Más de medio millón de personas recurrieron a créditos informales pagando altos intereses e, incluso, arriesgando su vida debido a que no son sujetos de crédito para el sistema financiero. Para atender dicha demanda crediticia es necesario que conversen entidades microfinancieras y el regulador.
La Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros (Ley Nº 31143) es, en gran medida, una norma torpe y tonta, pero es popular en muchos países, afirmó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde Flores.
“La tienen varios países de la región y varios países desarrollados inclusive”, dijo durante un reciente evento en Argentina, sumándose a los cuestionamientos a la conocida como Ley de Usura que fija topes a la tasa de interés de los créditos de consumo.
Como se recuerda, la Ley Nº 31143 fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República y está vigente desde el 19 de marzo del 2021. Desde entonces, el BCR está obligado a establecer tasas de interés máximas y mínimas en los créditos de consumo y para la micro y pequeña empresa (MYPE).
Velarde recordó que, desde el 2021, “cuando el Congreso nos obligó a fijar una tasa máxima para crédito de consumo, esa tasa la hemos puesto al doble del promedio. Está en 100%, que en realidad destruye a los créditos muy bajos. El típico crédito de los bancos está excluido” del alcance de esa ley.
Lamentó que, como consecuencia de esa ley, las instituciones microfinancieras muy pequeñas han quedado completamente imposibilitadas de dar crédito al sector rural y al sector informal, o sea, créditos de US$500 a US$1.000.
Excluyente
Cabe señalar que, recientemente, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Solís Espinoza, exhortó al Congreso a que derogue la Ley Nº 31143.
Afirmó que esa ley ha dejado sin acceso al crédito formal a un sector de la MYPE y alertó de que estas unidades productivas están cayendo en las garras de lo que denominó ‘mafias’ del financiamiento informal con las que las Cajas Municipales ya no pueden competir.
En resumen, la lucha contra el crédito informal en Perú requiere un enfoque integral que incluya la revisión de las tasas de interés y la creación de productos financieros formales más accesibles.
Esto, combinado con la promoción de la competencia y la mejora de la educación financiera, podría ayudar a brindar una solución sostenible a este problema que afecta a miles de peruanos.
Gota a gota
En los últimos años, los préstamos informales, popularmente conocidos como ‘gota a gota’, han proliferado en Perú, convirtiéndose en un problema grave que afecta a cientos de miles de deudores. La FEPCMAC advirtió recientemente que más de medio millón de personas habrían tomado estos préstamos, con desembolsos que superan S/1 millón en el último año.
Estas cifras preocupantes evidencian la necesidad de abordar este fenómeno y ofrecer alternativas financieras seguras y accesibles para la población.
Una encuesta realizada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), publicada en la edición 211 de Microfinanzas, reveló que al menos el 8% de los hogares urbanos del país recibieron un crédito informal en el último año. Esto equivale a cerca de 580 mil hogares que, en promedio, recibieron S/1.700 por cada préstamo. La zona oriente del país es la más afectada, con un 22% de los hogares que han recurrido a esta modalidad.
Lo más alarmante es que casi la mitad de los usuarios de estos préstamos informales pagaron tasas de interés anuales que superan el 500%, lo que representa 10 veces más de lo que pagarían por un crédito de consumo estándar.
Esta explotación financiera afecta a los más vulnerables, que buscan en estos préstamos la rapidez y la ausencia de requisitos engorrosos que no pueden cumplir en el sistema financiero tradicional.
Walter Rojas Echevarría, gerente central de Negocios de Caja Cusco, explicó que las personas que recurren a estos créditos informales se caracterizan por su falta de experiencia crediticia y su ausencia de gestión empresarial.
Esto aumenta el riesgo de caer en estos créditos informales ya que muchas entidades financieras suelen requerir un historial crediticio y experiencia previa en la gestión de negocios, lo que excluye a esta población, indicó.
“El historial crediticio de quienes utilizan préstamos informales suele ser negativo, especialmente debido a la pandemia de la COVID-19, que obligó a reprogramar y refinanciar créditos, dejando una marca negativa en el sistema financiero. Esta situación hace que estas personas sean rechazadas por las entidades tradicionales, lo que las lleva a recurrir a créditos informales con tasas exorbitantes”, comentó.
La solución a este problema radica en la creación de productos financieros diseñados específicamente para este segmento de la población. Rojas enfatizó que estos productos no deben considerar el historial crediticio, ya que muchos carecen de él o tienen uno desfavorable. En su lugar, estos productos podrían ofrecer tasas de interés más altas, teniendo en cuenta el mayor riesgo que representa este grupo.
Es alentador saber que algunas microfinancieras ya están trabajando en productos financieros adaptados a estas necesidades. Sin embargo, es crucial que el regulador financiero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), brinde su aprobación para estos productos. La colaboración entre las entidades financieras y el regulador es fundamental para garantizar que estas alternativas sean seguras y efectivas.
Trampa
Según Jorge Carrillo Acosta, director general en CyC Corp (Capacitación y Consultoría Corporativa), una de las principales trampas para la implementación de productos financieros formales adecuados, para las personas que recurren a los préstamos informales, es el tope a la tasa de interés dispuesto por ley, que ahora está en 96,3%.
“Este límite impuesto por la ley no permite a las entidades financieras cubrir el riesgo asociado con los préstamos, lo que dificulta la creación de alternativas atractivas para los que solicitan créditos informales”, señaló.
La controvertida Ley de Usura que estableció este tope con el objetivo de “erradicar” las tasas de interés consideradas “excesivas y usureras” en el crédito formal, en lugar de lograr este objetivo, ha restringido el acceso al crédito formal y ha incrementado el financiamiento informal.
Entre mayo y diciembre del 2021, más de 220 mil personas dejaron de ser sujetos de crédito del sistema financiero debido a que muchas entidades financieras dejaron de prestarles dinero, ya que el costo de hacerlo excedía el tope establecido por el BCR, que en ese momento era de 83,4%.
Educación financiera
Por su parte, el presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú), Jorge Delgado Aguirre, afirmó que proyectos de ley impulsados desde el Congreso, como la eliminación de los costos por transferencia interbancaria, llegan para endurecer aún más los créditos en el Perú, luego de la Ley de Usura.
“Mientras más se interviene el mercado de créditos con decisiones políticas, menos personas pueden acceder a préstamos en el sector formal y se ven expuestas a modalidades de estafa como el ‘gota a gota’, que manejan tasas de interés que llegan hasta el 500%”, comentó.
Lamentó que estos préstamos ‘gota a gota’ están generando terror y muerte en zonas con población vulnerable del país ante la imposibilidad que tienen muchas personas y microempresas de poder pagar esas tasas de interés.
Agregó que esta modalidad de préstamo informal se ha convertido en competencia desleal de las microfinancieras por falta de educación financiera de los microempresarios.
“Las entidades microfinancieras están trabajando con microempresarios en sensibilizar y demostrar el alto riesgo social y financiero de los préstamos ‘gota a gota’ para sus negocios. Muchos creen que las tasas de intereses son menores, pero por desconocimiento terminan pagando mucho más”, subrayó.
La tasa
La tasa de interés de los créditos se compone de diversos elementos, incluyendo los costos operativos y de fondeo asumidos por las entidades financieras, así como el riesgo inherente al préstamo.
Cuando estos costos no pueden ser cubiertos debido al tope de tasas de interés de 96,3%, las instituciones financieras se ven obligadas a negar el crédito a los solicitantes, lo que perpetúa el ciclo del crédito informal.
Para abordar esta problemática, es esencial analizar los factores que determinan el costo del crédito para los préstamos a microempresas y de consumo, que son los segmentos con tasas de interés más elevadas.
Según el estudio del BCR denominado “Condiciones para mejorar el acceso al crédito”, el mayor costo se debe principalmente a los costos operativos y la compensación por el riesgo de impago, representando hasta el 80% del costo total del crédito en el caso de los créditos de consumo.
En este contexto, las entidades financieras y la SBS deben replantearse la forma en la que se ofrecen créditos formales y considerar medidas que permitan reducir los costos operativos y mitigar los riesgos asociados. Esto podría incluir la simplificación de trámites, la implementación de tecnologías financieras innovadoras y la promoción de la educación financiera.
Además, es crucial que se promueva una mayor competencia en el sector financiero, lo que podría ayudar a reducir las tasas de interés al ofrecer a los consumidores más opciones y obligar a las instituciones financieras a ser más competitivas en términos de tasas y servicios.