El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) reafirma el rol de los peajes como un componente esencial del sistema de concesiones viales en el país, pues financian la gestión de las vías concesionadas, como es la ejecución de obras, el mantenimiento de carreteras, la atención de emergencias viales, y aseguran la prestación de servicios complementarios que mejoran significativamente la experiencia de viaje.
Estos servicios incluyen postes S.O.S, auxilio mecánico, centrales de emergencia, y así mismo el servicio de ambulancia en la mayoría de las concesiones; dichas prestaciones se brindan las 24 horas del día durante todo el año.
En ese sentido, la construcción de vías alternas a las estaciones de peaje, como el de Virú, ubicado en la Red Vial 4, tramo ejecutado desde el cruce Santa Helena hasta el Puerto Morín de 7,50 km de longitud, ocasiona problemas en la recaudación y obliga al Estado a desembolsar fondos públicos para cubrir esta diferencia. Esto afecta el equilibrio económico-financiero y pone en riesgo las inversiones. Además, desincentiva la inversión privada, reduce la confianza de los inversionistas en nuestro país, y pone en peligro futuros proyectos de infraestructura.
Si bien se reconoce la importancia de generar acceso y movilidad en las regiones del país, es fundamental que las acciones de las autoridades locales, provinciales y regionales se enmarquen en el respeto a los contratos de concesión.
Además, las vías alternas a los peajes y sus efectos contrarios podrían motivar demandas internacionales por parte de las empresas concesionarias, argumentando incumplimiento contractual. Estas controversias podrían derivar en costosas indemnizaciones para el Estado peruano, impactando negativamente sus finanzas y la credibilidad del país como destino de inversión.
Es importante señalar que la omisión del pago de peajes ya sea por el uso de vías alternas o cualquier otra forma de evasión por parte de los usuarios de las carreteras concesionadas autofinanciadas, puede generar un incremento de los costos operativos de las concesionarias, los cuales podrían ser trasladados al Estado en perjuicio de todos los ciudadanos; e igualmente mayor cofinanciamiento del Estado ocasionado por la menor recaudación en las concesiones cofinanciadas. Por lo tanto, el respeto por el sistema de peajes es una responsabilidad compartida entre el Estado, las concesionarias y los usuarios.
En ese sentido, es necesario fomentar un clima de confianza y seguridad jurídica que atraiga la inversión privada y asegure el desarrollo de la infraestructura vial del país.