El informe “Oportunidades regionales en medio de cambios globales” (BID, 2025) cuantifica que Perú pierde 2,5% del PIB cada año por ineficiencias en licitaciones, salarios públicos y subsidios mal focalizados; redirigir esos recursos podría generar un espacio fiscal de 7,3 puntos del PIB en deuda a ocho años sin aumentar impuestos ni recortar inversión.
(*) Artículo publicado en la edición 237 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M237.pdf
Perú: la excepción que no alcanza a disimular la fragilidad regional
En un contexto donde América Latina y el Caribe enfrenta un deterioro fiscal sin precedentes desde 2006, Perú emerge como uno de los pocos países que logró mejorar su balance primario en 2024. Sin embargo, esta mejora —de apenas 0,4 puntos porcentuales del PIB— no es suficiente para ocultar la vulnerabilidad estructural que comparte con sus pares exportadores de materias primas.
El informe “Oportunidades regionales en medio de cambios globales”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revela que Perú está lejos de estar a salvo: su deuda pública real ajustada por crecimiento aumentó un 19% desde 2019, una de las alzas más pronunciadas de la región.
Aunque el país logró mantenerse por encima del percentil 25 en desempeño fiscal entre economías dependientes de commodities, esta posición relativa no debe confundirse con estabilidad.
El informe advierte que la consolidación fiscal en la región es insostenible sin reformas profundas, y Perú no es la excepción. La mejora de 2024 es frágil, más ligada a ingresos extraordinarios por precios de minerales que a una transformación estructural del gasto público.
El falso dilema: austeridad versus eficiencia
Uno de los hallazgos más reveladores del informe es que Perú —al igual que sus vecinos— ha estado reduciendo la inversión pública como mecanismo de ajuste fiscal. Este enfoque, lejos de resolver el problema, lo agrava.
El BID calcula que por cada punto del PIB que se recorta en inversión pública se pierde 1% de crecimiento acumulado en tres años.
Por el contrario, eliminar ineficiencias —que el propio BID cifra en hasta 2,5% del PIB— y destinar los recursos a proyectos bien evaluados puede generar beneficios de 0,9% del PIB en el mediano plazo sin nuevos impuestos.
Perú pierde anualmente un 1,4% del PIB por ineficiencias en licitaciones públicas y 1,7% por subsidios energéticos mal focalizados. Estas cifras no solo superan la mejora fiscal lograda en 2024, sino que representan una fuente oculta de financiamiento para proyectos críticos como infraestructura rural, agua y saneamiento, y conectividad digital.
El informe señala que países como Uruguay y Costa Rica redujeron estas ineficiencias mediante plataformas digitales de licitación y focalización de subsidios basada en datos.
Perú, en cambio, ha mostrado un retroceso: entre 2015 y 2022, las ineficiencias en transferencias aumentaron, arrastradas por un alza en subsidios energéticos.
La regla fiscal que no rige: cumplimiento sin sostenibilidad
Perú cumple con su regla fiscal de déficit estructural, pero el BID advierte que esto no garantiza sostenibilidad. El país está en el cuadrante de “alto cumplimiento pero baja sostenibilidad”, lo que significa que la disciplina nominal no se traduce en resiliencia ante shocks. El problema radica en la rigidez presupuestaria: casi el 70% del gasto público está comprometido con salarios, subsidios y deuda, lo que limita la capacidad de reacción ante crisis.
El informe revela que solo el 25% de los países de la región logró mejorar la eficiencia en licitaciones e inversiones entre 2015 y 2022. Perú no está entre ellos. En contraste, Chile implementó evaluaciones ex post de proyectos públicos que mejoraron la asignación de recursos en un 14%.
El BID propone que Perú adopte un enfoque similar: evaluaciones independientes, principios de proporcionalidad y monitoreo permanente de proyectos de inversión. Esto no solo aumentaría el retorno por dólar invertido, sino que liberaría recursos para enfrentar emergencias como las intensificadas por el cambio climático.
El fantasma del cambio climático: una deuda oculta
Uno de los apartados más inéditos del informe es el análisis del impacto fiscal de los huracanes en el Caribe, extrapolable a Perú por su alta exposición a desastres naturales como El Niño. El BID estima que tormentas intensas pueden aumentar la deuda pública en un 17,9% a tres años si no hay preparación. Aunque Perú no está en la lista de países caribeños, su vulnerabilidad a fenómenos climáticos es comparable: el fenómeno El Niño de 2023 costó al país más de US$1.500 millones, financiados en parte con deuda.
El informe sugiere que Perú podría beneficiarse de bonos catástrofe o mecanismos como el Fondo de Pérdidas y Daños de la ONU. Sin embargo, estos instrumentos requieren marcos fiscales flexibles y credibilidad, algo que el país aún no ha desarrollado.
La clave está en integrar la resiliencia climática en la planificación fiscal, no como gasto eventual sino como inversión preventiva. Esto implica redirigir recursos desde subsidios energéticos hacia infraestructura resiliente, un cambio que el BID estima podría reducir la deuda pública en 2,6 puntos porcentuales del PIB a ocho años.
El silencio de los superávits: una lección no aprendida
El informe rescata casos de éxito regional que Perú parece haber olvidado. Entre 2003 y 2013, el país redujo su deuda pública en 30 puntos porcentuales del PIB gracias a superávits primarios del 2,5% anual y tasas de interés reales bajas. Sin embargo, desde 2018 ha perdido ese rumbo. El BID advierte que replicar ese modelo es más difícil hoy por el alza global de tasas, pero no imposible si se combinan superávits moderados con aumentos de eficiencia.
Uruguay, por ejemplo, logró reducir su deuda desde 2010 mediante una estrategia dual: superávits del 3% del PIB y eliminación de ineficiencias en salarios públicos. Perú podría seguir una vía similar: un superávit primario del 2% del PIB, combinado con la eliminación de ineficiencias de 2,5% del PIB, resultaría en una reducción acumulada de la deuda del 7,3% en menos de una década. Esto no requeriría austeridad, sino una reasignación de recursos hacia áreas de mayor retorno.
El nuevo mandato: eficiencia como política de Estado
El informe concluye que América Latina tiene solo un 11% de probabilidad de iniciar consolidación fiscal sin ajustes previos, pero una vez iniciada, la probabilidad de sostenerla aumenta al 74%. Perú está en el momento decisivo: puede optar por el camino fácil de recortar inversión pública, o el difícil pero sostenible de reformar la eficiencia del gasto. La historia regional muestra que la segunda opción es la única que ha funcionado a largo plazo.
En este contexto, el próximo gobierno peruano enfrenta una elección no entre izquierda y derecha, sino entre eficiencia y atraso. El informe del BID no es un diagnóstico más: es un mapa para evitar el colapso fiscal. Si Perú ignora estas recomendaciones, podría convertirse en el próximo caso de estudio sobre cómo no manejar una crisis. Pero si las adopta, podría liderar una nueva era de crecimiento inclusivo y resiliencia fiscal en la región.
