(*) Artículo publicado en la edición 224 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M224.pdf.
Por Javier Parker Chávez, Director
javier.parker@microfinanzas.pe
Está próxima la fecha de entrada en operaciones de dos de las obras de infraestructura de mayor trascendencia que tendrá Perú en la presente década: el megapuerto de Chancay, ubicado al norte de Lima, y el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao.
Estas obras deben marcar un nuevo hito en la historia del desarrollo económico del país, como en su momento lo marcó, al menos en lo que a épocas recientes respecta, la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), en el año 1994, licitación que ganó Telefónica de España y que inició la democratización del acceso al servicio de telefonía, lo que antes solo era privilegio de unos cuantos.
La licitación de la CPT quedará registrada como el símbolo del proceso de privatización que liberó al Estado peruano de empresas, en su mayor parte estatizadas durante la nefasta dictadura izquierdista de Juan Velasco Alvarado, que cayeron en decadencia a los pocos años de su estatización por el mal uso y abuso que hicieron de las mismas los corruptos e ineficientes funcionarios públicos de entonces; y que nos terminaron costando, a todos los peruanos, miles de millones de dólares en subsidios y pérdida de oportunidades de desarrollo por los malos o nulos servicios que brindaban.
También marcó un hito en el desarrollo económico del país la llegada del gas natural de Camisea a Lima, en el año 2004, transformando la matriz energética peruana. Concretar este proyecto, que ahora beneficia a diez regiones del país, llevando energía a millones de hogares, miles de comercios, industrias y vehículos que recorren las vías peruanas, tomó prácticamente dos décadas desde su descubrimiento, por los convulsionados años de terrorismo y crisis económica y política que sufrió el país a fines del siglo pasado.
Ahora, veinte años después de Camisea y luego de ocho años de frustración por el incalculable daño que la corrupta Odebrecht, así como otras empresas brasileñas y sus cómplices peruanos, hicieron a los procesos de inversión privada promovidos por el Estado, especialmente en obras de infraestructura, pareciera que estamos frente al inicio de una nueva era en el desarrollo de grandes obras, sobre todo en el sector transportes, que traerán bienestar a todos los peruanos.
Entre estas obras se puede mencionar los trenes de cercanías Lima-Barranca, Barranca-Trujillo y Lima-Ica, tan necesarios para liberar las congestionadas vías que cubren esas rutas de la costa peruana, reduciendo significativamente las horas de viaje. Urge también la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. En una ciudad de prácticamente 11 millones de habitantes con un transporte colapsado, no puede tardar más su ejecución. El costo que se está pagando por su ausencia es mucho mayor.
Por su parte, el proyecto para construir el megapuerto de Corío, como un terminal multimodal en la provincia de Islay, es una gran oportunidad para el desarrollo de Arequipa y de todo el sur peruano, y para consolidar a Perú como el hub portuario del Pacífico sudamericano.
Las grandes obras de infraestructura son un catalizador para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. (Mipyme), porque extienden sus beneficios a sectores que no están directamente relacionados. Esto, a su vez, genera demanda por créditos que pueden atender las instituciones microfinancieras.
La inversión en minería, agroindustria y turismo también son un catalizador para el desarrollo de la Mipyme. Hay muchos proyectos de inversión privada en estos sectores por miles de millones de dólares que están a la espera de autorización gubernamental para su ejecución.
En turismo, se puede mencionar, por ejemplo, el proyecto de la terminal de cruceros en la Bahía de Miraflores, iniciativa privada que espera desde el año 2017 por su aprobación. Este proyecto, que busca atraer a más de 400 mil turistas a Lima anualmente, consolidaría a la capital peruana como destino turístico.
Simultáneamente, los indicadores de las expectativas empresariales, que mide el Banco Central de Reserva (BCR), se están recuperando; asimismo, los inversionistas en fondos mutuos y en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) están volviendo, y también se incorporan nuevos inversionistas, tal como compartimos en la presente edición de Microfinanzas.
Es responsabilidad de todos los peruanos que se pueda concretar esta nueva oportunidad de desarrollo que se nos presenta. Observemos con detenimiento lo que está sucediendo en nuestra región para no cometer los mismos errores que hemos cometido en años recientes.
Venezuela, un país otrora el más próspero de Sudamérica, hoy está en ruinas, gobernado por una dictadura desde hace años que ya no hace ningún esfuerzo en disimularlo, tras el último fraudulento proceso electoral, y que ha llevado a un doloroso exilio a más de ocho millones de sus habitantes.
Resulta paradójico que los peruanos hayan elegido, en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales del año 2021, al partido político que apoya a la dictadura venezolana que sistemáticamente viola los derechos humanos de sus ciudadanos y que tiene a toda su población en la más cruel de las miserias.El 2025 es, para Perú, un año preelectoral, está en juego esta nueva oportunidad de desarrollo que tiene el país. No nos dejemos engañar con propuestas demagógicas y llenas de resentimiento que en lugar de ofrecer soluciones busca enemigos donde no los hay.
Salir de la pobreza, crear empleo de calidad y mejorar los salarios no se logra con ofrecimientos de redistribución de lo poco que hay, tampoco con subsidios; sino con la generación de nueva inversión que impulse el desarrollo de los pequeños emprendimientos.