«En una severa advertencia, el exministro de Economía detalla cómo el deterioro fiscal, la inseguridad desbordada, el avance de las mafias y la inestabilidad política se potencian entre sí, limitando el crecimiento y la capacidad de respuesta del Estado. Revela que la deuda neta se disparó del 4% al 25% del PBI en una década y que la criminalidad ya le cuesta al país S/ 19,800 millones.«
(*) Artículo publicado en la edición 240 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M240.pdf
- “Nuestros ahorros públicos se han venido reduciendo. El fondo de estabilización fiscal no se ha estado alimentando porque se alimenta si hay superávit, sino, ¿de dónde? (…) el Perú llega a 2026 sin el colchón financiero que le permitió enfrentar la pandemia, en un contexto de pasivos contingentes gigantescos y exposición a shocks externos”, advierte el exministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla.
En un reciente análisis presentado por el exministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, se advierte sobre cuatro factores de riesgo críticos que podrían comprometer el desempeño económico del Perú de cara al 2026. Su diagnóstico, estructurado en torno al deterioro de las finanzas públicas, la crisis de inseguridad, el avance de las economías ilegales y la inestabilidad política, pinta un panorama complejo que demanda atención prioritaria.
Deterioro finanzas públicas
- El primer y quizás más técnico de los riesgos es el deterioro de las finanzas públicas. Castilla señala que el país se encamina hacia su tercer año consecutivo de incumplimiento de las reglas fiscales. Las proyecciones para 2025 y 2026 anticipan un déficit del Sector Público No Financiero de -2.5% y -2.1% del PBI, respectivamente, manteniendo una trayectoria negativa persistente.
- Este desequilibrio se enmarca en un contexto regional donde, si bien Perú no presenta los peores indicadores, su posición se ha debilitado. El déficit fiscal peruano el 2024 (-3.5% del PBI) supera al de países como Chile, Uruguay y Paraguay, acercándose a niveles preocupantes.
Sin embargo, Castilla fue más allá de las cifras oficiales, alertando sobre “otras contingencias que no están incluidas”. Mencionó tres: los pasivos contingentes del Estado (fallos judiciales, laudos arbitrales y garantías), que el MEF calcula en 10 puntos del PBI; la situación de Petroperú, con una contingencia adicional estimada en “dos puntos del PBI”; y la vulnerabilidad ante shocks externos, agravada porque “nuestros ahorros públicos se han venido reduciendo”.
- “El fondo de estabilización fiscal no se ha estado alimentando porque se alimenta si hay superávit, sino, ¿de dónde?”, cuestionó.
- La consecuencia directa de este déficit continuo es la presión sobre la deuda pública. Según escenarios del Consejo Fiscal citados por Castilla, la deuda podría superar el límite transitorio de 39% del PBI y avanzar hacia una trayectoria insostenible, especialmente si no se implementan correctivas. Este panorama fiscal limita la capacidad del Estado para invertir y reaccionar ante shocks futuros.
- Un dato revelador que destacó es el de la deuda neta (deuda bruta menos los activos del fisco). “En 10 años se ha incrementado, ha pasado del 4% al 25% del PBI. O sea, esto es un patrón de deterioro. Y no todo es culpa de la pandemia”, recalcó.
- Según el exministro, a diferencia de otros países, el Perú no ha podido “retomar la reparación de colchones de ahorro”, justo lo que permitió una política contracíclica agresiva durante la emergencia sanitaria.
Inseguridad
- El segundo riesgo, y el más palpable para la ciudadanía, es la crisis de inseguridad. Castilla presentó datos contundentes: para el segundo trimestre de 2025, el 64% de los peruanos identifica la inseguridad como el principal problema del país, muy por encima de la corrupción o el poder adquisitivo.
- La violencia se ha intensificado de manera alarmante. En 2024 se superó la barrera de los 2,000 asesinatos, un incremento del 30% respecto al año anterior, y la tendencia al alza continuaba en 2025. Encuestas reflejan que el 38% de los limeños declaró haber estado cerca de un tiroteo callejero en los últimos tres meses.
- De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia, “1 de cada 5 personas han sido victimizado”, con una incidencia desigual: “En el norte es 1 de cada 4, pero en el sur del país es 1 de cada 10”.
- Para ilustrar la gravedad, dio anécdotas potentes: “El censo no pudo realizarse en Pataz porque no había condiciones para que entren los censistas. Además, nosotros (Videnza Instituto) hicimos un estudio sobre el costo de la inseguridad y no pudimos entrar a San Juan de Lurigancho”.
- Este clima de temor tiene un costo económico cuantificable y severo. Castilla reveló que por primera vez el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó en el Marco Macroeconómico Multianual impacto total de la inseguridad que asciende a S/ 19.8 mil millones (1.7% del PBI), distribuido entre gastos privados en seguridad (1.2% del PBI) y erogaciones públicas (0.5% del PBI). Además, el aumento de la tasa de homicidios habría restado entre 0.4 y 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI en 2024.
- “El punto está en que este costo básicamente lo paga el sector privado”, afirmó.
- Reveló que, según sus cálculos, “el 15% de las pequeñas empresas de industria, comercio y servicios en Lima han quebrado” debido a la inseguridad, sin contar los gastos en botones de pánico, rejas y sistemas de vigilancia. “Esto está detrayendo liquidez y reproduciendo gastos que podrían usarse para ampliar plantas o capacidades”, lamentó.
Economías ilegales
- El tercer factor de riesgo es el avance de las economías ilegales, un cáncer que corroe las instituciones y el territorio. Castilla estimó que el piso de la economía criminal superaba los $9,800 millones anuales en 2023, liderada por la minería ilegal ($4,000 millones), el narcotráfico y la trata de personas.
- La minería ilegal de oro, en particular, ha expandido sus “zonas críticas” por la costa, sierra y selva del país. Un dato revelador es que del total de inscritos en el Registro Integral de Formalización (REINFO), el 78.7% está suspendido, sugiriendo que una vasta red de ilegales opera bajo el disfraz de la informalidad.
- Pero el riesgo va más allá de lo económico: estas economías ilegales buscan capturar el Estado. Según encuestas presentadas por Castilla, el 70% de los peruanos considera “muy” o “bastante” probable que el dinero ilícito influya en los resultados electorales. Asimismo, el 54% cree que la influencia de estas mafias en el próximo Congreso y en las leyes “aumentará mucho” o “aumentará algo”.
- “Las economías ilegales tienen representación política en el país. De (partidos políticos) izquierda a derecha, es una coalición”, advirtió.
Inestabilidad política
- El cuarto riesgo, que actúa como un multiplicador de los anteriores, es la inestabilidad política crónica. Ilustró cómo los constantes cambios presidenciales y ministeriales han generado volatilidad en indicadores clave como el tipo de cambio y el riesgo país, afectando la confianza de inversionistas.
- La gestión pública sufre directamente esta inestabilidad. El tiempo promedio de los ministros del Interior, por ejemplo, se ha desplomado de 8.57 meses en el periodo 2001-2006 a apenas 1.02 meses en el periodo 2021-2026. Patrones similares se observan en el Ministerio de Economía, donde la duración promedio de los titulares se ha reducido drásticamente, imposibilitando la continuidad de las políticas.
- En conjunto, el análisis de Luis Castilla delinea una tormenta perfecta de riesgos: unas finanzas públicas que pierden margen de maniobra, una inseguridad que frena el crecimiento y consume recursos, economías criminales que expanden su poder e influencia, y una clase política incapaz de brindar estabilidad y gobernanza.