Asociada senior, Vodanovic
El 28 de julio último, el Gobierno aprobó la primera Política Nacional de Transformación Digital del Estado peruano al 2030 (D.S. N°085-2023-PCM). Se trata de un instrumento muy relevante que plantea el “norte” para que la mayoría de los peruanos seamos “ciudadanos digitales”, es decir, personas con capacidad de actuar y desarrollarnos en entornos digitales seguros.
Así, toda persona debería poder estar en capacidad de acceder y usar servicios digitales ante entidades públicas y privadas, realizar operaciones financieras digitales o vender y comprar productos o servicios vía comercio electrónico, comunicarse y educarse mediante plataformas o aplicaciones, entre otros orientados a satisfacer las necesidades actuales de los ciudadanos en este entorno digital. Se trata de un esfuerzo muy importante que empezó en el 2018 dentro del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Lo interesante es que la política aplica no sólo para las entidades públicas sino también involucra a las empresas del sector privado, la academia y la sociedad civil dentro de un enfoque integral y holístico.
Ahora bien, ¿cómo puede ayudar esta política al intenso proceso de transformación digital que viene atravesando el sector financiero peruano? y, en particular, ¿cómo puede ayudar a impulsar la competitividad y productividad de las microfinancieras?
Si bien, durante la pandemia, todos nos vimos obligados y aprendimos a utilizar una serie de herramientas digitales logrando importantes avances, el proceso de digitalización no ha concluido y unos sectores económicos avanzaron más que otros.
El sector financiero quizá fue uno de los de mayor avance, incluyendo la aparición y crecimiento de innovadores modelos de negocios fintech basados en tecnologías digitales que están contribuyendo a la mayor oferta de servicios financieros digitales. Lo vimos en los pagos digitales o en el uso incremental de billeteras electrónicas; no obstante, la brecha todavía es amplía, especialmente en las microfinanzas. Justamente, esta política busca afrontar el problema del “bajo ejercicio de la ciudadanía digital”, lo cual dificulta el proceso de inclusión social y financiera.
Lo interesante del plan es que pone metas muy específicas al 2030: la población mayor de 6 años debería aumentar hasta el 85,7% del total en el uso de la capacidad de obtener información usando medios digitales, un 34,7% debería tener la capacidad de comprar a través de medios digitales, un 39,1% hacer uso de servicios bancarios digitales, un 27,2% ser capaz de educarse o capacitarse vía internet y un 30,4% realizar trámites en línea con el Estado.
Para concretar las metas, el plan establece 6 objetivos prioritarios de los cuales podemos destacar el Objetivo 2, que busca vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Esto implica, por ejemplo, fortalecer la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), impulsar el acceso a fondos para emprendimientos digitales, fortalecer la inclusión financiera digital y facilitar la apertura y operación 100% digital de empresas en el Perú.
¿Cuáles serían entonces los factores claves en el proceso de transformación digital que deberían tomar en cuenta las microfinancieras?
Primero, el acceso a la tecnología digital (que incluye la analítica de datos para el diseño de productos financieros más ad doc para sus clientes); segundo, la digitalización de sus procesos y creación de nuevos modelos de negocios digitales que cuenten con robustos sistemas de gestión de ciberseguridad; y, tercero, el desarrollo y fortalecimiento del talento digital de su recurso humano.
¿Qué se necesita? Un cambio profundo de cultura en la organización, que sea liderada por la alta dirección de las empresas, buen gobierno corporativo con roles y responsabilidades definidas, sólida gestión de riesgos, principalmente el riesgo operacional – que incluye el de ciberseguridad y el riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LAFT); agilidad en la dirección de la compañía para adaptarse a los últimos avances tecnológicos y transformarse según las exigencias del mercado; y, resiliencia y talento digital, para desarrollar habilidades digitales.
Creemos que es fundamental impulsar este proceso de transformación digital de forma articulada (público-privado) y planificada, para garantizar que los beneficios de la economía y la tecnología digital lleguen a todos los sectores productivos del país.