Tope de sanción del OSIPTEL es de 350 UIT, mientras que los de la OEFA y Osinergmin son de 5.000 UIT y 3.000 UIT, respectivamente.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) instó por una necesaria ampliación al tope de las multas impuestas a las empresas infractoras con el fin de lograr cambios significativos en su comportamiento.
A pesar de la importancia del sector de las telecomunicaciones para el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad peruana, OSIPTEL indicó que enfrenta restricciones en el monto máximo de las multas impuestas en comparación con otros organismos reguladores y fiscalizadores. Esto ha resultado en que las sanciones no siempre sean proporcionales al impacto de las infracciones cometidas por las empresas operadoras en el mercado y en los usuarios.
Actualmente, el tope legal para las multas impuestas por OSIPTEL es de 350 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/1,7 millones (según el valor de la UIT para el año 2023). Esta cifra es significativamente inferior a los topes establecidos por organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con 5.000 UIT (S/24,7 millones), y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), con 3.000 UIT (S/14,8 millones).
También es menor en comparación con los topes establecidos por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), con 900 UIT, y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), con 500 UIT.
“La escala de multas del OSIPTEL se estableció por ley hace más de 20 años, por lo que no responde a los cambios y evolución del mercado de las telecomunicaciones”, indicó el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz.
El organismo destaca que estas restricciones en el monto máximo de las multas limitan su capacidad para aplicar sanciones proporcionales a las infracciones cometidas. Por ejemplo, cuando las empresas permiten el funcionamiento de equipos móviles con IMEI reportados como robados o perdidos, la magnitud del impacto debería resultar en multas superiores a las 1.000 UIT. Sin embargo, debido al tope legal existente, OSIPTEL se ve limitado a imponer una sanción de 350 UIT.
El objetivo de las multas impuestas por OSIPTEL es corregir el comportamiento de las empresas y garantizar el cumplimiento de las normas, así como proporcionar un servicio de calidad a los usuarios. Sin embargo, si se considera el monto de las multas en relación con los ingresos operativos de las empresas del sector desde 1996 hasta 2022, solo representan el 0,09% de dichos ingresos. “Una multa mayor tendría un efecto disuasivo”, puntualizó Muente.
Según los registros del Portal de Información sobre Estadísticas de Fiscalización del OSIPTEL, las multas impuestas a las empresas operadoras (declaradas firmes) ascendieron a S/111,86 millones en 2020, S/101,79 millones en 2021 y S/85,76 millones en 2022.
En cuanto a la reincidencia de las infracciones, entre 2018 y 2022, las empresas operadoras de telecomunicaciones fueron multadas con 85.741 UIT, lo que equivale a S/374,55 millones. Durante ese período, Telefónica fue la empresa más multada, con 35.952 UIT o S/157,79 millones, seguida de Claro con 16.396 UIT o S/71,64 millones. Entel recibió multas por 14.281 UIT o S/62,28 millones, mientras que Bitel fue sancionada con 12.557 UIT o S/54,36 millones, y otras empresas acumularon 6.556 UIT en multas.
En términos de las materias de las infracciones cometidas entre 2018 y 2022, Telefónica fue la empresa más multada en interrupciones y disponibilidad del servicio, así como por incumplimiento de normas sobre equipos robados y portabilidad. Por su parte, Entel fue la más multada en lo que respecta a sanciones por calidad de atención al usuario.
“Con los topes actuales, las multas no motivan la modificación de la conducta de las empresas, pues sus ingresos no se ven afectados y al contrario reinciden en la falta”, explicó el funcionario.
Cabe destacar que los recursos obtenidos por las multas impuestas a las empresas operadoras no se destinan a incrementar los ingresos de OSIPTEL, sino que se destinan al fondo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL). Este programa tiene como objetivo promover el acceso y uso de servicios públicos de telecomunicaciones esenciales para las poblaciones rurales y está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
