento económico. El costo económico no es menor”, subrayó.
Lucha débil
El trabajo de la Policía no está exento de críticas. Si bien el presupuesto que el Gobierno destina a la seguridad ciudadana crece continuamente y ya ha superado los S/5.000 millones, su nivel de ejecución no llegaba al 40% hasta la quincena de junio, debido a los problemas de gestión que padece todo el sector público.
Pero hay un problema de fondo que se está tratando de solucionar desde hace varios años sin que se logre avances significativos: la Policía captura a un delincuente, pero al poco tiempo, la Fiscalía o el Poder Judicial deciden su liberación, lo que no solo afecta la moral de los policías, sino que también eleva la sensación de impunidad entre los delincuentes.
El último jueves 20 de junio, el ministro del Interior, Juan Santivañez Antúnez, se reunió con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, para dialogar sobre la forma más correcta y rápida de solucionar ese problema, pero no hay soluciones de corto plazo a la vista, solo las mismas declaraciones.
“Vamos a acelerar la conformación de juzgados de flagrancia”, es una de las frases más repetidas entre las autoridades que deben luchar contra la delincuencia. Sin embargo, el Perú solo cuenta con 7 Unidades de Flagrancia en todo el país (4 en implementación este año), que son los entes que permiten que un delincuente capturado cometiendo el delito sea sentenciado en menos de 48 horas.
Igualmente, si bien en diciembre del año pasado el Gobierno aprobó el Decreto Legislativo N° 1605 que otorga a la Policía un nuevo rol y funciones en la investigación de los delitos, en vez de que solo sean los fiscales, todavía no muestra resultados.
Crisis institucional
El expresidente del Consejo de Ministros y excongresista, Ántero Flores-Aráoz, sostuvo que todo el sistema de justicia del país, integrado por el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y la Justicia Militar-Policial, hace agua, genera desconfianza, tiene procedimientos interminables y resoluciones kilométricas.
Agregó que la situación ha empeorado en los últimos tiempos debido a lo que calificó como ‘demencial confrontación de poderes y organismos autónomos’ y, en medio de esta crisis institucional, la delincuencia sigue aumentando.
Por su parte, Eguiluz del BBVA Perú, enfatizó que la crisis de seguridad es una amenaza que se debe combatir con la mayor celeridad. “Es momento de que todos –los gremios empresariales, el sector público, la sociedad civil y las autoridades– trabajemos juntos para encontrar y adoptar medidas que nos lleven a mitigar esta situación. El Perú debe mostrarse como un país fuerte, lleno de emprendedores y de gente de bien que quiere salir adelante”, subrayó.
Y si hay algo positivo en medio de esta crisis es que cada vez más organizaciones de la sociedad civil toman cartas en el asunto, en un esfuerzo que -a pesar de no encontrar respuestas oficiales adecuadas- no debe desmayar.
Respuesta empresarial
Desde su labor gremial en Confiep, Choy lamentó que el trabajo con la PNP para enfrentar la delincuencia no logre ser lo eficaz que se requiere, en parte, debido a la inestabilidad política existente.
Cabe indicar que el Gobierno ha dispuesto para este año más de S/5.700 millones para la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, monto del cual se ha ejecutado hasta el momento el 36,7%, pero que todavía no se refleja en mejoras para la ciudadanía.
“Lamentablemente, si bien hemos tenido reuniones con el Mininter, hay muchos cambios de ministros y eso hace que varíen las políticas. Cada vez que entra un nuevo ministro, vuelve a realizar una evaluación, diseña sus políticas de respuesta, pero luego el ministro es cambiado cuando está empezando a implementar sus propuestas”, mencionó Choy.
Por ello, agregó, no se ve una estrategia que brinde resultados ya que son solo propuestas de valor, pero no se llegan a concretar. “Hay un nuevo ministro y hemos empezado un nuevo proceso de evaluación. Desde Confiep, como desde otros gremios empresariales, seguiremos insistiendo en articular una respuesta integral contra la delincuencia”, subrayó.
Por su parte, Lizarzaburu de la Universidad ESAN, consideró que desde el sector privado existen diversas iniciativas para trabajar junto con la PNP, tales como la mejora de las comisarías a nivel nacional a través de mecanismos como Obras por Impuestos (OxI), el apoyo para la dotación de cámaras de seguridad y equipos de inteligencia, además de la posibilidad de mejorar la gestión de los recursos.
Sin embargo, hace ver que todavía no se vislumbra una necesaria y recomendada respuesta integral de parte de las autoridades, a pesar de que la seguridad ha sido declarada como una de las 2 prioridades del Gobierno para este año (la otra es salir de la recesión).
Los operativos policiales son efectistas, pero no son la respuesta integral que se espera. Un claro ejemplo de ello lo ha brindado el operativo ‘Amanecer Seguro’ desplegado el pasado 20 de junio en todo el país y promocionado como el más grande en la historia de Latinoamérica por el Gobierno de Dina Boluarte, quien lo encabezó.
“Se está llevando a cabo a nivel nacional el operativo más grande de la historia de América Latina. El Gobierno ha salido a luchar contra la delincuencia y el crimen organizado”, dijo Santivañez. El resultado del despliegue policial, sin embargo, fue el que se podía haber esperado: captura de personas con requisitoria y de indocumentados, decomiso de drogas, armas de fuego, vehículos robados y hasta de un balón de gas, en Tacna; pero, la ciudadanía sigue exigiendo una estrategia integral que brinde golpes concretos a la delincuencia.
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“A los agiotistas se les paga tasas exorbitantes, pero ahora se ha vinculado con el tema delincuencial”
El presidente del Comité de la Pequeña Empresa de la Confiep y de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy Li, señala que el sector financiero formal tiene desembolsos más lentos y engorrosos.
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¿Los créditos informales son motivo de preocupación para los microempresarios?
Los créditos informales o los agiotistas, como les llamamos, siempre han existido para el financiamiento de quienes no acceden a un crédito formal. A los agiotistas se les paga tasas exorbitantes, pero ahora se ha vinculado con el tema delincuencial.
Hay amenaza y métodos de cobranza violentos, pero, además, te ingresan a un círculo vicioso en que tu relación no acaba si cumples con el pago del préstamo, sino que te obligan a aceptar más dinero y a seguir pagando. Es una relación más extorsiva.
¿En qué medida el marco legal facilita las actividades criminales?
Las medidas legales que se dan y que tienen como efecto reducir la oferta formal, terminan alentando al crimen. Por ejemplo, poner límites a las tasas de interés con la Ley de Usura hizo que se redujera la oferta formal debido a que no convenía prestar a un gran sector del mercado teniendo en cuenta su nivel de riesgo.
Ahora que se debe corregir (el Congreso de la República sigue sin aprobar un proyecto de ley para suspender la Ley de Usura), no se sabe si la oferta crediticia se recuperará rápido.
¿Cómo ampliar la penetración del sector financiero formal entre los microempresarios?
Deben darse medidas más efectivas. Un factor que siempre se trabaja es el riesgo porque de ello depende la tasa de interés. En ese sentido, que el Estado brinde garantías y ayuda, pero no es lo único que se necesita. Más que nada, lo principal es el proceso de la obtención del crédito.
Las tasas pueden bajar con garantías que disminuyan el riesgo, pero se tiene que avanzar en la mejora del nivel de documentación que se exige para que el crédito sea más rápido.
Los formales tienen un nivel de desembolso más lento y engorroso. El informal es inmediato. Se requiere un crédito formal que se adapte al ritmo del negocio. Solo así se ampliará la cobertura de la oferta del crédito formal.