En este 2024 se espera que el número de operaciones notificadas de concentración empresarial sea más alto que años anteriores. El incremento es probable, considerando la subida de transacciones en el país y la predictibilidad que está brindando el Indecopi, señaló Ivo Gagliuffi, socio de Garrigues.
En el 2023 hubo novedades relevantes en materia de libre competencia, tales como la modificación del Código Penal para considerar delito solo a los “carteles duros”, o la imposición de una multa récord (mayor a S/4,2 millones) por obstaculización de labores inspectoras del Indecopi, afirmó Ivo Gagliuffi, socio encargado del Departamento de Competencia, Regulación Económica y Propiedad Intelectual de Garrigues.
Manifestó que para este 2024 se perfilan como especialmente importantes 2 regulaciones en particular: la consolidación del régimen de control previo, y la Guía de consorcios inusuales.
Control previo
La ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial cumplirá en junio próximo 3 años de vigencia. En sus 2 primeros años, este régimen que aplica Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) procesó 36 solicitudes de fusiones o adquisiciones.
La entidad resolvió estos pedidos en un plazo promedio de 44 días hábiles, de acuerdo con un informe de Garrigues y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.
Según Gagliuffi, este 2024 se espera que el número de operaciones notificadas sea más alto que años anteriores. “El incremento es probable, considerando la subida de transacciones en el país y la predictibilidad que está brindando el Indecopi”.
Agregó que los lineamientos para la calificación y análisis de las operaciones de concentración empresarial (que publicó la entidad) serán de gran utilidad para entender este tipo de procesos.
“Inusuales”
Tras un periodo de recepción de comentarios en el 2023, se estima que el Indecopi publique este año la versión final de la Guía para Identificar Consorcios Inusuales en las Contrataciones Públicas.
Se trata de un conjunto de orientaciones para el sector público y privado sobre características y modalidades de prácticas anticompetitivas al contratar con el Estado.
Gagliuffi consideró que el documento será de especial importancia para las empresas. “Servirá a este sector para tener claro cuándo y cómo puede consorciarse. Muchos privados se han consorciado analizando casi intuitivamente si sus prácticas son sospechosas o no, corriendo el riesgo de ser confundidos con un cartel”,
Indicó que el documento también será útil para el sector público porque permitirá que las entidades tengan las herramientas para detectar si un consorcio se está empleando para implementar un pacto de no competencia entre dos postores.
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